TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 19 de marzo de 2019
Años: 208° y 160°

EXPEDIENTE Nº 2.648-18

PARTE DEMANDANTE Ciudadano DORANTES VILLEGAS SERGIO DAVID, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-19.955.444, con domicilio en la calle 23 entre las avenidas 7 y 8, casa s/n, municipio Independencia del estado Yaracuy.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE.
MELÉNDEZ SALIH JARNY ZABDY, Inpreabogado N° 168.923.

PARTE DEMANDADA

MOTIVO Ciudadano: GALINDEZ COLMENAREZ YESENIA MICAELA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-25.179.101, domiciliada en el paseo Guayabal entre avenidas 6 y 7, casa Nº 11, municipio Independencia, estado Yaracuy.

DIVORCIO 185-A

Se inicia el presente procedimiento de DIVORCIO 185-A, mediante solicitud suscrita y presentada por el ciudadano, DORANTES VILLEGAS SERGIO DAVID, antes identificado, debidamente asistido por el abogado MELÉNDEZ SALIH JARNY ZABDY, Inpreabogado Nº 168.923, contra la ciudadana GALINDEZ COLMENAREZ YESENIA MICAELA, antes identificada, en la que solicita a este Tribunal se decrete la disolución del vínculo matrimonial existente entre ellos.
Alega el solicitante, que en fecha 29 de mayo de 2015, contrajo matrimonio por ante el Registro Civil del Municipio Independencia del Estado Yaracuy, con la ciudadana YESENIA MICAELA GALINDEZ COLMENAREZ, antes identificada, tal como consta en el acta N° 83, inserta en el folio 3, 4 y sus vueltos del expediente, llevada por ante esa oficina de registro, que una vez contraído dicha unión establecieron su domicilio conyugal en la calle 23 entre las avenidas 7 y 8, casa s/n, municipio Independencia, estado Yaracuy. Asimismo, manifiesta el solicitante, que durante los primero meses de haber contraído matrimonio, la armonía y el entendimiento se desarrollaron en clima de normalidad, pero por razones de incompatibilidad de caracteres y circunstancias que no vienen al caso mencionar, la vida conyugal se fue deteriorando al punto que desde hace tres años sufrió un proceso de deterioro cada vez más agudo, lo cual redundo en el desamor existente entre ellos, que hizo imposible la vida en común, razón por la cual aproximadamente desde el 15 de agosto del 2015, de mutuo y amistoso acuerdo se separaron de hecho fijando domicilios separados, situación que ha permanecido hasta la presente fecha, sin que haya existido reconciliación alguna. De igual forma, señala que de la unión matrimonial, no procrearon hijos ni bienes que forman parte de la comunidad conyugal, manifiesta el solicitante, no haberlos adquirido junto a su cónyuge, ni muebles, ni inmuebles, y debido a ello decidido solicitar la disolución del vínculo conyugal que lo une con la prenombrado cónyuge, acogiéndose además al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que fijó con carácter vinculante. Finalmente, la solicitante pidió al Tribunal que dicha solicitud sea admitida y sustanciada conforme a derecho.
La solicitud fue recibida en fecha 16 de noviembre de 2018, y admitida el 20 de noviembre de ese mismo año; ordenándose la citación de la parte demandada y de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, tal como consta a los folios 6, 7, 8 y 9 de la causa. En fecha 10 de enero de 2019, el Alguacil consignó boleta de citación debidamente firmada por la Fiscal Auxiliar Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, tal como consta a los folios 10 y 11 del expediente. Al folio 12 del expediente, se dicto auto por este Tribunal donde la jueza suplente se abocó al conocimiento de la causa.
Cursa diligencia presentada por el abogado HERNÁNDEZ ZUÑIGA JEAN CARLOS, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, presentó escrito donde emitió opinión favorable donde no tiene nada que objetar para la disolución del vínculo conyugal en referencia, lo cual consta al folio 13, del presente expediente.
El Alguacil consignó boleta de citación debidamente firmada por la ciudadana GALINDEZ COLMENAREZ YESENIA MICAELA, identificada en autos, consta a los folios 14 y 15 del pliego escritural.
En fecha 6 de marzo del 2019, se dicto auto por este Tribunal donde la jueza se reincorpora a sus funciones habituales y se reanuda la presente causa en el estado que se encuentra, tal como consta al folio 16 del expediente.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo que este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto y al efecto observa:
La competencia viene a ser la autorización que tiene cada Juez (a) o Tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas interesadas. Por ello, el Profesor Mattirolo, expresó que la “competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”.
La competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un sólo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional.
Ahora bien, encontrándose este Juzgado competente para decidir la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala el solicitante en su escrito, manifestando como su último domicilio conyugal en la calle 23 entre avenidas 7 y 8, casa s/n, municipio Independencia, estado Yaracuy, tal como consta al folio 1 y su vuelto del presente expediente, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones.
Ahora bien, el solicitante ciudadano DORANTES VILLEGAS SERGIO DAVID, identificado en autos, asistido por el abogado MELÉNDEZ SALIH JARNY ZABDY, Inpreabogado N° 168.923, para fundamentar su petición, consignó copia certificada del acta de matrimonio, expedida por la Oficina de Registro Civil del Municipio Independencia del Estado Yaracuy, marcada con la letra “A”, que anexa a la solicitud, y corre inserta a los folios 3, 4 y sus vueltos, de la causa, de la cual se evidencia indubitablemente que el solicitante junto a la ciudadana GALINDEZ COLMENAREZ YESENIA MICAELA, antes mencionada, celebraron el matrimonio civil, previo cumplimiento de las formalidades correspondientes.
En cuanto a la referida acta de matrimonio, por tratarse de copia certificada de documento público (por haber sido inscrito y autorizado ante el Registro Civil, esto es, ante un funcionario con competencia para darle fe pública), contra el cual no fue ejercido medio de impugnación alguno, se les asigna pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil Venezolano el cual reza:
“...Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado...”

