TSJ Regiones - Decisión

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
EXPEDIENTE: Nº 7921
DEMANDANTE: MARIELA ROJAS DE GARRIDO, venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.649.922, domiciliada en la Avenida Yaracuy, Conjunto Residencial La Floresta, Edificio N° 2, Apartamento 2-2ª, Municipio San Felipe, del Estado Yaracuy.
APODERADOS JUDICIALES: Abogados Enderson Javir Mora Hernández y Gianpiero Gallardo Yerovi, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.818.801 y V-14.458.781, e inscrito en el Inpreabogado bajo los números 228.190 y 103.055, respectivamente.
DEMANDADO: JUAN CARLOS GARRIDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.854.557; domiciliado en la Calle 8 entre Avenidas 7 y 8, Casa S/N, Casa Color Blanco con Rejas Blancas de Dos Plantas, Chivacoa del Municipio Bruzual del estado Yaracuy.
MOTIVO: DIVORCIO, formulado en la Causal 2da del artículo 185 del Código Civil.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
MATERIA: CIVIL.
I
La Ciudadana MARIELA ROJAS DE GARRIDO, venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.649.922, domiciliada en la Avenida Yaracuy, Conjunto Residencial La Floresta, Edificio N° 2, Apartamento 2-2ª, Municipio San Felipe, del Estado Yaracuy, asistida por el abogado Gianpero Gallardo Yerovi, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 103.055, ocurrió ante este Juzgado, para demandar por DIVORCIO, formulado en la Causal 2da del artículo 185 del Código Civil, contra el ciudadano JUAN CARLOS GARRIDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.854.557; domiciliado en la Calle 8 entre Avenidas 7 y 8, Casa S/N, Casa Color Blanco con Rejas Blancas de Dos Plantas, Chivacoa del Municipio Bruzual del estado Yaracuy.
II
En fecha 24 de abril de 2018 (folio 44), fue presentada por ante el tribunal distribuidor la demanda, correspondiéndole por sorteo a este Juzgado, quien la recibió en esta misma, procediendo a darle entrada y asignarle numeración el día 26 de abril del 2018 (folio 45). Así mismo se ordenó emplazar al demandado de autos de conformidad con lo previsto en el Artículo 756 del Código de procedimiento Civil, librándose compulsa con copia certificada del libelo de demanda, en virtud que el demandado de autos está domiciliado en el Municipio Bruzual del estado Yaracuy, por lo que se comisionó suficientemente al Juzgado del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial de este estado Yaracuy, a los fines que gestionara la citación del ciudadano JUAN CARLOS GARRIDO, en la forma prevista en el Artículo 218 del código citado; así como la boleta de notificación a la Fiscal Séptima del Ministerio Publico de esta Circunscripción. Se libró compulsa, Boleta de Notificación, Despacho, Edicto y Oficio.
En fecha 03/05/2018 (folio 51), se recibió diligencia de la ciudadana Mariela Rojas De Garrido, venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.649.922, parte actora en la presente causa, otorgando Poder Apud-Acta a los abogados Enderson Javir Mora Hernández y Gianpiero Gallardo Yerovi, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.818.801 y V-14.458.781, e inscrito en el Inpreabogado bajo los números 228.190 y 103.055, respectivamente, siendo certificado por la secretaria de este Juzgado.
En fecha 31/05/2018 (folio 52), el Juez Temporal abogado Villasmil Antonio Petit, se aboco al conocimiento de la presente causa.
En fecha 01/06/2018, el alguacil Temporal de este Tribunal procede a consignar oficio, despacho y recibo con compulsa para la citación del demandado de autos del folio 53 al 56, en base a lo establecido en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 06 de Julio de 2004, en Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente Carlos Oberto Vélez; así como la boleta de notificación del Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial (folio 57 y 58.
Revisadas las actas que conforman el presente proceso, constata quien Juzga que desde el día de su admisión llevada a cabo el día 26/04/2018, hasta el día 01/06/2018, en la declaración del alguacil de este tribunal, donde señala la consignación del despacho y recibo con compulsa para la citación del demandado de autos del folio 53 al 56, en base a lo establecido en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 06 de Julio de 2004, en Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente Carlos Oberto Vélez; así como la boleta de notificación del Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, (folio 57 y 58); por lo que se evidencia que han transcurrido más de 30 días consecutivos, sin que la parte interesada haya puesto a disposición del Alguacil los recursos necesarios para la elaboración de la compulsa que va anexa en el referido despacho.
Nos indica el artículo 267.1° del Código de Procedimiento Civil que…También se extingue la instancia:
1º) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…".
Por su parte, el artículo 269 eiusdem, señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.”.
De la norma transcrita se observa que la perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias.
Ha señalado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sentencia Nro. 537 de fecha 6 de julio de 2.004, que:
"…es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1° destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO…".
