República Bolivariana de Venezuela






En Su Nombre
Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas
Del Municipio Bruzual de La Circunscripción
Judicial del Estado Yaracuy

Chivacoa, 18 de marzo de 2021.
Años: 210º y 161º


EXPEDIENTE NUMERO: 3042/2019

SOLICITANTES: Ciudadanos NAIVIS MARGARITA PIÑA GÁMEZ Y JOSÉ MERCEDES RIERA MUJICA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.284.737 y V-7.592.735 respectivamente.

MOTIVO: DIVORCIO 185-A.

Los ciudadanos NAIVIS MARGARITA PIÑA GÁMEZ Y JOSÉ MERCEDES RIERA MUJICA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.284.737 y V-7.592.735 respectivamente, debidamente asistidos por la abogada en ejercicio OLINDA GÁMEZ, inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 68.466, solicitaron ante este Tribunal que se les decretara la disolución del vinculo matrimonial contraído entre ellos en fecha veintiséis (26) de noviembre del año mil novecientos ochenta y ocho (1988), por ante el Registro Civil del municipio Bruzual del Estado Yaracuy, según consta en acta de matrimonio Nº 180, folio 5, que corre inserta en el Libro de Registro Civil de matrimonios llevados por esa Oficina para el año 1988 y que cursa en el folio cuatro (04) del presente expediente.
Señalan igualmente los solicitantes, que durante su unión matrimonial fijaron su ultimo domicilio conyugal en la calle 4 entre avenidas 1 y 2 del barrio La Libertad de Chivacoa Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, de esta unión matrimonial procrearon 1 hija de nombre Angely Yohely Riera Piña, nacida el 10 de octubre de 1989, y en el tiempo que duró la relación no adquirieron bienes de fortuna, por un tiempo vivieron en perfecta unión familiar, pero comenzaron a suscitarse serias contrariedades que hicieron la vida en común muy difícil, decidiendo el día 30 de enero de 1990 separarse por mutuo acuerdo y desde entonces no han hecho vida en común bajo ninguna circunstancia.
La solicitud fue admitida en fecha veintidós (22) de noviembre del año 2019, ordenándose la notificación a la representante de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, según lo establecido en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que emitiera su opinión en lo relativo a la solicitud y se ordenó librar de conformidad con el último aparte del artículo 507, también se ordenó librar el edicto respectivo, la cual riela en los folios seis al ocho (06 al 08) del presente expediente.
En fecha 27 de febrero de 2020, folios nueve y diez (09 y 10), se evidencia la consignación de la boleta de notificación de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público debidamente firmada y agregada al expediente.
En fecha 28 de febrero de 2020, folio once (11), riela opinión favorable emitida por la Fiscal Séptima del Ministerio Público.
En fecha 02 de marzo de 2020, folio doce (12) el Tribunal mediante auto acuerda agregar la diligencia presentada por la Fiscal Auxiliar encargada de la Fiscalía del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, al presente expediente.
En fecha 06 de marzo de 2020, folio trece (13) se recibió diligencia presentada por la ciudadana Naivis Piña, asistida de la abogada Olinda Gámez, plenamente identificadas en autos, a los fines de solicitar copia del edicto para la respectiva publicación.
En fecha 02 de marzo de 2021, folios catorce y quince (14 y 15), se recibió diligencia presentada por el ciudadano José Riera, asistido de la abogada Olinda Gámez, plenamente identificados en autos los fines de consignar edicto publicado en el Diario Yaracuy al Día.
En fecha 03 de marzo de 2021, folio dieciséis (16), el tribunal mediante auto acordó la reanudación de la causa y agregar edicto publicado al presente expediente.
Siendo la oportunidad legal para decidir la presente solicitud, el tribunal lo hace en los siguientes términos:

El artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, textualmente expresa:
“El Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado”.

Asimismo, en Resolución Nro. 2009/0006, en su artículo 03, de fecha 18 de Marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.152, el 02 de Abril de 2009, el Tribunal Supremo de Justicia modificó la competencia de los Tribunales en razón del territorio y la cuantía, y a tal efecto, resolvió:

“Los Juzgados de Municipios conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza…”

Las referidas normas adjetivas, se encuentran en concordancia con lo previsto en los artículos 140 y 140-A del Código Civil, que dispone:

Art. 140.- Los cónyuges, de mutuo acuerdo, tomarán las decisiones relativas a la vida familiar y fijarán el domicilio conyugal.

Art. 140-A.- El domicilio conyugal será el lugar donde el marido y la mujer tenga establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso que los cónyuges tuvieren residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia en común”.

