TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 8 de Agosto de 2023.
AÑOS: 213° y 164°

EXPEDIENTE: Nº 7003

MOTIVO: EXEQUÁTUR

PARTE SOLICITANTE: Ciudadana JANETH SINAY LONGA OLIVEROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-25.013.511.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE SOLICITANTE: Abogada MARIELVIZ OROPEZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V- 20.466.806, IPSA Nº 209.468. (Folio 5)

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.

I ANTECEDENTES
Se recibe en fecha 27 de junio de 2023 en este Tribunal Superior, la presente solicitud correspondiente a EXEQUÁTUR seguido por la ciudadana JANETH SINAY LONGA OLIVEROS, dándosele entrada en fecha 30 de junio de 2023.
Por auto de fecha 3 de julio de 2023, se admitió la presente solicitud y se ordenó la notificación de la representación fiscal.

II DE LA SOLICITUD
La abogada MARIELVIZ OROPEZA, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana JANETH SINAY LONGA OLIVEROS, suficientemente identificada en autos, expuso en su escrito de solicitud lo siguiente:

…Es el caso ciudadano Juez, que en fecha dieciséis (16) de Abril del año 2019, contrajeron matrimonio los ciudadanos JANETH SINAY LONGA OLIVEROS, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-25.013.511, y JOEL MAGGIORA, extranjero de nacionalidad italiana, según número de pasaporte Nro. YA8118865, ante el Registro Civil del Municipio Cuneo, en el Estado de Cuneo, Italia. En fecha ocho (08) de Noviembre del año 2021, los cónyuges JANETH SINAY LONGA OLIVEROS y JOEL MAGGIORA, los cónyuges presentan ante la citada Oficina de Registro Civil del Municipio Cuneo, en el Estado Cuneo, en el Estado de Cuneo, Italia bajo el No. 273 parte II serie C año 2021, “omissis el acto en los referido… DE LOS CUALES SE HAN SEPARADO DEL MATRIMONIO REFRENDADO”. En fecha de veintisiete (27) de Junio del año 2022, por ante Oficina de Registro Civil del Municipio Cuneo, en el Estado de Cuneo, Italia, refiriéndose a los libros de matrimonio el “omisis… No. 104 parte II serie C, Año 2022, y confirmando las declaraciones a que se refiere el acto en los referidos registros bajo el No. 122 parte II serie c año 2022 SE DISUELVE MATRIMONIO CIVIL REFRENDADO” sentencia que consigno Marcado “B” debidamente legalizada, apostilla y traducida al castellano. Dicha sentencia, no contiene disposición alguna que sea contrario a derecho, orden público y buenas costumbres del ordenamiento jurídico venezolano; seguidamente, consigno copia fosfática certificada Marcado “C” de Inserción del Acta de Matrimonio civil de los ciudadanos JANETH SINAY LONGA OLIVEROS y JOEL MAGGIORA, ampliamente identificados, quedando asentada bajo el Nro. 30, de fecha 19 de mayo del año 2023, del Registro Civil de la Parroquia San Javier del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy.
…omissis…
DEL PETITORIO
En razón de los argumentos anteriormente esgrimidos acudo ante su competente Autoridad a fin de solicitar a este digno tribunal declare el PASE EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA a la sentencia de divorcio emanada Oficina de Registro Civil del Municipio Cuneo, en el Estado de Cuneo, de fecha veintisiete (27) de Junio del año 2022, No. 104 parte II serie C, Año 2022, donde decreta DISUELTO MATRIMONIO CIVIL REFRENDADO entre los cónyuges JANETH SINAY LONGA OLIVEROS y JOEL MAGGIORA, plenamente identificados en autos, con el fin que se conceda eficacia en su totalidad y fuerza ejecutoria de dicha sentencia en la República Bolivariana de Venezuela.

II DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR
Para determinar la competencia de este Juzgado Superior en la presente causa, observa quién suscribe que se trata de una solicitud de exequátur de la sentencia de divorcio N° 122 parte II serie C año 2022, de acuerdo celebrado ante el Oficial del Estado Civil de la Municipalidad de Cuneo, en fecha 27 de junio de 2022, que acordó la disolución del matrimonio existente entre los ciudadanos MAGGIORA JOEL y LONGA OLIVEROS JANETH SINAY.
Ahora bien, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, el 6 de febrero de 1999, las normas del Código de Procedimiento Civil, que regulaban este aspecto quedaron parcialmente derogadas. En efecto, los requisitos de fondo para la eficacia de los actos emanados de las autoridades extranjeras se encuentran previstos en el Capítulo Décimo, artículos 53 al 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
En cuanto a la tramitación del exequátur, esto es, su aspecto adjetivo, se encuentra regulado en los artículos 852 al 856 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo ello así, debe atenderse a lo previsto en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, la referida norma dispone lo siguiente:

“El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se hayan de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables”.

En línea con lo expuesto, ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia en reiterada Jurisprudencia, de la Sala Político Administrativa, de fecha 14 de octubre de 1999 y 6 de agosto de 1997, que lo relevante para calificar a un asunto como no contencioso es lo que a continuación se expresa: “... no lo es la mera ausencia de contención, sino que se trate de procedimientos que por su naturaleza, pretensiones y finalidad respondan que las partes en los mismos tengan un común interés y que la sentencia no resulte condenatoria o absolutoria de una de ellas…” (SPA, 06 de agosto de 1997, caso: Nací Yanette Mejía Chacón vs. Horst Herrmann)”.
En razón de esta disposición, los Juzgados Superiores serán competentes para conocer de la solicitud de exequátur cuando la misma verse sobre emancipación, adopción o cualquier otra materia de carácter no contencioso. Es en este último aspecto, donde se evidencia el carácter no contencioso de la disolución del matrimonio declarado en sentencia de divorcio N° 122 parte II serie C año 2022, por acuerdo celebrado ante el Oficial del Estado Civil de la Municipalidad de Cuneo, en fecha 27 de junio de 2022, que acordó la disolución del matrimonio existente, entre los ciudadanos MAGGIORA JOEL y LONGA OLIVEROS JANETH SINAY; pues, se constató de dicho procedimiento que fue iniciado por ambos cónyuges bajo un acuerdo, siendo entonces el caso que nos ocupa, evidentemente de carácter no contencioso; en consecuencia, corresponde a este Juzgado Superior conocer y decidir la SOLICITUD DE EXEQUATUR, presentada por la abogada MARIELVIZ OROPEZA, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana JANETH SINAY LONGA OLIVEROS, suficientemente identificada en autos; por tanto, cumplidos los trámites procesales, esta Juzgadora pasa a dictar sentencia en este proceso, y al efecto, observa:
III DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La representante de la vindicta pública, fue debidamente notificada en fecha 19 de julio de 2023, no constando en las actas procesales, su opinión respecto a la presente solicitud.
IV DEL FONDO DE LA SOLICITUD
Dado los términos en que se desenvolvió el presente procedimiento, no queda más que evaluar esta sentenciadora a la luz de las exigencias de la Ley de Derecho Internacional Privado, si la solicitud de exequátur planteada sobre la disolución del matrimonio declarado en sentencia de divorcio N° 122 parte II serie C año 2022, por acuerdo celebrado ante el Oficial del Estado Civil de la Municipalidad de Cuneo, Italia, en fecha 27 de junio de 2022, mediante la cual se declaró la disolución del matrimonio contraído civilmente por los ciudadanos MAGGIORA JOEL y LONGA OLIVEROS JANETH SINAY, en fecha 19 de abril de 2019, por ante la Alcaldía de Cuneo, Municipio Cuneo, Italia, inserta en el Registro Civil del Municipio San Felipe, de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Acta N° 30, Folio 030, Tomo I de fecha 19 de mayo de 2023, cumple con los extremos legales exigidos para concederle fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, en tal sentido se observa:
El exequátur es el procedimiento especial mediante el cual se tramita la solicitud de ampliación de los efectos de la cosa juzgada y ejecución de las sentencias definitivamente firmes en materia privada dictadas en el extranjero, a fin de que surtan efecto en el territorio del país ante el cual se quieren hacer valer tales decisiones. Ese trámite conlleva una revisión de forma, más no de fondo, limitándose a reconocer la sentencia dictada en el exterior, para que una vez reconocida, sea ejecutada conforme al procedimiento previsto en la legislación interna. Toda solicitud de exequátur impone su estudio dentro del marco del Derecho Procesal Civil Internacional, por lo que para su decisión debe atenderse a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado, establecida en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, la cual contrae:

“...Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados...”.

