REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 03 de agosto de 2018.
Años: 208° y 159°.

EXPEDIENTE: Nº 2.583-18.

PARTE SOLICITANTE: Ciudadano MONTANEZ CAZORLA JUAN JOSE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.726.239, con domicilio procesal ubicado en la avenida Cedeño con callejón Cascabel, municipio Independencia, estado Yaracuy.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE SOLICITANTE:

PARTE DEMANDADA: ALVARADO COLINA OSMEL, Inpreabogado N° 232.406.

Ciudadana MAURERA MERCHAN JOANNA EMIRLIN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.311.969 y domiciliada en la calle 4, Nueva Guiria, municipio Valdez, estado Sucre.

MOTIVO: DIVORCIO 185-A (DESISTIMIENTO).

Por recibida mediante distribución la presente solicitud de DIVORCIO 185-A, suscrita y presentada por el ciudadano MONTANEZ CAZORLA JUAN JOSE, arriba identificado, asistido del abogado ALVARADO COLINA OSMEL, Inpreabogado N° 232.406, contra la ciudadana MAURERA MERCHA JOANA EMIRLIN, arriba identificada.
En fecha 16 de abril de 2018 se le dio entrada a la presente demanda y se ordeno citar a la parte demandada antes mencionada y a la Fiscal del Ministerio Público competente, como consta del folio 9 al 11, de la presente causa.
En fecha 20 de abril de 2018; la parte actora ciudadano MONTANEZ CAZORLA JUAN JOSE, asistido del abogado ALVARADO COLINA OSMEL, ambos debidamente identificados, mediante diligencia solicita se comisione al Tribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Segundo Circuito del Estado Sucre a los fines de notificar a la ciudadana MAURERA MERCHAN JOANNA EMIRLIN, arriba identificada, así como sea nombrado correo especial, lo cual fue acordado por auto de fecha 24 de abril de 2018 y se libró oficio N° 0.144/2018 con la inserciones pertinentes.
Provisto como fue el Tribunal de las copias simples, en fecha 13 de junio de 2018, la Secretaria del Tribunal dejó constancia de haberse librado los recaudos de citación a la demandada de autos, ciudadana MAURERA MERCHAN JOANNA EMIRLIN, como fue ordenado en el auto de admisión. En fecha 25 de junio de 2018, el Alguacil del Tribunal dejó constancia de haber entregado a la parte actora el oficio, despacho y boleta de citación a los fines de que sea practicada la citación de la parte demandada.
En fecha 27 de junio de 2018, el Alguacil consignó boleta de citación debidamente firmada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, tal como consta a los folios 17 y 18, de este expediente.
En fecha 01 de agosto de 2018, (folio 19 del expediente), cursa diligencia presentada por el ciudadano MONTANEZ CAZORLA JUAN JOSE, asistido del abogado ALVARADO COLINA OSMEL, ambos arriba identificados y en la que solicita el desistimiento del Divorcio que interpuso contra la ciudadana MAURERA MERCHAN JOANNA EMIRLIN, ya ampliamente identificada, y le sea devuelto el acta de matrimonio, y copia de las cédulas que cursan en el expediente.
Antes de pasar a decidir, este Tribunal pasa a realizar las siguientes observaciones:
Define el tratadista Emilio Calvo Baca en su obra Código de Procedimiento Civil, el término de desistir es declarar la voluntad de terminar o renunciar a la demanda, o a ésta y la pretensión según sea el caso, por lo cual siempre debe ser expresa. Por eso, no es desistimiento algún acto que parezca indicar esos fines, no se admite el desistimiento tácito.
Por su parte el autor del Diccionario Jurídico Elemental, Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, señala:
“A. En Derecho Civil. Abandono o abdicación de un derecho. II Renuncia de un pacto o contrato cuya ejecución ha comenzado. (v. Abandono, Cesión, Renuncia.) (…) (…) C. En Derecho Procesal. Abandono, deserción o apartamiento de acción, demanda, querella, apelación o recurso. (…)”.

