TSJ Regiones - Decisión

ASUNTO : UP11-V-2018-000220

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano WALDO JOSE CAMACHO MACIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.726.280, con domicilio en la calle 35 con carrera 15, casa Nro. 33-18, Sector San Juan, Parroquia Concepción Estado Lara, asistido por la abogada Yaritza Molina, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.909.496, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nº 41.455, de este domicilio.

PARTE DEMANDADA: Ciudadana ROSMIRA ALEJANDRA FERNANDEZ DE CAMACHO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.387.532, con domicilio en la Urbanización San Gerónimo, calle 4 casa Nro. 05, Municipio Cocorote, del estado Yaracuy.

NIÑOS: “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” Y “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”.

MOTIVO: DIVORCIO CONTENCIOSO (Ord. 2do. del Artículo 185 del Código Civil).

SÍNTESIS DEL CASO
Se inicia el presente asunto, por demanda incoada por el ciudadano WALDO JOSE CAMACHO MACIAS, ante identificado, asistido por la abogada Yaritza Molina, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nº 41.455, de este domicilio, en contra de la ciudadana ROSMIRA ALEJANDRA FERNANDEZ DE CAMACHO, igualmente antes identificada, por demanda de Divorcio fundada en la causal segundo (2do) del Artículo 185 del Código Civil.
Alegó la parte actora que en fecha 11 de noviembre del 2.005, contrajo Matrimonio Civil con la demandada, y posteriormente fijaron su último domicilio conyugal en Colinas de chaparral, calle principal casa Nro. 33, Municipio Cocorote, estado Yaracuy, y que durante su unión procrearon dos (2) hijos, de nombre ROSANGELICA CAMACHO FERNANDEZ Y FRANCISCO JAVIER CAMACHO FERNANDEZ, Igualmente, señala que durante los primeros años de vida marital, su relación fue armoniosa y feliz, pero a partir del 03 de diciembre del año 2016, decidió no continuar con una relación donde la vida en común no era ni es posible, habiendo tomado lamentablemente la decisión de no continuar con la relación, convirtiéndose entonces en una ruptura prolongada definitiva desde hace dieciséis (16) meses produciéndose así el ABANDONO VOLUNTARIO por parte de este. En ese sentido, compareció ante esta instancia a solicitar la disolución de su unión matrimonial, basándose en el causal segunda (2do) del artículo 185 del Código Civil. Y señaló las Instituciones familiares a favor de sus hijos.
La demanda fue admitida, en fecha 20 de abril del 2.018, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, ordenando la notificación de la parte demandada, a los fines de que conociera la oportunidad fijada para la realización de la Audiencia Única de Mediación y a la Representación del Ministerio Público de este estado.
Notificada válidamente la parte demandada, se acordó por auto de fecha 14 de mayo del 2.018, fijar para el 25 de mayo del mismo año, a las 09:30 a.m., la celebración de la Única Audiencia Preliminar en la Fase de Mediación, con la advertencia que de no comparecer la parte demandante se consideraría desistido el procedimiento, y de no comparecer la parte demandada, se estimaría como contradicha la demanda en todas sus partes.
FASE DE MEDIACIÓN
En fecha 25 de mayo del 2.018, en la oportunidad para la realización de la Audiencia Única de Mediación, se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandante y de la incomparecencia de la parte demandada de autos, se declaró terminada la referida audiencia en su Fase de Mediación.
Al folio 22 del presente expediente, cursa auto donde se hizo constar, que se dio por concluida la Fase de Mediación de la Audiencia Preliminar; en consecuencia, comenzaría a decursar el lapso previsto en el artículo 474 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, y se fijó para el 22 de junio del 2.018, a las 09:30 m., la oportunidad para el inicio de la Fase de Sustanciación de la Audiencia Preliminar en la presente causa.
DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS
A los folios 23 al 26 del presente expediente, corre inserto Escrito de Promoción de Pruebas y anexos presentados por el ciudadano WALDO JOSE CAMACHO MACIAS, asistido por la abogada YARITZA MOLINA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 41.455.
Vencido el lapso legal otorgado en el artículo 474 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, se dejó constancia que la parte demandante presentó su escrito de Promoción de Pruebas, y la parte demandada no contestó la demanda, ni presentó escrito de pruebas en el presente asunto.
FASE DE SUSTANCIACIÓN
En la oportunidad para la realización de la Audiencia de Sustanciación, se dejó constancia de la comparecencia de la parte actora; fueron materializadas las pruebas documentales y de testigos presentadas por la parte demandante. Se dio por concluida la Fase de Sustanciación de la Audiencia Preliminar y se remitió la causa al Tribunal de Juicio.
