TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe,28 de noviembre de 2022
212º y 163º
ASUNTO: UP11-J-2019-000246
SOLICITANTE : La Joven Adulta KAREL REGINA RUIZ SALIH, nacida el día 02 de septiembre de 2004, titular de la Cedula de Identidad Nº 30.426.862, asistida por el abogado Lenin Méndez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 169.564.
MOTIVO: INSPECCIÓN JUDICIAL
En fecha 19 de julio de 2019, se recibió por ante el Tribunal Segundo de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito de Protección, escrito y demás recaudos anexos relativos al procedimiento de INSPECCION JUDICIAL, presentados por la Joven Adulta KAREL REGINA RUIZ SALIH, nacida el día 02 de septiembre de 2004, titular de la Cedula de Identidad Nº 30.426.862, asistida por el abogado Lenin Méndez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 169.564. Alegó la parte actora, que para fines legales que le interesaban pedía se sirviera trasladar y constituir este Tribunal en el kilómetro 26, Sector El Guapo, Parroquia Veroes, municipio Veroes, estado Yaracuy, donde se encuentra ubicado el Fundo El Rocio a fin de de dejar constancia de los siguientes particulares: PRIMERO: Que consulten a los obreros presentes, el nombre de la persona que ha asumido la administración del FUNDO EL ROCIO, posterior al fallecimiento del De Cujus ANTONIO RUIZ ZAPATA, a saber, después del 19-04-2022. SEGUNDO: Del estado en el que se encuentran las instalaciones, construcciones, bienhechurías, el inventario de las máquinas y equipos (viviendas, corrales, carreteras, etc). TERCERO: Del uso de explotación que tiene el Fundo “El Rocío” así como; la presencia de los bebederos, condiciones y tipo de pasto y las condiciones en las que se encuentran los potreros e inventario de semovientes, especificando cantidades de semovientes orejanos (que no tienen hierro de la finca) toros, vacas, mautes, novillas, becerros, caballos, yeguas y potros. CUARTO: De la ubicación, medidas, linderos y demás determinaciones del lote de terreno donde se encuentra el FUNDO EL ROCIO, con sus respectivas coordenadas U.T.M. QUINTO: Se reserva el derecho de indicar cualquier otro hecho para ser señalado al momento de practicar la inspección solicitada, por último, JURA LA URGENCIA DEL CASO.
En fecha 25 de julio de 2019, se admite la presente solicitud, librándose despacho saneador, el cual fue cumplido, según auto de fecha 09 de agosto de 2019.
Mediante auto de fecha 13 de agosto de 2019 se ordenó oficiar al Instituto Nacional de Tierras (INTI) de este estado, a los fines que sea designado un Experto Agrario, a fin de poder evacuar los particulares solicitados, por tanto, una vez designado el experto deberá comparecer por ante este Juzgado a prestar el juramento de Ley, y una vez conste ello en autos, se procederá por auto separado a fijar fecha y hora para el traslado y constitución del Tribunal en el sitio indicado a objeto de practicar la inspección judicial solicitada; y de igual forma se ordenará informar mediante oficio a la Rectoría del Circuito del estado Yaracuy para su conocimiento.
Mediante diligencia de fecha 09 de agosto de 2022 presentada y suscrita por la abogada YASNERIS MUJICA, en su carácter de autos, solicita sea decretada la perención de la instancia.
En fecha 16 de septiembre de 2022, la Abogada Pilar Valverde Jueza del Tribunal Segundo de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito de Protección, se inhibe de seguir conociendo el presente asunto, siendo declarada con lugar por el Tribunal Superior de este Circuito de Protección en fecha 03 de octubre de 2022, en el Cuaderno de incidencia signado con el Nº UH06-X-2022-000020.
En fecha 02 de noviembre de 2022, es recibido por ante este Tribunal Primero de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito de Protección, abocándose esta Juzgadora al conocimiento del presente asunto.

Se evidencia de las actas que conforman el presente asunto, que en cuanto a las actuaciones de la parte solicitante, la misma no compareció a fin de proceder a darle impulso procesal al presente asunto. siendo que a la presente fecha ha transcurrido más de un año, desde la última actuación realizada en fecha en fecha 28 de mayo de 2021, sin que la parte comparecieran por ante este Tribunal a realizar diligencias propias con el fin de darle impulso procesal al presente asunto, tal situación hace crear para esta Juzgadora la firme convicción de que no tiene interés procesal en que la causa sea resuelta.

Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresamente establece:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Por su parte, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:

1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.”

Por su parte, el artículo 268 ibídem, preceptúa:

“La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso contra sus representantes.”

