TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA, COCOROTE, VERÓES, SUCRE, LA TRINIDAD, BOLÍVAR Y MANUEL MONGE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 05 de noviembre de 2020

-I-
DE LAS PARTES

PARTE DEMANDANTE: ciudadanos MIRIAN IRAMA MENDOZA CAMACHO y OSWALDO RAMON MENDOZA CAMACHO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros V-3.913.080 y V-4.127.794, respectivamente.

APODERADO JUDICIAL: abogados GUIOMAR OJEDA ALCALA, JOSE LUIS OJEDA ESCOBAR, KARELYS DEL VALLE OJEDA PEÑA y GEIMARY NAILETH PIRELA HENRIQUEZ, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad Nº V-3.912.946, V-11.271.747, V-21.405.128 y V-19.411.786, respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros: 90.554, 95.594, 228.965 y 231.392, respectivamente.


PARTE DEMANDADA: JUAN ALEXANDER CORDERO, ANTHONY VARGAS, PROSPERO GUARECUCO y JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros V-11.645.997, V-19.954.452, 13.095.409 y V-7.586.691, respectivamente, domiciliados todos en el municipio Manuel Monge del Estado Yaracuy.

DEMANDA: ACCION POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN AGRARIA

EXPEDIENTE Nº: A-0454

-II-
ANTECEDENTES

Conoce este Juzgado el presente juicio por QUERELLA INTERDICTAL POR DESPOJO, intentado por los ciudadanos MIRIAN IRAMA MENDOZA CAMACHO y OSWALDO RAMON MENDOZA CAMACHO, ya identificados, en contra de los ciudadanos JUAN ALEXANDER CODERO, ANTHONY VARGAS PROSPERO GUARECUCO y JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ también identificados, presentado en fecha 14 de agosto de 2014, constante de cinco (05) folios útiles y noventa y uno (91) sus anexos, (Folios 01 al 96).

En fecha 24 de septiembre de 2014, este Juzgado ordenó darle entrada bajo el N° A-0454, nomenclatura particular de mismo previa su lectura por Secretaria, (Folio 97).

En fecha 30 de septiembre de 2014, este Tribunal ordenó el despacho saneador a fin de que la parte actora subsanara la demanda, (Folios 99 al 100).

En fecha 03 de octubre de 2014, el ciudadano OSWALDO MENDOZA, ya identificado, asistido por el abogado GUIOMAR OJEDA, también identificado, prórroga a fin de consignar escrito subsanación de la demanda.

En fecha 06 de octubre de 2014, este Tribunal, mediante auto otorgó cinco (05) días de prórroga, para la subsanación de la demanda, ( Folios 101 al 102).

En fecha 13 de octubre de 2014, los ciudadanos MIRIAN IRAMA MENDOZA CAMACHO y OSWALDO RAMON MENDOZA CAMACHO, asistidos por el abogado GUIOMAR OJEDA ALCALA, todos antes identificados, consignaron escrito de subsanación de la demanda, constante de dos (02) folios útiles, (Folios 103 al 104).

En fecha 21 de octubre de 2014, este Tribunal admitió la demanda y ordena librar boleta de citación a la parte demandada, (Folios 105 al 114).

En fecha 25 de junio de 2015, la ciudadana MIRIAN IRAMA MENDOZA CAMACHO, asistida por el abogado GUIOMAR OJEDA ALCALA ya identificados, solicitaron el abocamiento del Juez.

En fecha 29 de junio del mismo año, el Juez Cesar Rodríguez, se abocó al conocimiento de la presente causa, (Folios 115 y 116).

En fecha 11 de agosto de 2015, la ciudadana MIRIAN IRAMA MENDOZA CAMACHO, asistida por el abogado GUIOMAR OJEDA ALCALA ya identificados, consignó Poder Apud Acta otorgado a los abogados GUIOMAR OJEDA ALCALA, JOSE LUIS OJEDA ESCOBAR, KARELYS DEL VALLE OJEDA PEÑA Y GEIMARY NAILETH PIRELA HENRIQUEZ, ya identificados, (Folios 117 y 118).

En fecha 11 de febrero de 2016, el abogado GUIOMAR OJEDA ALCALA solicito el abocamiento del nuevo Juez; el cual se abocó al conocimiento de la causa en fecha 15 de febrero de 2016, (Folios 119 y 120).

En fecha 09 de agosto de 2017, el abogado GUIOMAR OJEDA ALCALA solicitó el abocamiento del nuevo Juez; el cual se abocó al conocimiento de la causa en fecha 18 de septiembre de 2017, (Folio 121 y 122).

En fecha 10 de enero de 2018, este Tribunal ordenó librar las boletas de citación a los demandados, (Folios 123 al 131).
En fecha 25 de julio de 2018, el Alguacil de este Juzgado consignó las boletas de citación sin firmar de los ciudadanos JUAN ALEXANDER CODERO, ANTHONY VARGAS PROSPERO GUARECUCO y JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ, (Folios 132 al 150).

