REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, COCOROTE, INDEPENDENCIA, Y VEROES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY. I En el presente juicio por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, seguido por la abogada YRAIMA YÁNEZ DAL contra el ciudadano LUÍS ORDUÑO, este Tribunal procede a reponer la causa al estado de nueva citación del demandado, lo cual hace previa las consideraciones siguientes: II En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil, de corregir de oficio las faltas que puedan anular cualquier acto procesal, o de los actos consecutivos a un acto irrito, con base en las infracciones de orden público y constitucionales que en ellos encontrase, aunque no se las haya denunciado, El Tribunal lo hace, sobre la base de las siguientes consideraciones: PRIMERO: Para llegar a la sentencia como punto culminante del proceso, se han de cumplir una serie de actividades dentro del mismo, lo que permite su avance hacia su meta normal. Estas actividades se encuentran sometidas a requisitos de modo, tiempo y lugar para que se consideren validas, encontrándonos frente a las denominadas formas procesales, y cuya inobservancia dentro del proceso, trae como consecuencia la pérdida del derecho. En la doctrina se encuentran presentes dos posiciones antagónicas sobre las formas: aquellos que consideran las formas en el proceso como perjudiciales, siendo partidarios de la libertad de formas procesales, y aquellos que valoran los beneficios que producen las mismas a los litigantes, los que proclaman su legalidad. La legalidad de las formas conlleva a la necesidad de realizar los actos procesales siguiendo las reglas previamente establecidas por la ley, la que fija las condiciones de modo, tiempo y lugar para su expresión, y cuya inobservancia se traduce en que el acto no alcance el efecto perseguido, aunado al hecho de la certeza con que ha de encontrarse rodeado el proceso, con miras al cumplimiento de su cometido, como es la función jurisdiccional. El Código de Procedimiento Civil, como instrumento legal que señala todo el complejo de formalidades que se deben cumplir para obtener justicia, se erige como el manual del litigante; a través del mismo se alcanza la igualdad de las partes, los que anticipadamente saben cuando y como se han de realizar las actividades, lo que permite alcanzar la justicia que piden; asimismo, fija las actividades que ha de cumplir el Juez que conoce de la causa. SEGUNDO El artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela contempla el derecho fundamental a la defensa en el proceso cuando señala que “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley… 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete…”. Esta defensa a que se refiere la Constitución puede ser pública o privada, siendo esta última la del defensor en la justicia gratuita y la del defensor ad litem. Cuando el demandado no puede ser citado en el proceso, se le nombra un defensor ad litem con quien se entenderá la demanda, quien hará las defensas que considere adecuadas, permitiendo que el proceso avance hasta llegar a su conclusión con la sentencia respectiva. La función primordial del defensor ad litem es poner todo su empeño en la defensa del demandado, que pueda ser oído en su oportunidad legal, siendo inaceptable que el defensor omita dar contestación a la demanda en tiempo oportuno y desmejore el derecho a la defensa del demandado, ya que se trata de una defensa plena y no de una simple formalidad del proceso. TERCERO: Por diligencia de fecha 27 de mayo de 2007, el alguacil del Tribunal señaló que no le fue posible ubicar al demandado Luís Orduño (f. 18), habiéndose citado por carteles a petición de la parte actora, sin que el demandado se hubiese dado por citado, en consecuencia, se le nombró al abogado en ejercicio de su profesión Pedro Cañas, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 58.234 como defensor ad litem, (f. 33), quien aceptó y se juramentó el día 17/01/2008 (f. 36), y fue citado el día 08/05/2008 para la contestación de la demanda que se llevaría a cabo el 2º día de despacho siguiente, sin embargo, siendo el día fijado, no dio oportunamente contestación. Nos indica el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil que, "Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez". Asimismo, el artículo 212 ejusdem establece que, "No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad". La irregularidad detectada en el proceso se encuadra dentro del contenido del artículo 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que el Juez en procura de la estabilidad de los juicios han de corregir las faltas que conlleven la anulación de los actos procesales, encontrándose autorizado por el artículo 212 para declarar la nulidad de los actos consecutivos a un acto en el cual no se cumplieron todas las formalidades legales para que pudiese materializarse, como es el caso, de no haberse dado la contestación a la demanda por parte del defensor ad litem, conculcando de este modo el derecho a la defensa del demandado consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En razón de las anteriores consideraciones, se repone la causa al estado de nueva citación del demandado, y así se decide. III De acuerdo a las consideraciones expuestas este Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley repone el juicio al estado de nueva citación del demandado. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal. Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria del Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil ocho (2.008). AÑOS: 198° de la Independencia y 149° de la Federación. El Juez, Dr. Luis Humberto Moncada Gil, La Secretaria, Abg. Delyn Graciela Matos P., En la misma fecha siendo las 03:00 de la tarde se publicó la anterior decisión y se dejó copia para el archivo. La Secretaria, Abg. Delyn Graciela Matos P., LHMG/demp. Exp. N° 1964-07