REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY. San Felipe, 02 de agosto de 2018. Años: 208º y 159º. EXPEDIENTE: N° 2.595-18. PARTE SOLICITANTE: Ciudadanos ILARRAZA RAFAEL ÁNGEL y CAPDEVIELLE LÓPEZ SCARLET VICENTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-4.966.938 y V-5.458.542 respectivamente, ambos de este domicilio. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE SOLICITANTE: RAMIREZ JAHIR ALEXANDER, Inpreabogado Nº 227.312. MOTIVO: DIVORCIO 185-A. Se inicia el presente procedimiento de DIVORCIO 185-A, mediante solicitud, suscrita y presentada por los ciudadanos ILARRAZA RAFAEL ÁNGEL y CAPDEVIELLE LOPEZ SCARLET VICENTA, antes identificados, debidamente asistidos por el abogado RAMIREZ JAHIR ALEXANDER, Inpreabogado Nº 227.312. Manifiestan los solicitantes que en fecha 10 de abril de 2006, contrajeron matrimonio por ante el Registro Civil del Municipio Autónomo San Felipe del Estado Yaracuy,, tal como se evidencia del Acta de Matrimonio N° 44, la cual anexan en copia certificada marcada con la letra “A”, y que cursa del folio 4 al 6, y sus vueltos de la causa. Que posteriormente fijaron su domicilio conyugal en la calle 29 con avenida Libertador y sexta avenida, municipio Independencia, estado Yaracuy. Que de dicha unión no procrearon hijos, ni adquirieron bienes que liquidar, y que además por desavenencias y dificultades insuperables, surgidas en el curso de un (1) año de su vida conyugal, deciden solicitar el divorcio de mutuo consentimiento y conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil. Finalmente solicitan, se ordene la citación de la Fiscal del Ministerio Público competente, que sea admitida su solicitud, sustanciada y declarada con lugar en la definitiva, y se les expidan copias certificadas de sentencia. La solicitud fue recibida el 23 de abril de 2018, se admitió en fecha 26 de abril de 2018; ordenándose en la misma fecha la citación de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En fecha 26 de junio de 2018, la Secretaria Temporal deja constancia que el Tribunal fue provisto de las copias fotostáticas simples, y se ordenó certificar compulsa de citación dirigida a la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, consta al folio 9 del expediente. En fecha 16 de julio de 2018, el Alguacil consignó boleta de citación debidamente firmada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, tal como consta a los folios 10 y 11 de la presente causa. AL RESPECTO EL TRIBUNAL OBSERVA: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo que este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto y al efecto observa: La Competencia viene a ser la autorización que tiene cada Juez (a) o Tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas interesadas. Por ello, el Profesor Mattirolo, expresó que la “competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”. La competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un sólo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional. Ahora bien, encontrándose este Juzgado competente para decidir la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señalan los solicitante en su escrito, manifestando como su último domicilio conyugal la calle 29 con avenida Libertador y sexta avenida, municipio Independencia, estado Yaracuy, tal como consta al folio 1 del presente expediente, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones: Los solicitantes para fundamentar su petición, consignaron copia certificada del acta de matrimonio, expedida por el Registro Civil del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, signada bajo el Nº 44, de fecha 10 de abril de 2006, que anexa a la solicitud marcada con la letra “A”, y corre inserta del folio 4 al 6, y sus vueltos de la presente causa, con la cual se evidencia indubitablemente, que las partes, celebraron el matrimonio civil, previo cumplimiento de las formalidades correspondientes. En cuanto a la referida acta de matrimonio, por tratarse de copias certificadas de documento público (por haber sido inscrito y autorizado ante el Registro Civil, esto es, ante un funcionario con competencia para darle fe pública), contra el cual no fue ejercido medio de impugnación alguno, se le asigna pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil Venezolano, el cual reza: “...Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado...” La Jurisprudencia a éste respecto ha seguido las enseñanzas del Jurista Feo, quien expresa que todas las corporaciones, autoridades o funcionarios, tienen señalados por la Ley sus respectivas atribuciones, dentro de su jurisdicción, las que llevan el carácter de autenticidad. Tales actos tienen que entrar en la categoría de Instrumentos Públicos, para que la Ley sea cumplida y tenga sus efectos. Partiendo de este concepto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil Venezolano, el documento público hace plena fe, tanto para las partes como para los terceros. Así lo establece el artículo 1357 del Código Civil Venezolano y tenemos que en el presente caso el documento público fue traído al proceso junto al libelo de la demanda en copias fotostáticas certificadas, por lo que el mismo conserva todo su valor y se comprueba que la legitimidad de las partes está demostrada con el acta de matrimonio antes valorada; la misma conserva todo su valor probatorio. Y así de declara. Por otra parte, establece el artículo 185-A del Código Civil: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio. (Omissis) Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados. Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”. Ahora bien, en primer lugar se evidencia de la revisión de las actas procesales que conforman este expediente, que la legitimidad de las partes está demostrada con la ya referida Acta de Matrimonio consignada en copias certificadas, signada con el N° 44, de fecha 10 de abril de 2006, emanada del Registro Civil del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, del matrimonio celebrado entre los ciudadanos ILARRAZA RAFAEL ÁNGEL y CAPDEVIELLE DE ILARRAZA SCARLET VICENTA, ya identificados up supra, debidamente valorada. No existe objeción alguna por parte de la Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, tal como se desprende de la diligencia contentiva de la opinión favorable, cursante en autos, folio 12 de la causa. El Tribunal no hace pronunciamiento expreso en cuanto a bienes de liquidación por motivo de la unión conyugal, por cuanto en el escrito libelar los solicitantes manifestaron no haberlos adquiridos. Por todos los fundamentos expuestos, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO 185-A, efectuada por los ciudadanos ILARRAZA RAFAEL ÁNGEL y CAPDEVIELLE LÓPEZ SCARLET VICENTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-4.966.938 y V-5.458.542 respectivamente, ambos de este domicilio, debidamente asistidos por el abogado RAMIREZ JAHIR ALEXANDER, Inpreabogado Nº 227.312; en consecuencia, se DECRETA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, que los unía y contraído entre ellos, en fecha 10 de abril de 2006, por ante el Registro Civil del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, según consta en Acta Nº 44, que anexa a la solicitud marcada con la letra “A”, y corre inserta del folio 4 al 6, y sus vueltos, del presente expediente. SEGUNDO: Una vez quede firme la presente decisión, se ordena participar lo conducente al Registro Civil del Municipio San Felipe, y al Registro Principal, ambos del estado Yaracuy, todo conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente. TERCERO: Una vez quede firme la sentencia, se acuerda expedir por Secretaría, dos (02) juegos de copias certificadas de la sentencia, la cual fue solicitada por las partes en el escrito libelar, una vez que la parte provea los medios necesarios para la misma. CUARTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la naturaleza de la presente decisión. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIAS CERTIFICAS. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, a los dos (02) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018). Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación. La Jueza Temporal, Abg. María Elena Camacaro La Secretaria Temporal, Abg. Mayairy Y. Rangel O En esta misma fecha, y siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a. m.), se dictó y publicó la anterior decisión. La Secretaria Temporal, Abg. Mayairy Y. Rangel O.