TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe 3 de Noviembre del 2022.
Años: 212º Y 163º

SENTENCIA: DEFINITIVA

EXPEDIENTE: N° 4.005-2022

DEMANDANTE YRIS YAMILET BARRANCO DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V- 15.768.130.

ABOGADA ASISTENTE: LILIANY MONTILLA SIERRA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 135.389.

DEMANDADOS: MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO Y CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 7.559.345 y V- 6.066.331 respectivamente.

MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA.

- I –
DE LAS ACTAS DEL PROCESO.

En fecha 25 de octubre del 2021, se recibe por Distribución y procedente del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la circunscripción Judicial del estado Yaracuy, la presente demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, suscrita y presentada por la ciudadana YRIS YAMILET BARRANCO DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V- 15.768.130, debidamente asistida por la abogada en ejercicio LILIANY MONTILLA SIERRA, contra los ciudadanos: MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO Y CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 7.559.345 y V- 6.066.331 respectivamente; quien acudió para demandar a los prenombrados ciudadanos y expuso que:
“…Es el caso que, en mayo del 2021, procedí a firmar un documento de Compra-Venta de un inmueble constituido por una vivienda, ubicada en la urbanización Luis Herrera Campis, sector número 01, vereda número 04, casa número 17 del Municipio autónomo de Cocorote estado Yaracuy, cuya descripción es la siguiente:
Esta edificada en un área de terreno propiedad del Instituto Agrario Nacional (IAN), hoy Instituto Nacional De Tierras (INTI), el cual no está incluido en la mencionada venta, sus medidas son: Ciento Cincuenta Metros Cuadrados Con Cuarenta Centímetros (150,40 ctms) y cuyas medidas y linderos son, Norte: en Dieciocho Metros Con Ochenta Centímetros (18,80 cmts) casa número 15, de la vereda número 04, su lateral, Sur: En Dieciocho Metros Con Ochenta Centímetros (18,80 ctms) casa número 19, de la vereda número 04, su lateral, Este: En ocho metros (8 mtrs) casa número 18, de la avenida número 02, su fondo, Oeste: en ocho metros ( 8 mts) vereda número 04, su frente…” “…Ciudadana juez en vista la existencia de documento privado, concerniente, escrito y suscrito entre ambas partes, es que solicito que se ordene la comparecencia de la ciudadana MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO y del ciudadano CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR venezolanos, casados y plenamente identificado anteriormente, para que comparezca ante este tribunal y reconozcan el contenido y firma del documento de compra-venta privado anteriormente y que acompaño en original marcado con la letra “A”…”

Del escrito libelar y sus anexos se desprende que la parte actora fundamentó la presente acción con lo establecido en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad con los artículos 1363 y 1364 del Código Civil Venezolano.

En fecha dos (2) de agosto de 2022, este Tribunal admitió la demanda y ordenó emplazar a los ciudadanos MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO Y CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 7.559.345 y V-6.066.331 respectivamente (Folio. 16 al 18)

En fecha veintiocho (28) de septiembre de 2022, el alguacil de este tribunal, consignó los recibos de compulsas de los ciudadanos MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO Y CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR, por cuanto los prenombrados se dieron por citados en la misma fecha. (Folio 19 al 22).

En fecha veinticuatro (24) de octubre del 2022, comparecieron ante este tribunal los ciudadanos MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO Y CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR, debidamente asistidos por el abogado FRANCO MIGUEL BEJARANO BORDONES, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº. 288.747, quienes manifestaron mediante escrito que no se oponen a la pretensión de la demanda, puesto que admiten haber realizado el documento de compra- venta de una casa, en donde ambos firmaron con la ciudadana IRIS YAMILETH BARRANCO DÍAZ la venta de una casa, que les pertenecían de acuerdo al documento notariado en San Felipe fecha 16 de marzo del 2011 n° 22 tomo 77. (Folio 23).

