REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
En el procedimiento por SOLICITUD DE INSPECCIÓN JUDICIAL, seguido por la ciudadana Abg.LISBETH ARREAZA, Inpreabogado Nº 96.883, procediendo en este acto con el carácter de Defensora Pública Agraria del Estado Yaracuy, en representación del ciudadano PEDRO EUSEBIO GIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-7.555.649, solicitan a este Tribunal Agrario el 30 de abril de 2.008, se sirva gestionar lo conducente a efectos de trasladarse y constituirse en el Sector Caserío Cocuaima; Parroquia Campo Elías, Jurisdicción del Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, para que practique Inspección Judicial en el referido lugar y se deje constancia sobre los siguientes particulares: Primero: Que este Tribunal se sirva verificar y deje constancia que los linderos que constituyen el lote de terreno ocupado por el ciudadano Pedro Eusebio Giménez, son los siguientes: Norte: José Mújica; Sur: Alberto Pérez; Este: Alfredo Álvarez; Oeste: Quebrada Cocuaima. Segundo: Que el Tribunal deje Constancia de los cultivos y bienechurias existentes en el lote de terreno; así como el estado de los mismos. Tercero: Que el Tribunal deje constancia del tiempo aproximado de los cultivos existentes. Cuarto: Que el Tribunal deje constancia de la superficie aproximada. Quinto: Que el Tribunal deje constancia de cualquier otro particular sobre personas, cosas, lugares o documentos que acrediten que quien suscribe ejerce y esta dando continuidad a la producción agroalimentaria y el establecimiento del aparato productivo del Estado. Para llevar a cabo la presente inspección judicial solicita a este Tribunal Agrario, se sirva concurrir al lugar acompañado de un práctico o experto perito agrónomo, así como de un experto fotográfico que nombrará a tales efectos. La promoción o evacuación de la presente solicitud la fundamenta en los artículos 472, 473 y 474 del Código de Procedimiento Civil, en su Capitulo VII, de la admisión del presente escrito se obvie la distribución del mismo y que se habilite el tiempo necesario, para lo cual jura la urgencia, así mismo se nos devuelva el original y sus resultas.
El 05 de mayo de 2008, este Tribunal Agrario en la persona del Abg. José Orlando Monsalve, mediante auto ordena darle entrada a la presente solicitud de inspección judicial, signarla con el N° 00015, hacer las anotaciones en los libros y por auto separado acordar lo conducente.
I
NARRATIVA
Se inició la presente causa por SOLICITUD DE INSPECCIÓN JUDICIAL, seguido por la ciudadana Abg.LISBETH ARREAZA, procediendo en este acto con el carácter de Defensora Pública Agraria del Estado Yaracuy, en representación del ciudadano PEDRO EUSEBIO GIMÉNEZ, antes identificados, ante este Tribunal Agrario, quien mediante auto del 05 de mayo de 2008, ordena darle entrada a la presente solicitud de inspección judicial, signarla con el N° 00015, hacer las anotaciones en los libros y por auto separado acordar lo conducente.
El 31 de julio de 2.008, la Abg.LISBETH ARREAZA, antes identificada, solicita mediante diligencia, se fije oportunidad para la práctica de la inspección judicial.
El 04 de agosto de 2.008, este Tribunal Agrario mediante auto acuerda realizarla inspección judicial solicitada al décimo quinto día de despacho siguiente a la fecha del presente auto.
El 23 de septiembre de 2.008, la Abg. LISBETH ARREAZA, antes identificada, solicita mediante diligencia a este Tribunal Agrario, se fije practicar la inspección judicial acordada para las (8:30 a.m.), se posponga para las (10:30 a.m.) del día correspondiente. En consecuencia este Tribunal acuerda por auto de la misma fecha lo solicitado.
El 26 de septiembre de 2.008, este Tribunal Agrario difiere la inspección judicial acordada, vista la no comparecencia de la parte solicitante.
II
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
La presente causa se refiere a la SOLICITUD DE INSPECCIÓN JUDICIAL, seguido por la ciudadana Abg.LISBETH ARREAZA, procediendo en este acto con el carácter de Defensora Pública Agraria del Estado Yaracuy, en representación del ciudadano PEDRO EUSEBIO GIMÉNEZ, antes identificados, a fin de que se sirva este Tribunal Agrario realizar inspección judicial en un lote de terreno ubicado en el Sector Caserío Cocuaima; Parroquia Campo Elías, Jurisdicción del Municipio Bruzual del Estado Yaracuy.
III
El Tribunal observa:
Dispone al artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (Negrillas del Tribunal).
Analizadas como fueron las actas procesales, este Tribunal observa que, en la presente causa, desde el 23 de septiembre de 2.008, oportunidad cuando la Abg.LISBETH ARREAZA, antes identificada, solicita mediante diligencia a este Tribunal Agrario, se fije practicar la inspección judicial acordada para las (8:30 a.m.), se posponga para las (10:30 a.m.) del día correspondiente, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal por las partes para instar la presente solicitud de inspección judicial; y por cuanto ha transcurrido más de seis (06) meses, sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión del 01 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. nº: 00-1491, sentencia. nº 956), al referirse al interés procesal señaló:
A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.” (Subra-yado añadido)
En consecuencia, de conformidad con lo sentado en la sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la pérdida del interés; por lo que resulta forzoso para este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, declarar la perención de la acción y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el archivo de la solicitud. Así se declara.
IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN de la acción interpuesta por la ciudadana Abg.LISBETH ARREAZA, procediendo en este acto con el carácter de Defensora Pública Agraria del Estado Yaracuy, en representación del ciudadano PEDRO EUSEBIO GIMÉNEZ, antes identificados.
Publíquese y regístrese
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en Chivacoa, a los 22 días del mes de mayo de dos mil nueve. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
El Juez Provisorio,
SERGIO SINNATO MORENO
El Secretario Accidental,
ARQUIMEDES JOSÉ CARDONA
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.).
El Secretario Accidental,
ARQUIMEDES JOSÉ CARDONA
Solicitud N° 00015
SSM/AJC/hg
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