JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY San Felipe, 17 de mayo de 2011 Años: 201° y 152° EXPEDIENTE Nº 5314 PARTE ACTORA Ciudadana MARITEL JIMÉNEZ LORENZO de RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.479.428, y de este domicilio. APODERADO JUDICIAL PARTE ACTORA PEDRO OLAVARRIA, Inpreabogado Nº 59.237. PARTE DEMANDADA Ciudadano WLADIMIR YAITZKIY CERNOUSOVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 8.687.271, domiciliado en la Avenida Libertador, cruce con la Carretera Vía Aroa, población de Marín, Parroquia San Javier, Municipio Autónomo San Felipe del Estado Yaracuy. APODERADOS JUDICIALES PARTE DEMANDADA LUIS RAFAEL ROMERO BOROVIC y EUCLIDES SEBASTIANI MARQUEZ, Inpreabogado Nros. 67.865 y 64.079 respectivamente. MOTIVO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Este Tribunal actuando como director del proceso y en aras de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto en fecha 06 de mayo de 2011 fue publicado en Gaceta Oficial N° 39.668, Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, signado con el N° 8.190, la cual tiene como objetivo la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas y judiciales, en consecuencia este Tribunal observa lo siguiente: El presente juicio se inicia por demanda de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento, suscrita y presentada por la ciudadana Maritel Jiménez Lorenzo de Rodríguez, a través de su apoderada judicial, abogada Andreina Volpe, Inpreabogado Nº 45.716 contra el ciudadano Wladimir Yaitzkiy Cernousova, ambas partes anteriormente identificadas, fundamentando la presente acción de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, artículo 39 del mismo cuerpo de leyes y finalmente señala los artículos 1159, 1160 y 1167 del Código Civil. Del escrito libelar se desprende que la parte actora señala que según contratos de arrendamientos debidamente notariados por ante la Notaría Pública de San Felipe del Estado Yaracuy, desde el 01 de septiembre de 2001, la madre de su poderdante, en calidad de arrendadora, ciudadana Hermógenes Lorenzo Bravo de Jiménez, mantenía relación arrendaticia con el ciudadano Wladimir Yaitzkiy Cernousova, sobre un inmueble conformado por un local comercial y un apartamento, según señala es de su representado, en el cual se encontraba constituido a favor de su hoy difunta madre un usufructo vitalicio, según documento protocolizado cuyos datos constan en el escrito de demanda, siendo su ubicación la Avenida Libertador, cruce con la Carretera Vía Aroa, de la población de Marín, Parroquia San Javier, Municipio Autónomo San Felipe del estado Yaracuy. En el presente procedimiento se dió cumplimiento a todos los actos procesales encontrándose el mismo en la etapa de ejecución forzosa de la sentencia. Ahora bien, en virtud de la entrada en vigencia del Decreto Nº 8.190, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.668, de fecha seis (6) de mayo del presente año, es necesario señalar lo establecido en su artículo 4, primer aparte, que establece: “..Restricción de los Desalojos y Desocupación forzosa de viviendas: Artículo 4: A partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto-Ley. (Subrayado del Tribunal) Por otra parte, es necesario señalar lo establecido en el artículo 12 del mismo Decreto-Ley, que contempla: “Los funcionarios judiciales estarán obligados a suspender, por un plazo no menor de noventa (90) días hábiles ni mayor a ciento ochenta (180) días hábiles, cualquier actuación o provisión judicial en fase de ejecución que implique la terminación o cese sobre la posesión legítima del bien destinado a uso de vivienda, bien sea que se encuentre tanto en ejecución voluntaria como forzosa, debiendo notificar al sujeto afectado por el desalojo y cualquier otra persona que considere necesaria en resguardo y estabilidad de sus derechos”. Asimismo el artículo 13 ejusdem señala: “Dentro del plazo indicado anterior, el funcionario judicial: 1. Verificará que el sujeto afectado por la medida de desalojo hubiere contado durante el proceso con la debida asistencia u acompañamiento de un abogado de su confianza o, en su defecto, de un defensor público en materia de protección del derecho a la vivienda. Si esto no hubiere ocurrido, se deberá efectuar el procedimiento previo establecido en los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley, sin cuyo cumplimiento no podrá procederse a la ejecución del desalojo. 