REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY
Tribunal Penal de Control de San Felipe
San Felipe, 4 de Abril de 2008
197º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2008-000973
ASUNTO : UP01-P-2008-000973
Vista la solicitud interpuesta por la Abg. IRAIDA RAQUEL COLMENAREZ, actuando en su carácter de Fiscal Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, mediante la cual solicita MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, contra el ciudadano GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS PEREZ, venezolano, de 37 años de edad, Funcionario Adscrito a la Dirección General de la DSIP Caracas, Titular de la Cédula de Identidad N° 8.514.571, residenciado en la Avenida 14 entre cales 14 y 15, Casa S/N, San Felipe Estado Yaracuy, por los delitos de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO Y ABUSO DE AUTORIDAD, previstos y sancionados en los Artículos 281 del Código penal y 67 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del ciudadano DANIEL JOSE ALVES RODRIGUEZ, delito que se le imputa en grado de AUTOR MATERIAL, Titular de la Cédula de Identidad N° 11.272.523.
Expone el Ministerio Público que el día cinco 05 de Octubre de 2007, el ciudadano Daniel Alves, en horas de la mañana se encontraba junto a su pareja, ciudadana Aurifrancis Morales, en una Tasca-Restaurante “ Las Tapias “ ubicado en el Sector las Tapias de esta ciudad, cuando llagaron al lugar los ciudadanos Gustavo Contreras y Héctor Ochoa a bordo de una Camioneta Gran Blazer de color verde, se bajaron del vehiculo y se acercaron a la mesa donde se encontraba Daniel, diciéndole que los acompañaran, y ante la negativa, se tornaron violentos, lo amenazaron con las armas de fuego, lo agarraron por el cuello y lo sacaron a la fuerza del lugar apuntándoles con las armas de fuego, por lo que la ciudadana Aurifrancis, realizo una llamada al 171 solicitando la presencia de la Policía en el lugar y trato de intervenir y el ciudadano Héctor Ochoa, la empujo minutos después llego la Policía, y los ciudadanos Gustavo Contreras y Héctor Ochoa, se identificaron como Funcionarios de la DISIP, por lo que los Funcionarios de la Policía no hicieron nada siendo golpeado en presencia de la Comisión y le manifestaron al ciudadano Daniela que hiciera la denuncia a la Fiscalia.
En fecha 21 de Enero del corriente Año el ciudadano Daniel Alves, consignó escrito en ese Despacho Fiscal según el cual manifiesta que en ningún momento el ciudadano Gustavo Contreras, le había ocasionado daños físicos, solo le reclamo la forma airada o molesta que le cancelara un dinero que él le adeudaba, cabe destacar que los motivos de los problemas que existen entre el ciudadano Daniel Alves y el Funcionario Gustavo Contreras, lo origina una deuda de dinero que mantiene el primero de los mencionados con el Funcionario por la cantidad de 1.500.oo B.F. Por los hechos antes narrados la Fiscalia apertura investigación con el Nº 22F11-159-07(H-530.781) y en consecuencia presenta ante este Despacho elementos de convicción que tiene la Fiscalia para imputar al Funcionario Gustavo Contreras, por la comisión de los hechos antes narrados los cuales son los siguientes.
Ahora bien la Fiscalia en atención al contenido del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, es indispensable verificar que estén llenos sus supuestos, igualmente dicha disposición entre otras cosas, señala que, en caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida y en tal sentido presenta los siguientes elementos de convicción:
1. Consta Audiencia de fecha 05-10-2007, recibida ante este Despacho Fiscal al ciudadano DANIEL JOSE ALVES RODRIGUEZ,
2 Con oficio 22F11-2017-07 de fecha 05-10-2007 constante de 7 folios dirigido a la Unidad de Atención a la victima del Ministerio Publico se solicita medida de protección. Acta de llamada recibida de fecha 10-10-07, donde se deja constancia de la llamada recibida por el ciudadano Daniel Alves.
3.-08 Acta de llamada Telefónica recibida de fecha 08-10-07, recibida por el ciudadano Daniel Alves.
4.- Acta de llamada telefónica recibida de fecha 10-10-2007, por el ciudadano Daniel Alves, donde señala que el Funcionario había permanecido fuera de la Urbanización dentro del vehiculo.
5.- Oficio 22F11-2047-07 de fecha 10-10-07, constante de 18 folios dirigido a la Unidad de Atención a la victima.
6.- Entrevista de fecha 17-10-2007, tomada al ciudadano Vicente Peluso, en relación a los hechos planteados.
7.- Oficio N° 100.900.003293.2007 de fecha 09-11-2007, suscrito por el Director de Servicios de Inteligencia y Prevención DISIP.
8.- Escrito del Ciudadano Alves, donde manifiesta que el Funcionario Gustavo Contreras, en ningún momento le había ocasionado daños físico o lesiones algunas.
