TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO BRUZUAL DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
ARCHIVO

EXPEDIENTE Nº 2484/2015

DEMANDANTE:
MARISOL CAMARGO DE PINTO

DEMANDADA: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ

MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO POR VIA PRINCIPAL

NARRATIVA
Este proceso fue planteado por la ciudadana: MARISOL CAMARGO DE PINTO, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad Nro. V-13.785.484, debidamente asistido por el Abogado: WOLGFAN RICARDO CASTILLO NUÑEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número. 32.755; quien interpuso por ante este Tribunal DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO POR VIA PRINCIPAL, en contra de la ciudadana: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-13.313.721, en la cual se expuso lo siguiente: En fecha 12 de Octubre de 2.013, la ciudadana: MARISOL CAMARGO DE PINTO, suscribió y firmo un Documento Privado de compra – venta con la ciudadana: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, por medio del cual adquirió unas bienhechurías consistentes en: Cuatro (04) columnas construidas con cabillas de media pulgada y concreto armado y una (01) cerca perimetral construida con estantillos de madera viva y muerta con cuatro (04) cintas de alambre de púas, con servicios de aguas blancas y electricidad, construidas sobre un area de terreno propiedad del INTi, que mide CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON VEINTINUEVE CENTIMETROS (469.29 Mts2.), con un área de construcción de VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (24.00 Mts2.), por un monto de DIEZ MIL BOLIVARES (10.000,00 Bs.), ubicadas en la Avenida 2, Esquina Calle 2, Comunidad Sabana Larga, Chivacoa, Municipio Bruzual, Estado Yaracuy, cuyos linderos son los siguientes; NORTE: Avenida 2 Su Frente, 18.00 M.; SUR: Casa que es o fue de Karelbi Rea, 20.00 M.; ESTE: Casa que es o fue de José Aular y Merli Guere, 25.00 M.; OESTE: Calle 2, 27.00 M.; dichas bienhechurías le pertenecían a la ciudadana: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, por haberlas construido y fomentado con dinero proveniente de su propio peculio; ahora bien, es el caso que para evitar que por alguna causa dicho Documento se extravíe o a futuro pueda ser desconocido; es que la ciudadana: MARISOL CAMARGO DE PINTO, precede a demandar como en efecto lo hace en la presente, fundamentado según lo establecido en los artículos 450º y 1.363º del Código Civil Venezolano Vigente, por RECOCOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO POR VIA PRINCIPAL; asimismo a los fines de la cuantía se estima dicha Demanda por la Cantidad QUINCE MIL BOLIVARES (15.000,00 Bs). (Folios 1 al 4).

DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA
En fecha 13 de Enero de 2.015 (folios 5 y 6), se admite la demanda, por no ser contraria al orden público o a alguna disposición expresa de la Ley, ordenándose la comparecencia de la ciudadana: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, parte demandada en la presente causa.

En fecha 13 de Febrero de 2.015 (folios 7 y 8), el Alguacil de este Tribunal, consigno boletas de citación librada a la ciudadana: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, debidamente firmada y agregada al expediente.

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
En fecha 19 de Febrero de 2015 (folio 9), mediante certificación de Secretaria, se dejo expresa constancia que la parte demandada no se presento a dar Contestación de la demanda, ni por si, ni por medio de apoderado.

En fecha 20 de Febrero de 2.015 (folio 10), vencido el lapso de contestación de la Demanda, sin que la parte demandada se hubiese presentado a dar contestación a la misma, mediante auto, se abrió la causa a pruebas, conforme al artículo 889º del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente.

En fecha 04 de Marzo de 2.015 (folio 54), mediante certificación de secretaria se hizo constar que culmino el lapso de Pruebas en la presente causa.
PUNTO PREVIO
DE LA CONFESION FICTA
En el presente caso observa este Juzgador que la parte demandada, ciudadana: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, firmo la boleta de citación en fecha 13 de Febrero de 2.015, siendo consignada dicha boleta por el alguacil de este Tribunal en la misma fecha, por lo que a partir de esa fecha empezó a computarse el lapso conforme al procedimiento breve, de dos (2) días de despacho siguientes para ésta diera contestación a la demanda incoada en su contra. Transcurrido dicho lapso, la demandada no dio contestación a la presente demanda, ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial, en el lapso legal correspondiente, tal y como consta en el folio 9 del presente expediente, asimismo la demandada no promovió prueba alguna, donde demostrara algún hecho que le favoreciera o que enervara lo pretendido por la ciudadana MARISOL CAMARGO DE PINTO, en su condición de parte demandante, más aún si el día 13 de Febrero de 2.015, se dio por enterada del presente juicio, al momento de firmar el recibo de citación, tal como quedó plasmado anteriormente, es menester de este digno Tribunal acotar que en todo momento se le garantizó a la ciudadana: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, su derecho a la defensa y al debido proceso, tal y como lo establece nuestra Carta Magna en sus artículos 49º y 257º, por cuanto tuvo conocimiento de la acción que existía en su contra, teniendo la posibilidad de revisar el presente expediente y negar los hechos narrados por la parte demandante en su escrito libelar en la oportunidad procesal correspondiente, pero no lo hizo.

