TSJ Regiones - Decisión

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY

San Felipe, 01 de octubre de 2018
208º y 159º

ASUNTO PRINCIPAL UP01-P-2018-000060

ASUNTO UG01-X-2018-000012

MOTIVO: INCIDENCIA DE INHIBICIÓN
DRA. DARCY LORENA SÁNCHEZ NIETO,

PONENTE: ABG. FABIOLA INÉS VEZGA MEDINA

Vista inhibición formalizada por la Dra. Darcy Lorena Sánchez Nieto, Jueza Superior Provisoria de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, en el Recurso de Apelación de Autos identificado con el Nº UP01-P-2018-000060, se procede conforme a lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en armonía con el Sistema de Información de Software Libre “Independencia”, en tal sentido le corresponde conocer a la Jueza Superior Provisoria Abg. Fabiola Inés Vezga Medina, por ser la ponente en el mencionado asunto, así las cosas, se pasa a decidir bajo las siguientes consideraciones:

La Juez inhibida señala en su escrito que corre agregado en el cuaderno de incidencias signado con el asunto Nº UG01-X-2018-000012, que contiene esta incidencia, a los folios uno (1) al dos (2), lo siguiente:

“Me inhibo de conocer el presente recurso de Apelación de auto, el cual cursa en esta Corte de Apelaciones signada con el alfanumérico UP01-R-2018-000060, seguido a los ciudadanos CARLOS JOSÉ MARÍN SANTELIZ y ALFONZO BORTONE LAPORTE, en su condición de acusados en el asunto principal Nº UP01-P-2016-004101, llevada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 6de este Circuito Judicial Penal.
Ahora bien en mi condición de Presidenta y Ponente en el recurso de apelación de auto Nº UOP01-R-2016-000156, el cual esta conexo con el asunto principal UP01-P-2016-004101, conjuntamente con los Jueces Superiores Provisorios Abg. Reinaldo Rojas requena y Jholeesky del Valle Villegas Espina, en fecha 03 de Abril de 2017 suscribimos secisión de cuyo dispositivo se desprende:
PRIMERO: No ajustada a derecho la homologación del Acuerdo reparatorio por parte del Tribunal penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control No. 6, celebrada el día 24 de Noviembre de 2016. Por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Representación Fiscal. SEGUNDO: Se declara la nulidad absoluta de la Audiencia de Homologación de acuerdo reparatorio, de fecha 24 de Noviembre de 2016, inserta a los folios 318 al 322 de la causa principal conforme lo establece los artículos 175, 179 y 180 de la norma adjetiva penal y todos los actos que de ella dependan. TERCERO: Se anula de oficio el sobreseimiento que fue decretado para los ciudadanos JHONATAN ALEJANDRO RIUZ SANTELIZ, NIGEL ALEXANDER RIUZ SANTELIZ, LEONARDO ANTONIO VERA YOVERA; ELIZABETH MARIA GOLVKO SETTE y YRAIS AUXILIADORA SANTELIZ DE RUIZ a través de decisión de fecha 28 de de Noviembre de 2016, inserta a los folio 323 al 325, de la causa principal Pieza 1. CUARTO: cobra vigencia la medida de privación Judicial de Libertad dictada en su oportunidad para los ciudadanos JONATHAN ALEJANDRO RUIZ SANTELIZ; NIGEL ALEXANDER RUIZ SANTELIZ; LEONARDO ANTONIO VERA YOVERA, y se ordena su reclusión en el Internado Judicial del estado Yaracuy, o cualquier otro que designe el Ente Rector de la Políticas Penitenciaria, para lo cual el juez debe hacer las coordinaciones respectivas ante la Sala Situacional que maneja la presidencia del Circuito Judicial Penal de este estado Yaracuy, líbrense las correspondientes boletas de encarcelación. QUINTO: Cobra vigencia la medida cautelar de presentación que en su momento fue otorgada para las ciudadanas ELIZABETH MARIA GOLVKO SETTE y YRAIS AUXILIADORA SANTELIZ DE RUIZ consistente en la presentación una vez por semana ante la oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. SEXTO: Se exhorta al Juez que conozca de este asunto se sirva fijar con prioridad la correspondiente audiencia preliminar y así se decide…”.
Es por lo que con fundamento a lo antes expuesto, me impide conocer cualquier recurso o amparo que guarde relación directa con el asunto principal, en la que se juzga a los ciudadanos CARLOS JOSÉ MARÍN SENTELIZ y ALFONZO BORTONE LAPORTE, y considerando que es mi deber desprenderme del conocimiento de la presente causa, ello en aras de garantizar no solo los principios de imparcialidad, y transparencia que debe existir al momento de impartir justicia, sino también en la seguridad jurídica del sistema de justicia.
En consecuencia me inhibo de conocer el presente recurso de apelación de Auto, signado con el UP01-R-2018-000060, de conformidad con lo preceptuado en los ordinal 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal.
En base a lo alegado anteriormente solicito respetuosamente al Juez que le corresponda conocer de la presente incidencia que se Declare Con Lugar la presente incidencia al estar subsumida mi situación en lo dispuesto en el artículo 89 numeral 7 de la norma adjetiva penal…”

