REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR ACCIDENTAL EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
AÑOS: 202° y 153°
EXPEDIENTE Nº 5693.-
SENTENCIA INTERLOCUTORIA (INCIDENCIA DE INHIBICIÓN)
MOTIVO DEMANDA PRINCIPAL: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA
DEMANDANTE: JUAN JOSE DA SILVA CALDEIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.964.973.
APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDANTE: Abg. ALBA MARCHI, Inpreabogado N° 46.597.
DEMANDADA: Sociedad Mercantil AREPERA RESTAURANT Y CERVECERIA CUARTA AVENIDA S.R.L., representada por la ciudadana OLGA JOSEFINA MUJICA DE FACHINERI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.572.524 y solidariamente a los ciudadanos VINCENZO FACHINERI, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E- 328.622 y OLGA JOSEFINA MUJICA DE FACHINERI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.572.524.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abg. MARIA CAMPOS, CARLOS ARANGO y YARIZOL FIGUEIRA, Inpreabogados N° 74.528, 50.639 y 40.560.
JUEZ INHIBIDA: WENDY YANETH YÁNEZ RODRÍGUEZ
-I-
Vista la inhibición formulada en fecha 30 de marzo de 2012 por la abogada Wendy Yaneth Yánez Rodríguez, en su condición de Juez Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en el juicio de cumplimiento de contrato de Obra seguido por el ciudadano JUAN JOSE DA SILVA CALDEIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.964.973, contra la Sociedad Mercantil AREPERA RESTAURANT Y CERVECERIA CUARTA AVENIDA S.R.L., representada por la ciudadana OLGA JOSEFINA MUJICA DE FACHINERI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.572.524 y solidariamente a los ciudadanos VINCENZO FACHINERI, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E- 328.622 y OLGA JOSEFINA MUJICA DE FACHINERI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.572.524. Este tribunal superior accidental observa:
-II-
DE LA COMPETENCIA
Dispone el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “Artículo 89. En los casos de inhibición, corresponderá la decisión de la incidencia a los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales dictarán la resolución dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones”.
Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Gaceta Oficial Nº 5.262 Extraordinario de fecha 11 de septiembre de 1998), prevé lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 48.- La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el tribunal de la Alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de la alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición.
Las causas criminales no se paralizarán, sino que las actas serán enviadas a otro tribunal de la misma categoría, si lo hubiere, para continuar el procedimiento”.
En sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19 de julio de dos mil cinco, Exp. 2005-000356, con ponencia del Magistrado: CARLOS OBERTO VÉLEZ, se dejó sentado que:
De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, la competencia para resolver sobre la incidencia de inhibición de los jueces de tribunales unipersonales, corresponderá según las siguientes reglas: a) En primer término a tribunal de alzada, cuando lo tenga en la localidad; b) De no tener alzada, corresponderá el conocimiento de la incidencia a otro tribunal de igual categoría; y c) De no existir otro tribunal de igual categoría, conocerá los suplentes, según el orden de su elección; y en este último caso, de no existir suplentes por ausencia del designado o por no haber sido designado, se deberá oficiar a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, órgano dependiente de esta Máxima Jurisdicción, que se encarga de lo relativo a los jueces y jueza en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura, para que ésta resuelva lo conducente.
Por lo que, en atención a la designación que de mi persona se hiciere como juez accidental de este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, este juzgador se declara competente para conocer y decidir la incidencia de inhibición proferida por la Juez accidental abogada Wendy Yaneth Yánez Rodríguez. Y así se declara.
