TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe: 18 octubre 2022.
Años: 212º Y 163º

SENTENCIA: Definitiva

EXPEDIENTE: N° 3.957-21

PARTE ACTORA: Ciudadana ANGELA DEL VALLE BERRIS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.442.922 y de este domicilio.

ABOGADO ASISTENTE: Ciudadano ANDY MANUEL JIMENEZ DURAN, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 260.885.

PARTE DEMANDADA: Ciudadano ANTONIO JOSÉ RAMIREZ CALDERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.725.722 y de este domicilio.

MOTIVO: DIVORCIO 185-A

- I –
DE LAS ACTAS DEL PROCESO.

La presente solicitud de divorcio fue recibida por distribución en fecha 11 de febrero de 2021, incoada ante el Tribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, por la ciudadana ÁNGELA DEL VALLE BERRIS, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.442.922, debidamente asistida por el abogado ANDY MANUEL JIMÉNEZ DURAN, Inpreabogado bajo el Nº 260.885, a los fines de solicitar que se le decretara la disolución del vínculo matrimonial contraído con el ciudadano ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.725.722, celebrado en fecha veinte 20 de noviembre del año 2015, por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, el cual quedó asentado bajo el Nº 157, folio 160 de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 2015. Manifestó la solicitante en su escrito libelar, que su último domicilio conyugal fue en la calle principal sector Santa Elena, casa S/N, municipio Independencia del estado Yaracuy

“… es el caso, que desde hace más de un año, para esta fecha, en forma paulatina no vivo con su esposo, por razón que surgieron situaciones que han producido distanciamiento marcado por un enfriamiento nuestra relación, el cual he querido tratar de solucionar como corresponde a una pareja matrimonial venida de hogares bien constituido y honorables, pero desgraciadamente mi esfuerzo por salvar nuestro hogar, ha sido totalmente infructuoso, no se ha podido volver resolver esta situación tal punto que en la actualidad nos es imposible la vida en común por una incompatibilidad manifiesta en nuestros caracteres, por DESAMOR…”

En fecha 18 de febrero del 2021, el Tribunal le dio entrada a la presente solicitud y ordenó su admisión, asimismo ordenó librar la respectiva boleta de citación para el demandado en auto y la respectiva boleta de citación a la Fiscal Séptima del Ministerio Publico del estado Yaracuy. (Folios 7 al 9).

En fecha 1 de marzo de 2021, el alguacil de este Tribunal consignó debidamente firmada, la boleta de citación que le fue librada a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. (Folios 10 y 11).

En fecha 5 de marzo de 2021, el alguacil de este Tribunal consignó la boleta de citación librada al ciudadano ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.725.722 sin firmar, manifestó que se trasladó a la dirección señalada en la boleta, en tres oportunidades y fue imposible localizarlo. (Folios 12 al 17).

En fecha 16 de marzo del año 2021, la ciudadana Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, dio contestación a su citación, dando su visto bueno a la solicitud y manifestando que no tenía nada que objetar sobre la misma. (Folio 18).

En fecha 17 de marzo de 2021, diligenció la parte demandante, solicitando la notificación por cartel del demandado ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.725.722. (Fol. 19)

En fecha 12 de abril del 2021, el Tribunal acordó de conformidad lo solicitado anteriormente por la parte demandante, y ordenó librar el respectivo cartel de notificación al ciudadano ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA parte demandada en la presente causa, de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.(Folios 21 y 22).

En fecha 14 de mayo de 2021, diligenció la parte demandante, ciudadana ANGELA DEL VALLE BERRIS, donde consignó ejemplar del periódico Yaracuy al Día, donde aparece publicado el cartel de notificación del demandado de autos, Antonio José Ramírez Caldera. (Fol. 23 y 24).

En fecha 16 de septiembre de 2022, este Tribunal dejó constancia que la Jueza se aboco y ordenó librar boletas de notificación a ambas partes. (Fol. 26 al 28)

En fecha 20 de septiembre de 2022, el alguacil de este Tribunal consignó boletas de notificación de abocamiento de la juez, debidamente firmadas. (Folios 29 al 32).

En fecha 13 de octubre de 2022, este Tribunal dejó constancia que se reanudo la causa en el estado de dictar sentencia. (fol. 33)

Siendo la oportunidad para decidir en la presente causa, este Tribunal lo hace en base a los siguientes razonamientos:

- II -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Cursa al folio 03, copia fotostática de la cédula de identidad de la ciudadana ANGELA DEL VALLE BERRIS, titular de la cédula de identidad Nº. V- 14.442.922, la cual constituye copia de un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil sirviendo las mismas para identificar a las partes. Y así se valora.

