TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.

San Felipe, 21 de marzo de 2018.
Años: 207º y 159º

EXPEDIENTE: N° 2.546-18.

PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos MARTINEZ ROJAS MARIELIS ANYINES y PEREZ GUERRERO JOSE GREGORIO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-19.355.314 y V-17.330.764 respectivamente, domiciliados la primera en el sector La Playita, Marín, calle Famel, casa Nª 7997, municipio San Felipe, estado Yaracuy, y el segundo en la urbanización José Laurencio Silva, calle 1, casa sin número, Pueblo Nuevo, Tinaco estado Cojedes.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE:
BRISNELVIC RAMIREZ, Inpreabogado Nº 114.459.
MOTIVO: DIVORCIO 185-A.

Se inicia el presente procedimiento de DIVORCIO 185-A, mediante solicitud, suscrita y presentada por los ciudadanos MARTINEZ ROJAS MARIELIS ANYINES y PEREZ GUERRERO JOSE GREGORIO, identificados en autos, debidamente asistidos por la abogada BRISNELVIC RAMIREZ, Inpreabogado Nº 114.459.
Manifiestan los solicitantes que en fecha 18 de septiembre de 2014; contrajeron matrimonio civil por ante la Oficina del Registro Civil del municipio Autónomo de Tinaco, estado Cojedes, tal como se evidencia del Acta de Matrimonio N° 089, la cual anexa a la solicitud en copia certificada, marcada con la letra “A”. Que posteriormente fijaron su domicilio conyugal en el sector La Playita, Marín, calle Famel, casa Nª 7997, municipio San Felipe, estado Yaracuy. Que al comienzo su vida en común fue como pareja normal, llena de comprensión, armonía, paz y felicidad, al transcurrir el tiempo, estos sentimientos fueron menguando sin ningún animo de conciliación alguna, decidiendo separarse de hecho, haciendo cada uno su vida independiente, ya que sus intereses no eran comunes, acelerando el rompimiento y separación inminente y definitiva, manteniéndose así hasta la fecha, sin voluntad de reanudar su matrimonio ni de permanecer atados al vinculo que los une, por lo que de manera categórica solicitan el divorcio fundamentando su petición en el artículo 185 del Código Civil Venezolano, aunado a la decisión signada con el Nª 1070; con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, de fecha 09 de diciembre de 2016; basado en la incompatibilidad de caracteres y desafecto reciproco por parte de cada cónyuge. Por último manifiestan que durante la unión no procrearon hijos ni adquirieron bienes de ningún tipo, y piden que sea admitida la solicitud, sustanciado conforme a derecho declarado con lugar en la definitiva y en consecuencia disuelto el vinculo matrimonial que los une, sea notificada la Fiscal del Ministerio Público y se les expida dos (2) juegos de copias certificadas de la sentencia que se dicte.
La solicitud fue recibida en fecha 08 de febrero de 2018, y admitida la misma por auto de fecha 15 de febrero de 2018; ordenándose la citación de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En fecha 01 de marzo de 2018, la secretaria deja constancia que provisto como fue el Tribunal de las copias simples las mismas se certificaron a los fines de la citación de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, a los fines de la citación. En fecha 06 de marzo de 2018, el Alguacil consignó boleta de citación debidamente firmada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, tal como consta al folio 10 y 11 de la presente causa.
Cursa al folio 12, diligencia, suscrita y presentada por la abogada EUNICE ADELYN CEDEÑO GARCÍA, en su carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, donde emitió opinión favorable para la disolución del vínculo conyugal.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo que este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto y al efecto observa:
La competencia viene a ser la autorización que tiene cada Juez (a) o Tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas interesadas. Por ello, el Profesor Mattirolo, expresó que la “competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”.
La competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un sólo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional.
Ahora bien, encontrándose este Juzgado competente para decidir la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señalan los solicitantes en su escrito, manifestando como su último domicilio conyugal, en el sector La Playita, Marín, calle Famel, casa Nª 7997, municipio San Felipe, estado Yaracuy, tal como consta al folio 1 frente, vuelto y 2 del presente expediente, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones.
Los solicitantes para fundamentar su petición, consignaron copia certificada del acta de matrimonio, expedida por el Registro Civil del Municipio Autónomo Tinaco Estado Cojedes, que anexan a la solicitud, y corre inserta a los folios 3 y 4, y sus vueltos, de la causa, de la cual se evidencia indubitablemente que, las partes, celebraron el matrimonio civil, previo cumplimiento de las formalidades correspondientes.
En cuanto a la referida acta de matrimonio, por tratarse de copia certificada de documento público (por haber sido inscrito y autorizado ante el Registro Civil, esto es, ante un funcionario con competencia para darle fe pública), contra el cual no fue ejercido medio de impugnación alguno, se les asigna pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil Venezolano el cual reza:
“...Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado...”

