REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
AÑOS: 200º y 151º
EXPEDIENTE Nº 13.759
PROCEDIMIENTO: REIVINDICACION
DEMANDANTE: MIRTIA YOLANDA ANZOLA DE TORO Y LANMEY SORCIRE PEÑA ANZOLA, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 3.548.843 y 16.481.246, respectivamente, de este domicilio.
DEMANDADO: RUBEN JOSE ANZOLA MARTINEZ Y NAUDIS ALBERTO ANZOLA MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 4.123.588 y 2.570.323, respectivamente, de este domicilio.
I
Vencido como se encuentra el lapso de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal hace las siguientes conclusiones:
Se inicia el presente juicio de REIVINDICACION, mediante libelo de demanda presentada en fecha 31 de julio de 2006, por ante el Juzgado Distribuidor, por las ciudadanas MIRTIA YOLANDA ANZOLA DE TORO Y LANMEY SORCIRE PEÑA ANZOLA, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 3.548.843 y 16.481.246, respectivamente, de este domicilio, representada la primera por la ciudadana YANET ALCIRA ANZOLA MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nº 4.968.750, según poder autenticado ante la Notaria Publica Tercera del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el numero 37 del Tomo 28, de fecha 03 de octubre de 2002, asistidas por el abogado LEOTILIO ESCALONA, Inpreabogado Nº 61.483, en contra de los ciudadanos RUBEN JOSE ANZOLA MARTINEZ Y NAUDIS ALBERTO ANZOLA MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 4.123.588 y 2.570.323, respectivamente, de este domicilio, y recibida en fecha 02 de agosto de 2006.
En fecha 02 de octubre de 2006, fue admitida la presente demanda y se emplazó a la parte demandada, para que compareciera dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a que conste su citación, para que tenga lugar el acto de la contestación de la demanda. Se libró compulsa. Por auto separado se proveerá acerca de la medida solicitada.
En fecha 18 de octubre de 2006, el alguacil de este despacho, consignó recibo de citación del ciudadano RUBEN JOSE ANZOLA MARTINEZ.
Mediante diligencia de fecha 13 de noviembre de 2006, el ciudadano RUBEN JOSE ANZOLA MARTINEZ, asistido de abogado, solicito copia certificada y fueron acordadas mediante auto de fecha 16 de noviembre de 2006.
En fecha 31 de enero de 2007, el alguacil del Tribunal estampó diligencia donde manifestó que fue imposible la citación del ciudadano NAUDIS ALBERTO ANZOLA MARTINEZ, y consignó compulsa.
En fecha 02 de febrero de 2007, los codemandados de autos confirieron poder apud acta al abogado SONMER GARRIDO LANDINEZ, Inpreabogado Nº 121.701., y en esa misma fecha se da por citado el ciudadano NAUDIS ALBERTO ANZOLA MARTINEZ.
En fecha 15 de julio de 2010, el Tribunal dicto auto donde el Juez Arquímedes Cardona, se abocó al conocimiento de la presente causa de conformidad con los artículos 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 17 de diciembre de 2010, el Juez Rafael José Yovera Pinto, se abocó al conocimiento de la presente causa, aperturandose el lapso de los tres (03) días de despacho, contados a partir del día siguiente a la fecha del presente auto, a fin de que las partes puedan ejercer los recursos a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
II
LLEGADO EL MOMENTO PARA DECIDIR EN LA PRESENTE CAUSA, EL TRIBUNAL PASA A HACERLO EN LA FORMA SIGUIENTE:
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que su pérdida conlleva al decaimiento y extinción de la acción, por cuanto es un requisito de la misma, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
De igual manera dispone el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. No obstante, la misma norma prevé que la causa puede quedar paralizada sin actividad, de tal forma que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.
Por otra parte, el interés procesal es la posición que tiene el actor con respecto a la jurisdicción, para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela, este interés esta presente en la pretensión inicial del demandante y debe subsistir en el curso del proceso. La inacción prolongada del actor o de ambas partes trae como consecuencia la extinción de la instancia y a estos fines el Código de Procedimiento Civil, señala expresamente los supuestos que dan lugar a la perención de la instancia.
En efecto, el articulo 267 eiusdem, establece que “toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
Ello se evidencia de la falta de actividad procesal dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso; eso hace presumir que el actor perdió interés en que se protejan sus derechos a través de ésta vía, lo que constituye decaimiento del interés procesal, y por cuanto no ha habido impulso procesal desde 02 de Febrero de 2007, hasta la presente fecha, se procederá a decretar la perención de la instancia, en virtud de que tal actitud implica que el servicio publico atienda un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural. Así se decide.
III
DECISION
En merito de las razones anotadas, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido tres años (03), y once (11) meses, aproximadamente, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en la presente demanda de REIVINDICACION), interpuesto por las ciudadanas MIRTIA YOLANDA ANZOLA DE TORO Y LANMEY SORCIRE PEÑA ANZOLA, en contra de los ciudadanos RUBEN JOSE ANZOLA MARTINEZ Y NAUDIS ALBERTO ANZOLA MARTINEZ, plenamente identificados en autos, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, en consecuencia, se EXTINGUE el presente procedimiento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, la presente declaración de perención por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. Se acuerda archivar el expediente.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los ocho (08) días del mes de febrero de dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
El Juez,
Abg. RAFAEL JOSE YOVERA PINTO
La Secretaria, Abg. JOISIE JANDUME JAMES PERAZA
En la misma fecha se cumplió lo ordenado, se publicó y fijó la decisión anterior, siendo las nueve y cuarenta de la mañana (09:40 a.m.).
La Secretaria, Abg. JOISIE JANDUME JAMES PERAZA
RJYP/bv
Exp. 13.759
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