AUDIENCIA DE JUICIO
En fecha 17 de julio del 2.018, se recibió el presente asunto y se le dio entrada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, asimismo, se fijó para el 02 de agosto del mismo año, a las 09:30 a.m., la oportunidad para la realización de la Audiencia Oral, Pública y Contradictoria de Juicio, de igual modo, se hizo saber a las partes que el día de dicha audiencia, debían comparecer con los niños de autos, para que emitieran su opinión de conformidad con el articulo 80 y 484 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Siendo la oportunidad para llevar a cabo la Audiencia Oral, Pública y Contradictoria de Juicio, se realizó la misma presidida por esta sentenciadora, y se dejó constancia de la presencia en la Sala de Juicio, de la parte demandante asistido de la abogada YARITZA MOLINA, INPREABOGADO N° 41.455. Igualmente, se hizo constar la no comparecencia de la demandada ni por sí, ni por medio de apoderado judicial, se dejó constancia de La presencia de los testigos materializados por la parte demandante. Se concedió el derecho de palabra a la parte actora y a su abogada asistente, quien realizó una síntesis de sus alegatos y los soportes con los cuales los pretendía hacer valer. Seguidamente procedió a proponer las pruebas materializadas en la fase de sustanciación y que solicitaba fuesen incorporadas, a saber: Pruebas documentales y testimoniales. Seguidamente se le dio el derecho de palabra a la abogada de la parte actora, a los fines de dar sus conclusiones quien pidió, fuese declarado con lugar el presente divorcio. Se dejo constancia que no se oyó la opinión de los niños de autos, aun y cuando se le garantizo su derecho de ser oídos con el auto de fecha 17-07-2018, donde se instó a las partes a comparecer a la audiencia de juicios acompañados de los niños para ser oídos y los mismos no comparecieron. Consideradas las pruebas documentales y las testimoniales así como lo expuesto por la abogada de la parte actora, la sentenciadora observó la conveniencia de declarar el Divorcio solicitado, por lo que dictó el dispositivo del fallo, declarando Con Lugar la demanda.
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN
Esta sentenciadora observa, que tal como lo establece el principio general, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y el juez no decide entre las simples y contrapuestas afirmaciones de las partes, sino conforme a los hechos acreditados en el juicio, y es por ello, que los jueces deben analizar y juzgar todas y cada una de las pruebas que se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio respecto de ellas, de conformidad con los artículos 506 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 450 literal “K” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, referida a la valoración de las pruebas conforme a las reglas de la libre convicción razonada. Ahora bien conforme a este deber, quien suscribe procede a analizar las pruebas presentadas e incorporadas en la audiencia de juicio de la siguiente manera.
PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE
DOCUMENTALES
PRIMERO: Copia Certificada del Acta de Nacimiento de los niños “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” Y “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, expedida la primera por la Comisión de Registro Civil y Electoral de la Oficina de Registro Civil del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, distinguida con el Nº 4540, del año 2.007, y la segunda expedida por la Comisión de Registro Civil y Electoral de la Oficina de Registro Civil del Municipio Cocorote del estado Yaracuy, distinguida con el Nº 95, del año 2.013, las cuales rielan a los folios del 5 al 7 del presente asunto. Documentos públicos que revisten pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y la libre convicción razonada, ya que de esta prueba se evidencia el vínculo filial, entre los niños y los ciudadanos WALDO JOSE CAMACHO MACIAS y ROSMIRA ALEJANDRA FERNANDEZ, además de evidenciar su edad, lo cual constituye el fuero atrayente por la materia de este Circuito de Protección, para conocer del presente asunto.
PRIMERO: Copia Certificada del Acta de matrimonio, de los ciudadanos WALDO JOSE CAMACHO MACIAS Y ROSMIRA ALEJANDRA FERNANDEZ VELASQUEZ, expedida por la Comisión de Registro Civil y Electoral de la Oficina de Registro Civil del Municipio Cocorote del estado Yaracuy, distinguida con el N° 95, del año 2005. Documento público que reviste pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 12 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y la libre convicción razonada, de la cual se evidencia el hecho de la unión matrimonial existente entre los mencionados ciudadanos, que origina la pretensión de disolución del vínculo conyugal que se solicita ante esta instancia.