En este mismo orden de ideas, establece el artículo 506º del Código del Procedimiento Civil Venezolano Vigente que las partes deben probar los hechos de los cuales sostienen que se derive su derecho, por ello la importancia de las pruebas, ya que mediante ellas se van a demostrar los hechos que se alegan y permiten al Juez pueda pronunciar su decisión de conformidad con las pruebas verificadas dentro del procedimiento. Este juzgador considera necesario analizar el artículo 362º ejusdem, que al respecto señala:

“Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá como confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado…”

Esto implica, en atención a la norma antes indicada, que se le tenga por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho, la petición del demandante y si en termino probatorio nada probare que el favorezca, surge acá lo que la doctrina ha denominado la confesión ficta, esto es la admisión tacita de hecho de las cuestiones planteadas por el actor en su libelo.

En este sentido, la Confesión ficta es una institución de extremo rigor que sanciona al demandado que citado válidamente, no acude por sí o por medio de representante, a refutar las pretensiones incoadas en su contra, y que durante la secuela probatoria nada demostrare que le favorezca, no siendo contrarias a derecho dichas pretensiones, y su efecto se extiende a que se tengan por admitidos los hechos que se le imputan en el libelo.

Ahora bien, para que opere la confesión ficta, debe cumplirse con tres requisitos, a saber:
1) Que no comparezca, dentro del plazo que la Ley otorga para ello, a dar su contestación;
2) Que en la oportunidad procesal determinada no pruebe nada que lo favorezca, y;
3) Que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho.

Ahora bien, sobre este particular la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, de fecha 27/03/2001, reiterada en fecha 29/08/2003, en la cual ha señalado lo siguiente:

“…. El artículo 362º citado, considera que el demandado que no contesta la demanda, se le tendrá por confeso, cuando en el término probatorio no pruebe nada que lo favorezca y la demanda no sea contraria a derecho. Luego, para no tenerlo como confeso, lo que se declara con el fallo definitivo, como una garantía al derecho a la defensa, se le permite al demandado probar algo que le favorezca, lo que significa que ni siquiera se le exige plena prueba contra la presunción en su contra (…) El artículo 362º del Código de Procedimiento Civil previene que con probar algo que favorezca al no concurrente, evita que se consolide los efectos del silencio, y por tanto que se le tenga por confeso…”

Asimismo, la Sala de Casación Civil, en sentencia 337, de fecha 002/11/2001, señalo con relación a la confesión ficta, lo siguiente:

...La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo, vale decir extemporánea, trae como consecuencia que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción juris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando, la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y, por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuados las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de pruebas admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante. Es oportuno puntualizar que el contumaz tiene una gran limitación en la instancia probatoria. No podrá defenderse con alegaciones, hacer contra prueba a los dichos del accionante, que han debido ser esgrimidos en la contestación de la demanda por lo que sólo podrá realizar la contraprueba de las pretensiones del demandante; puesto que (tal como lo pena el mentado artículo 362), se le tendrá por confeso si nada probare que le favorezca; por tanto, las pruebas aceptadas para ser invocadas por el demandado, son limitadas. (Destacado de la Sala. Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 14 de junio de 2000, en el juicio seguido por la ciudadana Yajaira López vs Carlos Alberto López, expediente N° 99-458)”…

Con relación a lo antes señalado, este Juzgador adopta el criterio expuesto por la Sala Constitucional y Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el entendido, que la parte demandada al no dar contestación de forma oportuna, y al no traer elemento probatorio eficaz, incurre en confesión. Por lo tanto, no siendo la presente demanda contraria al orden público ni a las buenas costumbres, es por lo que considera, este sentenciador que se han cumplido todos los supuestos legales para que opere la confesión ficta. Y así se declara.

Por cuanto en el presente caso opero la confesión ficta antes analizada se consideran como ciertos todos los hechos alegados por la parte demandante en el libelo de demanda. Y así se declara.

Ahora bien, en virtud del Artículo 509º del Código de Procedimiento Civil, deber del Juez: “Analizar y Juzgar todas las pruebas que se hayan producido en la causa”, Y constatando por este juzgador que solo la parte demandante hizo uso del Lapso Probatorio, y siendo que se trata de un juicio de Reconocimiento de Documento Privado por Vía Principal (Juicio breve), donde el actor tiene la carga de probar sus afirmaciones, procede este Juzgador a la valoración de la forma siguiente:
La parte demandante promovió las siguientes pruebas:
1.- Contrato de Compra – venta, suscrito entre las ciudadanas: MARISOL CAMARGO DE PINTO (compradora) e INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ (vendedora), el cual no fue negado por la contraparte (demandada), se le otorga el valor probatorio como documento reconocido de conformidad con el artículo 444º del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente y del artículo 1.364º del Código Civil Venezolano Vigente, así se decide.

