TSJ Regiones - Decisión

SEDE CONSTITUCIONAL

PARTE ACCIONANTE: ANA MARGARITA MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº. V.-15.948.588

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACCIONANTE: CAROLINA RIVAS HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 65.986

PARTE ACCIONADA: DAGOBERTO MARCIAL SÁNCHEZ PEREIRA, de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº. E.- 81.730.853

MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (CON FUERZA DEFINITIVA)

Vista la designación recaída en mi persona por parte de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en Sesión de fecha 27 de Abril de 2009, para ejercer el cargo de Juez Temporal de este Despacho, debidamente juramentado por el Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 06 de mayo de 2009 y habiendo tomado posesión para el desempeño efectivo del mismo a partir del día 07 de mayo de 2009, según consta en Acta Nº 586 de este Tribunal de esa misma fecha, me aboco al conocimiento de la presente causa, contentiva de Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la abogada Carolina Rivas Hernández, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 65.986, actuando en su condición apoderado judicial de la ciudadana Ana Margarita Martínez, antes identificada, contra el ciudadano Dagoberto Marcial Sánchez Pereira, y procedo a dictar sentencia en los siguientes términos:

-I-
DE LOS HECHOS
Se inició la presente acción de Amparo Constitucional interpuesta por ante el Juzgado distribuidor de turno para la época, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la abogada en ejercicio CAROLINA RIVAS HERNÁNDEZ, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 65.986, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la presuntamente agraviada ciudadana ANA MARGARITA MARTÍNEZ. Una vez realizado el respectivo sorteo de distribución de causas, correspondió a este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, su sustanciación y decisión.

Señaló expresamente la accionante en su escrito de fecha 15 de marzo del año 2002, que dio en arrendamiento al ciudadano Dagoberto Marcial Sánchez Pereira, previamente identificado, la planta baja (primera planta) de un inmueble de su exclusiva propiedad, según se desprende de documento Autenticado ante la Notaria Pública Décima Octava de Caracas, de fecha 10 de Agosto del año 1.992, quedando anotado bajo el Nº. 129, Tomo 58 de los libros de Autenticaciones llevados por ante esa Notaria, mediante un contrato de arrendamiento privado firmado entre las partes, cuyo inmueble se encuentra ubicado en el Barrio Isaías Medina Angarita, Calle Principal Las Tunitas, Catia Parroquia Sucre, Departamento Libertador, del Distrito Federal (ahora llamado Distrito Capital, identificado con el Nº 33-61, el cual consta de tres habitaciones, sala, comedor, baño. Dicho contrato de Arrendamiento tendría una duración de seis (06) meses contados a partir de la fecha de su firma.

Finalizó dicho contrato y al solicitarle la desocupación del inmueble al mencionado ciudadano Dagoberto Marcial Sánchez Pereira, ya identificado, éste solicitó, de manera verbal, un plazo adicional al que le concedía la ley, para la desocupación del mencionado inmueble y continuar habitando el mismo hasta que consiguiera a donde irse, a lo cual accedió la hoy accionante, por cuanto ella y su núcleo familiar se encontraban viviendo en una casa que había alquilado en Ocumare; no teniendo inconveniente en hacerle al señor Dagoberto Marcial Sánchez, ya identificado, un préstamo de uso, el cual fue concedido de buena fe y de manera verbal, hasta tanto el referido ciudadano (hoy accionado) consiguiera a donde marcharse.

Es el caso, que a la hoy accionante se le venció el contrato de la casa que habitaba y tuvo que desocuparla, y en ese momento solicitó del presunto agraviante que tuviera a bien devolverle el inmueble de su propiedad, a lo cual dicho ciudadano se ha negado hasta la presente fecha, alegando que “el gobierno le protege”, que él “no se va”, que “estoy esperando que vengan a sacarme”, que esas son las expresiones que utiliza cada vez que la presunta agraviada va a solicitarle de buena gana que por favor le entregue su casa.

-II-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Ahora bien, este Tribunal actuando en sede constitucional y con vista a las distintas actuaciones cursantes a los autos de la presente acción de amparo constitucional interpuesta, pasa de seguidas a dictar un pronunciamiento al respecto, tomando en consideración para ello las actuaciones y demás diligencias que hasta ahora cursan en el expediente.

En primer orden, tomando como referencia la sustanciación y el desarrollado que hasta ahora ha llevado la vertiente en el presente procedimiento, se evidencia de autos que una vez admitida la presente acción de Amparo Constitucional, mediante auto dictado de fecha 09 de enero de 2008, en esa misma fecha no se libraron las boletas ordenadas, ni el oficio de participación al fiscal del Ministerio Público, por cuanto no fueron consignados los fotostatos requeridos.

En tal sentido, siendo la última y única actuación por parte de la accionante, la consignada en fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2007, a través de la cual presentó escrito libelar de acción de amparo, para su admisión, sin que hasta el día de hoy conste en autos la verificación de que la parte accionante haya dado impulso procesal alguno de manera diligente o haber consignado en autos por lo menos alguna providencia destinada al logro de ese objetivo, para que de esta manera se pudiere dar continuación a la presente acción, con lo cual, es de presumir y reconocer que con tal actitud indolente, la presunta agraviada ha perdido el interés en resolver a través de la presente acción, los supuestos derechos constitucionales que manifiesta en su escrito le han sido quebrantados, y puesto que este abandono de trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia, conducta esta que contraviene a expresas disposiciones jurisprudenciales esgrimidas por nuestro Máximo Tribunal de Justicia.

Esto se deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 del texto constitucional, que estatuye para el amparo-al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos-un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto.

En efecto, si el Legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 6 de junio de 2001, dejó sentado que:

“…la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.” (Negrillas del Tribunal).

Igualmente en sentencia dictada por la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1 de agosto de 2005, Caso Construcciones DS. C.A. en amparo, dejó sentado lo siguiente:

“En consecuencia, la Sala reitera su criterio en cuanto al abandono de tramite por la pérdida del interés procesal, lo que produce como consecuencia la declaratoria de terminado el procedimiento, y que se encuentra sentado en la jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional del 6 de Junio de 2001, Caso: José Vicente Arenas Cáceres que estableció lo siguiente: “el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse-entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional-una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos-el abandono, precisamente-de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara desidia o la inactividad procesal de las partes.”

Ajustándose a las doctrinas y jurisprudencias precedentemente descritas y bajo la óptica acontecida en el caso de autos propiamente, se evidencia que no existiendo actuación alguna por parte de la representación de la accionante, desde la fecha 26/11/2007, tendiente a la reactivación e impulso de la presente acción, lo cual se traduce a un lapso superior a seis (6) meses, resulta procedente reiterar y acoger la doctrina en torno a la pérdida del interés procesal y su eminente consecuencia en este caso por parte de la accionante, por lo tanto se declara el ABANDONO del trámite y, por ende, el DECAIMIENTO de la pretensión de amparo solicitada, y así se decide.

-III-
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal actuando en sede Constitucional, decide así:

PRIMERO: Se declara el ABANDONO del trámite y, por ende, el DECAIMIENTO de la pretensión de amparo ejercida por ANA MARGARITA MARTÍNEZ, contra el ciudadano DAGOBERTO MARCIAL SÁNCHEZ PEREIRA, ambas partes plenamente identificadas en autos.

SEGUNDO: En virtud del pronunciamiento anterior, se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA; y, en consecuencia, TERMINADO el presente procedimiento de amparo constitucional, tal como lo disponen los criterios jurisprudenciales analizados en el cuerpo de la presente decisión.

TERCERO: Notifíquese a la accionante de la presente decisión.

CUARTO: Por la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas.

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