9.- Acta de fecha 21-01-2008, levantada en esa Despacho Fiscal, donde se deja constancia de la comparecencia en el Despacho Fiscal del Ciudadano Daniel Alves.
10.- Entrevista de fecha 29-01-2007, rendida por ante ese Despacho Fiscal por la ciudadana Auri Morales,
11.- Planilla de audiencia de fecha 01-02-2008, suscrita por el ciudadano Daniel Alves.
12.- Planilla de audiencia de fecha 11-02-2008, suscrita por el ciudadano Daniel Alves.
13.- Inspección Técnica Nº 2333 de fecha 11_10-2007 practicada a un local denominado Tasca Restautant la Tapias lugar donde ocurrieron los hechos origen a la investigación.
14.- Ampliación de Entrevista de fecha 22-10-2007, tomada al ciudadano Vicente Peluso. Con relación a la investigación.
15.- Entrevista de fecha 23-10-2007 del ciudadano Cesar Valero.
En tal sentido señala la Fiscal que ha citado en calidad de imputado al ciudadano Gustavo Adolfo Contreras Pérez, en cuatro oportunidades a fin de imponerlo de las actas procesales y para que ejerza su Derecho acto que no se ha realizado por que el imputado manifiesta que su Abogado no ha tomado Juramento de Ley. Por los argumentos realizados por la Representación Fiscal es por lo que silicita se Decrete Medida Privativa Judicial de Libertad de conformidad con lo establecido en el Artículo 25º y 251 todos del Código Orgánico Procesal Penal, y se ordene la Aprehensión del ciudadano Gustavo Contreras Pérez, plenamente identificado por la presunta comisión de los delitos de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO Y ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado en los Artículos 281 del Código Penal y 67 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del ciudadano DANIEL JOSE ALVES RODRIGUEZ.
Ahora bien, si bien es cierto que están dados todos los supuestos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, no es menos cierto que falta un elemento indispensable y este es que el ciudadano Gustavo Contreras Pérez, no ha sido imputado:
“Artículo 250. Procedencia. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado….
…En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo.”
Sin embargo, señala la representación fiscal que existen suficientes elementos para estimar su participación en el hecho, pero no consta en ninguna de las actuaciones que el mismo haya sido imputado, ya que solamente el ciudadano Gustavo Contreras, le manifestó que su Abogado Defensor no ha tomado el Juramento de Ley, y consta al folio 56 que en fecha 30-11-2007, que comparece el Funcionario nombró como su Abogado Defensor al Abg. Miguel Alfredo Bermúdez, por lo que no podemos siquiera decir que ha mantenido una actitud contumaz, ya que este ciudadano ya nombro su Defensor Privado y fue remitido su Nombramiento, según oficio 22F11-2433 en fecha 04-12-2007 al Tribunal de Control, según comprobante de recepción de Asunto UP01-P-2007-004169, que corre al folio 65.
Por lo tanto, no hay imputación y al faltar la imputación formal por parte de la Fiscal del Ministerio Público encargada de la investigación, esto es violatorio del debido proceso, a pesar de estar llenos los demás extremos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Este criterio lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal y es así como la Sala de Casación Penal, en Sentencia Nº 479 de fecha 16-11-2006, con ponencia del Magistrado HECTOR MANUEL CORONADO FLORES, Anuló las actuaciones presentadas por el Fiscal del Ministerio Público reponiendo la causa a la fase de investigación para que se celebrara el acto de imputación formal con el debido cumplimiento de los derechos y garantías previstos en el Títilo IV, Capitulo VI, del Código Orgánico Procesal Penal, y estableció allí lo siguiente:
“De lo expuesto se evidencia que al ciudadano DOMINGO RAFAEL RODRÍGUEZ MONTAÑEZ, se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso, concretizado en los derechos a la defensa, a la asistencia jurídica y a ser oído, toda vez que el representante del Ministerio Público encargado de la investigación, no realizó el acto de imputación formal del mismo, previa notificación de su condición de imputado indicándole que debía comparecer acompañado de su defensor, quien debía estar previamente juramentado ante el Juez de Control”.
La notificación del ciudadano DOMINGO RAFAEL RODRÍGUEZ MONTAÑEZ, en calidad de imputado, le hubiese permitido que rindiera declaración en tal condición, tener acceso al expediente y solicitar las diligencias que considerase pertinentes para realizar su defensa.
El acto de imputación al cual hace referencia el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, consiste en un acto particular por medio del cual los Fiscales del Ministerio Público comisionados para el caso específico, señalan o identifican como autor o partícipe de un hecho punible a una determinada persona durante la tramitación de la fase preparatoria del proceso penal.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 250 eiusdem, para decretar medida privativa de libertad contra determinada persona, ésta ya debe haber sido impuesta de su condición de imputada a través de un acto formal por parte del Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación. En el presente caso, el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, decretó la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano DOMINGO RAFAEL RODRÍGUEZ MONTAÑEZ, aun cuando el mismo no había sido impuesto de su condición de imputado y no había rendido declaración en tal condición.