-III-
DE LA INHIBICIÓN
En el acta cursante al folio 113 (pieza 3) de la presente causa la funcionaria inhibida expuso lo siguiente:
…“Me inhibo de conocer de la presente causa signada con el N° 5693 de la nomenclatura interna del referido Juzgado Superior, contentivo del juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA, interpuesto por el ciudadano JUAN JOSE DA SILVA CALDEIRA, contra la Sociedad Mercantil AREPERA RESTAURANT Y CERVECERIA CUARTA AVENIDA S.R.L., plenamente identificados en autos, por encontrarme incursa en la causal 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, puesto que en fecha 14 de mayo de 2008, decidí cuestiones previas interpuestas en la causa, tal como consta a los folios 159 al 163 ambos inclusive, de la primera pieza del presente expediente, así como en fecha 10 de julio del año 2008, me inhibí de la misma en mi condición de jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, tal como se e videncia en el folio 188 de la primera pieza del presente expediente, siendo declarada dicha inhibición con lugar por el juzgado Superior inmediato y del cual anexo copia fotostática. Por todo ello considero que existe un prejuzgamiento que me incapacita en mi designación como jueza Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, para conocer del mencionado juicio por haber emitido opinión, por cuanto valoré documentales promovidas por las partes y plasmé argumentos que sustentaron los fundamentos de derecho en los cuales me basé, y que para el caso concreto, hoy sometido nuevamente al conocimiento de la suscrita a los fines de su revisión, solo pueden ser tomados en cuenta como elementos esenciales para decidir al fondo del asunto; razón ésta que me impide administrar justicia con la debida imparcialidad que se requiere en estos casos…”
La inhibición es un deber y un acto procesal del juez, mediante el cual decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa, por considerar que existen circunstancias que, en forma suficiente, sean capaces de comprometer su imparcialidad para juzgar.
De esta manera, la inhibición debe ser hecha en la forma legal y estar fundada en alguna de las causales establecidas por la ley, en este caso en particular, las causales establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
En relación con las regulaciones de esta institución procesal, los artículos 84 y 88 eiusdem expresan lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 84.- El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido.
Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares. La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en la cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento.”
Artículo 88.- El Juez a quien corresponde conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la ley.
En caso contrario, la declarará sin lugar y el Juez inhibido continuará conociendo.
Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación que pueden usar las partes.”
La juez inhibida funda su inhibición en la causal establecida en el artículo 82 ordinal 15º del Código de Procedimiento Civil, que dispone:
“Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes… omissis …15. Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa.”
En relación al adelanto de criterio, ha establecido la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 8 de mayo de 2007, en el juicio seguido por la sociedad mercantil INTERACCIONES CASA DE BOLSA, C.A., contra la ciudadana MARÌA HELENA CORONIL, sentencia Nº 296, exp. Nº 2006-000896, lo siguiente
“Este ordinal se refiere a la causal de prejuzgamiento que el propio Código de Procedimiento Civil expresa, que procede la recusación por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente siempre que el recusado sea el juez de la causa.
Al respecto es importante resaltar que la opinión debe ser expresada en forma concreta sobre el pleito y no es impedimento el criterio expuesto en forma abstracta, como opinión jurídica de carácter teórico. Debe ser, por tanto una opinión comprometida y fundada, dentro o fuera de juicio, expresada en público o en privado, pero siempre antes de la solución del fondo, en este sentido señala el maestro Humberto Cuenca “...No implican adelanto de opinión ciertas resoluciones previas que puedan estar vinculadas al núcleo controvertido, como el decreto sobre medidas preventivas, beneficio de pobreza, rendición de cuentas etc” “...Cuando el juez acuerda o niega embargo sobre la base de un documento hecho valer como título ejecutivo para ejercer la vía ejecutiva no emite ninguna opinión sobre la validez o nulidad del título, se limita a poner en funcionamiento el mecanismo procesal que regula dicho procedimiento”.
Indica igualmente nuestro eminente jurista que es firme el criterio sentado por nuestra doctrina y jurisprudencia cuando señalan que las cuestiones análogas o semejantes resueltas en otro proceso o en forma incidental, no constituyen adelanto de opinión.”
