TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
SAN FELIPE, CINCO (05) DE MAYO DEL 2.017
Años: 207º y 158º

SENTENCIA: Interlocutoria Con Fuerza Definitiva.

EXPEDIENTE: Nº 2925-12

PARTE DEMANDANTE: RUBÉN WILFREDO COLMENAREZ KLEMM, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.261.923

APODERADOS JUDICIALES: Constituido por los Abogados EDWUARD ERNESTO KLEMM MUJICA Y HÉCTOR JAVIER SANTOS PLAZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-14.442.807 y 11.879.691, respectivamente, inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 158.631 y 176.312,

PARTE DEMANDADA: Constituida por los ciudadanos OSWALDO MANUEL GRANADILLO NIEVE y ANÍBAL JOSÉ RUEDA DÍAZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-14.777.963 y V.- 16.482.849, respectivamente.

MOTIVO: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MORALES Y MATERIALES DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
-I-
Se recibió por distribución en fecha 19 de junio de 2012, demanda interpuesta por el ciudadano RUBÉN WILFREDO COLMENAREZ KLEMM, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.261.923, representado por los abogados EDWUARD ERNESTO KLEMM MUJICA, Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado 158.631, asistido por el abogado HÉCTOR JAVIER SANTOS PLAZA, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado 176.312, contra los ciudadanos OSWALDO MANUEL GRANADILLO NIEVE y ANÍBAL JOSÉ RUEDA DÍAZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-14.777.963 y V.- 16.482.849, respectivamente, siendo admitida en fecha 20 de junio del mismo año, ordenando la citación de los demandados de auto a los fines de dar contestación a la demanda. (fol. 26).-
En fecha seis (06) de julio del 2012, el Tribunal ordena librar compulsa de citación a los demandados de autos. (fol. 27 al 29).-
En fecha dieciocho (18) de julio del 2012, el alguacil consigna boleta de citación del demandado de autos, ciudadano OSWALDO MANUEL GRANADILLO NIEVE, siendo imposible localizar. (fol. 30 al 37).-
En fecha dieciocho (18) de julio del 2012, el alguacil consigna boleta de citación del demandado de autos, ciudadano ANIBAL JOSE RUEDA DIAZ, negándose a firmar. (fol. 38-39).-
En fecha dieciocho (18) de febrero del 2012, comparece la parte demandante abogado HÉCTOR JAVIER SANTOS PLAZA inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado 176.312, presentando diligencia solicitando la citación por cartel de los demandados de autos. (fol. 40).-
En fecha veintidós (22) de febrero del 2013, el Tribunal dicta auto negando lo solicitado por la parte actora por cuanto no consta en actas su carácter de representación de la parte actora. (fol. 41).-
En fecha cinco (05) de marzo del 2013, comparece el ciudadano RUBEN WILFREDO COLMENAREZ KLEMM, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V-16.261.923, asistido por los abogados Abogado EDWUARD ERNESTO KLEMM MUJICA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.442.807. Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado 158.631 y el abogado HÉCTOR JAVIER SANTOS PLAZA inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado 176.312, otorgando poder Apud acta el cual fue certificado por la secretaria del Tribunal. (FOL. 42-43).-
En fecha cinco (05) de marzo del 2013, comparece el Apoderado judicial de la parte demandante Abg. HÉCTOR JAVIER SANTOS PLAZA, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado 176.312, presentando diligencia solicitando la citación por cartel de los demandados de autos. (fol. 44).-
En fecha doce (12) de marzo del 2013, el tribunal acuerda lo solicitado por la parte actora en consecuencia se libro boleta de notificación de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. (fol. 46 al 47).-
En fecha veintiséis (26) de marzo del 2013, la secretaria deja constancia que fijo la notificación complementaria del ciudadano ANIBAL JOSE RUEDA DIAZ, debidamente cumplida. (fol. 48).-
En fecha dos (02) de abril del 2013, comparece los apoderados judiciales de la parte demandante abogados EDWUARD ERNESTO KLEMM MUJICA Y HÉCTOR JAVIER SANTOS PLAZA, plenamente identificados, quienes mediante diligencia consignan la publicación del cartel ordenado por el Tribunal. (fol. 49 al 52).-
En fecha ocho (08) de abril del 2013, la secretaria del Tribunal deja constancia que consigna el cartel de citación de la Cooperativa La Esperanza, sin cumplir por cuanto en dicha dirección jamás ha existido la cooperativa. (fol. 56).-
En fecha 23 de mayo del 2013, se acuerda agregar al expediente oficio recibido con el número 78-13, emanado del servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT). (fol. 60-61).-
En fecha veintisiete (27) de mayo del 2013, comparece el apoderado judicial de la parte demandante Abg. HÉCTOR JAVIER SANTOS PLAZA, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado 176.312, presentando diligencia en la que solicita se libre la citación a la cooperativa de Transporte San Felipe La Esperanza de Chariagro, con la dirección señalada por el servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), acordando lo solicitado en fecha 28 de mayo de 2013 mediante auto. (fol. 62 al 64).-
En fecha cuatro (04) de junio del 2013, el alguacil consigna compulsa de citación de la Cooperativa de Transporte San Felipe La Esperanza de Chariagro, sin cumplir. (fol. 65 al 72).-
En fecha tres (03) de julio del 2013, comparece el Abg. HÉCTOR JAVIER SANTOS PLAZA, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado 176.312, presentando diligencia en la que solicita se oficie al CNE, en fecha 09 de julio de 2013, fue acordado mediante auto por este tribunal, librándose oficio Nº 287-2013. (Fol.- 73 al 75).-
