TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela

Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy

Años: 205° y 156°

ASUNTO PRINCIPAL: UP11-N-2015-000058.

CUADERNO DE MEDIDAS: UH12-X-2015-000018.

RECURRENTE: CERAMICAS VIZCAYA C.A.

APODERADO: Francia E. Yañez Quintero, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 63.462.

MOTIVO: Solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos de la providencia administrativa N° Y-102/2014 dictada en fecha 30 de diciembre de 2014 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy.

Consta en autos, que en fecha 19 de junio de 2015, este Tribunal recibió escrito contentivo de un recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con medida de suspensión de efectos, ejercido por la profesional del derecho Francia E. Yañez Quintero, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 63.462, en su condición de apoderada judicial de la empresa Cerámicas Vizcaya C.A., contra el acto administrativo contenido en la providencia administrativa N° Y-102/2014 dictada en fecha 30 de diciembre de 2014 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, cuyo capítulo IV se refiere a la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, razón por la que, en la decisión que admitió el referido recurso de nulidad, se ordenó aperturar el presente cuaderno de medidas, a los fines de emitir el respectivo pronunciamiento cautelar por separado y continuar con la respectiva sustanciación del mismo.
Ahora bien, estando dentro de la oportunidad prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para emitir su pronunciamiento sobre la procedencia o no de la mencionada pretensión cautelar de la parte recurrente, esta juzgadora pasa a emitir su pronunciamiento en los siguientes términos:
La medida cautelar de suspensión de efectos de los actos administrativos, se encuentra consagrada en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual entró en vigencia el 16 de junio de 2010, mediante la publicación realizada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de esa misma fecha, reimpresa por error material en fecha 22 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451.
Así, el mencionado artículo prevé textualmente lo siguiente:
Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso”. (Resaltados añadidos).

