República Bolivariana de Venezuela



Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy

San Felipe, 01 de octubre de 2009
199° y 150°


ASUNTO: UP11-L-2009-000241

PARTE DEMANDANTE: ABG. LUIS E. ARRAEZ AZUAJE INSCRITO EN EL INPREABOGADO BAJO EL Nº 11.851.

PARTE DEMANDADA: JULIO RAFAEL GARRIDO, JUAN RAMON CAMACHO Y OTROS.

MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES.


Conoce este Juzgado de Juicio de la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales interpuesta en fecha 21 de mayo de 2009 por el Abogado LUIS E. ARRAEZ AZUAJE, actuando en su propio nombre, quien es titular de la cedula de identidad Nº 2.844.832 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el numero 11.851, en contra de los ciudadanos JULIO RAFAEL GARRIDO, JUAN RAMON CAMACHO Y OTROS.

Visto que estamos ante una demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogado, es necesario examinar los criterios jurisprudenciales vigentes en cuanto a la competencia, en particular, la relativa a la materia, que, por ser de orden público, debe ser observada en cualquier estado y grado de la causa, aun de oficio, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1393, proferida el 14 de Agosto de 2008, estableció con carácter vinculante el trámite de sustanciación a ser aplicado por los tribunales de la República en juicios como el de autos. Señala dicha decisión que:
“Del mismo modo, esta Sala en sentencia N° 3325/04.11.2005 (reiterada en la sentencia N° 1757/09.10.2006) estableció que:
“…Por ello, cabe distinguir cuatro posibles situaciones que pueden presentarse y que, probablemente, dan origen a trámites de sustanciación diferentes, ante el cobro de honorarios por parte del abogado al cliente a quien representa o asiste en la causa, a saber: 1) cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre, sin sentencia de fondo, en primera instancia; 2) cuando cualquiera de las partes ha ejercido apelación y esta haya sido oída en el solo efecto devolutivo; 3) cuando dicho recurso se haya oído en ambos efectos y, 4) cuando la sentencia dictada en el juicio haya quedado definitivamente firme, surgiendo la posibilidad en este supuesto, que el juicio entre a fase ejecutiva, si es que se condenó al demandado.
…En el último de los supuestos -el juicio ha quedado definitivamente firme- al igual que en el anterior, sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales por vía autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, si es el caso, ya que la expresión del tantas veces señalado artículo 22 de la Ley de Abogado ‘la reclamación que surja en juicio contencioso’, en cuanto al sentido de la preposición “en” que sirve para indicar el lugar, el tiempo, el modo, significa evidentemente que el juicio no haya concluido y se encuentre en los casos contenidos en el primer y segundo supuesto antes referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste haya terminado, para que, entonces, pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales por vía incidental en el juicio principal.
A juicio de esta Sala, y en beneficio del abogado, podría pensarse que el incidente de cobro de honorarios entre el abogado y su cliente, puede suscitarse dentro de la fase de ejecución de la sentencia, por ser ésta una consecuencia del “juicio contencioso”, pero cuando el juicio ha terminado totalmente, como sucede en los casos donde no hay fase de ejecución, cual es el caso de autos, el cobro de honorarios del abogado a su cliente, es imposible que tenga lugar en la causa donde se pretende se causaron los honorarios y ante el juez que la conoció, ya que esa causa finalizó y no hay en ese momento juicio contencioso alguno, ni secuelas del mismo.” (Negrillas y subrayados de esta sentencia).

Ahora bien, al examinar los términos de la demanda, así como las actas que conforman el presente expediente, se aprecia mediante el libelo de la demanda que el Abg. Luís E. Arraez Azuaje ha representado judicialmente a los ciudadanos Julio Rafael Garrido, Juan Ramón Camacho y otros (demandados); sin embargo, interpone demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales por actuaciones judiciales efectuadas en el expediente signado con el Nº UH12-2000-000004 relacionado con la acción de cobro de prestaciones sociales intentada por los ciudadanos Juan Ramón Camacho, Julio Rafael Garrido, Fermín Cristóbal Mogollón y Otros contra la Gobernación del Estado Yaracuy. Que la referida demanda se interpuso en el mes de marzo de 2000 por solicitud e iniciativa de un grupo de trabajadores pensionados y jubilados de la Gobernación del Estado Yaracuy. Que su representación consta en los documentos que anexa a la presente demanda. Que en el ejercicio del poder que tenia otorgado en el expediente antes señalado efectuó ininterrumpidamente su representación individual y colectiva hasta la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales de Sustanciación, Mediación y ejecución, de Juicio y Superior del Estado Yaracuy.. Que fundamenta su pretensión en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Abogados, en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil; en el 23 y 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, y en el articulo 253 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Que la estimación de esta demanda fue calculada en la suma de 309.538,00 Bs.f., en virtud del incumplimiento de sus patrocinados de pagarle los honorarios y gastos necesarios en que incurrió, habiendo realizado todo lo profesionalmente posible para materializar el mandato encomendado el cual se vio interrumpido en su fase de ejecución por la injustificada revocatoria de los poderes y por el cobro directo y personal.

Como quiera entonces que, las actuaciones cuyo pago reclama el abogado intimante fueron realizadas en el expediente Nº UH12-2000-000004, es decir, en el ámbito judicial, y siendo que en la citada causa existe sentencia definitivamente firme, la cual fue además ejecutoriada, este tribunal, conforme a la decisión supra transcrita que sirve de base a esta decisión, considera que el conocimiento de ésta acción corresponde a un tribunal de la jurisdicción civil competente por la cuantía, concretamente, a un Juzgado de Primera Instancia Civil, por exceder la cuantía de este asunto de las tres mil unidades (3000 U.T.) a que hace referencia el literal b del artículo 1º de la Resolución Nº Nº 2009-0006 dictada en fecha 18 de marzo de 2009 por la Sala Plena del TSJ. Así se decide.

En consecuencia, por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, se declara INCOMPETENTE para conocer del juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales, incoada por el Abg. Luís E. Arraez Azuaje, contra los ciudadanos JULIO RAFAEL GARRIDO, JUAN RAMON CAMACHO, FERMIN CRISTOBAL MOGOLLON, titulares de las de identidad números: 224.451, 10.102.062, 811.053 respectivamente Y OTROS ., y DECLINA EL CONOCIMIENTO DEL MISMO en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de esta Circunscripción Judicial a quien corresponda, por lo que se acuerda la remisión del presente expediente en su oportunidad.

La Juez,

Abg. María Zuleima González de García
La Secretaria;

Abg. Grecia Verastegui