TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 6 de marzo de 2020
AÑOS: 209º y 161º
ASUNTO: UP11-J-2019-000528

PARTES SOLICITANTES: Ciudadanos ELIANNY ALEXANDRA CASTILLO TORRES y RAFAEL ANTONIO RAMÍREZ SOLORZANO venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de Identidad Nros 16.261.392 y 15.964.996 respectivamente.
ABOGADO ASISTENTE: MARYURI ADRIANA ORTEGA, inpreabogado Nº 190.093.

MOTIVO: DIVORCIO NO CONTENCIOSO.

Se recibió en fecha 1 de noviembre de 2019, solicitud de Divorcio, fundamentada en el artículo 185 del Código Civil, en base a la sentencia Nº 693 de fecha 02/06/2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, interpuesta por los ciudadanos ELIANNY ALEXANDRA CASTILLO TORRES y RAFAEL ANTONIO RAMÍREZ SOLORZANO venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de Identidad Nros 16.261.392 y 15.964.996 respectivamente, asistido por la abogado MARYURI ADRIANA ORTEGA, inpreabogado Nº 190.093, mediante la cual manifestaron al Tribunal que el día veintinueve (29) de noviembre del año 2008, contrajeron matrimonio civil, por ante Registro Civil del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, según se evidencia de la copia certificada del Acta de Matrimonio signada con el Nº 168 del año 2008, la cual riela a cursante a los folios 4 y 5 del expediente. Igualmente manifestaron que procrearon dos hijos de nombres Identidad omitida con el artículo 65 de Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente. de 10 y 6 años de edad, nacidos el día 15/05/2009 y 24/08/2013 respectivamente, tal como consta en las copias fotostáticas de las actas de nacimientos que cursa a los folios 6 al 9 del expediente; su último domicilio conyugal fue en el Municipio San Felipe del Estado Yaracuy; manifestaron igualmente, en virtud que hemos decidido de mutuo acuerdo divorciarnos ya que consideramos que no podemos seguir juntos, y hasta la presente fecha no ha habido ni habrá reconciliación, haciendo insostenible la vida en común; en ese sentido, solicitan a éste Tribunal que decrete el divorcio entre ellos, basado en los motivos que más adelante en está motiva serán explanados.

En fecha 7 de noviembre de 2019, se admitió la presente causa, y se acordó tramitar aplicando con preferencia las disposiciones previstas en los artículos 511 y siguientes, que establece la celebración de la audiencia oral de evacuación de pruebas, la cual se fijará por auto expreso cuando conste la notificación de la Fiscal del Ministerio Publico, por lo que se libró la notificación a la Fiscal del Ministerio Público y oír la opinión de los niños de auto.

Por diligencia de fecha 4/12/2019, consta la opinión fiscal la cual cursa al folio 28 del asunto. En fecha 7/01/2020, se certifico la boleta de la representación Fiscal del Ministerio Publico, se fijó la audiencia oral de evacuación de pruebas para el día 4/3/2020 a las 10:00 a.m.

Siendo la oportunidad para la audiencia oral de evacuación de prueba se dejó constancia de la comparecencia de los solicitantes ciudadanos ELIANNY ALEXANDRA CASTILLO TORRES y RAFAEL ANTONIO RAMÍREZ SOLORZANO venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de Identidad Nros 16.261.392 y 15.964.996 respectivamente, debidamente asistido por la abogado MARYURI ADRIANA ORTEGA, inpreabogado Nº 190.093; por lo que se fijó el quantum mensual de la obligación de manutención y de las cuotas extras de los meses de septiembre y diciembre por gastos de útiles, uniformes escolares y gastos de estrenos, y en virtud que para quien suscribe, se cumplieron con los requisitos exigidos por la ley; se evacuaron las pruebas y el tribunal dictó el dispositivo oral; declarando con lugar la presente solicitud.