En este sentido, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a las causales de recusación e inhibición, estableció en sentencia Nº 123 de fecha 24-04-2012, lo siguiente:

“Es necesario señalar que, las causales de inhibición-recusación, establecidas en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal contemplan hechos objetivos y argumentos subjetivos que determinan la inhibición o recusación del juez (en caso de que éste advirtiéndolas no se inhiba), y en este sentido, podría señalarse que la sistematización acogida por el legislador es equitativamente directa a las acciones que identifican a cada una de ellas; así, tenemos que dentro de las causales objetivas se ubican las contenidas en los numerales 1, 2 y 3 relacionadas con el grado de parentesco existente entre las partes, (afinidad o consanguinidad); el numeral 6 se refiere a la prohibición de mantener contacto directa o indirectamente con sólo alguna de las partes, para tratar asuntos relacionados con la materia a conocer por el Juez; y, en cuanto a la causal contenida en el numeral 7, relacionada con el conocimiento que el juez hubiese tenido del proceso por intervención previa directa y en función de ello, hubiese emitido opinión. Y se consideran objetivas, porque su existencia surge de hechos materiales de inmediata observación, que poca duda dejan de su existencia entre las partes, como es el caso del parentesco, o de la intervención, conocimiento y concepto u opinión emitida en función a la materia de que trata el asunto, circunstancias que obligan a la inhibición del funcionario, so pena de ser recusado. Por otra parte, las causales contenidas en los numerales 4, 5 y 8 son de naturaleza subjetiva; el numeral 4 establece la amistad o enemistad manifiesta como causal de inhibición, el numeral 5 se refiere al interés directo en el resultado del proceso que pudiese tener el inhibido o recusado, su cónyuge o algunos de sus parientes (consanguíneos o afines), dentro de los grados requeridos, y el numeral 8, se refiere a cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten la imparcialidad del funcionario. Ahora bien, las causales propias de la inhibición o recusación, se traten de objetivas o subjetivas encuentran un punto de similitud, y es que éstas deben ser probadas. En este orden de ideas la doctrina especializada ha sostenido en forma pacífica y reiterada que, la prueba es por naturaleza objetiva y por tanto la cuestión de su estudio se reduce a establecer si existe o no existe prueba, pues si existe prueba fehaciente, la inhibición queda automáticamente probada y si ello no ocurre, la recusación resultaría no probada”.

También ha dicho la Sala, en ponencia del Magistrado Paul Aponte Rueda, en decisión de fecha 11-10-2011, que el ordenamiento jurídico patrio instituye su propio sistema de normas adjetivas, dedicando en este sentido un procedimiento particular para la inhibición y recusación como institución del proceso penal venezolano. Siendo limitada en el Código Orgánico Procesal Penal de los artículos 85 al 101, y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de los artículos 53 al 59.

