TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA, COCOROTE, SUCRE, LA TRINIDAD, VEROES, BOLIVAR Y MANUEL MONGE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 18 de noviembre de 2019
209° y 160°
-I-
DE LAS PARTES

PARTE DEMANDANTE: ASOCIACION COOPERATIVA LA UNION 92492, R.L., RIF N° J-31301706-0, NIT: 0399463190, inscrita por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes del estado Yaracuy, de fecha 18 de marzo de 2005, bajo el N° 37, Protocolo Primero (1°), Tomo Décimo Segundo (12°), Trimestre Primero (1°), folios 267 al 275, posteriormente reformada por Acta de Asamblea Extraordinaria por ante la Oficina de Registro, antes mencionada, de fecha 12 de junio de 2006, anotada bajo el N° 28, folios del 134 al 138, Protocolo Primero, Tomo 21, Trimestre 2° del año 2006, representada por la ciudadana MAIRA ELIZABETH BLANCO PEROZO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.964.653, domiciliada en el sector Guarataro-Santa Teresa, jurisdicción del Municipio San Felipe del estado Yaracuy.

APODERADAS JUDICIALES: abogadas en ejercicio ZAYDDA LAVITE y DANIELA ALBARRAN, venezolanas, mayores de edad, inscritas en Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 9.152 y 118.034, respectivamente.

PARTE DEMANDANDA: ciudadano SERGIO GUSTAVO PIÑA MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.368.804, domiciliado en el Sector San Miguel, Jurisdicción del Municipio Independencia del estado Yaracuy.

MOTIVO: ACCIÓN POSESORIA POR PERTUBACIÓN A LA POSESIÓN AGRARIA.

EXPEDIENTE Nº A-0399.

-II-
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES.

Se recibió ante la secretaría de este Despacho Judicial en fecha doce (12) de julio de 2012, escrito de demanda por ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN A LA POSESION AGRARIA, constante de cuatro (04) folios útiles sus frentes y sus vueltos, con sesenta y tres (63) anexos útiles; presentado por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA LA UNIÓN 92492, R.L., ya descrita, representada por la ciudadana MAIRA ELIZABETH BLANCO PEROZO, asistida en este acto por su apoderada judicial la abogada en ejercicio DANIELA ALBARRAN, previamente identificadas; en contra del ciudadano SERGIO GUSTAVO PIÑA MARTINEZ, también identificado, (Folios 1 al 67).

En fecha 17 de julio del año 2012, este Juzgado ordenó darle entrada a la presente demanda bajo el número, A-0399 nomenclatura particular del mismo, (Folio 68).
En fecha 19 de julio del año 2012, la parte demandante confirió Poder Apud-Acta a las Abogadas ZAYDDA LAVITE y DANIELA ALBARRAN, antes identificadas, (Folio 67).
En fecha 26 de julio de 2012, este Juzgado dictó auto ordenando el Despacho Saneador, (Folio 68 al 69).

En fecha 01 de agosto de año 2012, la Apoderada judicial de la parte demandante DANIELA ALBARRAN, ya identificada, consignó escrito de reforma de la demanda. (Folio 70 al 73).

En fecha 02 de agosto del año 2012, este Juzgado admitió la reforma de la demanda, ordenando librar boleta de citación a la parte demandada. (Folio 74 al 77).
En fecha 13 de agosto del año 2012, el ciudadano ROBERT GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.079.782, solicitó copias simples de los folios señalados en la diligencia. (Folio 78).
En fecha 18 de septiembre del año 2012, este Juzgado otorgó las copias simples anteriormente señaladas. (Folio 79).
En fecha 30 de octubre del año 2012, el Alguacil adscrito a este Juzgado consignó la boleta de citación con compulsa sin cumplir. (Folio 80 al 86).
En fecha 30 de octubre del año 2012, solicitó la citación por cartel de la parte demandada. (Folio 87).
En fecha 31 de octubre del año 2012, este Juzgado ordenó librar cartel de citación a la parte demandada. (Folio 88 al 90).
En fecha el Secretario adscrito a este Juzgado MARCO DURÁN, dejó constancia de la publicación del cartel en la cartelera del Tribunal. (Folio 91).
En fecha 09 de noviembre del año 2012, la Apoderada Judicial de la parte demandante DANIELA ALBARRAN, dejó constancia de haber recibido el cartel de citación. (Folio 92).
En fecha 05 de diciembre del año 2012, la Apoderada Judicial de la parte demandante DANIELA ALBARRAN, dejó constancia de la consignación del cartel de citación debidamente publicado en la prensa. (Folio 93 al 94.).
En fecha 12 de diciembre del año 2012, este Juzgado ordenó agregar a las actas procesales el cartel de citación consignado por la parte demandante del presente juicio. (Folio 95).
En fecha 11 de enero del año 2013, la Apoderada Judicial de la parte demandante DANIELA ALBARRAN, identificada en autos, solicitó se nombre Defensor Publico a la parte demandada. (Folio 96).
En fecha 15 de enero del año 2013, este Juzgado ordenar librar oficio N° JPPA-016/2013 a la Defensa Pública del estado Yaracuy, a los fines de solicitar Defensor Público Agrario para que represente a la parte demandada del presente juicio. (Folio 97 al 98).
En fecha 01 de febrero del año 2013, el Abogado FRANDY COLMENAREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 121.621, Defensor Público Tercero en materia Agraria, solicitó copia simples. (Folio 99).
En fecha 05 de febrero del año 2013, este Juzgado ordenó expedir las copias simples antes solicitadas. (Folio 100).
En fecha 21 de junio del año 2013, el ciudadano ROBERT GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.079.782, solicitó copias simples de los folios señalados en la diligencia. (Folio 101).
En fecha 02 de julio del año 2013, este Juzgado ordenó otorgar las copias simples anteriormente señaladas. (Folio 102).
Fin de las actuaciones.