La regla general para el desistimiento está prevista en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, que establece:
“...En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria...”.
Por su parte, el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil establece que:
“El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria”.
De la norma antes transcrita, se desprende que es incuestionable expresar que la parte demandante tiene la posibilidad de desistir del procedimiento, condicionándosele a que, si dicho desistimiento se efectúa después del acto de contestación de la demanda requiere la aceptación de la otra parte, pues caso contrario el juez o jueza deberá proseguir el juicio hasta que se produzca la sentencia. No puede permitirse al demandante que mediante su manifestación de voluntad elimine una controversia ya iniciada y de la cual el demandado podrá tener alguna expectativa de derecho.
Por su parte, respecto al desistimiento con relación a uno de los integrantes del litisconsorcio pasivo necesario, el tratadista venezolano Rengel-Romberg, señaló en su obra: “TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO”, Tomo II, lo siguiente:
“…La autonomía de los sujetos que integran la relación jurídica litisconsorcial, significa que los actos de un litisconsorte no aprovechan ni perjudican a los demás, porque cada uno es considerado en sus relaciones con la parte contraria, como litigantes separados (Art. 147 C.P.C.). Por tanto, lo efectos vinculantes del desistimiento de la acción, del convenimiento en la demanda, y de la confesión, se producen sólo para el litisconsorte que desiste, conviene o confiesa.

De este modo, se concibe que el desistimiento del procedimiento es una forma de autocomposición procesal que produce los mismos efectos de una sentencia, terminando el litigio pendiente, poniendo fin al proceso y a la litis, subrogándose a la sentencia, teniendo entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.
Por ello, el procesalista venezolano Dr. Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987; Teoría General del Proceso; Tomo II, Editorial Arte, 1994, páginas 364 y 365, al referirse al desistimiento afirma:
“...el desistimiento del procedimiento se puede definir como el acto del demandante que extingue el proceso por renuncia a los actos del juicio, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria, a menos que se efectúe después de la contestación de la demanda, caso en el cual se requiere ese consentimiento para que tenga validez…”.

Así, el desistimiento es la renuncia a esa exigencia que se le hace “…al estado de someter el interés ajeno al interés propio...”, es decir, el abandono indirecto del interés sustancial legítimo.
Por otro lado, siendo la misma ley la que legítima al demandante para extinguir el acto procesal con la figura del desistimiento, no es más que la regla, sin embargo la excepción a esa regla, es que una vez trabada la litis, se requiere del consentimiento de la parte demandada para que tenga validez, pues una cosa es la legitimación para realizar el acto, que corresponde al demandante y otra son las condiciones de eficacia (conditio juris) que pueda establecer la ley para aquel acto del demandante.
Una de las características del desistimiento es el que puede realizarse en cualquier estado de la causa, esto es, mientras no haya concluido por sentencia firme o por cualquier otro acto que tenga fuerza tal, pues por su propia naturaleza, el desistimiento es la forma por excelencia de autocomposición procesal. Igualmente, cuando no se encuentra trabada la litis, puede el actor abandonar el procedimiento sin que el demandado pueda oponerse a ello.
En este orden de ideas, tratándose el presente procedimiento, de una demanda de DIVORCIO 185-A, suscrita y presentada por el ciudadano MONTANEZ CAZORLA JUAN JOSE, asistido del abogado ALVARADO COLINA OSMEL, antes mencionados y ampliamente identificados, en la cual puede desistir; y verificada como ha sido por el Tribunal la facultad expresa del demandante, para desistir de la presente demanda; en consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil, imparte su homologación en la presente solicitud. Y ASÍ SE DECIDE.
Por todo lo anteriormente planteado, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley,
DECLARA:
PRIMERO: LA PROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE DOVORCIO 185-A, suscrita y presentada por el ciudadano MONTANEZ CAZORLA JUAN JOSE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.726.239, con domicilio procesal ubicado en la avenida Cedeño con callejón Cascabel, municipio Independencia, estado Yaracuy, contra la ciudadana MAURERA MERCHAN JOANNA EMIRLIN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.311.969 y domiciliada en la calle 4, Nueva Guiria, municipio Valdez, estado Sucre; conforme lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, este Tribunal DECLARA TERMINADA LA PRESENTE SOLICITUD y ordena el archivo del expediente. Remítase con oficio, en la oportunidad que corresponda al Archivo Judicial Regional del Estado Yaracuy.
SEGUNDO: Se ordena devolver los documentos solicitados, cursantes a los folios 5, 6 y su vuelto, y 7, una vez que la parte proporcione las copias fotostáticas para su realización.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIAS CERTIFICADAS.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe, a los tres (03) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
La Jueza Temporal,

Abg. María Elena Camacaro
La Secretaria Temporal,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.

En la misma fecha, siendo la una y cinco minutos de la tarde (01:05 p. m.), se dictó y publicó la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.