PRUEBAS TESTIMONIALES:

1.- La ciudadana MIROSLABA AGUILAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.581.811, domiciliada en la Municipio Cocorote Sector 2 San Jacinto Calle 2 número 3, de profesión u oficio Licenciada en educación. Quien al ser interrogada por la abogada que asiste a la parte actora manifestó: Que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos WALDO JOSE CAMACHO MACIAS y ROSMIRA ALEJANDRA FERNANDEZ; Que a él desde hace 8 años y a ella desde hace 6 años que fui hacer un trabajo de campo a las comunas; Que sabe y le consta que el ciudadano WALDO JOSE CAMACHO MACIAS contrajo matrimonio por más de 12 años con la ciudadana ROSMIRA ALEJANDRA FERNANDEZ; Que sabe y le consta que en fecha 03 diciembre del año 2016 el ciudadano Waldo abandono el hogar común por todas las discusiones que tenía con su esposa, porque en la oportunidad que él se fue de la casa yo era compañera de trabajo y justamente ese día fui a su casa a darle una información de trabajo y me encontré con la sorpresa de que el salía con su pertenencias de su hogar para no regresar por las múltiples discusiones y diferencias que tenia con su esposa; Que tiene conocimiento que las discusiones entre ellos eran constante y en frente de los niños y le consta porque una vez en el trabajo llego la esposa con la e los niños discutiendo con Waldo y exigiéndole de forma grosera cosas para los niños; Que sabe y le consta que de la unión matrimonial entre los prenombrados ciudadanos procrearon dos hijos, una niña de nombre “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” y el niño de nombre “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”; Que sabe y le consta que desde el 03 de diciembre de 2016, hasta la presente fecha no ha habido reconciliación alguna entre ellos, y por ello aun viven en residencias separadas; Que le consta lo declarado porque presencio los hechos antes declarados y conoce desde hace tiempo a cada uno de ellos.

2.- El ciudadano EDUARD SANTIAGO VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.442.701, domiciliado en Cañaveral Calle principal segundo callejón de la escuela, de profesión u oficio Licenciado en economía social. Quien al ser interrogado por la abogada que asiste a la parte actora manifestó: Que conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos WALDO JOSE CAMACHO MACIAS y ROSMIRA ALEJANDRA FERNANDEZ,; Que sabe y le consta que el ciudadano WALDO JOSE CAMACHO MACIAS contrajo matrimonio por más de 12 años con la ciudadana ROSMIRA ALEJANDRA FERNANDEZ; Que sabe y le consta que en fecha 03 diciembre del año 2016 el ciudadano Waldo abandono el hogar común por todas las discusiones que tenía con su esposa y le consta porque él estaba ese día visitando a un familiar que vive cerca del hogar de Waldo y presencio cuando él se fue con su cosas en un taxi, y cuando retornamos al trabajo corrobore lo visto; Que tiene conocimiento que las discusiones entre ellos eran constante y frente a los niños, una vez vio en la casa de ellos cuando discutían; Que sabe y le consta que de la unión matrimonial entre los prenombrados ciudadanos procrearon dos hijos, una niña de nombre Rosangelica y el niño de nombre Francisco Javier. Que sabe y le consta que desde el 03 de diciembre de 2016, hasta la presente fecha no ha habido reconciliación alguna entre ellos y viven en residencias separadas. Que le consta lo declarado porque lo he visto y oído.
Testimoniales éstas a las cuales se les otorga el mérito probatorio de autos, demostrando las testigos ser hábiles, verosímiles, y contestes en sus declaraciones, no se aprecian contradicciones entre las preguntas y las respuestas proporcionadas, llevando a esta sentenciadora a través de un proceso lógico inductivo-deductivo y de los conocimientos de hecho que se encuentran comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia, utilizando al efecto principios de la sana crítica, a la convicción de los hechos por ellos narrados, es por lo que son apreciadas plenamente, atendiendo a los criterios de la libre convicción razonada, concediéndoles por ello pleno valor probatorio a sus declaraciones de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se valoran sus afirmaciones, sobre la causal segunda de divorcio alegada por el cónyuge demandante y así se declara.
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
El presente asunto, se tramitó por el procedimiento contencioso establecido en el artículo 450 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como correspondía. Este Tribunal, es competente para conocer del presente asunto de Divorcio, conforme a las facultades que le confiere el Parágrafo Primero, literal (J) del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que atribuye la facultad para conocer y decidir de los asuntos que contengan como objeto el Divorcio; y por ser su último domicilio conyugal en el estado Yaracuy, lo cual está dentro del ámbito de la competencia de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 453 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y por existir dos niños dentro de la relación matrimonial.
DEL DERECHO APLICABLE Y MOTIVOS PARA DECIDIR
Alegó la parte actora que en fecha 11 de noviembre del 2.005, contrajo Matrimonio Civil con el demandado, y posteriormente fijaron su último domicilio conyugal en colinas de chaparral, calle principal casa nro. 33, Municipio Cocorote, estado Yaracuy, y que durante su unión procrearon dos (2) hijos, de nombre “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” Y “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, Igualmente, señala que durante los primeros años de vida marital, su relación fue armoniosa y feliz, pero a partir del 03 de diciembre del año 2016, decidió no continuar con una relación donde la vida en común no era ni es posible, habiendo tomado lamentablemente la decisión de no continuar con la relación, convirtiéndose entonces en una ruptura prolongada definitiva desde hace dieciséis (16) meses produciéndose así el ABANDONO VOLUNTARIO por su parte. En ese sentido, compareció ante esta instancia a solicitar la disolución de su unión matrimonial, basándose en el causal segundo (2do) del artículo 185 del Código Civil. Y señaló las Instituciones familiares a favor de sus hijos.
.Ahora bien, el matrimonio impone a los cónyuges una conducta especial en relación a la naturaleza del vínculo contraído y que debe estar ceñido a la serie de obligaciones que señala el propio legislador; existiendo dentro del matrimonio obligaciones recíprocas de respeto a la dignidad, al honor, reputación, integridad física y moral entre los esposos; así como de socorrerse mutuamente.
De igual manera el Código Civil Venezolano, en su artículo 184, señala “todo matrimonio se disuelve… por Divorcio,” y así preceptúa y en su artículo 185 contempla que: “Son causales únicas de Divorcio: … 2º El abandono voluntario... (Cursivas del Tribunal). Causal que se consuma no sólo con la ausencia o la separación física de alguno de los cónyuges del hogar, sino que puede consumarse con la desatención y la falta de auxilio y apoyo mutuo a que están obligados los cónyuges por efecto del matrimonio.
El artículo 137 del Código Civil, establece que:
“…Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y de socorrerse mutuamente…”. (Cursivas del Tribunal).