De lo anterior se colige, que la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que sea presumible que la pretensión resultará favorable, o lo que es lo mismo, verosimilitud de la pretensión principal deducida por la parte solicitante de la medida (fumus boni iuris); y adicionalmente, que la medida sea necesaria para garantizar las resultas del juicio evitando que la ejecución del fallo quede ilusoria o para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación a la parte (periculum in mora).
Adicionalmente, del texto del citado artículo 104, se desprende que la medida de suspensión eventualmente otorgada, previo juicio de ponderación entre los intereses del solicitante de la misma y los intereses públicos generales y colectivos en juego, no puede atentar contra éstos, así como tampoco puede prejuzgar sobre la decisión definitiva.
En síntesis, puede afirmarse que el pronunciamiento cautelar, además de considerar el cumplimiento de los requisitos de verosimilitud de la pretensión principal deducida (en este caso de nulidad de un acto administrativo), así como del riesgo manifiesto de infructuosidad del eventual fallo favorable, y sólo en caso de cumplirse concurrentemente ambos requisitos, supone la revisión de la proporcionalidad, racionalidad y necesidad de la medida otorgada, en relación con los intereses generales y colectivos que eventualmente se pudieran ver afectados con la misma y, sin que todo lo anterior implique prejuzgar sobre la decisión definitiva.
En todo caso, y así lo reconoce la inveterada jurisprudencia que ha tratado el punto, el respectivo pronunciamiento cautelar, tanto estimatorio como desestimatorio de la petición formulada, habrá de ser motivado.
En ese sentido, esta juzgadora realiza las siguientes consideraciones generales de derecho, en cuanto a los requisitos del fumus boni iuris y del periculum in mora, inherentes a la procedencia de la pretensión cautelar.
Así, el fumus boni iuris se exige como el fundamento mismo de la protección cautelar dado que, en definitiva, sólo a la parte que tiene la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que sean producidos por la contraparte o que deriven de la tardanza del proceso.
La presunción de la existencia del buen derecho que se busca proteger (fumus boni iuris), se produce en la medida en que el derecho cuya tutela se solicita, parezca como realizable y verosímil. Se trata de un cálculo prima facie de probabilidad o verosimilitud de la pretensión del demandante sin llegar a realizar un pronunciamiento de fondo. En tal sentido, apunta la doctrina, ese cálculo de verosimilitud, verifica la correspondencia de la medida otorgada con el derecho que pretende tutelar, más no su plena identidad pues, ello implicaría una tutela jurisdiccional anticipativa propia de algunos procesos de tutela de derechos o garantías constitucionales, creado en Venezuela por algunos fallos recaídos en casos muy puntuales por la magnitud de la violación denunciada de tales derechos o garantías o, porque su no otorgamiento, implicaría, en todo caso e independientemente de una futura decisión favorable, que los efectos de esa decisión favorable sean nugatorios, lo cual va en desmedro de la garantía procesal constitucional de obtención de una tutela judicial efectiva. No obstante lo anterior, cabe resaltarse, que tales supuestos, son la excepción a la regla general que rige en nuestro ordenamiento jurídico, y así lo confirma el texto del artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sobre la prohibición de adelantar o anticipar una decisión de fondo, con ocasión al cálculo de verosimilitud de la pretensión deducida por el solicitante de la medida o, lo que es igual, con ocasión al proceso de verificación del cumplimiento o no del requisito del fumus boni iuris.
Por su parte, el periculum in mora, es requerido como supuesto de procedencia de la medida en el caso concreto.
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal de Justicia, reiteradamente ha señalado que la amenaza de daño irreparable que se alegue debe estar sustentada en un hecho cierto y comprobable de manera sumaria, que deje en el ánimo del sentenciador la certeza de que, de no suspenderse los efectos del acto, se le ocasionaría al interesado un daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva, no siendo incluso suficiente, fundamentar la solicitud en un supuesto daño eventual o hipotético, sino que el perjuicio alegado debe estar apoyado en elementos de prueba que establezcan suficientemente la presunción de ocurrencia del mismo.
En tal sentido, una sentencia del 1° de abril de 2008, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recaída en el expediente número 2008-0104, señaló que el periculum in mora consiste en el temor razonable de un daño jurídico posible, inminente e inmediato, el cual se hace necesario eliminar, para el cual no basta el simple alegato de la supuesta irreparabilidad del daño, sino la convicción de que la medida cautelar solicitada es necesaria para evitarlo, no procediendo, por tanto, sin la evidencia de su presupuesto, es decir, la irreparabilidad o dificultad de la reparación del daño por la sentencia definitiva.
Bajo la égida de las consideraciones expuestas, este tribunal debe analizar si en el caso de autos, se verifican concurrentemente los señalados requisitos (fumus boni iuris y periculum in mora), a los fines de decidir sobre la procedencia o no de la medida de suspensión de efectos solicitada. Veamos:
En el caso bajo análisis la parte recurrente accionante solicita la suspensión de los efectos de la providencia administrativa N° Y-102/2014 dictada en fecha 30 de diciembre de 2014 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy; por cuanto –a su juicio- existe un latente riesgo manifiesto de que quede ilusorio el fallo que se dicte en este asunto.
Con el objeto de acreditar el requisito del periculum in mora, la representación de la empresa Cerámicas Vizcaya C.A., alegó lo siguiente: “resulta claro el Periculum in Mora o Periculum in Damni existente, pues se seguirán generando daños irreparables por la sentencia definitiva, ya que se sigue ejecutando forzosamente el Acto Recurrido de no acordarse la suspensión de los efectos solicitada. En efecto, se esta ejecutando forzosamente el Acto Recurrido durante el tramite del presente Recurso de Nulidad, mi representada se esta viendo en la obligación de seguir empleando a una persona que no goza de inamovilidad laboral y que es trabajador bajo contrato vencido, seguir pagándole salario, así como el resto de los beneficios salariales y laborales establecidos en la legislación patria, por un lapso de tiempo considerable con los demás beneficios, y lo que es peor aun en caso de que declare la nulidad del Acto Recurrido no podrá lograrse la repetición de lo pagado indebidamente al ciudadano reclamante, pues, esta no goza de la capacidad económica para ello” ”.
Ahora bien, la apreciación conjunta de los enunciados propuestos de manera preliminar lleva a este tribunal a presumir, sin que esto prejuzgue sobre el fondo del asunto, la existencia de un eventual daño que de no otorgarse la medida de suspensión aquí solicitada se estaría atentando contra los intereses patrimoniales de la empresa, todo lo cual, hace necesario para el otorgamiento de la protección cautelar solicitada, en razón de lo cual se estima satisfecho el requisito de periculum in mora. Así se decide.
Ello implica que, encontrándose verificado el requisito de periculum in mora, necesario para el otorgamiento de la protección cautelar solicitada, debe a continuación estudiarse el segundo extremo, esto es, el fumus boni iuris.
El apoderado de la empresa recurrente fundamentó este último requisito en que la providencia administrativa N° Y-102/2014 no está apegada al principio de la legalidad y al estado social del derecho y de justicia, por cuanto se evidencia que la inspectoría del trabajo aprecio erradamente los hechos en el presente caso y considero debidamente que se demostró una supuesta inmovilidad laboral la cual fue enfáticamente negada, amen de la clara y evidente violación a los principios de exhaustividad y congruencia en la cual incurrió en la providencia recurrida.
Así, de los recaudos acompañados al escrito libelar se desprende – sin que esto se considere pronunciamiento adelantado sobre el fondo debatido- la factibilidad de que los derechos reclamados por la empresa recurrente sean ciertos y exigibles, lo que conlleva a este tribunal a estimar la apariencia de buen derecho que es necesaria para el otorgamiento de la protección cautelar solicitada, en virtud de lo cual estima satisfecho el segundo requisito de los enunciados extremos, el fumus boni iuris requerido para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada. Así se decide.
Con base en las consideraciones anteriores y verificada como ha sido la existencia de los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil (fumus boni iuris y periculum in mora), este tribunal acuerda medida cautelar consistente en suspender provisionalmente los efectos de la providencia administrativa N° Y-102/2014 dictada en fecha 30 de diciembre de 2014 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en este recurso contencioso administrativo de nulidad, motivo por el cual se ordena notificar a dicho órgano administrativo del trabajo lo conducente. Así se decide.
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la profesional del derecho Francia E. Yañez Quintero, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 63.462, en su condición de apoderada judicial de la empresa Cerámicas Vizcaya C.A C.A., en consecuencia:
1. Se suspende provisionalmente los efectos de la providencia administrativa N° Y-102/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, en el expediente N° 072-2014-01-00180, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en este recurso contencioso administrativo de nulidad.
2. Se ordena notificar mediante oficio a la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, sobre la referida suspensión, a fin de que el órgano administrativo, se sirva darle inmediato y estricto cumplimiento a las mismas.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Agréguese copia certificada de esta decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil quince (2.015).
La Jueza,

Elvira Chabareh Tabback
La Secretaria,

Mirbelis Almea

En la misma fecha siendo las 4:00 p.m., se publicó y registró la anterior decisión consignándose al expediente con el cual se relaciona.

La Secretaria,

Mirbelis Almea