REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
AÑOS: 206º Y 157º
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA (DECLINATORIA DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA).-
EXPEDIENTE: N° 3.595/2016.
DEMANDANTE: Constituido por la ciudadana LUISA JOSEFINA PARRA DE ROJA, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.478.714, domiciliada en la avenida José Joaquín Veroes, entre calles 14 y 15, Sector caja de Agua, Municipio San Felipe del estado Yaracuy.
APODERADO JUDICIAL: Constituido por el ciudadano Abg. ROGER RENDÓN, inscrito en el Ipsa Nº 247.896.
DEMANDADO: Constituido por el ciudadano ALHALAH RAOUF, de nacionalidad extranjera, titular de la cédula de identidad Nº E- 84.490.045.
MOTIVO: MOTIVO: INTERDICTO DE OBRA NUEVA.
-I-
Visto el escrito suscrito y presentado por el apoderado judicial de la parte actora en la presente causa, Abg. ROGER RENDÓN, inscrito en el Ipsa Nº 247.896, contra el ciudadano ALHALAH RAOUF, de nacionalidad extranjera, titular de la cédula de identidad Nº E- 84.490.045, este tribunal para proveer observa:
PRIMERO: Que ciertamente la parte accionante en su escrito de reforma de la demanda cursante al folio veintitrés (23) frente y vuelto del presente expediente, estimó la misma en la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (5.000.0000, 00), por lo que este tribunal la admitió según auto de fecha 14 de julio del 2016, cursante al folio 27 del presente expediente, llevándose a cabo la inspección con el experto designado y juramentado para tal fin, quien para la fecha del 19 de septiembre del año 2016, consigno mediante diligencia Informe de Inspección Complementario, posterior a lo cual esta juzgadora procedió a decretar con lugar la solicitud de inspección o paralización de la obra denunciada y procediendo a señalar a la parte actora lo dispuesto en el artículo 785 del Código Civil a los fines de que se constituyeran las garantías necesarias para asegurar el resarcimiento de los daños; Ahora bien, en fecha once (11) de octubre del corriente, el apoderado judicial de la parte actora Abg. Abg. ROGER RENDÓN, inscrito en el Ipsa Nº 247.896, presentó escrito en el que indica al tribunal que la presente acción se estimó en la reforma por un monto de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.5.000.000,00), en consecuencia, visto tal pedimento este tribunal considera:
SEGUNDO: En este sentido es preciso revisar lo atinente a la competencia por la cuantía para conocer del presente asunto.
Es preciso entonces acotar que, la Jurisdicción es el Poder jurídico del estado de administrar justicia, por medio de los órganos jurisdiccionales, lo cual logra a través de la sentencia, previo el ejercicio de la acción y la consecución del proceso debido. Esta facultad de administrar justicia, está atribuida por imperio de la Ley y limitada por las competencias en razón del territorio, la materia y la cuantía. Así pues, el poder jurídico del jurisdicente para dictar fallos, tiene un campo de aplicación, dentro de un territorio determinado, en las materias sometidas a su conocimiento y de acuerdo a la cuantía establecida legalmente, siendo este campo de aplicación las limitantes para ejercer la jurisdicción.
En este orden de ideas, es preciso citar el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé
“Son deberes y atribuciones de los jueces de primera instancia, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones: … omissis… B. EN MATERIA CIVIL.
En consecuencia, establece el artículo 1 de la Resolución número 2009-0006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009, por nuestro máximo Tribunal de la República, lo siguiente:
“(…) Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto (…)”.
A este Respecto la Sala de Casación Civil en sentencia Nº 740 de fecha 10 de diciembre de 2009, caso: María Concepción Santana Machado contra Edinver José Bolívar Santana, en el expediente AA20-C-2009-000283, estableció:
“…las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio.
Por otra parte, es necesario señalar que las modificaciones a las competencias de los Tribunales de la República, no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino en los asuntos nuevos que se presenten posterior a su entrada en vigencia, es decir, esta Resolución Nº 2009-0006 da ultra actividad (transitoria) a la normativa anterior en relación a los procesos en curso, por ello, tal Resolución es aplicable a los juicios iniciados posterior a la publicación de la referida Resolución en Gaceta Oficial Nº 39.153 de fecha 2 de abril de 2009.”(Subrayado y negritas de la Sala).
En virtud de lo antes señalado, la Resolución Nº 2009-0006, emanada de este Máximo Tribunal, en fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.152 del 2 de abril de 2009, es aplicable al presente caso, pues el presente juicio por oferta real de pago se inició en fecha 28 de abril de 2011, es decir, con posterioridad a su entrada en vigencia.
En consecuencia, visto que el demandado reformó el libelo de la demanda cursante al folio veintitrés (23) frente y vuelto del presente expediente, estimando la misma en la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (5.000.0000, 00), este Tribunal es incompetente por la cuantía para conocer del presente procedimiento. Así se declara. Ahora bien, la declinatoria de incompetencia por la cuantía la pronuncia este Juzgado Primero Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, de oficio conforme lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil que dispone:
…” “La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.
La incompetencia por el valor puede declararse aún de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia.
La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos en la última parte del artículo 47, pude oponerse sólo como cuestión previa, como se indica en el artículo 346.
La incompetencia territorial se considerará no opuesta si no se indica el Juez que la parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a es indicación, la competencia del Juez indicado queda firme, y se pasarán los autos al Juez competente, ante el cual continuará el procedimiento en el quinto día después de recibidos los autos.”
Por consiguiente, consérvese el expediente en este juzgado, durante el plazo de cinco (05) días de despacho conforme lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil y una vez transcurrido el mismo si no fuere ejercido el recurso correspondiente remítase la presente causa al Juzgado Distribuidor de Primera de Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del estado Yaracuy.-
-II-
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara de oficio: PRIMERO: La incompetencia por la cuantía para conocer de la presente causa en consecuencia, se declina la misma al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, conforme lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución Nº 2009-0006, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.152 del 2 de abril de 2009 SEGUNDO: Consérvese el expediente en éste juzgado, durante el plazo de cinco (05) días de despacho conforme lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil y una vez transcurrido el mismo si no fuere ejercido el recurso correspondiente remítase al Juzgado Distribuidor competente.
Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión; y remítase copia certificada de la misma. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, a los trece (13) días del mes de Octubre del año Dos Mil Dieciséis (2016). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. Regístrese, Publíquese.
La Juez Provisoria,
Abg. Joisie J. James Peraza
La Secretaria,
Abg. Celsa González Andrades.
En ésta misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las once y media de la mañana (11:30 a.m).
La Secretaria,
Abg. Celsa González Andrades.
Exp. 3.595-16
JJJP/clga/
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