…
Cuando el representante del Ministerio Público tiene conocimiento por cualquier vía de la comisión de un hecho punible de acción pública, debe dictar la respectiva orden o auto de inicio de la investigación, conforme con lo establecido en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal y dispondrá que se practiquen todas las diligencias necesarias para hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, la responsabilidad de los autores y demás partícipes y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración (artículo 283 eiusdem).
En el caso de marras, se trata de un delito de corrupción que por su naturaleza requiere de una investigación previa y de haberse individualizado a una persona como imputada, el representante del Ministerio Público estaba en la obligación de notificarle de su condición de imputado y así permitirle que rindiera declaración, con la debida juramentación del defensor designado por éste ante el Juez de Control, lo cual es garantía del sistema acusatorio. Precisamente esto fue lo que no ocurrió con el ciudadano ANDRÉS AVELINO CORTES ANGULO, a quien el Fiscal del Ministerio Público el mismo día en que dio apertura a la investigación penal, solicitó al Tribunal de Control medida de privación judicial de libertad en su contra sin haber tenido tiempo de averiguar los hechos y de determinar el o los autores del mismo.
Los abogados defensores del ciudadano ANDRÉS AVELINO CORTES ANGULO, en la audiencia de presentación del imputado, solicitaron la nulidad del acto, por cuanto a su defendido no se le había notificado de su condición de imputado, no obstante el Tribunal Noveno de Control no se pronunció al respecto.
El referido Juzgado de Control, el cual está llamado a hacer respetar las garantías constitucionales y procesales, debió declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado y reponer la causa a la fase de investigación para que el ciudadano ANDRÉS AVELINO CORTES ANGULO, pudiese nombrar a sus abogados defensores, fuese impuesto formalmente de los cargos por los cuales se le investigaba, tuviese acceso a los actos de investigación adelantados por el fiscal y pudiese disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa en esta importante fase del proceso, tal como lo dispone el artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Constatada la violación del debido proceso y por ende del ordenamiento jurídico, que afecta la ejecutoria del Poder Judicial, la Sala se avoca al conocimiento de la causa, anula las acusaciones presentadas por el Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público en contra de los ciudadanos ANDRÉS AVELINO CORTES ANGULO y DOMINGO RAFAEL RODRÍGUEZ MONTAÑEZ, así como las medidas de privación judicial preventiva de libertad decretadas en su contra, ordenándose, en consecuencia, que se dicten las correspondientes boletas de excarcelación y se someta a los nombrados ciudadanos a la medida contenida en el numeral 4 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a la prohibición de salir del país sin la autorización respectiva.
En virtud de lo expuesto, se ordena la reposición del proceso al estado que la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público del Estado Lara, celebre el acto de imputación formal con el debido cumplimiento de los derechos y garantías previstos en el Título IV, Capítulo VI del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara...”
Por otra parte, en la Sentencia N° 508, de fecha 18/12/06, con Ponencia del Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, señala:
“…La Sala pasa a decidir:
Realizada la revisión del expediente, se observaron violaciones cometidas durante la fase preparatoria del proceso penal seguido a los ciudadanos Pedro José Maggino Belicchi e Ismael Barrios Conde, las cuales quebrantaron los derechos constitucionales y legales consagrados en los artículos 26 y 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 125, 130, 131 y 132 del Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, aparece en autos lo siguiente:
…..
Como se indicó anteriormente, se violaron disposiciones constitucionales y legales, con respecto a los ciudadanos Pedro José Maggino Belicchi e Ismael Barrios Conde, porque el acto de imputación formal al cual estaba obligado el Ministerio Público en el momento de atribuirle a los mencionados ciudadanos el supuesto delito de Transporte Ilícito Agravado de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no se llevó a cabo.
El acto de imputación formal, es una actividad propia del Ministerio Público, el cual previa citación del investigado y asistido por defensor se le impone formalmente: del precepto constitucional que lo exime de declarar y aun en el caso de rendir declaración hacerlo sin juramento; al igual que se le impone de los hechos investigados y aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar, la adecuación al tipo penal, los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación y el acceso al expediente según los artículos 8, 125, 126, 130, 131 del Código Orgánico Procesal Penal.
En este sentido, es oportuno mencionar que la naturaleza del proceso penal acusatorio, dispone como garantía máxima la presunción de inocencia, y en este orden, el Código Orgánico Procesal Penal dispone una serie de actos de estricto cumplimiento, necesarios para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad entre las partes.