Que, la recusación e inhibición como instituciones procesales se encuentran estrechamente vinculadas a un conjunto de requisitos acreditados en normas jurídicas expresas, indispensables para su correcta tramitación y validez. Originando su incumplimiento el rechazo de lo actuado ante la transgresión del deber ser procedimentalmente estipulado.

Así el Magistrado Ponente precisa:

“Resaltando que materializada la inhibición o recusación (indistintamente del informe), nace la obligación de remitir sin tardanza el expediente al tribunal que corresponda suplir el conocimiento de conformidad con la ley, ya que la causa bajo ninguna circunstancia puede detenerse, vulnerándose de no ser así, derechos y garantías como la tutela judicial efectiva y en particular el debido proceso que comprende el derecho a la defensa y a ser oído, retardando indebidamente una obligación, y conculcándose en definitiva al accionante el derecho a que la recusación sea tramitada de conformidad a lo predeterminado legalmente. Dilación judicial contraria al orden jurídico, causante de sanción por configurar una actuación opuesta al deber ser (no susceptible de eximentes derivadas de pretextos de silencio, contradicciones o deficiencias de la ley, ni aspectos administrativos o formales no imputables al recusante), teniendo presente lo dispuesto en los artículos 24 y 33, numeral 23 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, los cuales disponen:
Artículo 24:
“La conducta del juez y la jueza deben fortalecer la confianza de la comunidad por su idoneidad y excelencia, integridad e imparcialidad para el ejercicio de la función jurisdiccional; y evitarán realizar actos que los hagan desmerecer la estimación pública o que puedan comprometer el respeto y el decoro que exige el ejercicio de su función”.
Artículo 33, numeral 23:
“Son causales de destitución:…23. Incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos, siempre que con ello se menoscaben derechos o garantías fundamentales en el marco de la tutela judicial efectiva”.

Por su parte, quien suscribe el presente fallo, ha señalado de que la imparcialidad de los Funcionarios Judiciales, es una de las razones que exige la independencia del Órgano Judicial, pero con ella se contempla no sólo la ausencia de toda coacción, por parte de los otros funcionarios del Estado y de particulares, sino también la ausencia de interés en su decisión. Al juez le está vedado conocer y resolver de asuntos en que personales intereses se hallen en conflicto con su obligación de aplicar rigurosamente el Derecho.

En este orden, la Jueza Superior Dra. Darcy Lorena Sánchez Nieto, ha manifestado, su voluntad de inhibirse por estar incursa en la causal 7 del artículo 89 de la norma adjetiva Penal, ello en virtud que, en su condición de Juez Profesional de esta Corte de Apelaciones, conjuntamente con el Juez Superior Abg. Reinaldo Octavio Rojas requena y Jholeesky del Valle Villegas Espina, suscribió en fecha 03-04-2016, sentencia en el asunto signado bajo el Nº UP01-R-2016-000156, el cual está conexa con la causa principal Nº UP01-P-2016-004101, donde se declaró la nulidad de las actuaciones realizadas por el Tribunal Sexto en Función de Control de este Circuito Judicial Penal referidas a …”la Audiencia de Homologación de acuerdo reparatorio, de fecha 24 de Noviembre de 2016, inserta a los folios 318 al 322 de la causa principal conforme lo establece los artículos 175, 179 y 180 de la norma adjetiva penal y todos los actos que de ella dependan…”; anuló …”de oficio el sobreseimiento que fue decretado para los ciudadanos JHONATAN ALEJANDRO RIUZ SANTELIZ, NIGEL ALEXANDER RIUZ SANTELIZ, LEONARDO ANTONIO VERA YOVERA; ELIZABETH MARIA GOLVKO SETTE y YRAIS AUXILIADORA SANTELIZ DE RUIZ a través de decisión de fecha 28 de de Noviembre de 2016, inserta a los folio 323 al 325, de la causa principal Pieza 1; cobrando vigencia …”la medida de privación Judicial de Libertad dictada en su oportunidad para los ciudadanos JONATHAN ALEJANDRO RUIZ SANTELIZ; NIGEL ALEXANDER RUIZ SANTELIZ; LEONARDO ANTONIO VERA YOVERA, y se ordena su reclusión en el Internado Judicial del estado Yaracuy, o cualquier otro que designe el Ente Rector de la Políticas Penitenciaria, para lo cual el juez debe hacer las coordinaciones respectivas ante la Sala Situacional que maneja la presidencia del Circuito Judicial Penal de este estado Yaracuy, líbrense las correspondientes boletas de encarcelación…”así como …”la medida cautelar de presentación que en su momento fue otorgada para las ciudadanas ELIZABETH MARIA GOLVKO SETTE y YRAIS AUXILIADORA SANTELIZ DE RUIZ consistente en la presentación una vez por semana ante la oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal…” exhortando …”al Juez que conozca de este asunto se sirva fijar con prioridad la correspondiente audiencia preliminar…”.