Es este deber de convivencia la base fundamental del matrimonio, la obligación que señala el artículo 137 del Código Civil, se impone a cada cónyuge y corresponde lógicamente el derecho del otro esposo de exigir su cumplimiento. Tal derecho es irrenunciable, porque viene a constituir uno de los elementos integrantes del matrimonio en sí, sin el cual la sociedad conyugal no puede existir. El matrimonio como asociación SUI GENERIS, de naturaleza especial, fuente y origen de situaciones y nexos únicos en su contenido, requiere de la vida en común de sus integrantes para obtener así su normal desarrollo. La verdadera integración de ese conjunto heterogéneo no se logra sin esa convivencia, partiendo de la necesaria orientación de los hijos, la formación y desarrollo del patrimonio comunitario; el mantenimiento del mutuo respeto y recíproco cariño. La convivencia es indispensable para la consolidación del matrimonio y la formación de la familia.
El artículo en análisis, establece la Obligación Reciproca de Socorro entre Esposos, este auxilio viene a ser el aludido en el artículo 139 eiusdem, mediante el cual los esposos contribuyen en la medida de sus posibilidades económicas a la satisfacción de sus necesidades, la norma planteada alude El Socorro Moral y Espiritual, entre otros.
Así mismo establece el artículo 140 del Código Civil que:
“Los cónyuges, de mutuo acuerdo tomarán las decisiones relativas a la vida familiar y fijarán el domicilio conyugal”. (Cursivas del Tribunal).
En atención a las transcritas normas, se deduce que la convivencia y cohabitación es una de las obligaciones que emanan directamente del matrimonio e instruye sobre la obligación de los cónyuges de ponerse de acuerdo sobre el lugar común donde convivirán, esto es, el domicilio conyugal, obligaciones éstas que sólo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre ellos o mediante autorización judicial y que de incumplirse tiene tal relevancia que configuran causal expresa de disolución del matrimonio, a tal punto que el legislador ha establecido como causal de Divorcio en el numeral segundo (2do) del artículo 185 del Código Civil “el abandono voluntario” causal invocada por la parte actora.
Se entiende por abandono voluntario el incumplimiento grave, injustificado y ocurrido de forma intencional, por parte de uno de los cónyuges, respecto de las obligaciones de cohabitación, asistencia, socorro y protección que el matrimonio impone de manera recíproca. Este abandono puede o no incluir el desplazamiento efectivo del cónyuge culpable fuera del hogar, ya que esa posibilidad configura solamente una de las muchas maneras cómo uno de los cónyuges puede exteriorizar el incumplimiento de las obligaciones que le corresponde; pero no ha de creerse, por tal motivo, que existan dos causales autónomas de abandono, física una y moral o efectiva la otra, ya que en todo instante el abandono voluntario queda configurado por el incumplimiento en sí de las obligaciones, no por la manera cómo se las incumpla. (TSJ/25/02/1987).
En la doctrina patria, la autora Isabel Grisanti Aveledo de Luigi, en su obra expone: “B. El Abandono voluntario (ordinal 2º artículo 185 C.C.)... como causal de divorcio consiste en el incumplimiento grave, voluntario e injustificado, de los deberes conyugales (deberes de asistencia, de socorro, de convivencia). Para que se configure la causal de abandono voluntario, es menester que la trasgresión de las obligaciones conyugales sea grave, voluntaria e injustificada. Es grave, cuando el incumplimiento de los deberes conyugales responde a una actitud sostenida, definitiva, del marido o de la mujer. No constituye abandono voluntario, en consecuencia, los simples hechos causales, discontinuos o pasajeros. Es voluntaria cuando resulta del acto intencional del cónyuge. Si uno de los esposos ha dejado de cumplir sus obligaciones conyugales por causas ajenas a su voluntad (por estar