En el presente caso, se observa que si bien es cierto que los ciudadanos Pedro José Maggino Belicchi e Ismael Barrios Conde fueron aprehendidos y, puestos a la orden del Juez de Control para la celebración de la audiencia que dispone el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la realización del referido acto, no constituye un acto de imputación formal, pues ella tiene como finalidad examinar y decidir sobre las circunstancias excepcionales que justifican o no, la aprehensión preventiva y no la imposición de las actuaciones y elementos que conforman la investigación.
La realización previa del acto de imputación formal, permite el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, mediante la declaración y la proposición de las diligencias necesarias para sostener la defensa, porque si bien el Ministerio Público ostenta autonomía e independencia, reconocida constitucionalmente en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y legalmente en el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal; el investigado de conformidad con el artículo 49 (numeral 1) constitucional, tiene la defensa como garantía inviolable, en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
La Sala Constitucional al referirse a la importancia del acto de imputación, ha decidido lo siguiente:
“…No establece el Código Orgánico Procesal Penal un derecho de las personas a solicitar del Ministerio Público, que declare si son o no son imputados, pero la Sala reputa que tal derecho sí existe, como un derivado del derecho de defensa que consagra el artículo 49 Constitucional para la investigación y que expresa ‘toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga’.
A juicio de esta Sala, cuando hay hechos concretos contra alguien, a pesar de que estén investigando, la persona tiene el derecho a solicitar conocerlos, y la existencia de tales hechos, de la misma naturaleza que los de las denuncias, equivalen a imputaciones…”.
(Sentencia N° 1636 del 17 de julio de 2002, Ponencia del Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero).
Aunado a lo expuesto, es oportuno referirse a la doctrina del Ministerio Público N° DRD-14-196-2004, que convalida las consideraciones anteriores cuando sostiene: “…La falta de investigación previa a la presentación del escrito de acusación, y la ausencia tanto de la citación en condición de imputada, como de la imputación, constituyen francas violaciones del debido proceso, que dan lugar a la nulidad absoluta…”.
Con apoyo en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala de Casación Penal, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el respeto al derecho a la defensa y la correcta administración de justicia, en relación con los ciudadanos Pedro José Maggino Belicchi e Ismael Barrios Conde, ordena la reposición del proceso al estado en que el Ministerio Público cumpla con el respectivo acto de imputación formal con estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 125, 130, 131 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal…”
En consecuencia, luego del estudio de las decisiones mencioandas, este Tribunal observa que no evidencia la realización del acto formal de imputación que debió realizar la Fiscal del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal y lo ajustado es DECLARA SIN LUGAR, la Solicitud de MEDIDA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del ciudadano GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS PÉREZ, a los fines de garantizar el debido proceso, y así se decide.
DISPOSITIVA
En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Control Nº 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA IMPROCEDENTE la Solicitud de MEDIDA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, contra del ciudadano GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS PEREZ, venezolano, de 37 años de edad, Funcionario Adscrito a la Dirección General de la DSIP Caracas, Titular de la Cédula de Identidad N° 8.514.571, residenciado en la Avenida 14 entre cales 14 y 15, Casa S/N, San Felipe Estado Yaracuy, por los delitos de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO Y ABUSO DE AUTORIDAD, previstos y sancionados en los Artículos 281 del Código penal y 67 de la Ley Contra la Corrupción, por no evidenciarse la realización del acto formal de imputación que debió realizar el Fiscal del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a la Fiscal Décima Primera del Ministerio Público del Estado Yaracuy. Regístrese. Cúmplase.
La Jueza de Control N° 6
La Secretaria
Abog. Esmeralda López Guzmán
Abog. Dafne Lucambio
En consecuencia, luego del estudio de las decisiones mencioandas, este Tribunal observa que no evidencia la realización del acto formal de imputación que debió realizar la Fiscal del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal y lo ajustado es DECLARA SIN LUGAR, la Solicitud de MEDIDA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del ciudadano GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS PÉREZ, a los fines de garantizar el debido proceso, y así se decide.
DISPOSITIVA
En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Control Nº 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA IMPROCEDENTE la Solicitud de MEDIDA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, contra del ciudadano GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS PEREZ, venezolano, de 37 años de edad, Funcionario Adscrito a la Dirección General de la DSIP Caracas, Titular de la Cédula de Identidad N° 8.514.571, residenciado en la Avenida 14 entre cales 14 y 15, Casa S/N, San Felipe Estado Yaracuy, por los delitos de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO Y ABUSO DE AUTORIDAD, previstos y sancionados en los Artículos 281 del Código penal y 67 de la Ley Contra la Corrupción, por no evidenciarse la realización del acto formal de imputación que debió realizar el Fiscal del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a la Fiscal Décima Primera del Ministerio Público del Estado Yaracuy. Regístrese. Cúmplase.
La Jueza de Control N° 6
La Secretaria
Abog. Esmeralda López Guzmán
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