La Jurisprudencia a éste respecto ha seguido las enseñanzas del Jurista Feo, quien expresa que todas las corporaciones, autoridades o funcionarios, tienen señalados por la Ley sus respectivas atribuciones, dentro de su jurisdicción, las que llevan el carácter de autenticidad. Tales actos tienen que entrar en la categoría de Instrumentos Públicos, para que la Ley sea cumplida y tenga sus efectos. Partiendo de este concepto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil Venezolano, el documento público hace plena fe, tanto para las partes como para los terceros.
Así lo establece el artículo 1357 del Código Civil Venezolano y tenemos que en el presente caso el documento público fue traído al proceso junto al libelo de la demanda en copia fotostática certificada, por lo que el mismo conserva todo su valor y se comprueba que la legitimidad de las partes está demostrada con el acta de matrimonio antes valorada; la misma conserva todo su valor probatorio. Y así de declara.
Por otra parte, establece el artículo 185-A del Código Civil:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
(Omissis)
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”.

Ahora bien, expresa el dispositivo de la sentencia Nº 136, de fecha 30 de Marzo de 2017, mediante la cual realiza una interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil, estableciendo con carácter vinculante que las causales de divorcio contenidas en el prenombrado artículo no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá divorciarse al señalar
“Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas especificas”.
(…)
“Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del código de procedimiento civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial” “…debe tener como efecto la disolución del vinculo…” así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la sala constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el juez de la entidad de la razón del solicitante”.
(…)

Por tanto, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se evidencia que los cónyuges en su escrito libelar manifestaron la incompatibilidad de caracteres y desafecto ocurrido dentro de la relación existente entre ellos y por cuanto no existe interés entre ellos de reanudar la relación ni el deseo de permanecer atados al vinculo existente, así como está demostrado la legitimidad de las partes con la mencionada Acta de Matrimonio Civil, expedida por ante el Registro Civil del Municipio Autónomo de Tinaco estado Cojedes, signada con el N° 089, convenido entre los cónyuges, ciudadanos MARTINEZ ROJAS MARIELIS ANYINES y PEREZ GUERRERO JOSE GREGORIO ya identificados up supra, y corre inserta a los folios 3, 4, y sus vueltos, del caso que nos ocupa, ya valorada, este Juzgado procede a declarar la procedencia de la disolución del vinculo matrimonial contraído entre los ciudadanos MARTINEZ ROJAS MARIELIS ANYINES y PEREZ GUERRERO JOSE GREGORIO, up supra identificado, tal como quedará plasmado en la dispositiva de la misma. Por otro lado, el Tribunal no hace pronunciamiento expreso en cuanto a los bienes de liquidación por motivo de la unión conyugal, por cuanto en el escrito libelar los demandantes señalaron no haberlos adquirido.
Por tanto, esta Juzgadora considera que en el presente procedimiento se cumplieron todos y cada uno de los trámites procesales requeridos por el Legislador para su procedencia. Así se establece.
D E C I S I Ó N

Por todos los fundamentos expuestos, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,

DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR la SOLICITUD DE DIVORCIO 185-A, efectuada por los ciudadanos MARTINEZ ROJAS MARIELIS ANYINES y PEREZ GUERRERO JOSE GREGORIO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-19.355.314 y V-17.330.764 respectivamente, domiciliados la primera en el sector La Playita, Marín, calle Famel, casa Nª 7997, municipio San Felipe, estado Yaracuy, y el segundo en la urbanización José Laurencio Silva, calle 1, casa sin número, Pueblo Nuevo, Tinaco estado Cojedes, asistidos de la abogada BRISNELVIC RAMIREZ, Inpreabogado Nº 114.459; en consecuencia, se DECRETA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, que los unía y contraído entre ellos, en fecha 18 de septiembre de 2014; por ante la Oficina del Registro Civil del municipio Autónomo de Tinaco, estado Cojedes, tal como se evidencia del Acta de Matrimonio N° 089, la cual anexa a la solicitud en copia certificada, marcada con la letra “A”. y corre inserta a los folios 3, 4, y sus vueltos, de este expediente.
SEGUNDO: Una vez quede firme la presente decisión, se ordena participar lo conducente al Registro Civil del Municipio Autónomo de Tinaco, y al Registro Principal, ambos del estado Cojedes, todo conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente.
TERCERO: Una vez quede firme la presente decisión, se acuerda expedir por secretaría las copias certificadas solicitadas en el escrito libelar, previos los emolumentos necesarios para la misma.
CUARTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la Naturaleza de la presente decisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018). Años: 207º de la Independencia y 159º de la Federación.
La Jueza Temporal,

Abg. María Elena Camacaro
La Secretaria Temporal,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.
En esta misma fecha, y siendo las dos y diez de la tarde (2:10 p. m.), se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.