REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy San Felipe, 12 de Septiembre de 2008 198º y 149º ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2008-003839 ASUNTO : UP01-P-2008-003839 Corresponde a este tribunal dictar decisión judicial conforme a los artículos 173 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a la solicitud que antecede presentada por el Fiscal Superior del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial relativa a medida de protección a favor del ciudadano: RAFAEL ANTONIO MONTILLA, quien es venezolano, mayor de edad, cédula de identidad V-3.482.629, de 58 años de edad, residenciado en el Caserío Guaratibana, calle principal, casa s/n, al lado del canal de riego, Municipio La Trinidad, del Estado Yaracuy y a su Núcleo Familiar. Al respecto se observa y considera lo siguiente: En fecha 11 de septiembre de 2008, se recibio de la Unidad de Atención a la Victima adscrita a la Victima adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, según Memorando Nº YA-F5-3172-08, procedente de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en donde solicitan se tramite la medida de Protección al ciudadano RAFAEL ANTONIO MONTILLA, y su Núcleo Familiar; por cuanto el mismo tiene cualidad de Victima de conformidad con lo establecido en el articulo 119 del Código Orgánico Procesal Penal y el articulo 5 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y demás sujetos procesales, en la investigación llevada por la mencionada Representación Fiscal bajo N° 22-F5-0609-08, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO previstos y sancionados en el Codigo Penal y en la que figura como imputados MAIKOL CONTRERAS y JORGE HERNANDEZ. Se evidencia de Memorando Nº YA-F5-3172-08, remitido a la fiscalía Superior que el ciudadano RAFAEL ANTONIO MONTILLA, compareció por ante la fiscalía Quinta e informo que a recibido amenazas de muerte por parte de los ciudadanos que hurtaron su residencia. Por su parte la norma adjetiva Procesal Penal, tutela, reconoce y garantiza, a través de su amplio recorrido los derechos de la víctima. Así en su artículo 23, del Título Preliminar, relativo a los Principios y Garantías, establece el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia y además reconoce que la protección de la víctima y la reparación del daño son también objetivos del proceso penal. Igualmente se exhorta a todo funcionario a tramitar de forma diligente y oportuna las denuncias de las víctimas, so pena de incurrir en responsabilidades y hacerse acreedor de las sanciones que la ley asigne. Asimismo, tales derechos se encuentran ampliamente definidos en los artículos 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del Código Orgánico Procesal Penal. Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 29, 30, 50, 51 y 55, reconoce los derechos de las víctimas y el Estado asume el compromiso de proteger y garantizar sus derechos a través de sus distintos órganos. Así las cosas, encuentra el Tribunal que con fundamento a los hechos denunciados por la víctima se hace procedente la aplicación de medida de protección extraproceso de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Protección a la víctima, testigos y demás sujetos procesales, esto es, el resguardo por medio de Rondas Sucesivas en el lugar de residencia del ciudadano RAFAEL ANTONIO MONTILLA y a su Núcleo Familiar, por un lapso de noventa (90) días contados a partir de la presente fecha. Se asigna esta responsabilidad al Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy. Y así se decide. DISPOSITIVA En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Primero de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, ACUERDA medida de protección a favor del ciudadano RAFAEL ANTONIO MONTILLA, quien es venezolano, mayor de edad, cédula de identidad V-3.482.629, de 58 años de edad, residenciado en el Caserío Guaratibana, calle principal, casa s/n, al lado del canal de riego, Municipio La Trinidad, del Estado Yaracuy, así como a su núcleo familiar, de conformidad con el artículo 21 ordinal 1º de la Ley de Protección a la Víctima, Testigos y Demás Sujetos Procesales, la cual consistirá en el resguardo por medio de Rondas Sucesivas en el lugar de residencia, por un lapso de noventa (90) días contados a partir de la presente fecha. Se asigna esta responsabilidad al Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy. Regístrese, publíquese y remítase el expediente al Archivo Central. Notifíquese a la Fiscalía Superior, a la Unidad de Atención a la Víctima y al ciudadano protegido. Ofíciese al organismo encargado de cumplir la medida. ABG. ROMEL ANTONIO OVIOL RODRIGUEZ EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL LA SECRETARIA ABG. LUSMAR ROJAS