Por último, el artículo 269 ejusdem, dispone expresamente:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”

En tal sentido, de las normas antes descritas se desprende que, al regular el legislador la institución de la perención de la instancia, pretende sancionar la inactividad de las partes, previendo la extinción del proceso como consecuencia de tal inactividad o negligencia, sin producir tal declaratoria efecto alguno respecto de la acción, habida consideración que, por su naturaleza, la perención únicamente pone fin al proceso a partir de su declaratoria. Por otra parte, la perención obra cuando las partes no han dado impulso al proceso dentro del plazo legal anual establecido (perención genérica) o cuando la parte accionante no ha cumplido determinados deberes legales dentro del lapso legal de treinta (30) días (perención breve), sin hacer distinción alguna en cuanto a la persona de quien dimana la omisión o la inactividad, existiendo norma expresa declarativa de la posibilidad de declarar la perención contra los niños, niñas y adolescentes, independientemente de la materia tratada.
El supuesto de procedencia de la figura procesal de la perención genérica comporta la concurrencia de dos requisitos, a saber: 1) la paralización de la causa durante el transcurso de un año, que debe computarse a partir de la fecha en que se efectuó el último acto de procedimiento y, 2) la inactividad de las partes durante el referido período, en el que no realizaron acto de procedimiento alguno, por supuesto, ello supone que, en relación al actor, no exista durante el transcurso de dichos lapsos ninguna actuación supeditada al pronunciamiento del Tribunal o, en caso contrario, que tal actuación dependa exclusivamente del órgano jurisdiccional y no de la parte demandante. Al efecto, ha de entenderse como acto de procedimiento, aquel que sirva para iniciar, sustanciar y decidir la causa, sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma; es decir, esta categoría de actos es aquella en la cual la parte interesada tiene intervención o, en todo caso, existe respecto de ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación. En razón de lo anterior, ante la renuncia tácita de la parte de continuar gestionando el proceso, revelada inequívocamente por su omisión en el cumplimiento de algún acto de procedimiento que revele su intención de impulso o gestión o por la omisión en el cumplimiento de las cargas que le han sido impuestas para ello, se produce la extinción del procedimiento pero no de la pretensión.

En tal virtud, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal del país, en sentencia dictada en la causa No. 00-1491 del 01.06.01, diferenció la naturaleza de la detención procesal, se evidencia la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la perención de la instancia, aquellos procedimientos donde estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad. Así mismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 12 de mayo de 2003, nuevamente alude a la declaratoria de perención en los juicios de manutención. En tal virtud, resulta incuestionable la doctrina del Máximo Tribunal del país, aunque no dispuso expresamente el carácter vinculante de la misma, en el sentido de admitir la aplicación de la sanción de la perención en los asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes cuando han incurrido en inactividad por el plazo previsto en la ley, aunque reconociendo la posibilidad de volver a demandar antes de los noventa (90) días, así como la posibilidad de mantener la vigencia de las medidas que hubieren podido dictarse durante el juicio perimido, al resultar necesario poner fin a la perpetuidad de los juicios cuando la propia parte actora da evidenciado el decaimiento de su interés en impulsarlo.

Ahora bien, tratándose de asuntos como el que nos ocupa, tanto la parte demandante como la demandada debían cumplir determinadas actuaciones, las cuales reposan única y exclusivamente en aquellas y no en el Tribunal, siendo que, ante la evidente falta de cumplimiento de aquellas cargas y ante el transcurso del tiempo sin que la solicitante hubiere desplegado ni una sola actuación procesal es necesario poner fin a la perpetuidad de tales asuntos, teniendo en consideración, además, que con la declaratoria de perención no se afectaría el ejercicio de la acción o de la solicitud, ya que la consecuencia es únicamente la extinción de la instancia; en consecuencia, transcurriendo más de un año desde la última actuación de las partes, en consecuencia, esta Juzgadora considera procedente y ajustado a derecho DECLARAR EXTINGUIDO EL PROCESO, conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 268 y 269 ibídem, por efecto de la perención, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.
DECISIÓN

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN y EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA EXTINGUIDO EL PROCESO POR EFECTO DE LA PERENCION, conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 268 y 269 ibídem.
Regístrese, publíquese, déjese copia certificada y expídase por la Secretaría, copia certificada que solicite la parte de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada, en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2022. Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Jueza,
Abg. SORELYS BETZABET QUINTERO BRICEÑO,
El Secretario,
Abg. Joel Barrios
En la misma fecha se publicó y registró, siendo las 03:45 p.m. En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.
El Secretario,
Abg. Joel Barrios
Asunto: UP11-J-2019-000246