Cursa al folio 04, 05 y vuelto, copia certificada de acta de matrimonio de los ciudadanos ANGELA DEL VALLE BERRIS Y ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA titulares de las cédulas de identidad Nro. V- 14.442.922 y V- 12.725.722 respectivamente, contraído en fecha 20 de noviembre del año 2015, por ante la Oficina de Registro Civil del municipio San Felipe del estado Yaracuy, asentado bajo el Nº 157 de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 2015, Folio: 160. Tomo: I, constituye un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, sirviendo la misma para demostrar la referida unión conyugal. Y así se valora.

El artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, textualmente expresa: “Es Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpo el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado”.
La ciudadana ANGELA DEL VALLE BERRIS, titular de la cédula de identidad Nº. V- 14.442.922, manifestó que su último domicilio conyugal con el ciudadano ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.725.722, fue en la calle principal del sector Santa Elena, casa S/N, de la ciudad de San Felipe, municipio Independencia del estado Yaracuy, quien juzga considera que si es competente por el territorio para conocer la presente solicitud.

Asimismo, en Resolución Nro. 2009/0006, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.152, el 02 de abril de 2009, el Tribunal Supremo de Justicia modificó la competencia de los Tribunales en razón del territorio y la cuantía, y a tal efecto en su Artículo 03, resolvió:
“Los Juzgados de Municipios conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza…”

Las referidas normas adjetivas, se encuentran en concordancia con lo previsto en los Artículos 140 y 140-A del Código Civil, que dispone:
Art. 140.- “Los cónyuges, de mutuo acuerdo, tomarán las decisiones relativas a la vida familiar y fijarán el domicilio conyugal.”

Art. 140-A.- “El domicilio conyugal será el lugar donde el marido y la mujer tenga establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso que los cónyuges tuvieren residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el Artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia en común”.

De seguida; pasa esta juzgadora a fundamentar las razones de hecho y de derecho que asisten a los solicitantes y en tal sentido observa que, las precisiones relativas a la solicitud de Divorcio interpuesta, están contenidas en el Código Civil, expresamente en el Artículo 185-A, que citado textualmente expresa:
Art. 185-A.- Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (05) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada del Acta de Matrimonio.
En caso que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándose además, copia de la solicitud y se librara el respectivo Edicto, de conformidad con el último aparte del Artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”.
De la norma antes transcrita; se desprende que los requisitos de procedencia del divorcio conforme lo prescrito en esta disposición legal lo constituye, la existencia de un vínculo matrimonial; que los cónyuges hubieren permanecido separados de hecho por más de cinco (05) años; que no se hubiere producido la reconciliación entre ellos y que se interponga ante un tribunal de jurisdicción ordinaria competente para su conocimiento. A criterio de esta juzgadora, esta norma impone a los solicitantes la responsabilidad de acreditar la concurrencia de estos supuestos, a objeto de determinar la titularidad de la acción y el hecho que propiamente la configura.
La ciudadana ANGELA DEL VALLE BERRIS, titular de la cédula de identidad Nº. V- 14.442.922, en su escrito libelar manifestó que desde hace más de un año no vive con su cónyuge, ciudadano ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.725.722.
La solicitud está fundamentada en la sentencia 1070, emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de diciembre de 2016, citada textualmente expresa:
“cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el Artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o el desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los cónyuges a mantener el vínculo jurídico cuando éste ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.”

Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectiomaritalis trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio, por lo que ha de ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio.

Siendo así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia.
Es de agregar, tal y como en la institución del affectiomaritalis, dicho afecto que origina la unión de una pareja en matrimonio debe ser permanente, por cuanto éste es la fuente directa de la creación del contrato matrimonial y la existencia, de hecho, del vínculo marital depende de tal afecto.
En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvío o indiferencia.
Dicho desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia él o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales.
A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales
De modo pues que un motivo no se puede encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 693/2015de fecha 2 de junio del año 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta De Merchán, ya que, al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, o en uno de ellos, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más, sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse de hecho roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues la Sala Constitucional estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos (si es el caso) habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. En este sentido la Sala Constitucional en la precitada sentencia destacó lo siguiente:
“Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera la Sala Constitucional, que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio.
En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional.
De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.
Así, la institución del divorcio con las formalidades de ley surge para disolver el vínculo matrimonial con todas las dificultades procesales propias que ponen en cabeza del juez y del Ministerio Público incluso por encima de los cónyuges mismos, la decisión final de la declaratoria “con lugar” o “sin lugar” el divorcio, con todos los efectos absurdos que conlleva un “sin lugar” del divorcio.”
Queda claro que cuando uno de los cónyuges manifieste el desamor, la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.

