REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
AÑOS: 200º y 152º
EXPEDIENTE Nº 14.301
MOTIVO:
DIVORCIO
DEMANDANTE: CARLOS AUGUSTO INOJOSA PRADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 3.307.734, de este domicilio.
DEMANDADA: MARIA ROMELIA BARRETO CUEVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 4.259.717.
I
Vencido como se encuentra el lapso de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal hace las siguientes conclusiones:
Se inicia la presente demanda de DIVORCIO, mediante libelo de demanda presentada en fecha 17 de julio de 2009, por ante el Juzgado Distribuidor, por el ciudadano CARLOS AUGUSTO INOJOSA PRADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 3.307.734, asistido por el abogado ROMULO H. ESTANGA GRATEROL, Inpreabogado Nº 14.571, en contra de la ciudadana MARIA ROMELIA BARRETO CUEVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 4.259.717; y recibida en fecha 21 de junio de 2009.
En fecha 07 de agosto de 2009, se admitió la presente demanda, se acordó emplazar a la parte demandada y se libró boleta de notificación a la Fiscal Séptimo del Ministerio Publico, y se emplazo a la ciudadana MARIA ROMELIA BARRETO CUEVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 4.259.717, domiciliada en el Caserío Veguita, La Calle, frente a la Escuela del Municipio Sabaneta, Estado Barinas, para lo cual se comisiono al Juzgado del Municipio Alberto Arvelo Torrealba Sabaneta, Estado Barinas, librándose el oficio Nº 640
En fecha 23 de Septiembre el Alguacil de este Tribunal, consigno boleta de notificación debidamente firmada por la Fiscal Séptimo del Ministerio Público.
La Fiscal Séptimo del Ministerio Público en fecha 20 de Octubre de 2009, consignó opinión favorable.
En fecha 12 de enero de 2010, se recibió y agregó a sus autos comisión emanada del Juzgado del Municipio Alberto Arvelo Torrealba, de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, sin haberse cumplido la misma.
En fecha 10 de marzo de 2011, el Juez Rafael José Yovera Pinto, se abocó al conocimiento de la presente causa, la cual se reanudará al tercer (03) día de despacho, contados a partir del día siguiente a la fecha del presente auto, a fin de que las partes puedan ejercer los recursos a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
II
LLEGADO EL MOMENTO PARA DECIDIR EN LA PRESENTE CAUSA, EL TRIBUNAL PASA A HACERLO EN LA FORMA SIGUIENTE:
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que su pérdida conlleva al decaimiento y extinción de la acción, por cuanto es un requisito de la misma, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
De igual manera dispone el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. No obstante, la misma norma prevé que la causa puede quedar paralizada sin actividad, de tal forma que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.
Por otra parte, el interés procesal es la posición que tiene el actor con respecto a la jurisdicción, para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela, este interés esta presente en la pretensión inicial del demandante y debe subsistir en el curso del proceso. La inacción prolongada del actor o de ambas partes trae como consecuencia la extinción de la instancia y a estos fines el Código de Procedimiento Civil, señala expresamente los supuestos que dan lugar a la perención de la instancia.
En efecto, el articulo 267 eiusdem, establece que “toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
Ello se evidencia de la falta de actividad procesal dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso; eso hace presumir que el actor perdió interés en que se protejan sus derechos a través de ésta vía, lo que constituye decaimiento del interés procesal, y por cuanto no ha habido impulso procesal desde el 07 de agosto de 2009, hasta la presente fecha, se procederá a decretar la perención de la instancia, en virtud de que tal actitud implica que el servicio publico atienda un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural. Así se decide.
III
DECISION
En merito de las razones anotadas, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido un (01) año y siete (7) meses, aproximadamente, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en la presente demanda de DIVORCIO, interpuesto por el ciudadano CARLOS AUGUSTO INOJOSA PRADO, en contra de la ciudadana MARIA ROMELIA BARRETO CUEVAS, plenamente identificados en autos, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, en consecuencia, se EXTINGUE el presente procedimiento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, la presente declaración de perención por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. Se acuerda archivar el expediente.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los dieciséis (16 ) días del mes de marzo del dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
El Juez,
Abg. RAFAEL JOSE YOVERA PINTO
La Secretaria,
Abg. JOISIE JANDUME JAMES PERAZA
En la misma fecha se cumplió lo ordenado, se publicó y fijó la decisión anterior, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.).
La Secretaria,
Abg. JOISIE JANDUME JAMES PERAZA
RJYP/jj
Exp. 14301
|