2.- Copia fotostática de su cedula de identidad y de la demandada, los cuales al ser Documentos Administrativos se les otorga todo el valor probatorio que de ellos se desprende.

En consecuencia y revisadas como han sido las actas procesales que conforman la presente litis, se observa que la parte demandante trajo a las actas como uno de los medios para probar la existencia de la compra – venta, contrato de Compra – Venta de fecha 12 de Octubre de 2.013, suscrito entre las ciudadanas: MARISOL CAMARGO DE PINTO (compradora) e INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ (vendedora), que consta en autos (folio 2), del cual se infiere la existencia de la Compra – Venta de las bienhechurías descritas en dicho documento.

Por su parte la demandada no consigno pruebas a este juicio en el sentido de que haya demostrado el desconocimiento del Documento Privado de Compra – Venta, carga probatoria esta que estaba obligada a realizar como parte demandada y no lo hizo, a este respecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 363 de fecha 16 de Noviembre del año 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Franklin Arriechi dejó asentado el siguiente criterio: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba. Esta disposición se complementa con la consagrada en la primera parte del artículo 254º del Código de Procedimiento Civil Venezolano, donde se establece: Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciaran a favor del demandado, y en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma. Las normas citadas ponen de relieve que el Juez tiene una doble limitación, a saber, no puede proceder sino a instancia de parte y no puede decidir sino dentro de lo que las partes le alegaron y probaron, y a su vez las partes tienen una doble carga: Alegar todos aquellos asuntos o temas cuya decisión sea requerida y demostrar la veracidad de sus afirmaciones de hecho. Con relación al Juez si se escapa de sus límites, estará emitiendo un fallo nulo a tenor de lo determinado en el artículo 244º del Código de Procedimiento Civil Venezolano y por lo que respecta a las partes, de no cumplir con su carga de alegaciones se verán en la imposibilidad de probar de conformidad con lo previsto en el artículo 1.354º del Código Civil y en el artículo 506º del Código de Procedimiento Civil. Todo lo anterior apareja que si alguna de las partes no alega válidamente sus pretensiones y como consecuencia de ello no las puede probar, sucumbirá en el debate y el Juez así deberá decretarlo, por mandato del artículo 254º del Código de Procedimiento Civil Venezolano”.

Ahondando más sobre la carga de la prueba es necesario e importante señalar que en la Obra “De la Prueba en Derecho” de Antonio Roche Alvira, se dejo establecido las tres (03) reglas que conforman la carga de la prueba, a saber:

1.- Onus probando incumbit actori, o sea, que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción.

2.- Reus, in excipiendo, fit actor, o sea, que el Demandado, cuando se excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa, y
3.- Actore non probando, reus adsolvitur, es decir, que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si este no logro en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda.

Analizando la acción incoada por la parte demandante, ciudadana: MARISOL CAMARGO DE PINTO, debidamente asistida de Abogado, se infiere que se trata de una pretensión de Reconocimiento de Instrumento Privado, con fundamento en los artículos 450º del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente y 1363º del Código Civil Venezolano Vigente y la misma no es contraria a la Ley, a la moral, al orden público, ni a las buenas costumbres, tal como lo exige el artículo 341º del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente, por lo que es procedente decretar la confesión ficta en contra de la demandada, ciudadana: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, plenamente identificada en autos, así como se evidencia que la demandada de autos, no reconoció, ni negó formalmente el Instrumento Privado inserto al folio dos (02) de fecha 12 de Octubre de 2.013; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 1364º del Código Civil Venezolano Vigente y 444º del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente, se tiene como reconocido el Documento Privado suscrito por los ciudadanos: MARISOL CAMARGO DE PINTO (compradora) e INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ (vendedora), plenamente identificadas.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

DECLARA
PRIMERO: Con Lugar la demanda de Reconocimiento de Documento Privado interpuesto por la ciudadana: MARISOL CAMARGO DE PINTO, debidamente asistida de Abogado, contra la ciudadana: INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, antes identificadas en autos; en consecuencia téngase legalmente reconocido el Documento Privado suscrito entre las ciudadanas: MARISOL CAMARGO DE PINTO e INGRI MILAGRO GIMENEZ VASQUEZ, cursante el mismo al folio dos (02) del presente expediente de fecha 12 de Octubre de 2.013, de conformidad con lo establecido en los artículos 1364º del Código Civil Venezolano Vigente y 444º del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente.

SEGUNDO: Se condena en costas a la parte perdidosa, de conformidad con el artículo 274º del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente.

Por cuanto la presente sentencia fue dictada fuera del lapso legal correspondiente, se acuerda Notificar a las partes de la presente decisión.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en la ciudad de Chivacoa, a los Dieciocho (18) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Quince (2.015). Años 204º y 156º.

El Juez,

Abg. Efraín Ballester Acosta

La Secretaria

Abg. Erlen Martínez.-

En la misma fecha se publico en la página Web, siendo las 11:00 a.m.

La Secretaria

Abg. Erlen Martínez.-
Abg.EBA/EM/Audry.-
Exp. 2484/2015.