TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela

Tribunal SEGUNDO de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy

Años: 201'º y 152º

ASUNTO Nº: UP11-L-2010-000108

PARTE DEMANDANTE: BRITO JEISON y ALEXIS AGUILAR

APODERADOS JUDICIALES: Abg. JOSMIR SEGURA y JOSE SEGURA

PARTE DEMANDADA: INSTITUTO AUTONOMO CONTRA LA POBREZA
Y LA EXCLUSIÓN DEL ESTADO YARACUY

APODERADO JUDICIAL: Abg. ISIS SILVA y JORGE LUIS PEREZ

PARTE DEMANDADA SOLIDARIA: ESTADO YARACUY

APODERADO JUDICIAL: Abg. ALEJANDRA DELVIGNE

MOTIVO: COBRO DE EPRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS CONCEPTOS
LABORALES

Se inicia el presente proceso de juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales siguen los ciudadanos BRITO OVIEDO JEISON RICARDO y AGUILAR MARQUEZ ALEXIS ANTONIO, titulares de las cedulas de identidad Nº 12.279.716 y 13.198.063, contra el INSTITUTO AUTONOMO CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO YARACUY y solidariamente al ESTADO YARACUY, el cual fue llevado por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 19 de Marzo de 2010, para que convinieran o a ello fueran condenados por este Tribunal, alegando los actores en su demanda, lo siguiente:
Los actores en el libelo de la demanda alegan haber prestado sus servicios personales para el Instituto autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del Estado Yaracuy Estado Yaracuy en la Empresa Socialista de Transporte del Estado Yaracuy teniendo como inicio y termino de la relación de trabajo el primero el 03-09-2005 y el segundo el 03-01-2005 hasta el 13-08-2009, desempeñándose como chóferes y devengando como último salario diario Bs. 55, 00. Es por ello es que decide demandar por un monto de 249.325,76 Bs.F., por los conceptos de Indemnización de preaviso y de antigüedad, Vacaciones, Bono Vacacional, Bonificación de Fin de año, horas extras, domingos y feriados laborados, y cesta tickets.

En fecha 19-05-2010 se certificó la consignación de las notificaciones del Instituto Autónomo contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado Yaracuy y al Procurador General del Estado Yaracuy y en fecha 24-05-2010 del Estado Yaracuy. Comparecieron por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, el apoderado judicial de la parte actora, Abogado José Dominiciano Segura y la parte demandada no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial. La parte demandada en la oportunidad procesal de dar contestación al fondo de la demanda, lo hizo de la siguiente manera:

Alegan que los actores no comenzaron en las fechas señaladas en el escrito libelar que los mismos les fueron cancelados sus derechos laborales mediante un acuerdo transaccional por lo que no se le adeuda los conceptos reclamados, asimismo alega como defensa de fondo la prescripción de la acción.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.

Confrontado como ha quedado el libelo de la demandada y la contestación de la demandada, antes de entrar a valorar las pruebas, hay que determinar el régimen de la carga de la prueba así como de los hechos controvertidos en la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En este sentido, es criterio reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 419 de fecha 11 de Mayo De 2004, caso Juan Cabral contra Distribuidora la Perla Perdida c.a., el cual establece: (…) con respecto a la distribución de la carga de la prueba en los procesos en materia laboral:

1°) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2°) El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió con el patrono, cuando el demandado en la litiscontestación haya negado la prestación de un servicio personal.

3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

4°) Se tendrán como admitido aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

5°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

Empresa Socialista del Estado Yaracuy: Por lo que el hecho controvertido en el presente asunto es el pago de lo solicitado y la prescripción de la acción, por lo que le corresponde al demandado demostrar que le canceló los conceptos laborales al actor y que la acción está prescrita.

Instituto Autónomo contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado Yaracuy: Niegan que el término de la relación de trabajo haya culminado en las fechas alegadas por los actores ya que culmino en fecha 30 de Diciembre de 2008, asimismo alegan que la acción está prescrita.

Abierto el juicio a pruebas, la parte actora promovió y evacuó las siguientes pruebas:

Prueba Documental:

 Recibos de arrendamientos marcados C1 y C5(F.85-114)
 Autorización y permiso de circulación marcadas A1 y A2 (F.83-84)

Prueba Testimonial: Juan Cuicas, Luís Inojosa, Edwin Morillo, Ángel Núñez.

PARTE DEMANDADA:

Prueba documental:

 Transacción Laboral marcado 1 y 3 (f.125-126; 128-129)
 Recibos de pagos marcados 2 y 4 (f.127 y 130)

Prueba Testimonial: Nancy Judith de Querecuto, Nelson Rojas Gutiérrez, Miguel Octavio Hernández, Shirley Anadelis Romero, Pedro Manuel Jiménez, Leida Maniela Rojas Fajardo, Juan José de Abreu Falcón, Linda Cristina López Ortega Tatiana mata dacosta, Danly Karina rojas, Audit. Ernesto Fonseca Noriega, Carmen josefina navarro guardia, Pastor coromoto Hernández, Yolismar Isabel Oropeza ramos, Jennifer patricia Sánchez, Rusbel angélica cedeño, Amarilis Alvarado López, Norelys briceida silva espinoza y Geomir Indira Ochoa.

