TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela

Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
De la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy
San Felipe, Veintiséis (26) de Mayo de 2022
Años 212° y 162°

ASUNTO: UP11-L-2014-000043.-

DEMANDANTE (S): GRATEROL ARLEN EDUARDO, COLINA CESAR RAFAEL Y SANCHEZ CAMACHO JESÙS.

DEMANDADO: INDUSTRIA AZUCARERA SANTA CLARA, C.A
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES.
CO-DEMANDADA: CORPORACION VENEZOLANA AGRARIA AZUCAR (CVA AZUCAR)

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.

En fecha 24 de Febrero de 2014 los ciudadanos GRATEROL ARLEN EDUARDO, COLINA CESAR RAFAEL Y SANCHEZ CAMACHO JESÙS, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nºs. V-16.592.765; 14.608.795 y 24.633.586 respectivamente, asistidos por el profesional del Derecho JOSÉ LUIS OJEDA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº: V- 11.271.747, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 95.594, interponen demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS LABORALES, el cual fue recibido (Folio 15 de la Pieza Uno) por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. Admitido en fecha 26/02/2014 (Folio 16 de la Pieza Uno) de igual manera, en fecha 16/02/2018, la Abogada ANNIELY ELIAS CORONA en su condición de Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado, se aboca al conocimiento de la presente causa y libra las notificaciones respectivas (Folio 116 de la Pieza Dos).
Luego de revisadas las actas procesales que conforman la presente causa, observa este Tribunal que: Mediante consignación del Alguacil de fecha 02 de Mayo de 2019 que se desprenden del (folio 169 de la Pieza Numero Dos), el Juzgado observa que la notificación a la empresa CO-DEMANDADA: CORPORACION VENEZOLANA AGRARIA AZUCAR (CVA AZUCAR), no fue debidamente practicada por cuanto una vez el Funcionario ubicado en la dirección señala en la boleta de notificación, fue atendido por la ciudadana Alcira Benítez titular de la portadora de la cédula de identidad Nº V- 20.949.987, quien manifestó ser (analista) de igual manera manifiesta al funcionario que no se encontraba autorizada ni facultada para recibir, en virtud de que el departamento de asesoría legal ya no tienes sus oficinas, en Cojedes desde hace más de un año aproximadamente, actualmente se encuentra en la ciudad de Barquisimeto en la siguiente dirección (final Av Lara al lado del estacionamiento Tiuna en la sede de la empresa mixta Porcino del Alba oficina CVA Barquisimeto estado Lara), teniendo como resultado la Notificaron negativa por cambio de residencia, es decir el (departamento de asesoría legal).
En tal sentido, el Tribunal mediante auto fundamentado de fecha 14 de Enero de 2020 que riela al (Folio 176 de la Pieza Nro. Dos), instó a la parte demandante, a proveer dirección de la empresa CO-DEMANDADA: CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA AZÚCAR (CVA AZÚCAR) para la continuación del proceso.
Después de descritas las diversas actuaciones procesales acaecidas en el presente juicio, se observa lo siguiente:

Como es sabido, admitida la demanda nace una relación jurídica propia del derecho de petición, en la que el actor se coloca en la posición de invocar la tutela judicial efectiva, a la que está obligado el Estado por intermedio del Poder Judicial, a tutelar ese interés jurídico reclamado, llámese la solución de un conflicto o la protección de un interés.
Como se dijo, tanto el actor debe tener un interés jurídico actual, como el Estado está obligado a tutelar el interés reclamado; de donde se colige que el proceso no es más que el instrumento del que dispone el Estado, para garantizar a sus administrados el mantenimiento de la paz social y la consecución de sus derechos particulares, cuando en ellos tengan interés. Así, la carencia de interés por parte del particular, aún luego de iniciado el proceso judicial, genera la convicción en el ánimo garantista del Estado de que su actuación administradora de justicia será inoficiosa, bien porque el conflicto se ha erradicado, bien porque el interés ha perecido. Se trata entonces de hacer realmente efectiva la administración de justicia.
De manera que, la perención de la instancia constituye una sanción de tipo legal que genera la consecuente extinción del proceso por causas imputables a las partes. Dicha sanción se configura cuando transcurre el lapso que dispone la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento alguno por el actor o demandado capaz de impulsar el curso del juicio.