De seguida; pasa este juzgador a fundamentar las razones de hecho y de derecho que asisten a los solicitantes, y en tal sentido observa que las precisiones relativas a la solicitud de Divorcio interpuesta, están contenidas en el Código Civil, expresamente en el artículo 185-A, que establece:

art. 185-A.- Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (05) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. (…)

De la norma antes señalada; se desprende que los requisitos de procedencia del divorcio conforme a lo prescrito en esta disposición legal lo constituye la existencia de un vínculo matrimonial; que los cónyuges hubieren permanecido separados de hecho por más de diez (10) años; que no se hubiere producido la reconciliación entre ellos y que se interponga ante un Tribunal de jurisdicción ordinaria competente para su conocimiento. A criterio de este juzgador, esta norma impone al solicitante la responsabilidad de acreditar la concurrencia de estos supuestos, a objeto de determinar la titularidad de la acción y el hecho que propiamente la configura, como lo es la ruptura prolongada de la vida en común al estar separados de hecho por más de diez (10) años.

En ese sentido, se aprecia que emerge de la copia certificada del acta de matrimonio que corre inserta en el presente expediente al folio cuatro (04), emitida por ante el Registro Civil del municipio Bruzual del Estado Yaracuy, según consta en acta de matrimonio Nº 180 folio5, la cual constituye un documento público, de conformidad con lo previsto en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, con fundamento a ello se estima y aprecia en todo su valor probatorio ya que de ella emana la existencia del vinculo matrimonial y la titularidad de la acción en la persona de los solicitantes. Y así se decide.
Es necesario destacar que se ha admitido expresamente su separación, al alegar que se separaron de hecho hace más de diez (10) años y que hasta la presente fecha no han hecho vida en común bajo ninguna circunstancia, respecto de lo cual este jurisdicente observa que los solicitantes mantienen una ruptura prolongada por más de (10) años sin que se haya producido la reconciliación de la relación conyugal, por lo que se considera acreditado este requisito. Y así se decide.
De igual modo, mediante sentencia número 446 del 15 de Mayo de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, interpretó el articulo 185-A del Código Civil modificando el procedimiento de divorcio previsto en el, expresando lo siguiente.

La Sala analizó el contenido del artículo 185-A, indicando que:

“La norma en cuestión regula lo referido a la figura del divorcio, bajo el especial supuesto según el cual, producto de la ruptura de la “vida en común” se genera la separación de hecho alegada por alguno de los cónyuges por más de (5) años, procediendo la declaratoria del mismo, siempre y cuando el otro cónyuge convenga en ello y no exista negativa del mismo u objeción por parte del Ministerio Público”.

Observando este juzgador, que en el caso de marras, ambas partes comparecieron de forma voluntaria a solicitar el Divorcio, de conformidad con el artículo 185-A, por lo cual aplicamos para la presente causa, solamente el procedimiento establecido en dicha sentencia, y así se establece.
Revisadas como han sido las actas que componen la causa, se constata que se ha producido la separación de hecho de los solicitantes hasta la admisión de la solicitud de Divorcio 185-A, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges, por lo que, es procedente y ajustado a derecho declarar la disolución del vinculo matrimonial conforme a lo solicitado por las partes y en base a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil y en la precitada sentencia 446 de la Sala Constitucional, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Y así se decide.
En cuanto a los bienes adquiridos durante la duración del matrimonio, las partes manifestaron que no adquirieron bienes de fortuna.
III
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de Divorcio 185-A, presentada por los ciudadanos NAIVIS MARGARITA PIÑA GÁMEZ Y JOSÉ MERCEDES RIERA MUJICA, anteriormente identificados, y DECRETA la disolución del vinculo matrimonial contraído entre ellos en fecha veintiséis (26) de noviembre del año mil novecientos ochenta y ocho (1988) por ante el Registro Civil del Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, según consta en acta de matrimonio Nº 180, folio 5, que corre inserta en el Libro de Registro Civil de matrimonios llevados por esa Oficina para el año 1988.

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código Civil y artículo 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena que la presente sentencia sea insertada íntegramente en los libros de Registro Civil de matrimonios llevados por ante el Registro Civil y el Registro Principal correspondientes, a donde se acuerda remitir copia certificada de la misma a los fines de que se le coloque la nota marginal en la referida acta de matrimonio.
TERCERO: No hay pronunciamiento sobre costas dada la naturaleza de la acción.

CUARTO: Regístrese, publíquese y déjese copia certificada.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, INCLUSO EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE, ASÍ COMO EN LA PÁGINA WWW.YARACUY. SCC.ORG.VE, SEGÚN RESOLUCIÓN 05-2020, EMANADA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA DE CASACÓN CIVIL, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2020.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en Chivacoa, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año 2021. Años 210° de la Independencia y 162° de la Federación.

El Juez,
La Secretaria,
Abg. Edwin Godoy González
Abg. Solimar pacheco Torrealba.

En ésta misma fecha, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m) se registró y publicó la anterior decisión.

La Secretaria,

Abg. Solimar pacheco Torrealba.


Abg.EGG/Spt/diana
Exp: 3042/2019