prisionero, por enfermedad, etc.) no incurre en la causal comentada. Los actos que configuran el abandono voluntario de un cónyuge deben haber sido realizados con el propósito preciso y determinado de infringir los deberes derivados del matrimonio… Es, por último, injustificada cuando no existe causa suficiente que justifique el incumplimiento grave y consciente de las obligaciones derivadas del matrimonio. Así, si uno de los cónyuges ha sido autorizado por el Juez competente, para separarse de la residencia común, si existe sentencia de separación de cuerpos, si el esposo abandonado amenazó seriamente al otro para constreñirlo al abandono, no ha habido abandono injustificado. El abandono voluntario es causal de divorcio facultativa. Comprobados los hechos alegados por el demandante, corresponde al Juez competente apreciar, si en el caso concreto que se le somete, hubo o no infracción grave de los deberes que resultan del matrimonio”. (Lecciones de Derecho de Familia-2002-p. 290).
En el mismo orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, en sentencia distinguida con el nro. 790, con ponencia del Magistrado Franklin Arriechi, de fecha 18 de diciembre del 2003, señaló: “En criterio de la Sala, el abandono voluntario no comprende la separación de uno de los cónyuges del lugar en que habitan que sirve de hogar, sino el “…incumplimiento injustificado por parte de un cónyuge de los deberes fundamentales que conforme a la ley le impone el matrimonio con respecto del otro…”. (Sent. 13-07-76). G.F. N° 93 III Etapa, pág. 333. Caso: Valentín García Cuesta c/ Sonja Teodorita Quirindongo de García. En este sentido, la misma Sala ha precisado que: “…Dos cónyuges pueden vivir en casas y hasta en poblaciones distintas y, sin embargo, no haber incurrido ninguno de ellos en el abandono voluntario capaz de disolver el vínculo conyugal por divorcio. A la inversa, puede darse el caso de que los esposos vivan bajo el mismo techo y, sin embargo, haberse consumado entre ellos el abandono voluntario, por encontrarse separados realmente de cuerpos y espíritu…”. (Sent. 29-09-82). G.F. 117. Vol. I 3ra. Etapa. Caso: José Cirilo Rondón Lozada c/ María de los Santos Torres.
En el presente caso considera quien juzga que está demostrado por la parte actora los hechos en los cuales, fundamenta su demanda con las declaraciones de los testigos, ciudadanos MIROSLABA AGUILAR y EDUARD SANTIAGO VASQUEZ, ya que la conducta de la demandada fue contraria a los deberes impuestos al contraer matrimonio, y la negativa injustificada del débito conyugal con el demandante lo que configura las condiciones que deben darse para el abandono voluntario. Igualmente quedó demostrada, la convivencia de los cónyuges en hogares separados, y no habiendo la demandada contestado la demanda, y no promovió pruebas alguna, ni compareció a la audiencia de juicio, por lo que no quedó desvirtuado lo dicho por la parte actora, ni por los testigos, siendo evidente que sí está configurada la causal segunda, es decir el abandono voluntario por parte del demandado, es por lo que considera quien decide que lo procedente en derecho es declarar la disolución del vínculo conyugal y así se establece.
Es importante resaltar que una de las consecuencias derivadas del matrimonio es la procreación y es misión de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, garantizar el goce y disfrute, de todos los derechos que la Ley les consagra e incluso aquellos que siendo inherentes a la persona humana no estén expresamente señalados en la Ley, por lo que se procederá a establecer en beneficio de los niños de autos las instituciones familiares establecidas en la ley que rige la materia.
DECISIÓN