Corren a cargo del demandante el cumplimiento de ciertas obligaciones que ha de llevar a cabo dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma. No obstante, alguna de las obligaciones han perdido vigencia por aplicación del principio de la gratuidad de la justicia contemplado en el artículo 26 de la Constitución Nacional, tales como las contempladas en el artículo 17, aparte I, numeral 1° y 2°, y aparte II, numeral 1° de la Ley de Arancel Judicial, las que no cuentan para los efectos de la perención breve, sin embargo, existen otras obligaciones que se mantienen vigentes, tales como la obligaciones contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, el cual señala:
"Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.
El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de pagar los interesados".
Continúa diciendo el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia antes indicada, que:
"…la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferentes maneras, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención".
Por tanto, dicha Sentencia indica que las obligaciones a cargo de las partes a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, que las mismas:
"…se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones, independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta (la gratuidad) hace sólo referencia al arancel o ingreso público tributario".
Concluye diciendo el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia señalada:
"…la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que pongan a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuanto ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…".
Quien Juzga, acoge de conformidad con lo señalado en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, la doctrina de casación establecida por la Sentencia Nro. 537 de fecha 6 de julio de 2.004, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Al respecto, examinadas las actas que componen el presente expediente, se constata que el Tribunal admitió la demanda el día 26/04/2018, ordenando librar despacho, compulsa, boleta de notificación, edicto y oficio, siendo esta la última actuación de autos con relevancia procesal, habiendo transcurrido más de 30 días hasta la fecha de hoy, sin que durante dicho lapso la parte demandante de autos haya realizado actuación alguna, que constituya el impulso procesal a que está obligado de conformidad con la ley para el avance de la demanda incoada, esto es, no consta diligencia alguna, mediante la cual haya dado cumplimiento de la obligación tendiente a lograr la citación del demandado, como es, no consta que haya puesto a la orden del alguacil de este Tribunal los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado.
III
Por todas las consideraciones anteriores, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 267.1° y 269 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para este Tribunal declarar de oficio la Perención y en consecuencia extinguida la instancia, y así expresamente se hace.
DECISION
Por todas las consideraciones anteriores, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EN CONSECUENCIA EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la presente causa por DIVORCIO, formulado en la Causal 2da del artículo 185 del Código Civil, incoado por la Ciudadana MARIELA ROJAS DE GARRIDO, venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.649.922, domiciliada en la Avenida Yaracuy, Conjunto Residencial La Floresta, Edificio N° 2, Apartamento 2-2A, Municipio San Felipe, del Estado Yaracuy, representada judicialmente por los abogados Enderson Javir Mora Hernández y Gianpiero Gallardo Yerovi, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.818.801 y V-14.458.781, e inscrito en el Inpreabogado bajo los números 228.190 y 103.055, respectivamente, contra el ciudadano: JUAN CARLOS GARRIDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.854.557; domiciliado en la Calle 8 entre Avenidas 7 y 8, Casa S/N, Casa Color Blanco con Rejas Blancas de Dos Plantas, Chivacoa del Municipio Bruzual del estado Yaracuy, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 267.1° y 269 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas, en virtud de la presente decisión.
Notifíquese de la presente decisión a la parte actora, ciudadana: MARIELA ROJAS DE GARRIDO, venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.649.922, domiciliada en la Avenida Yaracuy, Conjunto Residencial La Floresta, Edificio N° 2, Apartamento 2-2A, Municipio San Felipe, del Estado Yaracuy, o a sus apoderados judiciales abogados: Enderson Javir Mora Hernández y Gianpiero Gallardo Yerovi, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-19.818.801 y V-14.458.781, e inscrito en el Inpreabogado bajo los números 228.190 y 103.055, respectivamente.
Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal.
Dada, firmada, sellada y refrendada en el Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018).Años 208º de la Independencia y 159° de la Federación.
El Juez Temporal,
Abg. Villasmil Antonio Petit Aponte.
El Secretario Temporal,

Abg. Luis Rafael Castro García.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia siendo las 11:00 de la mañana, se dejó copia para el archivo del Tribunal. Se libró la boleta de notificación.
El Secretario Temporal,

Abg. Luis Rafael Castro García.