2. Remitirá al Ministerio competente en materia de hábitat y vivienda una solicitud mediante la cual dicho órgano del Ejecutivo Nacional disponga la provisión de refugio temporal o solución habitacional definitiva para el sujeto afectado por el desalojo y su grupo familiar, si éste manifestare no tener lugar donde habitar. En todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona.” De conformidad con lo establecido en los artículos precedentemente transcritos, es evidente que en el presente caso procede la suspensión del proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, concatenado con el artículo 12 ejusdem, hasta tanto se de cumplimiento a lo requerido en el artículo 13 del mismo Decreto-Ley, por ser el mismo un bien inmueble tipo apartamento destinado a vivienda principal y se encuentra habitado, resguardando de esta manera el respeto y protección del hogar, la familia, la seguridad personal, la salud física y mental, que implican el derecho a no ser desalojados arbitrariamente, siendo esto el espíritu y propósito de dicho decreto-ley, tal como lo señala en su exposición de motivos; y en todo caso, la omisión de dicha suspensión implicaría nulidades y reposiciones que acarrearían retardo procesal, debido a que se trata de normas de orden público; por lo que resulta claro, que la suspensión a que alude el artículo plasmado ut supra, es un mandato de ley en cualquier juicio en que existan situaciones en las cuales, por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial, las personas naturales y sus grupos familiares ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarios, comodatarios, u ocupación de manera legítima. Visto el criterio esgrimido, esta Sentenciadora considera que en virtud a las circunstancias que circunda la presente causa, lo procedente es la suspensión de la misma, tal y como se establecerá en la dispositiva. En base a las anteriores consideraciones, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 12 y 13 del Decreto con Rango, valor y fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en concordancia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: DECLARA PRIMERO: SE SUSPENDE la presente causa de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 12 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, por un lapso de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de la presente decisión. SEGUNDO: SE DEJA ESTABLECIDO que se verificó que el ciudadano Wladimir Yaitzkiy Cernousova, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 8.687.271, domiciliado en la Avenida Libertador, cruce con la Carretera Vía Aroa, población de Marín, Parroquia San Javier, Municipio Autónomo San Felipe del Estado Yaracuy, durante el proceso estuvo asistido por abogados de su confianza, de conformidad con lo requerido en el numeral 1 del artículo 13 del mencionado Decreto Ley. TERCERO: SE ORDENA EMPLAZAR AL AFECTADO, ciudadano Wladimir Yaitzkiy Cernousova, ya identificado, para que comparezca por ante este Juzgado dentro de los diez (10) días de despacho siguiente a que conste en autos su notificación, en horas comprendidas desde las ocho y treinta minutos de la mañana a las tres y treinta minutos de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a objeto de que manifieste lo que a bien tenga, acerca de si tiene o no lugar donde habitar, para que previa información, se remita la solicitud correspondiente al Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat del estado Yaracuy, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 13 del referido Decreto-Ley. Líbrese boleta. CUARTO: SE ACUERDA REMITIR OFICIO al Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat del estado Yaracuy, a objeto de que tenga información previa del presente caso. Líbrese oficio. QUINTO: SE ORDENA la notificación de la presente sentencia a las partes del proceso de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense Boletas. SEXTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del fallo. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2011. Años: 201° y 152°. La Jueza, Abg. WENDY YÁNEZ RODRÍGUEZ La Secretaria, Abg. INÉS M. MARTÍNEZ R. En esta misma fecha y siendo las 1:30 p.m. se publicó y registró la anterior decisión. La Secretaria, Abg. INÉS M. MARTÍNEZ R.