ASUNTO: UH05-V-2008-000381
DEMANDANTE: Ciudadana ROSAURA PRIMERA MELENDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 10.853.676 y de este domicilio.
DEMANDADO: Ciudadano FRANKLIN ARNOLDO PEREIRA TAGLIAFERRO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 11.748.793.
MOTIVO: OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN
En fecha 17 de octubre de 2008, se admitió demanda de OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, interpuesta por la ciudadana ROSAURA PRIMERA MELENDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 10.853.676 y de este domicilio, en contra del ciudadano FRANKLIN ARNOLDO PEREIRA TAGLIAFERRO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 11.748.793.
En fecha 28 de septiembre de 2009, quien Juzga se abocó la conocimiento del presente asunto.
En fecha cinco de octubre de 2009, se fijó el nuevo procedimiento y se ordenó la notificación de las partes. En fecha 17 de diciembre de 2009, fue certificada en autos la notificación de la parte actora ciudadana ROSAURA PRIMERA MELENDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 10.853.676, con resultado positivo. En la misma fecha fue certificada en autos la notificación de la parte demandada ciudadano FRANKLIN ARNOLDO PEREIRA TAGLIAFERRO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 11.748.793, con resultado negativo.
En fecha 12 de marzo de 2010, se instó a la parte actora a que señalara la dirección del demandado a los fines de notificarlo. En fecha 6 de abril de 2010, se recibió oficio sucrito por el Director de Personal del Comando Naval de la Comandancia General de la Armada.
Después de la revisión de las actuaciones que conforman al presente expediente, este Tribunal observa lo siguiente:
La última actuación en la presente causa realizada en fecha 12 de marzo de 2010, se instó a la parte actora a que señalara la dirección del demandado a los fines de notificarlo, sin que la parte demandante haya mostrado interés alguno posterior, por dar impulso a la solicitud, en ese sentido, el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido mas de un año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el juez, este último deberá declarar la perención.”
El máximo Tribunal de la República ha establecido que: “la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la barrera procesal.
Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
En sentencia dictada por la Sala Constitucional de fecha 12 de mayo de 2003, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, exp. Nº 02-2281, estableció “que el efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino a raíz de su declaración, postergar por espacio de tres meses que se incoe de nuevo la acción para reclamar el derecho, en principio, ningún perjuicio causa la declaración de perención al demandante, así se trate de un menor, y así se declara.”
Tal como se observa en este expediente, la ultima actuación efectuada corresponde a la fecha 6 de abril de 2010, cuando se recibió oficio sucrito por el Director de Personal del Comando Naval de la Comandancia General de la Armada y siendo que la demandante no ha realizado ninguna actuación, se evidencia que no ha habido impulso procesal de las partes, por lo que se produce una discontinuidad material de la instancia, por lo cual este tribunal de conformidad con el prenombrado artículo 201 Ley Orgánica Procesal del Trabajo que se aplica como norma supletoria, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, relativa a la demanda de OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, interpuesta por la ciudadana ROSAURA PRIMERA MELENDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 10.853.676 y de este domicilio, en contra del ciudadano FRANKLIN ARNOLDO PEREIRA TAGLIAFERRO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 11.748.793; y así se decide.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada, en el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2011. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Jueza,
Abg. BELKIS MORALES DE RODRÍGUEZ La Secretaria,
Abg. KATIUSKA PÉREZ OJEDA
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las 12:13 p.m. y se cumplió con lo ordenado.
La Secretaria,
Abg. KATIUSKA PÉREZ OJEDA
ASUNTO: UH05-V-2008-000381
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