TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

Cabudare, 06 de Julio de 2006.
Años: 196° y 147°

Expediente N° 2.455-05.
Obligación Alimentaria.

Revisadas como han sido las actas procesales que integran el presente expediente, esta Juzgadora observa lo siguiente:
La presente demanda por FIJACIÒN DE PENSIÓN ALIMENTARIA fue interpuesta ante este Tribunal el día 06 de Junio del año 2005, por la ciudadana ROSA MARÌA ALVAREZ, titular de la cédula de identidad N° 7.327.394, en cu carácter de Consejera de Protección Del Niño y Del Adolescente del Municipio Palavecino, Estado Lara., representando a la ciudadana DILCIA DE LAS MERCEDES RIVERO SUAREZ, titular de la cédula de identidad N° 16.583.748, en contra del ciudadano MARCOS ATAHUALPA ALVAREZ, titular de la cédula de identidad N° 6.983.458, en beneficio de los niños (identidad omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA), asì como de los adolescentes (identidad omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA) (folio 1). Por auto de este Tribunal de fecha 07 de Junio de 2005, se admitió la demanda y se ordenó la citación del demandado y la notificación al Fiscal del Ministerio Público (folio 11).
Mediante diligencia de fecha 20-06-2005, la Alguacil de este Tribunal, consignó boleta de notificación firmada por la Fiscal Décimo Sèptimo del Ministerio Público del Estado Lara. (folios 13 y 14 ).
Por auto del Tribunal de fecha 21-06-2006 se acordò librar telegrama a la reclamante de autos , para que comparezca al Tribunal a exponer lo que considere conveniente con respecto a la presente demanda (folio13), no habiendo comparecido.
Del anterior análisis se evidencia que, desde el día 07-06-2005 fecha èsta en que se admitiò la demanda hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año sin que a la misma se le haya dado el impulso procesal correspondiente, ni se haya cumplido con las obligaciones que la Ley le impone para lograr la citación de la parte demandada.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, reiteradamente ha sostenido que, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzca para su declaratoria: la falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes y, la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento.
En la presente causa está demostrado, de las actas procesales que integran el presente expediente, que la parte actora no ha cumplido con su obligación de impulsar el proceso desde el 07 de Junio del año 2005, configurándose de esta manera la extinción de la instancia y, siendo que, la perención procede igualmente contra los menores, conforme lo establece el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 267 y 268 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente a esta materia especial, por disponerlo así el artículo 451 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
En consecuencia, se ordena el archivo del presente expediente y su remisión oportuna al Archivo Judicial Regional. Déjese copia certificada del presente auto para la carpeta respectiva. Cúmplase.-

La Juez.

Dra. Coromoto de Del Nogal.

El Secretario.

Abg. Daniel González.

Seguidamente, se cumplió lo ordenado. Se archivó el expediente constante de (18) folios útiles.
El Secretario.

Abg. Daniel González.