De acuerdo con lo dispuesto en la citada norma, en primer lugar deben aplicarse las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela; en segundo lugar, las normas de derecho internacional privado; en tercer lugar, se aplica la analogía, y en defecto de todo lo anterior, deben ser aplicados los principios generales del derecho generalmente aceptados.
En el caso de autos, se ha solicitado que a través del procedimiento de exequátur se declare el pase en autoridad de cosa juzgada en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia que declaró la disolución del matrimonio contraído civilmente por los ciudadanos MAGGIORA JOEL y LONGA OLIVEROS JANETH SINAY, en fecha 19 de abril de 2019, por ante la Alcaldía de Cuneo, Municipio Cuneo, Italia, por el acuerdo suscrito por las partes, país con el cual la República Bolivariana de Venezuela, ha celebrado tratado público alguno en materia de reconocimiento y la ejecución de sentencias de divorcio, por tal motivo, tomando en cuenta la jerarquía de las fuentes, son aplicables las normas de derecho internacional privado venezolano. Así se establece.
Así pues, corresponde a este Tribunal Superior examinar exhaustivamente, si están dados los requisitos para la eficacia de las sentencias extranjeras, establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
En este orden de ideas, se observa que la Ley de Derecho Internacional Privado, consagra en su Capítulo X, las disposiciones concernientes a la eficacia de las sentencias extranjeras, estableciendo en el artículo 53, derogatorio parcialmente de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela, los cuales son:

“...1.- Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones privadas;
2.- Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;
3.- Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la Jurisdicción para conocer del negocio;
4.- Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;
5.- Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
6.- Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera...”

Visto el contenido de la norma transcrita y examinadas como han sido las actas procesales que componen el presente expediente, en especial la sentencia objeto de la solicitud de exequátur, este tribunal pasa a evaluar si en la presente solicitud han quedado acreditados plenamente todos los extremos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, así como, si la sentencia analizada no contraría preceptos del orden público venezolano, y al efecto observa:
1º.- QUE DICHA SENTENCIA HAYA SIDO DICTADA EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL O, EN GENERAL, EN MATERIA DE RELACIONES PRIVADAS: En efecto, de las actas se constata que la decisión extranjera, versa sobre una pretensión correspondiente al campo del derecho privado, como lo es la disolución del vínculo matrimonial, cuya regulación corresponde al derecho civil. Así se establece.
2º.- QUE TENGA FUERZA DE COSA JUZGADA DE ACUERDO CON LA LEY DEL ESTADO EN EL CUAL HAN SIDO PRONUNCIADAS: En relación con este requisito debe señalarse que la sentencia cuyo pase se pretende, tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo a la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada, lo que se constató del cuerpo y dispositivo del fallo cuyo pase solicita donde se dejó expresado:
“(…) SE DISUELVE EL MATRIMONIO REFRENDADO”. En consecuencia, este tribunal estima cumplido el requisito que exige que la sentencia cuyo pase legal se solicita tenga el carácter de cosa juzgada.
3º.- QUE NO VERSEN SOBRE DERECHOS REALES RESPECTO A BIENES INMUEBLES SITUADOS EN LA REPUBLICA O QUE NO SE HAYA ARREBATADO A VENEZUELA LA JURISDICCIÓN EXCLUSIVA QUE LE CORRESPONDIERE PARA CONOCER DEL NEGOCIO: En la sentencia en cuestión, no se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva, por cuanto la controversia no versó sobre bienes inmuebles situados en el Territorio de la República; el requisito establecido a este respecto “... que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República...” está referido a la pretensión; es decir, que ésta hubiere tenido por objeto la propiedad u otro derecho real sobre bienes inmuebles situados en territorio venezolano. En el presente caso, no se sometió a la jurisdicción del tribunal extranjero el conocimiento de una pretensión encaminada a producir una decisión sobre derechos reales situados en Venezuela, ni se le arrebató la jurisdicción para conocer del negocio jurídico. Así se establece.
4º.- QUE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO SENTENCIADOR TENGAN JURISDICCIÓN PARA CONOCER DE LA CAUSA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES DE JURISDICCIÓN CONSAGRADOS EN EL CAPITULO IX DE LA LEY ESPECIAL QUE RIGE LA MATERIA: El Oficial del Estado Civil de la Municipalidad de Cuneo, tenía jurisdicción para conocer del acuerdo celebrado entre las partes, correspondiente a la disolución de matrimonio, según los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de la Ley de Derecho Internacional Privado.
A tal efecto, el artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado, establece los criterios atributivos de jurisdicción en materia de relaciones familiares y el estado civil, al expresar: “…Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares: 1) Cuando el Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, para regir el fondo del litigio; 2) Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República…”.
La norma transcrita establece que el primer criterio atributivo de jurisdicción, es el paralelismo, es decir, tiene jurisdicción para conocer del asunto el tribunal del Estado cuyo derecho resulte aplicable al fondo de la controversia, lo cual en materia de divorcio se determina mediante el domicilio del demandante; y, el segundo se refiere a la sumisión tácita o expresa, que ocurre cuando las partes (cónyuges) se someten a la jurisdicción de otro Estado con el cual debe existir una vinculación efectiva del juicio.
La Ley de Derecho Internacional Privado, para determinar el domicilio de la persona física en materia de divorcio establece, lo siguiente:

