REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY SAN FELIPE, DOCE (12) DE JUNIO DE 2012 202º Y 153º ASUNTO: UP11-L-2012-000195 PARTE ACTORA: MARISELA ROGRIGHUEZ BOSCH PARTE DEMANDADA: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE YARACUY MOTIVO: ESTABILIDAD LABORAL SENTENCIA; INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA Visto el escrito libelar presentado por la empresa MARISELA RODRÍGUEZ BOSCH, titular de la cédula de identidad Nº 13.464.380 mediante el cual presenta acción judicial para calificar el despido, el reenganche y el pago de los salarios caídos alegando ser despedido por el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE YARACUY por lo que se ampara en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Al respecto, este Juzgado de una revisión del ordenamiento jurídico venezolano verifica; la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone en el artículo 29 ordinal 2° lo siguiente: “Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:… 2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral”. Cónsono con lo anterior, el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela prorrogó el decreto de inamovilidad laboral, a través del Decreto Presidencial Nº 8.732 del 24 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.828 de fecha 26 de diciembre de 2011, el cual establece en sus artículos 2º, 6º y 8º lo siguiente: “Artículo 2°. La trabajadoras y los trabajadores protegidos por el presente Decreto no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa calificada previamente por la Inspectora o el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo.” “Artículo 6°.Gozarán de la protección prevista en el presente Decreto, Independientemente del salario que devenguen: a) Las trabajadoras y los trabajadores a tiempo indeterminado a partir de los tres (3) meses al servicio de una patrono o patrono; b) Las trabajadoras y los trabajadores contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato; c) Las trabajadoras y los trabajadores contratados para una labor u obra determinada mientras no haya concluido la totalidad de o la parte de la misma que constituya su obligación. Quedan exceptuados del presente Decreto las trabajadoras y los trabajadores que ejerzan cargos de dirección o de confianza, y las trabajadoras y los trabajadores temporeros, ocasionales o eventuales.” “Artículo 8º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y hasta el día 31 de diciembre de 2012” Por otra parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fallo Nº 505 publicado en fecha 09-05-2012, posterior a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, estableció lo siguiente: “Las anteriores consideraciones permiten afirmar que para el momento del despido, el ciudadano Richard Ortega se encontraba presuntamente amparado por la inamovilidad laboral prevista en el precitado Decreto Presidencial N° 8.732, en razón de lo cual debe esta Sala declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer la solicitud planteada, por cuanto su conocimiento corresponde a la Administración Pública por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva” (Negrita de éste Tribunal) De los instrumentos normativos supra indicados, se colige que, el poder judicial no tiene jurisdicción para continuar tramitando la presente acción toda vez, que aún está vigente el decreto presidencial. Así se establece. En virtud de las razones antes expuestas, éste JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud que por calificación de falta. SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO UNA VEZ QUEDE FIRME LA PRESENTE DECISIÓN.- Publíquese, regístrese y certifíquese la presente decisión.- EL JUEZ, ABG. DANIEL ALBERTO ROMAN CONTRERAS EL SECRETARIO, ABG. RUBEN ARRIETA ALVARADO ASUNTO N° UP11-L-2012-000195 DARC/REA****