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Antes de pasar a decidir, este tribunal pasa a realizar las siguientes observaciones:

La demanda judicial es el acto de iniciación del proceso mediante la cual una persona que afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley a su favor, se dirige al órgano del Estado (Juez) para obtener la aplicación de dicha voluntad. La demanda es el primer acto del proceso “nemo iudex sine actore”, es decir, la primera forma de la actividad de la parte en el proceso consiste en demandar.

Ha sido criterio jurisprudencial que la demanda es “toda petición que contiene un interés cuya satisfacción se pretende obtener del órgano jurisdiccional autorizado. Pero en el sentido procesal estricto se define como el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción, solicitando del Tribunal, protección, declaración o constitución de una situación jurídica”.

En cuanto a la competencia de este Tribunal para conocer de la presente causa, se observa el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

“Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado; todo a elección del demandante..”.

El legislador venezolano acogió la norma derivada del derecho romano, “Actor sequitir forum rei”, es decir, la regla del fuero general que da competencia al Tribunal donde esté ubicado el inmueble, y cuyo motivo en especial está en las razones de equidad, o en su defecto el domicilio del demandado y si no se conociere el domicilio, se tomará el del lugar de la residencia, a los efectos de la demanda.

Asimismo con relación a la competencia del tribunal, es necesario indicar que el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que los Juzgados de Municipio conocerán en primera instancia de las causas civiles y mercantiles cuyo interés, calculado según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil no exceda de cinco millones de Bolívares (Bs. 5.000.000), cuantía ésta que fue modificada por la Resolución Nº 2.009-0006, emanada de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de marzo de 2009 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº G.O 39.952, de fecha dos (2) de abril del año 2009, igualmente la prenombrada resolución fue modificada a su vez a través de la resolución Nº 2018-0013, de fecha veinticuatro 24 de octubre de 2018, la cual fue publicada en Gaceta Oficial N° 41.620 de fecha veinticinco (25) de abril de 2019, y que establece en su artículo uno (1) que: (…) “Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo, según corresponda, de la siguiente manera: a) Los Juzgados de Municipio y Ejecutores de Medidas, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de quince mil unidades tributarias (15.000 U.T.)…”

Igualmente la presente causa está relacionada con el reconocimiento de un documento privado en su contenido y firma, la cual es de naturaleza civil, cuya cuantía corresponde a un tribunal de municipio, por su parte el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil establece que las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado; todo a elección del demandante, por lo que al tratarse la presente demanda de una petición para que se conmine al demandado a reconocer en un documento privado, su firma y el contenido suscrito, cuya cuantía fue estimada inferior a quince mil unidades tributarias (15.000 U.T.) y haber elegido el demandante para el conocimiento de esta causa a este tribunal, por tener el demandado su domicilio en un municipio sobre la cual este tribunal ejerce su jurisdicción, por haberse realizado el contrato de compra-venta en el municipio San Felipe, estado Yaracuy y por estar situado el inmueble en dicha jurisdicción, éste juridiscente resulta competente para conocer la presente causa y así se decide.

Por su parte, tenemos que la capacidad negocial, es la facultad que tiene una persona natural o jurídica para actuar válidamente, es decir, para producir, por voluntad propia, actos con efectos jurídicos válidos.

En este momento, este tribunal pasa a verificar si la pretensión no es contraria a derecho, en consecuencia, se observa que la causa que originó la pretensión de la parte accionante fue el reconocimiento de un documento privado suscrito entre la ciudadana YRIS YAMILET BARRANCO DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V- 15.768.130 y los ciudadanos MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO Y CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 7.559.345 y V-6.066.331 respectivamente, ubicado en la urbanización Luis Herrera Campis, sector número 01, vereda número 04, casa número 17 del Municipio autónomo de Cocorote estado Yaracuy, esta edificada en un área de terreno propiedad del Instituto Agrario Nacional (IAN), hoy Instituto Nacional De Tierras (INTI), el cual no está incluido en la mencionada venta, sus medidas son: Ciento Cincuenta Metros Cuadrados Con Cuarenta Centímetros (150,40 ctms) y cuyas medidas y linderos son, Norte: en Dieciocho Metros Con Ochenta Centímetros (18,80 cmts) casa número 15, de la vereda número 04, su lateral, Sur: En Dieciocho Metros Con Ochenta Centímetros (18,80 ctms) casa número 19, de la vereda número 04, su lateral, Este: En ocho metros (8 mtrs) casa número 18, de la avenida número 02, su fondo, Oeste: en ocho metros ( 8 mts) vereda número 04, su frente, el cual se encuentra debidamente notariado en San Felipe fecha 16 de marzo del 2011 n° 22 Tomo 77 de los libros de autentificaciones de La Notaria Pública de San Felipe, del estado Yaracuy. Dicha petición se encuentra amparada por los artículos 1.355 y 1.356 del Código Civil, que establecen:

Artículo 1.355 El instrumento redactado por las partes y contentivo de sus convenciones es sólo un medio probatorio; su validez o su nulidad no tienen ninguna influencia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar, salvo los casos en que el instrumento se requiera como solemnidad del acto.

Artículo 1.356 La prueba por escrito resulta de un instrumento público o de un instrumento privado.

Este tribunal revisando lo relacionado en cuanto a la citación de las partes demandadas, ciudadanos MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO Y CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 7.559.345 y V- 6.066.331 respectivamente, esta juzgadora observa que los mismos fueron debidamente citados por el alguacil de este tribunal en fecha veintiocho (28) de septiembre del 2022 y que los mismos comparecieron ante este tribunal en fecha veinticuatro 24 de octubre del 2022, quienes manifestaron mediante escrito que no se oponen a la pretensión de la demanda, puesto que admiten haber realizado el documento de compra- venta de una casa, en donde ambos Firmaron con la ciudadana YRIS YAMILETH BARRANCO DÍAZ, la venta de una casa, que les pertenecían de acuerdo a documento notariado en San Felipe fecha 16 de marzo del 2011 n° 22 tomo 77, tal como lo demuestra la diligencia suscrita por ellos, la cual riela al folio 23 del presente expediente.

En este sentido, y siendo que el contenido del artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, señala que en cualquier estado y grado del proceso el demandado puede convenir en la demanda y el juez dará por consumado el acto y proceder como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; y a su vez el artículo 363 de la misma norma adjetiva, señala si el demandado conviene en todo cuanto se le exija en la demanda, quedará esta terminada y reconocida como fue por la demandada, el hecho esgrimido en el escrito de la demanda, y como la pretensión no es contraria a derecho, al orden público o a alguna disposición expresa de la ley, se tiene como reconocido el contenido y firma del instrumento privado objeto de la presente demanda, tal y como se decidirá.

El reconocimiento judicial es la oposición del instrumento que hace una de las partes a la otra, con el fin de que reconozca como cierto el documento, esto ocurre cuando se oponga en un litigio como instrumento probatorio, tal como lo señala el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, que se solicite el reconocimiento por vía principal, artículo 450 ejusdem, o como preparación de la vía ejecutiva artículo 631 ejusdem.

No obstante, el presente se rige por lo dispuesto por el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza:
“La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”.

Ahora bien, el reconocimiento puede ser expreso o tácito, cuando la parte a quien se le opone el instrumento en el lapso correspondiente no hace ninguna manifestación de desconocimiento o lo reconoce voluntariamente en el acto de contestación de la demanda en virtud que dicho documento privado fue consignado junto con el libelo de la demanda.
Señala el artículo 1.363 del Código Civil Venezolano vigente lo siguiente:
“El instrumento privado reconocido o tenido legamente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones”.
Por su parte el artículo 1.364 ejusdem reza:
“Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido”.

De los artículos antes citados, se evidencia que una vez presentado al Juez competente el instrumento privado para que reconozca la autenticidad de las firmas de los otorgantes y una vez reconocido por la parte demandada, el documento tiene la fuerza de uno autenticado, es decir, un documento privado puede ser convertido en un documento con fuerza de documento público.

