De la revisión de las actas que conforman el presente expediente N° A-0177, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, observa que la causa por INTERDICTO POR DESPOJO, incoada por los ciudadanos FELICISIMA MOTA DE ESCUDERO Y CARLOS EDUARDO ESCUDERO MOTA, contra los ciudadanos YOLANDA MERCEDES TOVAR, JOAN MANUEL SILVA, CLEIME GUEVARA, KARINA RODRIGUEZ SANCHEZ y RAMON FUENTES, fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, por auto de fecha 22 de enero de 2001, el cual antes de pronunciarse a sobre lo solicitado, acordó oír la declaración de los testigos presentados por la parte solicitante, tal como consta a los folios 07 al 17 ambos inclusive del expediente. En fecha 1ero de marzo de 2001, vista las declaraciones de los testigos el Tribunal acordó inspección judicial a fin de constatar los hechos narrados en el libelo de la demanda, siendo esta practicada el 16 de abril de 2001. Posteriormente la parte actora solicito se fijara el monto de la garantía para decretar la restitución de la posesión; el tribunal acordó el monto de una fianza de cinco millones setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 5.750.000,00), la cual en fecha 9 de mayo de 2001, mediante diligencia la parte actota manifestó no estar en disposición de satisfacer la fianza acordada por el Tribunal, solicitando conforme al articulo 699 del Código de Procedimiento Civil sea decretado el secuestro de la porción de terreno objeto de la desposesión, constante de dos hectáreas (2 has), siendo esta decretada por el tribunal el 14 de mayo de 2001. La parte actora el 17 de diciembre de 2001 solicito que se ejecutara la medida de secuestro antes mencionada. El 13 de febrero de 2002 el Juez Provisorio se Aboco al conocimiento de la presente causa. El 13 y 22 de mayo de 2002, la parte actora ratifico la diligencia de fecha 17 de diciembre de 2001. Por ocupaciones preferentes del Tribunal difirió en varias oportunidades la práctica de la ejecución de dicha medida. En fecha 16 de junio de 2003, la parte actora solicito se comisionara al Juzgado Ejecutor de Medidas a fin de practicar la medida. El 17 de junio de 2003 el Juez Suplente se aboco al conocimiento de la causa y comisiono suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre, La Trinidad, Arístides Bastidas, Bruzual, Urachiche, José Antonio Páez y Peña de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, la cual no consta que fuese practicada en el expediente.
Con fecha 03 de Marzo del año 2004, el expediente fue distribuido por cuanto fue asignada la materia Agraria a los Juzgados de Primera Instancia Civil, siendo que por distribución le correspondió al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario, quien en fecha 18 de marzo de 2004, le dio entrada al expediente, se aboco al conocimiento de la causa y acordó notificar a las partes, constando en el mismo solo la notificación de las partes querellantes en la presente causa.
En fecha tres (03) de Abril del año 2008, fue recibido el expediente en éste Despacho, siendo que desde dicha fecha hasta la presente ha transcurrido un lapso prolongado de tiempo dentro del cual la parte actora estaba en la obligación de solicitar al Tribunal el abocamiento del Juez al conocimiento de la causa, en tal virtud, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso dirigida a procurar la continuación de la causa, y habiéndose producido a lo largo de todo este tiempo la incorporación de dos jueces distintos a este Tribunal, sin que se les hubiere solicitado a ninguno de ellos el abocamiento respectivo, es evidente que el proceso ha entrado en una paralización absolutamente injustificada, dada la particular situación de que la presente causa se encuentra paralizada en estado de la ejecución de la Medida de Secuestro, dictado en fecha 14/05/2001, lo que se traduce en una falta de interés absoluta de las partes querellantes en continuar la causa, ya que se determina que el trámite del juicio contenido en estos autos se encuentra paralizado prácticamente desde el día 02 de Abril del 2004, fecha en que fue notificada del abocamiento la apoderada judicial de las partes querellantes, que se toma como fecha de la última actuación en el juicio de la parte querellante, evidenciándose que hasta la presente fecha esta no ha comparecido a instar la continuación del juicio.
De acuerdo a los razonamientos antes descritos éste Tribunal conforme a lo que establece el 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención….”.
Y a la facultad que le impone el artículo 269 eiusdem, que contempla lo siguiente:
“ La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente..”
Y en base a las normativas de hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, antes trascritos, y después de revisada minuciosamente los autos del presente juicio, en donde se constata evidentemente la falta de interés procesal de la parte actora para continuar con el juicio, y en donde se materializa la perención de la instancia, ya que desde la fecha 02 de Abril del año 2004, hasta la presente fecha, no hubo ninguna actuación de parte de la parte querellante, tendente a darle continuidad o impulso al proceso por ellos incoado. En consecuencia lo anterior se traduce en que ha transcurrido un lapso de tiempo de más de un (1) año, sin actividad procesal de la parte actora, y como consecuencia de ello, y de conformidad con las precitadas normas se materializa la perención de la instancia. Por consiguiente, y en base a lo expuesto en las líneas precedentes, se declara de Oficio la Perención de la instancia de conformidad con lo establecido en Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, prevista en el artículo 267 eiusdem, en consecuencia se revoca el Decreto de Medida de Secuestro dictada en auto de fecha 14/05/2001, tal como se decidirá en el dispositivo del presente fallo.
D E C I S I Ó N
En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote, Sucre, la Trinidad, Veroes, Manuel Monge y Bolívar de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
ÚNICO: Declara de Oficio La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, por falta de impulso procesal de la parte querellante, tal como lo establece el artículo 267 eiusdem y como consecuencia de esta decisión se revoca el Decreto de Medida de Secuestro dictado en auto de fecha 14/05/2001 y así se declara.
No se condena en costas dada la naturaleza de la decisión.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el archivo del tribunal de la presente decisión, y publíquese en la página Web del Tribunal.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho de éste juzgado, a los veintiséis (26) días del mes de Octubre del año Dos Mil Nueve (2.009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,
ABG. MARÍA BEATRIZ GÓMEZ.
LA SECRETARIA TEMPORAL,
CARMEN E. NÚÑEZ M.
En la misma fecha, siendo las 09:00 a.m., se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA TEMPORAL,
CARMEN E. NÚÑEZ M.
Exp. A-0177
MBGB/CN/mm
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