En fecha dieciséis (16) de septiembre del 2013, se acuerda agregar al expediente oficio numero 89-2013, emanado del Director de la Oficina Regional Electoral del Estado Yaracuy. (fol. 76 al 78).-
En fecha ocho (08) de octubre del 2013, comparece el Abg. HÉCTOR JAVIER SANTOS PLAZA, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado 176.312, presentando diligencia, solicitando la citación por el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. (fol. 79).-
En fecha dieciocho (18) de octubre del 2013, el Tribunal dicto auto ordenando librar la citación del demandado de autos comisionándose al Juzgado del Municipio Valmore Rodríguez de la Circunscripción del Estado Zulia.
En fecha trece (13) de marzo del 2014, el Tribunal dicto auto agregando al expediente oficio 072-14 con comisión, emanado del Juzgado del Municipio Valmore Rodríguez de la Circunscripción del Estado Zulia. (fol. 80 al 83).-
En fecha veintiuno (21) de marzo del 2017, esta Juzgadora se abocó al conocimiento de la presente causa; según lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se libro boleta de notificación. (Fol. 96).-
En fecha veintiuno (21) de marzo del 2017, el alguacil consigna boleta de notificación del demandante, debidamente cumplida. (fol. 97).-
En fecha veinte (20) de abril del 2017, el Tribunal dicto auto reanudando la causa en el estado en que se encuentra. (fol. 98).-
Ahora bien, de la revisión de las actuaciones que conforman la presente causa se observa que desde el día 08 de Octubre de 2013, fecha en la que la parte actora a través de su apoderado judicial Abg. Héctor Javier Santos, plenamente identificado, solicitó la citación del ciudadano OSWALDO MANUEL GRANADILLO, según lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, y visto que hasta la actualidad ha transcurrido más de un (1) año sin que la parte actora haya ejecutado ningún acto del procedimiento, y siendo que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone que:
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”
Asimismo, a los efectos del cómputo del año para la declaratoria de perención, se tiene que los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Civil disponen:
Artículo 199.- Los términos o lapsos de años o meses se computarán desde el día siguiente de la fecha del acto que dé lugar al lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número del lapso.
El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes se entenderá vencido el último de ese mes.
Artículo 200.- En los casos de los dos artículos anteriores, cuando el vencimiento del lapso ocurra en uno de los días exceptuados del cómputo por el artículo 197, el acto correspondiente se realizará en el día laborable siguiente.”
Con relación a la perención, Brice (1964), sostiene que se define como “la extinción de la instancia por la inacción de las partes durante el tiempo determinado por la ley” (p.316).
Chiovenda (1980), la define como “un medio de extinción del proceso por inactividad de la parte a cuyo cargo está el impulso procesal”. (p. 188). Ambos conceptos se fundamentan en que la perención se encuentra en el hecho objetivo de la inactividad prolongada.
Para Rillo (1989), “La perención es propia del ámbito jurisdiccional, por constituir una modalidad conclusiva por vía anormal extraordinaria de los procesos judiciales y civiles, comerciales y de la vía contenciosa administrativa pretoriana” (p.55).
A la caída del Imperio Romano y durante el derecho intermedio, la institución de la perención fue abandonando su carácter publicistico, político social que tenia y se transformó en una caducidad impuesta como sanción a la negligencia de las partes contendientes y ese carácter se mantiene hasta que acentuó definitivamente en el derecho francés y en las legislaciones posteriores.
Así el fin que se había propuesto el legislador de evitar la duración excesiva de la litis, no puede lograrse con la moderna concepción de la perención, porque pudiendo esta ser interrumpida por la realización de un acto procesal que revele el propósito de continuar el proceso, resulta, como observa Mortara, que hoy basta que una de las partes haga saber al Juez, por lo menos una vez cada año, que desea mantener vivo el proceso, para que la vida de este pueda prolongarse hasta el infinito a través de las generaciones, que es precisamente lo contrario de aquello que había propuesto Justiniano.
El Código de Procedimiento Civil (1987), no ha seguido completamente esta línea doctrinal y positiva, sino que al lado de la tradicional perención, fundada en la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, que ha sido reducido a un año.
De igual forma, se contemplan casos específicos de extinción de la instancia que se basan en el incumplimiento de ciertas cargas impuestas al demandante por la Ley, de las cuales este debe desembarazarse en ciertos plazos, breves y perentorios, como los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (1987) en sus ordinales 1º, 2º y 3º; de tal modo que en el nuevo sistema puede diferenciarse la perención tradicional fundada en la presunta voluntad de las partes de no proseguir el proceso, de los casos particulares y específicos de extinción del mismo fundados en el incumplimiento por el actor, de ciertos actos de impulso del procedimiento.
La Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil, explica que se logra así, bajo la amenaza de la extinción, una más activa realización de ciertos actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un tiempo, muy largo, como ocurría bajo el Código derogado, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estimulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso
El autor patrio Arístides Rengel Romberg, sobre el tema de la perención, ha indicado lo siguiente:
“…Para que la perención se produzca, requiérase (sic) la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan; pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso.
La perención anual es genérica, cubre la instancia y todos sus incidentes, incluyendo la reconvención y las demandas accesorias de suerte que se refieren a todo procedimiento y no a incidentes separados que requieran la paralización del proceso.
La perención sólo podrá decretarse ocurridos que sean los extremos de ley, estos son: transcurso de un (01) año sin que las partes hubieren ejecutado ningún acto de procedimiento. Es principio rector en materia ordinaria que la perención anual, después de vistos, no se producirá por inactividad del juez.
En sentencia de la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 11 de agosto de 1988, entre A. Grosso contra la República de Venezuela, la última actuación procesal, se cumplió el 6-05-86 al fijar la décima audiencia para que tuviere lugar el acto de informes, desde esta fecha hasta la siguiente actuación de la parte, el 21 de mayo de 1987, transcurrió más de un año sin que se produjese actuación procesal alguna, por lo cual procede a la declaratoria de extinción del procedimiento. En este fallo, la Magistrada Doctora Hildegard Rondón de Sansó, disiente con base a las siguientes consideraciones:
“La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia consagra la perención de la instancia en los siguientes términos: salvo lo previsto en disposiciones especiales la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año. Dicho término empezará a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento. Trascurrido el lapso aquí señalado la Corte sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte.
El análisis del dispositivo transcrito pone en evidencia que la paralización de la causa se origina por la inactividad procesal por un período superior a 1 año. La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al igual que el Código de Procedimiento Civil vigente permite interpretar que esa inactividad procesal consiste en la no realización de actos de procedimientos por el término anteriormente señalado; pero a diferencia de lo dispuesto en el artículo 267 del citado Código no indica si configurados los supuestos anteriores la perención opera solamente cuando esa omisión de actos de procedimientos resulta imputable a las partes, o también cuando sea responsabilidad de los jueces.
Ahora bien, por una parte el Código de Procedimiento Civil es norma de derecho común del sistema procesal venezolano y por otra se trata de una sanción de naturaleza procesal, que inclusive puede ser impuesta de oficio por el Tribunal, lo lógico es que ella resulte de la conducta negligente de las partes, y no de la omisión en que pueden incurrir los jueces, porque la interpretación contraria conduciría a que los litigantes resultares sancionados debido a la actitud omisiva de los jueces, aunque no concebida, plantea a la sala el problema de examinar determinados hechos de la demanda configurando de esta manera un recurso de fondo que no puede analizar, puesto que las infracciones denunciadas en los precedentes capítulos de la formalización no son las apropiadas al caso. Pérdida del interés procesal: se trata de la extinción o pérdida no sólo de la constancia, sino del derecho de accionar a consecuencia de la presunción de la pérdida del interés para obrar en el juicio. La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.”
Ahora bien, entre los efectos de la perención, se tiene que la declaratoria de perención de instancia no impide que se intente nuevamente la misma pretensión entre las mismas partes. De allí, que los efectos procesales de la decisión que se pronuncia sobre la perención, se tengan como cosa juzgada formal en los términos que lo establece el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil (1987).Se establece como efecto la limitación de interponer una nueva demanda fundada entre los mismos sujetos procesales, idéntico objeto y basada en el mismo título jurídico, hasta tanto no hayan transcurrido 90 días continuos contados a partir de la verificación de la perención de la instancia.
Otro efecto procesal, es el hecho de que las decisiones interlocutorias que se hubieren dictado antes de verificada la perención, mantienen plenos efectos al igual que las pruebas de autos.
Es con fundamento a la doctrina, jurisprudencia y normativa supra señalada que esta juzgadora constata la ocurrencia de una perención anual en el presente procedimiento, ya que desde el día 08 de Octubre de 2013, fecha en la que la parte actora a través de su apoderado judicial Abg. Héctor Javier Santos, plenamente identificado, solicitó la citación del ciudadano OSWALDO MANUEL GRANADILLO, según lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y visto que hasta la actualidad ha transcurrido más de un (1) año sin que la parte actora haya ejecutado ningún acto del procedimiento. Y así se declara.
-II-
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los cinco (05) días del mes de Mayo de 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación. Regístrese, Publíquese.-

La Jueza Provisoria,
Abg. Joisie James Peraza
La Secretaria Abg. Celsa González A.

En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m).-

La Secretaria
Abg. Celsa González A.

Exp Nº 2925-12
JJP/Cg