Se aprecia que emerge de la copia certificada del acta de matrimonio al folio 4, 5 y vuelto, del presente expediente, la existencia del vínculo matrimonial, celebrado en fecha veinte 20 de noviembre del año 2015, emanada por la Oficina de Registro Civil del municipio San Felipe del estado Yaracuy y asentada bajo el Nº 157 de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 2015, la cual constituye un documento público, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil, con fundamento a ello se estima y aprecia en todo su valor probatorio, ya que de ella emana la existencia del vínculo matrimonial y la titularidad de la acción en la persona de la solicitante. Y así se decide.

El ciudadano ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.725.722 fue debidamente notificado mediante cartel publicado en el diario Yaracuy al Día, en fecha catorce (14) de abril de 2021, por lo cual se encuentra lleno este extremo de ley. Y así se decide.

La ciudadana Fiscal Provisoria de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, fue debidamente citada en forma personal por este Tribunal en fecha primero (01) de marzo de 2021, por tanto se encuentra lleno otro de los extremos de Ley, y así se declara.

Habiéndose determinado precedentemente la competencia y revisadas como han sido las actas que componen la causa, se constata que se encuentra vigente la separación de hecho de los cónyuges hasta la admisión de la presente solicitud, sin haber ocurrido en dicho lapso su reconciliación, por lo que, es procedente y ajustado a derecho declarar la disolución del vínculo matrimonial conforme a lo solicitado por la ciudadana ANGELA DEL VALLE BERRIS, titular de la cédula de identidad Nº. V- 14.442.922, en base a lo establecido en el artículo 185–A del Código Civil, y acogiendo esta juzgadora el criterio vinculante emanado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 1070, de fecha nueve (9) de diciembre del año 2016, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Y así se decide.

-III-
DISPOSITIVA
Por las razones anteriormente expuesta, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: Con lugar la solicitud de Divorcio 185-A, concatenado con la Sentencia vinculante Nº 1070, emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha nueve (9) de diciembre del año 2016; interpuesta por la ciudadana ANGELA DEL VALLE BERRIS, titular de la cédula de identidad Nº. V-14.442.922, debidamente asistida por el Abogado ANDY MANUEL JIMÉNEZ DURAN, inpreabogado bajo el Nº 260.885 contra el ciudadano ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.725.722 respectivamente y SEGUNDO: DECRETA: la disolución del vínculo matrimonial contraído entre los ciudadanos ANGELA DEL VALLE BERRIS, titular de la cédula de identidad Nº. V- 14.442.922 y el ciudadano ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ CALDERA, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.725.722 celebrado en fecha veinte (20) de noviembre del año 2015, por ante la Oficina de Registro Civil del municipio San Felipe del estado Yaracuy, el cual quedó asentado bajo el Nº 157 de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 2015.TERCERO: Se deja constancia que la presente Sentencia se dictó fuera de lapso, por lo que ordena la notificación de las partes según lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese boletas.

Una vez vencido como sea el lapso establecido en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 507 del Código Civil y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena que la presente Sentencia sea insertada íntegramente en los libros de Registro Civil del Matrimonios llevados por ante el Registro Civil y el Registro Principal correspondiente, a donde se acuerda remitir copia certificada de la misma a los fines de que se le coloque la nota marginal en la referida acta de matrimonio.

No hay pronunciamiento sobre costas dada la naturaleza de la acción.

Publíquese y regístrese, incluso en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia WWW.TSJ.GOB.VE, según resolución 001-2022 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 16 de junio de 2022
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Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil veintidós 2022. Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación

La Jueza Provisoria,

Abg. NEIRA LEONOR MORENO PRATO
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz Lugo M

En esta misma fecha y siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), se registró y publicó la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz Lugo M

Exp. Nº 3.957-21
NM/OL/dm.-