San Felipe, diez (10) de Abril de dos mil ocho (2008) 197° y 149° Vistas la actuaciones contenidas en el expediente procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, según oficio Nº 122-2008, incoado por el ciudadano ANGELO TROTTA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-9.612.776, contra la ciudadana MERIDA MARBELIA CAMPO SOLANO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº V-7.176.564. Este Juzgado ordena darle entrada y anotarlo en los libros respectivos bajo la nomenclatura particular de este Juzgado, previa su lectura por secretaría. Ahora bien, este Juzgado a los fines de pronunciarse sobre su competencia o no, hace las siguientes consideraciones: Al revisar lo expuesto en el presente expediente, se aprecia que el predio identificado en el presente libelo, esta ubicado en el Fundo “LA PROVIDENCIA” en la Carretera vía Caserío Cararapa sector cuatro y medio del municipio Bolívar del Estado Yaracuy, que el referido fundo esta dedicado a la producción agrícola y pecuaria. Dicha actividades incluyen todas las relacionadas para el mantenimiento de la producción de carne y leche de ganado vacuno. En este orden de ideas, el Tribunal considera oportuno destacar la opinión del autor patrio Dr. Humberto Cuenca en su libro (“Derecho Procesal Civil”, Tomo II), sobre la competencia: Comenta el autor lo siguiente: SIC: “La competencia por la materia se encuentra estrechamente vinculada la división del jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial. A la naturaleza especial de cada una de las materias que conocen los Tribunales, debemos necesariamente referirnos al estudiar el problema de la competencia por la materia. Ocurre que la mencionada división parece aludir más a la competencia que a la jurisdicción propiamente dicha. La jurisdicción especial se encuentra en leyes especiales, con procedimiento distinto y ha surgido en distintas épocas, al calor de necesidades de cada instante. Que la competencia por la materia se determina conforme a dos principios: “a) Corresponde a esta competencia toda controversia cuya índole sea calificada por disposición legal y, “b) A falta de texto legal expreso la competencia por la materia se define por la naturaleza jurídica del litigio”. “En cuanto al primero la norma establece un orden de prelación, primero se solicita la ubicación en las normas del Código de Procedimiento Civil y en su defecto, lo que dispongan las leyes de organización judicial, pero sin olvidar que numerosas leyes administrativas regulan la llamada competencia especial. Se entiende que no siempre la determinación del Legislador corresponde a un criterio científico y a menudo obedece a las viejas y superadas concepciones privatísticas del derecho procesal. En cuanto al criterio virtual conforme a la naturaleza jurídica de cada materia, ratione meteriae, cuando no está prevista por alguna norma determinada su ubicación corresponde a la doctrina”. Ahora bien, quedó claro que la competencia por la materia, esta vinculada a la división de la jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial, y en este sentido, todos los asuntos relacionados a la “materia agraria” se han definido por disposiciones legales expresamente contempladas en la Ley de Tierras, como por la jurisprudencia. Siendo la oportunidad para decidir el Tribunal lo hace de la siguiente manera: En este orden de ideas, es importante señalar que los artículos 208 y 197 de la mencionada Ley establece la competencia específica de los Tribunales Agrarios, aplicable en el caso de autos según el ordinal 15° del artículo 208, cuando disponen lo siguiente: Artículo 208: “Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de la demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: 15° En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria” Artículo 197: “De la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece que las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales”. De igual manera, el Juzgado y las partes entenderán en lo adelante que la acción propuesta, por aplicación del principio iura novit curia, y como rector y director del proceso, se encuadra dentro de los establecido en el Capítulo XVI, artículo 254 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, referido al PROCEDIMIENTO CAUTELAR, entendiéndose que la presente causa era llevada como una Denuncia por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy siendo en lo adelante una MEDIDA CAUTELAR, la cual se tramitará por el procedimiento cautelar agrario. Por las razones anteriormente expuestas, y con vista a las normativas transcritas, considera quien aquí decide que la presente causa encuadra dentro de los parámetros establecidos en los artículos supra señalados, para ser conocida por este Juzgado y así se decide. En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara COMPETENTE para conocer la presente causa y se ordena admitir la demanda una vez que quede firme la presente decisión. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia Agraria de La Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. San Felipe a los diez (10) días de mes de Abril de dos mil ocho (2008). Año 197° del Independencia y 149° de la Federación. LA JUEZA, LA SECRETARIA, DRA. LINDA LUGO MARCANO. Abg. BETSY RAMIREZ En esta misma fecha, siendo las __________, se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, Abg. BETSY RAMIREZ LLM/BR/da.