ESTANDO DENTRO DEL LAPSO PARA DICTAR SENTENCIA, ESTE TRIBUNAL HACE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

Este Tribunal, con conocimiento de la causa, una vez revisada la solicitud, procedió a evacuar las pruebas presentadas por los ciudadanos ELIANNY ALEXANDRA CASTILLO TORRES y RAFAEL ANTONIO RAMÍREZ SOLORZANO, identificados en autos, las cuales son: 1) Copia certificada del acta de matrimonio de los ciudadanos ELIANNY ALEXANDRA CASTILLO TORRES y RAFAEL ANTONIO RAMÍREZ SOLORZANO, identificados en autos, signada con el Nº 168 del año 2008, expedida por el Registro Civil del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, cursante a los folios 4 y 5 del expediente. 2) Copia certificada del acta de nacimiento del niño ANTHONY ALEXANDER RAMÍREZ CASTILLO, de 10 años de edad, nacido el día 15/05/2009, expedido por el Registro Civil del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, signado con el Nº 547 del año 2009, inserta a los folios 6 y 7 del expediente. 3) Copia certificada del acta de nacimiento de la niña ANTHONELLA VALENTINA RAMÍREZ CASTILLO, de 6 años de edad, nacida el día 24/08/2013, expedido por el Registro Civil del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, signado con el Nº 541 del año 2013, inserta a los folios 8 y 9 del expediente; este Tribunal las aprecia y le otorga valor probatorio, por ser documentos públicos de conformidad con lo establecido en los articulo 1359 y 1360 del Código Civil.
Por lo que se hace necesario citar la sentencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, de fecha 2 de junio de 2015 signada con el Nº 693, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, efectuó interpretación constitucional, con carácter vinculante, del artículo 185 del Código Civil Venezolano y determinó que las causales de divorcio allí previstas son enunciativas y no taxativas. Al respecto, la Sala estableció que “…cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nro. 446/2014, Ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”. A criterio de la Sala, la previsión del artículo 185 del Código Civil, que prevé una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, es contraria al ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución, ya que resulta insostenible el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
Dicho lo anterior, la Sala estableció que:
“(…) los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio”.
“En consecuencia (…) se deberán tramitar las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges, sin más exigencias que el acta de matrimonio y de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes de que se trate, así como el acuerdo previo de los cónyuges acerca de las instituciones familiares, esto es, lo relativo a la responsabilidad de crianza del o los menores de edad que hubiesen procreado, la responsabilidad de crianza y custodia, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, a efectos de que sean evaluados por el Juez de niños, niñas y adolescentes y determinar si son convenientes para los niños niñas y adolescentes de que se trate y conferir homologación, en caso de que no lo sea, el Juez o Jueza ordenará su corrección (…)”
Vista la jurisprudencia transcrita, observa quien aquí juzga, que la legitimidad de las partes está demostrada con la copia certificada del acta de matrimonio, que de los hechos alegados por los solicitantes en su escrito libelar y visto que no objetaron, ni se opusieron a lo manifestado en su escrito de solicitud; y siendo que los solicitantes de mutuo acuerdo manifestaron su voluntad de divorciarse, sin que hasta la fecha exista reconciliación, que no quieren seguir juntos; en virtud de tal circunstancia establecieron su domicilios separados; y considerando el criterio interpretativo constitucional con carácter vinculante que ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es por lo que este Tribunal considera cumplidos los elementos necesarios para la procedencia de la presente solicitud. Y ASÍ SE DECLARA.

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la presente solicitud de Divorcio y declara disuelto el vinculo matrimonial, que unía a los ciudadanos ELIANNY ALEXANDRA CASTILLO TORRES y RAFAEL ANTONIO RAMÍREZ SOLORZANO venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de Identidad Nros 16.261.392 y 15.964.996 respectivamente, debidamente asistidos por la abogado MARYURI ADRIANA ORTEGA, inpreabogado Nº 190.093, contraído el día veintinueve (29) de noviembre del año 2008, contrajeron matrimonio civil, por ante Registro Civil del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, según se evidencia de la copia certificada del Acta de Matrimonio signada con el Nº 168 del año 2008, de conformidad con la sentencia Nº 693 de fecha 02/06/2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En cuanto a las instituciones familiares a favor de los niños ANTHONY ALEXANDER RAMÍREZ CASTILLO y ANTHONELLA VALENTINA RAMÍREZ CASTILLO, esta juzgadora considera establecerlas según lo acordado por los cónyuges, de conformidad con lo establecido en el artículo 351, parágrafo primero de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de la siguiente manera: PRIMERO: Ambos padres ejercerán conjuntamente la Patria Potestad y la Responsabilidad de Crianza. SEGUNDO: La Responsabilidad de Custodia la ejercerá la madre. TERCERO: En cuanto a la obligación de manutención el padre aportara la cantidad de UN MILLÓN DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 1.000.000,00) MENSUALES, para gastos de manutención, los cuales serán entregados a la madre a través de transferencia bancaria. En el mes de septiembre padre aportara la cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 4.000.000,00), para gastos de útiles y uniformes escolares. En el mes de diciembre padre aportara la cantidad de OCHO MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 8.000.000,00), para gastos de estrenos. CUARTO: En lo referente al Régimen de Convivencia Familiar, será abierto y a conciencia, teniendo como única limitación el no afectar el desarrollo emocional y las actividades de los niños de auto. QUINTO: En cuanto a los bienes adquiridos durante la unión conyugal, liquídense los mismos en su oportunidad procesal. SEXTO: Se acuerda que una vez quede firme la presente decisión se oficie lo conducente a los organismos correspondientes y dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio Nº TPE-11-126 de fecha 27 de junio de 2011, que ordenó remitir al Consejo Nacional Electoral copia certificada de las sentencias firmes que alteren o modifiquen el estado civil de las personas; Ofíciese a la Oficina Regional Electoral del estado Yaracuy del Consejo Nacional Electoral remitiendo copia certificada de la presente sentencia, a los fines previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Registro Civil.

QUEDA DISUELTO EL VÍNCULO CONYUGAL.

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada. Se acuerda cinco (5) juegos de copias certificadas, así como la devolución de los documentos originales a las partes.

Dada, firmada y sellada, en el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe, a los seis (6) días del mes de marzo del año 2020. Años 209º de la Independencia y 161º de la Federación.
La Jueza,

Abg. PILAR COROMOTO VALVERDE MEDINA La Secretaria,

Abg. ANGÉLICA GIMÉNEZ

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia y siendo las 12:09 p.m., se cumplió con lo ordenado.-

La Secretaria,

Abg. ANGÉLICA GIMÉNEZ

ASUNTO: UP11-J-2019-000528