Prueba de Informe:

 IAPESEY (f.169-200)

El día Miércoles Dieciséis (16) de Noviembre de 2011, siendo las Diez (10:00 A.M.) de la mañana, se llevó a cabo la Audiencia de Juicio, habiendo comparecido los apoderados judiciales, Abogados Josmir Segura y José Segura, el Tribunal le concedió el Derecho de Palabra para que en un tiempo de diez (10) minutos realizara en forma oral y breve los antecedentes de la relación laboral, así como los fundamentos de hechos y de derecho de sus pretensiones. Igualmente compareció los apoderados judiciales del Instituto Abogados José Hernández y Isis Silva y por la Procuraduría General del Estado Yaracuy Alejandra Delvigne el Tribunal les concedió el Derecho de Palabra para que en un tiempo de diez (10) minutos realizaran en forma oral y breve los antecedentes de la relación laboral así como los fundamentos de hecho y de derecho con en el que rechazan las pretensiones del actor.

Concluida la evacuación de las pruebas, según las previsiones contenidas en el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines del pronunciamiento de la sentencia definitiva que debe emitirse, se hacen las siguientes consideraciones:

PUNTO PREVIO

Revisadas las actas que conforman el presente proceso se constata que la parte demandada en el escrito de contestación a la demanda alegó la prescripción de la acción, por lo que corresponde a este tribunal examinar si en el caso bajo análisis están cumplidas las condiciones fundamentales para que proceda su declaratoria.

La institución de la prescripción está prevista en el artículo 1.952 del Código Civil, el cual establece:

“La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley”.

Así, la figura de la prescripción viene dada, por el transcurso del tiempo, sin que la parte haga uso del medio o de los medios que le otorga la Ley, para la defensa o el ejercicio de sus derechos, es decir, es una forma de sanción a la inercia del actor frente a su deudor o demandado en hacer accionar su derecho, ya sea para liberarse de una obligación o para adquirir un derecho.

En materia laboral, la prescripción de las acciones como la que nos ocupa, se encuentra regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo donde establece que “Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”.

De la citada norma se colige que el lapso para que el accionante interpusiera su acción era de un (1) año, computado a partir del día siguiente a la fecha en la cual culminó la relación laboral (13 de Diciembre de 2008).

Una vez determinado lo anterior, quien juzga entra a conocer si se dieron los supuestos que contempla la Ley Orgánica del Trabajo y el Código Civil para su interrupción.

La Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 64, contempla las causas por las cuales se interrumpe la prescripción, y a tal efecto señala:

“Artículo 64. La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:
a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;
b) Por la reclamación por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público;
c) Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y
d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil”.

Por su parte, el Código Civil, en su Título XXIV, Capítulo III, “De las causas que interrumpen la prescripción” contempla en su artículo 1969, lo siguiente:

“Artículo 1.974.- Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.
Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.”

Del análisis de las distintas formas de interrumpir la prescripción de los créditos laborales, tanto las previstas en la Ley Orgánica del Trabajo como las previstas en el Código Civil, se debe concluir que para interrumpir la prescripción de las acciones derivadas de la relación de trabajo basta que el trabajador realice, dentro del lapso previsto en la Ley, un acto capaz de poner en mora al patrono exigiéndole el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes laborales.

Ahora bien, alega la parte actora en su exposición en la audiencia oral y pública, haber prestado sus servicios para el Instituto Autónomo contra la pobreza y la exclusión Social del Estado Yaracuy y solidariamente para el Estado Yaracuy como Chóferes, desde el 03-09-2005 y el segundo el 03-01-2005 hasta el 13 de Agosto de 2009; así mismo afirma que le fueron cancelados un adelanto de las prestaciones sociales para el mes de Diciembre del 2008.

Sin embargo, la parte demandada en su contestación opuso la excepción de prescripción, admitió algunos hechos y negó otros, exponiendo en la audiencia de juicio que mediante transacción laboral se dio por terminada la relación de trabajo con el ente recibiendo un pago por prestaciones y otros conceptos laborales, hecho admitido por la representación judicial de la parte actora.

En vista de que no se desprende de las actas procesales prueba alguna de que el demandante haya realizado un acto destinado a interrumpir la prescripción de la acción según las formas previstas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por lo que de autos sí se extrae que la relación laboral terminó a través de una transacción laboral en el mes de Diciembre de 2008, lo que nos indica, que desde la fecha en que terminó la relación de trabajo hasta la fecha de interposición de la demanda había transcurrido un (1) año y tres (03) meses, en consecuencia, se concluye que operó en este caso la PRESCRIPCIÓN de la acción intentada por el actor. Así se decide.

En cuanto al resto de las defensas de fondo este tribunal no se pronuncia por ser inoficioso en virtud de haber prosperado prescripción como excepción de fondo opuesta.
En consecuencia, por cuanto lo peticionado no es contrario a derecho, en correspondencia con la protección del derecho al Trabajo como hecho social y en aras de cumplir con los demás preceptos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecidos en los artículos 87, 88 y 89, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR el alegato de prescripción invocado por la parte demandada.

SEGUNDO: SIN LUGAR la pretensión por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, incoada por los ciudadanos JEISON BRITO Y ALEXIS AGUILAR, CONTRA el INSTITUTO AUTONOMO CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO YARACUY y solidariamente al ESTADO YARACUY, ambas partes plenamente identificadas en autos.

TERCERO: NO HAY EXPRESA CONDENATORIA EN COSTAS al demandante de autos de conformidad con el artículo 64 de la Ley adjetiva Laboral.

CUARTO: Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de origen una vez que trascurran el lapso establecido en la Ley.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy En San Felipe, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil once (2011). Años: 201º y 152º.
El Juez;

Abg. Carlos Manuel Fuentes
La Secretaria;

Abg. Mirbelis Almea
En la misma fecha se publicó siendo las 1:03 de latarde
La Secretaria;

Abg. Mirbelis Almea