Al respecto, es pertinente traer a colación el criterio que sobre este particular señala el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, quien afirma:
“…la norma establece que la opinión debe haberla manifestado el fin sobre lo principal del pleito o del incidente; de suerte que si su criterio versa sobre una cuestión procedimental, como por ejemplo la pertenencia del procedimiento a seguir la comprobación de las condiciones necesarias para librar en decreto intimatorio o alguna providencia de comienzo de ejecución. (ver interdicto provisional. Interdicción Provisional) el decreto mismo no podrá considerarse como emisión de concepto sobre el mérito de la litis o del incidente; a menos claro está, que sea tan locuaz el Juez en su argumento y tan directa su referencia al fondo del asunto que queda patentizado un concepto suyo inconcuso sobre la decisión del pleito… pero el juez no queda inhabilitado por prejuzgamiento si sólo argumenta con vista a la idoneidad del procedimiento que debe seguirse… o su juicio no es un juicio de certeza sino de mera verosimilitud, cual es la cognición sumaria de la presunción grave que requieren las medidas precautelativas en general, sean de arreglo provisional de la litis o de aseguramiento de la ejecución…
El Juez no puede decretar o negar una medida particularmente la que no tiene reconsideración ulterior en la misma instancia como son las medidas preventivas mercantiles inopinadamente, sin tomar en cuenta los elementos en que la funda o excusan el respectivo pronunciamiento so pretexto de no quedar inhabilitado por emisión de opinión” (véase La Roche Henríquez Ricardo. Código de Procedimiento Civil. Tomo 1. Págs. 82 al 84. Ediciones Líber. Caracas. 2006)
La Sala Plena en decisión de fecha 22 de junio de 2004, (Caso Jorge Alejandro Hernández Arana y otros), estableció lo siguiente:
“… Ahora bien, el artículo 82 numeral 15 del Código de Procedimiento Civil, establece el prejuzgamiento como causal de recusación, entendido éste como la opinión manifestada por el recusado sobre lo principal del pleito, antes de la sentencia correspondiente. Por lo tanto, para la procedencia de dicha causal de recusación, resulta menester que los argumentos emitidos por el juzgador sean tan directos con lo principal del asunto, que quede preestablecido un concepto sobre el fondo de la controversia concreta sometida a su conocimiento.
De tal modo, para que prospere la inhabilitación del juez fundada en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, resulta ineludible que la opinión adelantada por el juzgador haya sido emitida dentro de la causa sometida a su conocimiento, y además que ésta aún esté pendiente de decisión. Tales requisitos son concurrentes para la procedencia de la recusación, pues si el recusado ha manifestado una opinión en otra causa, aunque sea similar a la pretensión que esté pendiente de decisión, ello no da lugar a la recusación, pues el criterio del juzgador no ha sido emitido dentro del pleito en que fue planteada la recusación.
Ahora bien, cursa a los folios 115 al 119 sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en la que consta se declaró con lugar la inhibición formulada en esta misma causa pero en su primera instancia de cognición o conocimiento, por la Abg. Wendy Yánez Rodríguez, con fundamento en el ordinal 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, inhibición que ahora reitera pero en su condición de juez Accidental Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
De esta manera, queda acreditado en autos la causal de inhibición formulada por la juez inhibida, ya que efectivamente ya fue dictaminado en oportunidad anterior que la funcionaria inhibida adelantó opinión sobre lo principal del pleito en la primera instancia de cognición, quedando consecuentemente vetada para conocer del recurso de apelación del fallo definitivo en cuestión, motivo por el cual la incidencia de inhibición debe declararse con lugar. Y así se declara.
-IV-
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA CON LUGAR la INHIBICIÓN formulada por la abogada Wendy Yánez Rodríguez en su condición de Juez Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, por encontrarse incursa en la causal contenida en el ordinal 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia este juzgador sustituto continuará conociendo del presente asunto.
Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, al primer (01) día del mes de Noviembre del año dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. Regístrese, Publíquese y déjese copia.-
El Juez Accidental,
Abg. Camilo Chacón Herrera.
La Secretaria Acc.,
Lcda. Marta María Perdomo
En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 11:30 a.m.
La Secretaria Acc.,
Lcda. Marta María Perdomo
CCH
Exp. 5693
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