En fecha 30 de julio de 2018, el abogado GUIOMAR OJEDA ALCALA, ya identificado, solicito la citación por cartel de los demandados; siendo librado por este Tribunal el día 01 de agosto de 2018, (Folio 151 al 154).

En fecha 10 de octubre de 2018, el apoderado judicial de la parte actora, consignó ejemplar de periódico con la publicación del Cartel de Citación; lo cual se ordenó agregar a las actas, mediante auto de fecha 11 del mismo mes y año, (Folios 155 al 157).

Fin de las actuaciones.


-IV-
DE LAS MOTIVACIONES DE HECHO Y DE DERECHO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26 reza:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. (Negrilla de este Tribunal).

De acuerdo con ello toda persona puede acceder a los órganos de administración de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses; y ello a través del ejercicio de la acción, siendo un elemento necesario de ésta última el interés procesal, con el cual se conforma una esfera jurídica de derecho individual, que engloba aquel que alega detentar un derecho y recurre a los órganos de administración de justicia para hacerlo valer a través de los procedimientos legalmente establecidos para ello, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad, pero no para aquél que lo invoca; dejando establecido que sin interés procesal no puede sustentarse o mantenerse la acción.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo; éste, ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.

Al respecto, resulta necesario traer a colación el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que establece lo siguiente:
“La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. (Negrillas del Tribunal).

Dicho precepto legal, aun cuando se encuentra en el Capítulo IV de la Ley, denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, hay que señalar que cuando una norma especial disponga de un recurso distinto al derecho común debe aplicarse la de la norma especial, siendo ésta norma especial la que determina, conforma y delimita la especialidad de dicha materia, toda vez que está creada y conformada en base a los principios que la caracteriza y diferencian del derecho común y de otras materias especiales.
Al respecto, la Sala de Casación Social, en Sala Especial Agraria, sentencia N°0803 del 19 de mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.) estableció:
“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de diciembre del año 2008, (Caso A.R.B.R. contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente:
…Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide.
Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó la perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece”. (Negrilla de este Tribunal)

En concordancia, este Tribunal de Primera Instancia Agraria, comparte y acata los planteamientos previamente citados, al establecer que se debe aplicar la perención en materia agraria, de seis (06) meses, tal como lo contempla el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; haciéndose especial énfasis en la cita que expresa “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” de modo que, no distingue si son tribunales superiores agrarios o de primera instancia agraria los que deben de aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador, tampoco el intérprete; es decir, se debe acatar por todos los tribunales agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente este tribunal. Así se establece.

Aunado a ello, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:
“(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito…” (Negrilla de este Tribunal).


En base a los planteamientos antes citados, y revisadas las actas procesales que conforman el presente proceso, evidencia esta Jurisdicente que, de un simple cómputo, desde el en fecha 10 de octubre de 2018, a la presente fecha; no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal por parte del accionante y/o algún representante judicial para impulsar la citación de la parte demandada; y por cuanto han transcurrido con creces, más de seis (06) meses, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
De acuerdo con ello, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la paralización; por lo que resulta forzoso para este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, declararla y en consecuencia, dar por terminado el presente procedimiento, ordenando el archivo del expediente. Así se declara.

-IV-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara:

PRIMERO: Consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia, extinguido el proceso, por ACCIÓN POSESORIA POR DESPOJO A LA POSESIÓN AGRARIA interpuesta por Ciudadanos MIRIAN IRAMA MENDOZA CAMACHO y OSWALDO RAMON MENDOZA CAMACHO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros V-3.913.080 y V-4.127.794, respectivamente; contra de los ciudadanos JUAN ALEXANDER CODERO, ANTHONY VARGAS PROSPERO GUARECUCO y JOSE HERIBERTO RODRIGUEZ venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cedulas de Identidad Nros V-11.645.997, V-19.954.452, 13.095.409 y V-7.586.691, respectivamente; sin que desde el 30 de julio de 2018, hasta la presente, haya realizado impulso procesal alguno. Así se decide.

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo, todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

TERCERO: Notifíquese a la parte interviniente en la causa de la presente decisión, dejándose constancia que el lapso para interponer los recursos de Ley, comenzará a transcurrir una vez conste en autos haberse cumplido con esta formalidad. Así se decide.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Déjese Copia Certificada de la presente Decisión de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho de este Juzgado, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,


ABG. DANIMAR CHIQUINQUIRA MOLERO ANDRADE.

LA SECRETARIA,


ABG. KARELIS VEGA HERNÁNDEZ.

En esta misma fecha, siendo las once treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 476, en el expediente signado bajo el Nº A-0454.-

LA SECRETARIA,


ABG. KARELIS VEGA HERNÁNDEZ.