Ahora bien, observa quien sentencia que la norma contenida en los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal Del Trabajo, trata la figura de la perención de la instancia, la cual reza textualmente:

“Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin habarse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.
Artículo 202. La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal.”

En atención a lo previsto en las normas citadas, la perención de la instancia se configura a través de la inactividad procesal de las partes, específicamente de la demandante; siendo ésta una institución procesal que se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por el tribunal, cuando estas no realizan actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, y la omisión se prolonga por más de un año.
En efecto, se trata la perención, sin duda alguna, de una institución netamente procesal dado que constituye uno de los medios de terminación del proceso. Sin embargo, a diferencia de otros medios de terminación, ésta no está vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino a condiciones objetivas fundamentalmente fácticas que deben conjugarse a los fines de su materialización.
Tal institución procesal, ha sido considerada como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley.
Desde el punto de vista de sus efectos, la perención de la instancia, produce a tenor de lo dispuesto en los artículos 201 y 202 eiusdem, la extinción del proceso, aclarando el legislador que ello no impide proponer nuevamente la demanda, después de la declaratoria.
En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente:
1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso.
2. Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno.
3. El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia.

En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal.
En el caso bajo estudio, se aprecia de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente que hubo una inactividad absoluta por parte demandante desde el 14 de Enero de 2020, fecha en que se instó, a proveer dirección de la empresa CO-DEMANDADA: CORPORACION VENEZOLANA AGRARIA AZUCAR (CVA AZÚCAR), para los fines legales pertinentes, y siendo que hasta la presente fecha la dicha parte no cumplió con su carga de señalar la dirección solicitada, transcurriendo desde dicha actuación hasta el día de hoy 17/05/2022, un lapso mayor al año, específicamente dos años, cuatro meses y tres días, lapso durante el cual las partes no ejecutaron ningún acto de procedimiento, por lo que resulta evidente que ha operado de pleno derecho la perención. Así se decide.
Por tales motivos, considera pertinente señalar quien decide que la perención ocurre de pleno derecho y con efectos objetivos, es decir, que la instancia se entiende perimida e inocua para continuar surtiendo efectos procesales desde el mismo momento en que se verifica el transcurso del año de inactividad, entiéndase de esta manera que surte efectos ex tunc (desde siempre, acción que produce efectos desde el momento mismo que el acto tuvo su origen) y no desde su declaratoria.

DECISION
Por los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento, en consecuencia se declara la EXTINCION DEL PROCESO contentivo de la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES interpuesta por los ciudadanos GRATEROL ARLEN EDUARDO, COLINA CESAR RAFAEL Y SANCHEZ CAMACHO JESÙS, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nºs. V-16.592.765; 14.608.795 y 24.633.586 respectivamente, asistidos por el Profesional del derecho JÒSE LUIS OJEDA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº: V- 11.271.747, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 95.594, identificado en autos, con fundamento en lo previsto en los artículos 48,51,92,131,132,134,137,142,190,192,195 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores; y en los artículos 26 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana De Venezuela, en contra de INDUSTRIA AZUCARERA SANTA CLARA y CO-DEMANDADA: CORPORACION VENEZOLANA AGRARIA AZÚCAR (CVA AZÚCAR).
SEGUNDO: Archívese el expediente en la oportunidad correspondiente.
TERCERO: No hay condenatoria en costas en atención a lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica según remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
CUARTO: Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Dada, firmada y sellada en la sede del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los Veintiséis (26) días del mes de Mayo del año dos mil veintidós (2.022).

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.

LA JUEZA,

Abg. Anniely Elías Corona

EL SECRETARIO

Abg. Pablo Velásquez

Nota: Se deja expresa constancia que, en horas de despacho del mismo día de hoy, siendo las once minutos de la mañana (11:00 a.m.), se diarizó y publicó la presente decisión.

EL SECRETARIO

Abg. Pablo Velásquez