En mérito a las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la presente demanda de DIVORCIO fundada en el artículo 185, numeral segundo (2do) del Código Civil, presentada por el Ciudadano WALDO JOSE CAMACHO MACIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.726.280, con domicilio en la calle 35 con carrera 15, casa Nro. 33-18, Sector San Juan, Parroquia Concepción Estado Lara, asistido por la abogada Yaritza Molina, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.909.496, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nº 41.455, contra la ciudadana ROSMIRA ALEJANDRA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.387.532, con domicilio en la Urbanización San Gerónimo, calle 4 casa Nro. 05, Municipio Cocorote, del estado Yaracuy; en consecuencia, queda “Disuelto el Vínculo Matrimonial” contraído entre ellos el día once (11) de noviembre del año dos mil cinco (2.005), según Acta de Matrimonio N° 95, emanada por la Coordinación de la Comisión de Registro Civil y Electoral de la Oficina de Registro Civil del Municipio Cocorote del estado Yaracuy, distinguida con el N° 95, del año 2.005, la cual riela al folio 4 del expediente. SEGUNDO: En cuanto a las Instituciones Familiares a favor de los niños de autos, quedan establecidas de la siguiente manera: TERCERO: Ambos padres, tendrán la Patria Potestad y la Responsabilidad de Crianza sobre sus hijos. CUARTO: La Responsabilidad de Custodia, será ejercida por la madre. QUINTO: Con respecto al Régimen de Convivencia Familiar, este tribunal en aras al interés superior de los niños de autos, fija un régimen de convivencia en el cual el padre compartirá con los niños los fines de demanda cada quince días buscándolos en su hogar el día viernes a las 4:30 p.m. y retornándolos a su hogar el día domingo a las 4:30 p.m., en cuanto a las vacaciones de carnaval, semana santa, escolares y días feriados serán compartidos por ambos progenitores por partes iguales. En cuanto a las vacaciones decembrinas el padre compartirá con los niños el 24 de diciembre y la madre el día 31. SEXTO: En cuanto a la Obligación de Manutención, este tribunal en aras al interés superior de los niños, en cuanto a la situación inflacionaria y el alto costo de la vida, establece que el padre le aportará a sus hijos la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES MENSUALES (3.500.000, Bs.), los cuales serán depositados dentro de los primero cinco día de cada mes en la cuenta de ahorros Nº 01020743650100010807 aperturada por ante el banco Venezuela a nombre de la madre de los niños. Para el mes de septiembre por concepto de uniformes y útiles escolares el padre aportara la cantidad de OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (8.000.000, Bs.) los cuales serán depositados en la cuenta de ahorros antes indicada. Para el mes de Diciembre como aguinaldos, el padre aportara para sus hijos la cantidad de CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (40.000.000, Bs), los cuales depositara en la cuenta de ahorro antes indicada. OCTAVO: En cuanto a los gastos extras que se presenten a los hijos por concepto de médicos, medicinas, ropa y calzado serán cubiertos por los progenitores en partes iguales en un 50% cada uno. NOVENO: De conformidad con el artículo 506 del Código Civil, una vez quede firme la presente sentencia, insértese íntegramente la misma en los libros del Registro Civil del Municipio Cocorote de este estado, remitiéndose copia certificada a los fines de estampar la nota marginal correspondiente en el Acta de Matrimonio respectiva. Una vez ocurrido el asiento respectivo, el ciudadano Registrador Civil, deberá dar cuenta al tribunal y al Registrador principal del estado Yaracuy.
Publíquese, regístrese, déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe a los ocho (08) días del mes de agosto del año Dos Mil Dieciocho (2.018). Años 207° de la Independencia y 159º de la Federación.
LA JUEZA,

ABG. EMIR J. MORR NÚÑEZ.
LA SECRETARIA,

ABG. ANGELICA GIMENEZ

En esta misma fecha y siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), se registró y publicó la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

ABG. ANGELICA GIMENEZ