La Jurisprudencia a éste respecto ha seguido las enseñanzas del Jurista Feo, quien expresa que todas las corporaciones, autoridades o funcionarios, tienen señalados por la Ley sus respectivas atribuciones, dentro de su jurisdicción, las que llevan el carácter de autenticidad. Tales actos tienen que entrar en la categoría de Instrumentos Públicos, para que la Ley sea cumplida y tenga sus efectos. Partiendo de este concepto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil Venezolano, el documento público hace plena fe, tanto para las partes como para los terceros.
Así lo establece el artículo 1357 del Código Civil Venezolano y tenemos que en el presente caso el documento público fue traído al proceso junto al libelo de la demanda en copia fotostática certificada, por lo que el mismo conserva todo su valor y se comprueba que la legitimidad de las partes está demostrada con el acta de matrimonio antes valorada; la misma conserva todo su valor probatorio. Y así de declara.
Por otra parte, establece el artículo 185-A del Código Civil:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
(Omissis)
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”.

Ahora bien, expresa el dispositivo de la sentencia Nº 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante cita la decisión N° 446/2014, y estableció lo siguiente:
…”Ahora bien, en la sentencia 446/2014, se estableció que si no resultare negado el hecho alegado por el cónyuge-demandante, se decretará el divorcio, en un todo acorde con lo expresado en la sentencia n° 693/2015, en la que se sostuvo –entre otras cosas- que:
(…) es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial (Resaltado añadido)”.
En el marco del interés del Estado por la protección de la familia, frente a la perpetuidad del matrimonio destaca la excepcionalidad del divorcio, el cual sólo opera por las causales taxativamente enumeradas por la ley. En consecuencia, no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos específicamente determinados por la ley, y que constituyen las causales de divorcio; así, el juez únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el Código Civil -incluyendo el transcurso de un año una vez declarada judicialmente la separación de cuerpos y la prolongada ruptura de la vida en común, contempladas en el primer aparte del artículo 185, y en el artículo 185-A del referido Código-.
En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas…” (Negrita de la Sala).

Por tanto, se evidencia de la revisión de las actas procesales que conforman la solicitud efectuada, que la legitimidad de la parte está demostrada con la mencionada Acta de Matrimonio Civil, llevada por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Independencia del Estado Yaracuy, signada con el N° 83, convenido entre los cónyuges, ciudadanos DORANTES VILLEGAS SERGIO DAVID y GALINDEZ COLMENAREZ YESENIA MICAELA, ya identificados up supra, y corre inserta al folio 3, 4 y sus vueltos, del caso que nos ocupa, ya valorada y visto la manifestación intrínseca realizada por el ciudadano DORANTES VILLEGAS SERGIO DAVID, ya identificado de no continuar unido en matrimonio con la ciudadana GALINDEZ COLMENAREZ YESENIA MICAELA, en virtud de existir incompatibilidad de caracteres y por ende el desamor, esta Juzgadora, considera que están llenos los extremos de ley para que proceda la solicitud de disolución del vinculo matrimonial contraído entre ellos, todo conforme a la sentencia antes transcrita. Y ASÍ SE DECIDE.
No existe objeción alguna por parte del Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial. Por otro lado, el Tribunal no hace pronunciamiento expreso en cuanto a los bienes de liquidación, por cuanto en el escrito libelar el demandante señalo no haberlos adquirido.
Por tanto, esta Juzgadora considera que en el presente procedimiento se cumplieron todos y cada uno de los trámites procesales requeridos por el Legislador para su procedencia. Así se establece.
Por todos los fundamentos expuestos, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la SOLICITUD DE DIVORCIO 185-A, efectuada por el ciudadano DORANTES VILLEGAS SERGIO DAVID, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-19.955.444, domiciliado en la calle 23 entre avenidas 7 y 8, casa s/n, municipio Independencia del estado Yaracuy; asistido por el abogado MELÉNDEZ SALIH JARNY ZABDY, Inpreabogado N° 168.923; en consecuencia, se DECRETA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído entre los ciudadanos DORANTES VILLEGAS SERGIO DAVID, ya identificado, y la ciudadana GALINDEZ COLMENAREZ YESENIA MICAELA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-25.179.101, domiciliada en el paseo Guayabal entre las avenidas 6 y 7, casa Nº 11, municipio Independencia, estado Yaracuy, en fecha 29 de mayo del 2015, ante el Registro Civil del Municipio Independencia del Estado Yaracuy, tal como se evidencia del acta de matrimonio civil, signada con el N° 83, que anexa a la solicitud, y corre inserta a los folios 3, 4 y sus vueltos, de este expediente.
SEGUNDO: UNA VEZ QUEDE FIRME LA PRESENTE DECISIÓN, se ordena participar lo conducente al Registro Civil del Municipio Independencia, y al Registro Principal, ambos del Estado Yaracuy, todo conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente.
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la Naturaleza de la presente decisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019). Años: 208º de la Independencia y 160º de la Federación.
La Jueza,

Abg. María Elena Camacaro
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz del Milagro Lugo M.
En esta misma fecha, y siendo la una y cero minutos de la tarde (01:00 p. m.), se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz del Milagro Lugo M.