REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
Años: 200° Y 151°
EXPEDIENTE Nº 14.371
PARTE DEMANDANTE: ALEXIS MARTINEZ CAFAZZO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 2.565.459.
APODERADO JUDICIAL: Abg. MAGALI COROMOTO MARQUEZ de GARCIA, Inpreabogado N° 5.731
PARTE DEMANDADA: RAFAEL ANIBAL HERRERA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.483.821, asistido por el Abogado RUBEN DARIO SALINA SIRIT, Inpreabogado N° 100.976.
MOTIVO: DESALOJO (DECLINACION DE COMPETENCIA)
I
Recibidas en fecha 27 de octubre de 2010, las actas contenidas en el presente expediente N° 2.152-09, nomenclatura del Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes del Estado Yaracuy, a los fines de que conozca este Tribunal las actuaciones como Tribunal de Alzada y revise la sentencia dictada en fecha 24 de mayo de 2010, como Tribunal Superior.
Se refiere la presente causa al juicio en la cual el ciudadano ALEXIS MARTINEZ CAFAZZO antes identificado, demandó al ciudadano RAFAEL ANIBAL HERRERA GONZALEZ antes identificado, a que desaloje un inmueble de su propiedad, constituido por de dos (2) galpones situados en la Carretera panamericana entre Marroquina y puente Yurubí, en el sitio denominado “Las Tapias”, Sector La Aduana, Jurisdicción del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, cuya superficie alcanza la totalidad de Trescientos Metros Cuadrados (300 mts2) cada uno para un total de Seiscientos Metros Cuadrados (600mts2), en base a lo preceptuado en los articulo 33 y 34, literal “b” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
El Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes del Estado Yaracuy, dictó sentencia en fecha 24 de mayo de 2010, declarando la demanda SIN LUGAR, y condena en costas a la parte actora.
En fecha 22 de octubre del año en curso, el Tribunal dicto auto donde oyó la apelación en ambos efectos y acordó remitir lo actuado al Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial, con oficio Nº 568-2010, recayendo la misma en este Juzgado.
II
LLEGADO EL MOMENTO PARA DECIDIR, EL TRIBUNAL OBSERVA:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la garantia de una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, por lo que este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, procede a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto:
Como es sabido, el principio del juez natural, le otorga al Tribunal un rol fundamental al establecer su habilidad objetiva para la tramitación de esta causa en alzada, situación que destaca el hecho tradicional a los fines de la competencia establecida en la Ley, que son tres los atributos que determinan el fuero competencial de un Órgano Jurisdiccional, a saber: la materia, el territorio y la cuantía.
En tal sentido la competencia vertical o competencia jerárquica funcional, el Tribunal al cual corresponde el conocimiento de dichos recursos son los Juzgados de Primera Instancia, los cuales son superiores en grado a los Tribunales de Municipio.
Ahora bien, con la entrada en vigor de los criterios para determinar el Tribunal competente, que fueron regulados por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, mediante Resolución No. 2009-0006, del día dieciocho (18) de Marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.152, de fecha dos (2) de Abril de 2009, se advierte, que se modificó la competencia de los Tribunales, incluyendo la aplicable en materia de apelación, pues desde que la organización que brinda la legislación adjetiva y muy especialmente, el Código de Procedimiento Civil, se contrae a considerar para la asignación de competencias a los Tribunales de Instancia y a los Tribunales Superiores, conociendo estos últimos las causas en alzada. Cuando se adicionan las funciones de un Tribunal de clasificación C, como los de Municipio, se vuelve menester la revisión de las competencias, atendiendo a que los Tribunales que son de Primera Instancia, por ser “superiores” a los de Municipio, empiezan a conocer de las causas como Tribunales ad quem, desnaturalizando la intención del legislador, que consideró Tribunales Superiores, a los que actualmente se les atribuye este nombre.
En el caso de marras, la demanda fue presentada y tramitada cuando cobró plena vigencia la Resolución mediante la cual se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito. Al respecto resulta oportuno e imprescindible, transcribir de seguida, contenido del fallo dictado por la Sala de Casación Civil en fecha 10 de Marzo de 2010, expediente N° 09-673, caso, Milagro del valle Hernández Gómez contra Noratcy Elena Semprún Ocando, en la cual entre otros particulares, la Sala dejó establecido lo siguiente:
“ … De la jurisprudencia supra transcrita, se desprende que las competencias de los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, se redistribuyó mediante Resolución emanada de la Sala Plena de este Máximo Tribunal, determinando que a los Juzgados de Municipio corresponderá la competencia para conocer en primera instancia; de asuntos contenciosos que no excedan de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.); y de manera exclusiva y excluyente de todos los asuntos de la jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes, siendo que por vía de consecuencia, las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas por los referidos Juzgados de Municipio, los cuales actuarán como jueces de primera instancia, deberán ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio.
En cuanto a las condiciones de aplicabilidad, se estableció que la misma comenzaría a surtir efectos a partir de su entrada en vigencia, es decir, a partir del 2 de abril de 2009, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela…” (Negritas del Tribunal).
En razón de lo expuesto estima este Tribunal, atendiendo a lo establecido en la nueva regulación interpuesta en la Resolución No. 2009-0006, del día dieciocho (18) de Marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.152, de fecha dos (2) de Abril de 2009, y acogiendo el criterio de la Sala de Casación Civil, ordena declinar la competencia para su conocimiento en alzada al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial. Así se decide.
III
DECISION
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA INCOMPETENCIA, de este Juzgado para conocer el presente juicio de DESALOJO (APELACIÓN), que se inició en fecha 07 de agosto de 2010, por ante el Juzgado de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, incoado por el ciudadano ALEXIS MARTINEZ CAFAZZO, contra RAFAEL ANIBAL HERRERA GONZALEZ, plenamente identificados en autos.
SEGUNDO: Se DECLINA la competencia al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, para conocer de la presente apelación. Por consiguiente, remítase las presentes actuaciones una vez vencido el lapso consagrado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, al Juzgado antes mencionado.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe, a los veintiocho (28) días del mes de Octubre del dos mil diez (2.010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
El Juez,
Abg. RAFAEL J. YOVERA PINTO
La Secretaria,
Abg. JOISIE J, JAMES PERAZA
En la misma fecha se cumplió lo ordenado, se publicó y fijó la decisión anterior, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.).
La Secretaria,
Abg. JOISIE J, JAMES PERAZA
Abg.RYP/eq
Exp. 14.371
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