Los instrumentos privados pertenecen, al igual que los instrumentos públicos y actualmente la nueva clasificación de documentos administrativos, a los medios de pruebas clasificados por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como prueba escrita, la cual por su naturaleza es preconstituida, posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez están conformes con su redacción y contenido, tal como lo precisa los artículos 1.355 y 1.356 del Código Civil, gozando de la validez que le atribuye el Código a tales documentos, aún y cuando, hayan sido extendidos en papel común, sin estampillas, dejando a salvo las acciones derivadas de la ley por el incumplimiento de tales requisitos contra las partes que lo suscriben, conforme al artículo 1.370 ejusdem.

Ciertamente, para que tales instrumentos o documentos privados gocen de plena validez y efecto entre las partes y ante terceros, en lo que respecta al hecho material de la declaración hecha por ellos y a tal efecto, se equipará al documento público en su valor probatorio, siendo solo desvirtuable mediante la Tacha de Falsedad; mientras que servirá sólo de indicio en lo que respecta a la verdad de las declaraciones contenidas en el documento, deben cumplir con el requisito del Reconocimiento, es decir, que dicho documento haya sido reconocido en su contenido (negocio jurídico) y en su firma por las partes que lo suscriben, por cuanto de un documento carente de firma no puede atribuirse voluntad alguna a la persona que se enuncie como parte, ni atribuírsele responsabilidad alguna sobre él, y aun siendo firmado por esta, puede haber sido modificado en su contenido, modificando el negocio jurídico establecido entre las partes, de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil.

En tal virtud, dicho instrumento debe someterse al reconocimiento del contenido y firma por las partes que lo suscriben, ya sea al ser firmado en presencia de un funcionario público competente para verificar tal acto o al haber sido reconocido ante la autoridad judicial, ya sea por vía principal o por vía incidental y por supuesto, estos instrumentos privado no tienen valor alguno para alterar o contrariar lo establecido mediante documento público, surtiendo en tal caso, efectos solo entre los contratantes y sus sucesores a Título Universal, tal como lo consagra el artículo 1362 ejusdem.

Es pertinente señalar que para la validación del reconocimiento de un documento privado, se hace necesario traer a colación el criterio jurisprudencial de vieja data emanada de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 31 de mayo de 1988, la cual estableció: “… lo cierto es que de las disposiciones legales enunciadas como infringidas, se interpreta que el desconocimiento puro y simple de un documento privado conlleva el desconocimiento de la firma que lo autoriza; y que el reconocimiento de la firma, entraña el del contenido del documento. No hay disposición alguna en nuestra legislación para apoyar el caso de la firma del documento privado, y al mismo tiempo el desconocimiento de su contenido, y esto es absolutamente lógico, desde luego que si permitiera esto último, perdería la prueba por escrito los atributos de seriedad y seguridad que le concede la legislación universal. De nada valdría, en efecto, llevar a documento privado cualquier convención, si a pesar del reconocimiento que de las firmas hagan las partes otorgantes, pudieran negar el contenido y echar sobre los hombros del interesado la carga de otros medios de prueba más inseguro para sostener la invalidez de la contratación. Claro está que si el contenido de un documento ha sido alterado o se ha hecho ilícito uso de una firma en blanco y está el documento en alguno de los casos contemplados con relación a la tacha de los documentos privados, el desconocimiento de ese contenido es procedente, aun cuando se admitiere que la firma es auténtica, pero, entonces la vía procedente sería casualmente, esa de la tacha, que resulta igualmente ser el modo de atacar el contenido y la firma de los documentos públicos…” Deja así puntualizada la Sala la diferencia entre los dos medios de impugnación del documento privado, es decir, el desconocimiento de la firma y la tacha de su contenido, así como la forma de atacar la validez de un documento público.

El punto sometido en el libelo de demanda para que este juzgado resuelva la controversia es la demanda de Reconocimiento de Contenido y Firma, fundamentada en los artículos 444 y 450 del Código Orgánico de Procedimiento Civil.

El legislador ha concebido claramente que la acción de reconocimiento de firma, la cual es mero declarativa y se sigue por procedimiento ordinario, se circunscribe y agota en el mero reconocimiento de la firma y la consiguiente autenticidad que ello produce sobre las declaraciones de quien estampó la firma, como único objetivo del juicio al que da lugar dicha acción, de modo tal que ni la pretensión ni la decisión a recaer dicen nada con respecto a la validez, eficacia o alcance del negocio jurídico hecho constar en el instrumento cuya firma se pide reconocer, lo cual es asunto material o de fondo extraño al mero aspecto de autenticidad de la firma. Y así se decide.

