REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 13 de Noviembre de 2013 203º y 154º ASUNTO: AP11-O-2012-000187 PARTES Y SUS APODERADOS PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: Ciudadanos TOMAS ALEJANDRO CABRICES REYES Y VÍCTOR FERNANDO CABRICES REYES, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números 4.767.878 y 4.085.268, respectivamente. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: Ciudadanos FANNY BRITO DE ROYETT Y CARL LOVELACE PATIÑO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 63.156 y PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: Ciudadana ORIETTA COROMOTO CABRICES REYES, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 4.767.878. MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL. NARRACIÓN DE LOS HECHOS Se inicia la presente acción de Amparo Constitucional mediante escrito presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 05 de diciembre de 2012. En fecha 07 de diciembre de 2012, este Juzgado admitió la acción de amparo constitucional, ordenándose notificar a la parte presuntamente agraviante y a la representación del Ministerio Público. En fecha 13 de diciembre de 2012, la parte accionante confirió poder apud acta a los abogados FANNY BRITO DE ROYETT Y CARL LOVELACE PATIÑO. En esa misma fecha la parte accionante consignó las copias para elaboración de las notificaciones. En fecha 09 de enero de 2013, se dejo constancia por secretaría de haberse librado la Boleta de Notificación y Oficio Nº 2012-010. En fecha 16 de enero de 2013, la representación de la parte presuntamente agraviada consignó los emolumentos para la práctica de la notificación. En fecha 16 de enero de 2013, el alguacil dejo constancia de haber hecho entrega del oficio del Ministerio Público. En fecha 21 de enero de 2013, se agrego a los autos oficio proveniente del Ministerio Público. En fecha 31 de enero de 2013, el alguacil dejo constancia de la notificación practicada a la parte presuntamente agraviante. En fecha 28 de febrero de 2013, se dicto auto en el cual se ordeno la notificación de las partes para que tuviera lugar la audiencia constitucional. En fecha 05 de marzo de 2013, la parte accionada solicito fueran tomadas como validas las actuaciones de fecha 16-01-2013 y 21-01-2013 y conisgno poder. En fecha 18 de abril de 2013, la parte presuntamente agraviante consignó un juego de copias certificadas. En fecha 11 de noviembre de 2013, compareció la representación del Ministerio Publico solicitó al Tribunal declarar el abandono del tramite en la presente causa. MOTIVACIONES PARA DECIDIR Se desprende de las actas del expediente, que desde 18 de abril de 2013, fecha en la cual la parte presuntamente agraviante consignó un juego de copias certificadas, la parte accionante no ha dado el correspondiente impulso procesal a la presente acción de amparo por un período superior a seis (06) meses. Ahora bien, la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 982 de fecha 06-06-2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres), dejó sentado lo siguiente: “...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresa-mente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia”. Se extrae de la sentencia parcialmente trascrita ut supra, la circunstancia que según la doctrina de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal en el procedimiento de amparo la inactividad de la parte accionante por un determinado período produce la extinción del proceso, no por la figura ordinaria de la perención prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sanción que se impone al demandante negligente que no da el debido impulso a la pretensión intentada por más de un (01) año, sino por la figura del abandono del trámite prevista en el artículo 25 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. No obstante, se debe dilucidar el hecho que ese lapso temporal no se encuentra expresamente determinado en la Ley especial que rige la materia, sino por la jurisprudencia del Máximo Tribunal Constitucional. Desde luego, la propia decisión plasmada con antelación dejó sentado lo siguiente: “…De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por Seis (06) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de fijación de la oportunidad para la celebración de audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara…”. En el caso de estos autos la omisión de actuación de la parte presuntamente agraviada, durante más de seis (06) meses, encaja dentro de los extremos expuestos en la sentencia parcialmente transcrita, por lo que el abandono de trámite resulta consumado. En consecuencia por todo lo antes expuesto, es evidente que la parte presuntamente agraviada no instó de manera oportuna y diligente el proceso, por lo que resulta forzoso para este Juzgador, declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés y terminado el presente procedimiento, y así se decide. DISPOSITIVA Por fuerza de los anteriores razonamientos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DECLARA el ABANDONO DEL TRAMITE en el presente proceso constitucional, en consecuencia, EXTINGUIDO el presente procedimiento de AMPARO CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo estatuido en el único aparte del artículo 25 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, SEGUNDO: Se impone a la accionante en amparo, una multa de CINCO BOLÍVARES (Bs.F. 5,00) por virtud del haber abandonado el trámite de ésta acción. TERCERO: SE ORDENA la notificación de la Representación del Ministerio Público y de la parte Presuntamente Agraviante. Publíquese, Regístrese, y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. EL JUEZ Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI URBANO En la misma fecha se publicó y registró el presente fallo siendo las 9:34 a.m. EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI URBANO ASUNTO: AP11-O-2012-000187