República Bolivariana de Venezuela
Juzgado SEGUNDO de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy
San Felipe, 08 de marzo de 2016
Años: 205º y 157º
ASUNTO Nº: UP11-N-2016-000014
PARTE ACCIONANTE: PROCESADORA Y EMPACADORA DE FRUTAS NIRGUA,C.A.
APODERADOS JUDICIALES: YASNERIS MUJICA, GILDA SANZ y LUIS JIMENEZ inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 106.263, 216.865 y 171.562, respectivamente.
ACTO RECURRIDO: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 1018/2015 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2015, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy
MOTIVO: DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Vista la demanda de Nulidad de Acto Administrativo que antecede, referente a las actuaciones contenidas en la Providencia Administrativa Nº 1018/2015 de fecha 17 de julio del 2015, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, mediante la cual declaro: CON LUGAR la denuncia de despido injustificado formulada por el ciudadano: Bolívar Ortega Roberto José, este tribunal estando dentro de la oportunidad prevista en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para emitir su pronunciamiento sobre la admisibilidad del mismo hace las siguientes consideraciones:
A tenor de lo dispuesto en el Artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Jurisdicción Contencioso Administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley, asimismo, señala la referida norma, que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, así como condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración.
De igual modo, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA) en su Artículo 25 Nral. 3, implícitamente atribuye competencia a los tribunales laborales para conocer de las acciones de nulidad que se interpongan contra las decisiones de la administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación de trabajo regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Justicia en sentencia de fecha 23 de septiembre de 2010, caso Bernardo Jesús Santeliz y otros contra Central La Pastora, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, sentó criterio y aminoró la incertidumbre que generaba la interpretación del referido artículo 25 de la (LOJCA). Al establecer con carácter vinculante que:
“la jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones relativas a los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral, correspondiéndole en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, razón por la cual, es a los tribunales antes referidos a quienes corresponde el conocimiento de los recursos de nulidad contra providencias administrativas emanadas de las Inspectoras del Trabajo”.
Ahora bien, tomando en consideración el criterio jurisprudencial señalado, y en base a las consideraciones anteriores, es por lo que este Tribunal, se considera competente para conocer del presente asunto. Así se declara.
En sintonía con lo anterior, y a los efectos de emitir pronunciamiento acerca de la admisibilidad de la presente demanda de nulidad de acto administrativo, este tribunal observa que revisado el escrito contentivo de la demanda, se constata que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ahora bien, el artículo 425, numeral 9 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, establece que “los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida”.
Resulta oportuno señalar el criterio vinculante de la Sala Constitucional en la sentencia Nº. 1063, expediente Nº 13-0669 de fecha 05/08/2014 caso Alcaldía del Municipio Autónomo Acevedo del Estado Miranda contra el acto administrativo contenido en la providencia administrativa Nro. 010-2011, que establece lo siguiente:
(…)esta Sala encuentra que lo ajustado a derecho es que la condición consagrada en el numeral 9, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, debe ser aplicada para el trámite de la demanda de nulidad y no para su admisión, para de esta manera garantizar la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, sin trastocar el espíritu de la norma, el cual, como anteriormente se señaló, no es otro que la protección de los derechos a la estabilidad del trabajador, toda vez que, si bien es el débil jurídico en este proceso, dicha protección no puede convertirse en la limitación del derecho a la justicia del patrono.
Dicha suspensión se mantendrá hasta que el Tribunal Laboral que esté conociendo de la causa, una vez admitida, requiera la certificación con la Inspectoría del Trabajo respecto al cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida por parte del patrono, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y teniendo en consideración que dicha suspensión no debe exceder del lapso de caducidad establecido en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
De lo anteriormente trascrito, se desprende que en los casos de reenganche y pago de salarios caídos, donde se requiere la certificación del Inspector del Trabajo conforme a lo contemplado en el artículo 425 numeral 9 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se debe proceder a la admisión de la demanda, y asimismo ordenar la suspensión de la causa hasta que conste en autos dicha certificación, no excediéndose la referida suspensión del lapso de caducidad contemplado en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En consecuencia, por cuanto el mismo no resulta contrario a derecho, al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, este Tribunal ACUERDA SU ADMISIÓN. Así se decide.
Por consiguiente, admitida como ha sido la presente demanda de nulidad de acto administrativo, este Tribunal atendiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional, y el cual fue anteriormente transcrito, ordena SUSPENDER la presente causa hasta tanto la parte interesada consigne la certificación del reenganche del ciudadano: Bolívar Ortega Roberto José, titular de la cédula de identidad Nº V-17.257.068, de conformidad con lo establecido en el numeral 9, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, teniendo en consideración que dicha suspensión no debe exceder del lapso de caducidad establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Una vez conste en autos la consignación de la referida certificación, este Tribunal procederá a ordenar las notificaciones necesarias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los ocho (08) días del mes de marzo del año 2016. Años: 205º y 157º.
La Juez Temporal;
Abg. Mirbelis Almea Álvarez
La Secretaria,_____
Abg. Yanitza Sánchez Castro
En la misma fecha, se publicó la anterior decisión a las 9:57 a.m . agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.
La Secretaria, ____
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Abg. Yanitza Sánchez Castro
ASUNTO Nº: UP11-N-2016-000014
Pieza Nº 1.
MAA/YSC
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