-III-
DE LAS MOTIVACIONES DE HECHO Y DE DERECHO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26 reza:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. (Negrilla de este Tribunal).

De acuerdo con ello toda persona puede acceder a los órganos de administración de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses; y ello a través del ejercicio de la acción, siendo un elemento necesario de ésta última el interés procesal, con el cual se conforma una esfera jurídica de derecho individual, que engloba aquel que alega detentar un derecho y recurre a los órganos de administración de justicia para hacerlo valer a través de los procedimientos legalmente establecidos para ello, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad, pero no para aquél que lo invoca; dejando establecido que sin interés procesal no puede sustentarse o mantenerse la acción.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo; éste, ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.

Al respecto, resulta necesario traer a colación el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que establece lo siguiente:
“La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. (Negrillas del Tribunal).

Dicho precepto legal, aun cuando se encuentra en el Capítulo IV de la Ley, denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, hay que señalar que cuando una norma especial disponga de un recurso distinto al derecho común debe aplicarse la de la norma especial, siendo ésta norma especial la que determina, conforma y delimita la especialidad de dicha materia, toda vez que está creada y conformada en base a los principios que la caracteriza y diferencian del derecho común y de otras materias especiales.
Al respecto, la Sala de Casación Social, en Sala Especial Agraria, sentencia N°0803 del 19 de mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.) estableció:
“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de diciembre del año 2008, (Caso A.R.B.R. contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente:
…Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide.
Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó la perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece”. (Negrilla de este Tribunal)

En concordancia, este Tribunal de Primera Instancia Agraria, comparte y acata los planteamientos previamente citados, al establecer que se debe aplicar la perención en materia agraria, de seis (06) meses, tal como lo contempla el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; haciéndose especial énfasis en la cita que expresa “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” de modo que, no distingue si son tribunales superiores agrarios o de primera instancia agraria los que deben de aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador, tampoco el intérprete; es decir, se debe acatar por todos los tribunales agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente este tribunal. Así se establece.

Aunado a ello, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:
“(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito…” (Negrilla de este Tribunal).

En base a los planteamientos antes citados, y revisadas las actas procesales que conforman el presente proceso, evidencia esta Jurisdicente que, desde el en fecha 02 de julio del año 2013, a la presente fecha; que desde esa fecha la última actuación ha sido otorgar copias simples, siendo que no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal por parte del accionante y/o algún representante judicial para impulsar la continuación del juicio; y por cuanto han transcurrido con creces, más de seis (06) meses, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
De acuerdo con ello, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la paralización luego de admitida la demanda, lo que supone la perención de la instancia; por lo que resulta forzoso para este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, declararla y en consecuencia, dar por terminado el presente procedimiento, ordenando el archivo del expediente. Así se declara.
-IV-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara:

PRIMERO: Consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia, extinguido el proceso, por ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN AGRARIA, incoado por la ASOCIACION COOPERATIVA LA UNIÓN 92492, R.L., RIF N° J-31301706-0, NIT: 0399463190, debidamente inscrita por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes del Estado Yaracuy, de fecha 18 de marzo de 2005, bajo el N° 37, Protocolo Primero (1°), Tomo Décimo segundo (12°), Trimestre Primero (1°), folios 267 al 275, posteriormente reformada por Acta de Asamblea Extraordinaria por ante la oficina de Registro, antes mencionada, de fecha 12 de junio de 2006, anotada bajo el N° 28, folios del 134 al 138, Protocolo Primero, Tomo 21, Trimestre 2° del año 2006, representada por la ciudadana MAIRA ELIZABETH BLANCO PEROZO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.964.653, domiciliada en el sector Guarataro-Santa Teresa, jurisdicción del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, en contra del ciudadano SERGIO GUSTAVO PIÑA MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-10.368.804, domiciliado en el Sector San Miguel, Jurisdicción del Municipio Independencia del Estado Yaracuy; sin que desde la fecha 02 de julio de 2013, hasta la presente, haya realizado impulso procesal alguno. Así se decide.

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo, todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

TERCERO: Notifíquese a la parte interviniente en la causa de la presente decisión, dejándose constancia que el lapso para interponer los recursos de Ley, comenzará a transcurrir una vez conste en autos haberse cumplido con esta formalidad. Así se decide.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.

Déjese Copia Certificada de la presente Decisión de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho de este Juzgado, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

ABG. DANIMAR CHIQUINQUIRA MOLERO ANDRADE.

EL SECRETARIO ACC.,

ABG. ALY ALCIDES TORREALBA SALAZAR.
En esta misma fecha, siendo las diez y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 429, en el expediente signado bajo el Nº A-0399.-

EL SECRETARIO ACC.,

ABG. ALY ALCIDES TORREALBA SALAZAR.