Y por último, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 257 constitucional, el cual presupone que el “proceso constituye una herramienta fundamental para la realización de la justicia” y siendo que se han cumplido con todas las etapas procesales, este tribunal determina que dicha acción de reconocimiento de documento privado tiene su basamento legal en el artículo 631 del Código de procedimiento Civil en concordancia con lo previsto en el artículo 450 ejusdem, por tanto, dicha acción no es contraria a derecho, encontrándose amparada por la ley. Y así se decide.
En este estado, estando debidamente citados los demandados de autos como lo solicitó la demandante y una vez reconocido el contenido y firma del documento privado de compra-venta, objeto de esta acción, el tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, y así se decide.

-III-
DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: Con lugar la pretensión contenida en la demanda de Reconocimiento de Documento Privado en su Contenido y Firma, incoada por la ciudadana YRIS YAMILET BARRANCO DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V- 15.768.130, quien estuvo debidamente asistida por la abogada en ejercicio LILIANY MONTILLA SIERRA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 135.389, en contra de los ciudadanos MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO Y CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 7.559.345 y V- 6.066.331 respectivamente, quienes no se oponen a la pretensión de la demanda, puesto que admiten haber realizado el documento de compra- venta de una casa, en donde ambos firmaron con la ciudadana YRIS YAMILETH BARRANCO DÍAZ, la venta de una casa, que les pertenecían de acuerdo a documento notariado en San Felipe fecha 16 de marzo del 2011 n° 22 tomo 77.

PRIMERO: Téngase de conformidad con lo preceptuado en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, legalmente reconocido por los ciudadanos MARITZA PASTORA CASTEL DE CARRILLO Y CARLOS ALBERTO CARRILLO TOVAR, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 7.559.345 y V-6.066.331 respectivamente, el documento privado de compra-venta del bien inmueble de la presente causa, ubicado en la urbanización Luis Herrera Campis, sector número 01, vereda número 04, casa número 17 del Municipio autónomo de Cocorote estado Yaracuy, cuya descripción es la siguiente: esta edificada en un área de terreno propiedad del Instituto Agrario Nacional (IAN), hoy Instituto Nacional De Tierras (INTI), el cual no está incluido en la mencionada venta, sus medidas son: Ciento Cincuenta Metros Cuadrados Con Cuarenta Centímetros (150,40 ctms) y cuyas medidas y linderos son, Norte: en Dieciocho Metros Con Ochenta Centímetros (18,80 cmts) casa número 15, de la vereda número 04, su lateral, Sur: En Dieciocho Metros Con Ochenta Centímetros (18,80 ctms) casa número 19, de la vereda número 04, su lateral, Este: En ocho metros (8 mtrs) casa número 18, de la avenida número 02, su fondo, Oeste: en ocho metros (8 mts) vereda número 04, su frente, de acuerdo a documento notariada en San Felipe fecha 16 de marzo del 2011 n° 22 tomo 77.

SEGUNDO: Una vez quede firme la presente decisión, se ordena la devolución de la documentación original consignada junto con el libelo de la demanda presentada por la parte demandante y en su lugar dejar copias certificadas de los mismo, una vez que la parte interesada provea al tribunal de las copias fotostáticas simples respectivas.

TERCERO: No hay condenatoria en costa, de conformidad con lo establecido el primer aparte del artículo 282 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: Se deja constancia que la presente sentencia se dictó dentro del lapso.

Publíquese y regístrese, incluso en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia WWW.TSJ.GOB.VE, según resolución 001-2022 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 16 de junio de 2022.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los tres (3) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós 2022. Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. NEIRA LEONOR MORENO PRATO
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz Lugo M

En esta misma fecha y siendo las tres de la tarde (3:00 pm), se registró y publicó la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz Lugo M

Exp. Nº 4.005-2022
NM/OL/ya.-