Por todo lo expuesto, la situación de hecho y de derecho aquí planteada, constituye razón suficiente, para que esta Jurisdicente declare con lugar la inhibición, al haber quedado suficientemente probada a través de la revisión del sistema independencia que la Jueza inhibida Dra. Darcy Lorena Sánchez Nieto, se encuentra incursa en la caudal de inhibición establecida en el numeral 8 del artículo 89 de la norma adjetiva Penal, la cual establece:

Artículo 89. Los jueces y juezas, los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusada por las causales siguientes:
8- “Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad”.

En este sentido, al manifestar la Jueza inhibida que está subsumida su situación en una circunstancia que le impide conocer el recurso de apelación de autos signado con el Nº UP01-R-2018-000060, bajo la situación de hecho ya mencionada, es decir, haber emitido opinión de mérito en el Recurso Nº UP01-R-2016-000156, que si bien no se encuentra referido a los ciudadanos Carlos José Marín Santeliz y Alfonzo Bortono Laporte, sí está estrechamente relacionado con la causa principal signada con el Nº UP01-P-2016-004101, en la cual figuran como imputado e investigado respectivamente, por tal consideración y en resguardo del principio de seguridad jurídica que rige nuestro sistema procesal penal, estima quien decide que la inhibición presentada por la Jueza Superior Provisoria Dra. Darcy Lorena Sánchez Nieto, en la causa UP01-R-2018-000060, conforme lo establece el artículo 89.8 de la norma adjetiva Penal debe declararse Con Lugar, y así se decide.

DISPOSITIVA

Por las razones aquí expuestas, la Jueza Superior Provisoria Abg. Fabiola Inés Vezga Medina, miembro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, ponente de la acción de amparo presentada y competente para conocer la Incidencia de Inhibición, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el numeral 8 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, declara Con Lugar la inhibición planteada por la Dra. Darcy Lorena Sánchez Nieto, Jueza Superior Provisoria de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy en la causa identificada con el alfanumérico UP01-R-2018-000060.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, en San Felipe al primer (1º) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Años 207º de la Independencia y 159º de la Federación.

Publíquese, regístrese y diarícese; notifíquese a la Jueza Inhibida, y ratifíquese oficio a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy, a fin de que conforme a lo establecido en la resolución Nº 0.00038/2017, de fecha 22-05-2017, convoque con la prontitud que el asunto amerita un Juez Superior Temporal, que constituya conjuntamente con las Juezas Superiores provisorias la Corte de Apelaciones Accidental.

ABG. FABIOLA INÉS VEZGA MEDINA

JUEZA SUPERIOR PROVISORIA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY

ABG. DESY YAMILET FERNANDEZ LEON
SECRETARIA