“…Artículo 11: El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual…”.
…Artículo 15: Las disposiciones de este capítulo se aplican siempre que esta Ley se refiera al domicilio de una persona física y, en general, cuando el domicilio constituye un medio de determinar el Derecho aplicable o la jurisdicción de los tribunales…”.
…Artículo 23: El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda…” (Negrillas y subrayado del tribunal).

De acuerdo con lo expuesto, el derecho aplicable para resolver el divorcio o la separación de cuerpos es el del domicilio de los accionantes y en el caso bajo estudio el domicilio conyugal se estableció en Cuneo, Italia, donde se dictó el fallo, según se evidencia de lo expuesto en la solicitud de exequátur que nos ocupa y sentencia, folios 12 y 16 vto. Es por ello que se tiene por cumplido dicho requisito. Así se establece.
5º.- QUE EL DEMANDADO HAYA SIDO CITADO, CON TIEMPO SUFICIENTE PARA COMPARECER, Y QUE LE HAYAN OTORGADO EN GENERAL, LAS GARANTIAS PROCESALES QUE ASEGUREN UNA RAZONABLE DEFENSA: En lo atinente al presente supuesto, dirigido a garantizar el derecho a la defensa del demandado mediante la correcta citación, es menester para este tribunal indicar que de las actas que se acompañaron al expediente se aprecia que fue un acuerdo celebrado entre los ciudadanos MAGGIORA JOEL y JANETH SINAY LONGA OLIVEROS, es por ello que se considera cumplido este requisito. Así se establece.
6º.- QUE NO SEAN INCOMPATIBLES CON SENTENCIA ANTERIOR QUE TENGA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA; Y QUE NO SE ENCUENTRE PENDIENTE, ANTE LOS TRIBUNALES VENEZOLANOS, UN JUICIO SOBRE EL MISMO OBJETO Y ENTRE LAS MISMAS PARTES, INICIADO ANTES QUE SE HUBIERA DICTADO LA SENTENCIA EXTRANJERA: No consta en autos que la sentencia en cuestión sea incompatible con alguna decisión anterior que tenga autoridad de cosa juzgada, dictada por un tribunal venezolano; tampoco hay evidencia de que exista juicio pendiente ante los tribunales venezolanos, que verse sobre el mismo objeto y la misma identidad de las partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera. Por lo que se da por satisfecho el presente requisito. Así se establece.
Siguiendo el hilo argumental, es de acotar que la Sala de Casación Civil de nuestro máximo Tribunal de la República, tiene establecido que una vez constatado el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, corresponde verificar que la sentencia objeto del presente análisis, no contraríe el orden público interno venezolano, y para tal efecto invoca doctrina patria que señala que “el orden público que se examina en sede de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, es un límite para la protección de cierto núcleo de materias que constituyen principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado receptor, en las cuales no admite ningún tipo de intervención por parte de un Estado extranjero. El orden público puede manifestarse en el fallo cuando se crea o reconoce una situación jurídica manifiestamente contraria a los principios especialmente protegidos por la legislación sustantiva del Estado receptor; también puede producirse en el modo en que fue proferida la resolución judicial, lo que se relaciona estrechamente con el derecho a la defensa, y en definitiva con el orden público procesal, el cual se traduce en la protección de los principios fundamentales de justicia que tiende a garantizarse en un proceso, especialmente a la parte demandada.”
Aplicando la doctrina anteriormente transcrita al caso bajo estudio, se observa que la sentencia cuyo exequátur se solicita declaró la disolución del matrimonio de los ciudadanos MAGGIORA JOEL y JANETH SINAY LONGA OLIVEROS, sobre lo cual se evidencia que dicha condenatoria no constituye un principio fundamental en el ordenamiento jurídico venezolano, al cual el legislador haya querido brindarle una protección especial. Así se establece.
Asimismo en relación a la violación del orden público, la Sala Político Administrativa en sentencia de fecha 18 de agosto de 2004, Nº 1098, caso: Olimpia Peña Tejera, expediente: 1993-10019, señaló:

“…Asimismo, se advierte que le está vedado al juez en sede de exequátur el examen sobre el fondo del asunto debatido en el extranjero, o de los argumentos de hecho y de derecho en los cuales el juez fundamenta su decisión, y en ningún caso se requiere que el derecho extranjero aplicado sea equivalente al derecho venezolano.
Así, en el caso de que una de las partes consideren que la sentencia incurrió en algún vicio, de acuerdo al ordenamiento jurídico bajo el cual fue dictada, debió ejercer los recursos pertinentes a los fines de lograr la revisión del fallo en cuestión ante la autoridad extranjera competente para ello, toda vez que no corresponde a esta Sala en un procedimiento de exequátur entrar a analizar los posibles vicios de ilegalidad en los que podría incurrir un fallo dictado por un Estado extranjero, pues de conformidad con el sistema de derecho internacional privado venezolano, el juez debe limitarse al examen de los requisitos de forma previstos en la ley respectiva…”.

Por consiguiente, de la jurisprudencia y de la doctrina patria anteriormente transcritas, concluye este tribunal superior que la sentencia objeto de la presente solicitud de exequátur, no contraría el orden público venezolano, debido a que fue dictada, en razón de la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, planteada por ambos cónyuges, para la disolución del vínculo conyugal contraído el 16 de abril de 2019, por ante la Alcaldía de Cuneo, Municipio Cuneo, Italia, solicitud que en ningún caso resulta incompatible con los principios de orden público venezolano. Así se establece.
En fuerza de las anteriores consideraciones y cumplidos como están los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se impone para esta sentenciadora, conceder fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de divorcio N° 122 parte II serie C año 2022, de acuerdo celebrado ante el Oficial del Estado Civil de la Municipalidad de Cuneo, en fecha 27 de junio de 2022, mediante la cual se declaró la disolución del matrimonio contraído civilmente por los ciudadanos MAGGIORA JOEL y LONGA OLIVEROS JANETH SINAY, en fecha 19 de abril de 2019, por ante la Alcaldía de Cuneo, Municipio Cuneo, Italia, inserta en el Registro Civil del Municipio San Felipe, de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Acta N° 30, Folio 030, Tomo I de fecha 19 de mayo de 2023.
V DISPOSITIVA
En mérito de las razones expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
DECLARA
PRIMERO: SE CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el Territorio Nacional a la sentencia de divorcio N° 122, parte II, serie C, año 2022, por acuerdo celebrado ante el Oficial del Estado Civil de la Municipalidad de Cuneo, en fecha 27 de junio de 2022, mediante la cual se declaró la disolución del matrimonio contraído civilmente por los ciudadanos MAGGIORA JOEL y LONGA OLIVEROS JANETH SINAY, en fecha 19 de abril de 2019, por ante la Alcaldía de Cuneo, Municipio Cuneo, Italia; inserta en el Registro Civil del Municipio San Felipe, de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Acta N° 30, Folio 030, Tomo I de fecha 19 de mayo de 2023.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo proferido.
TERCERO: Se deja expresa constancia que la presente sentencia se dictó dentro del lapso legal establecido.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE, SEGÚN RESOLUCIÓN 001-2022, EMANADA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en San Felipe, a los 8 días del mes de agosto de 2023. Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
La Jueza Superior,

INÉS MERCEDES MARTÍNEZ
La Secretaria Temporal,

DINORAH MENDOZA

En la misma fecha y siendo las tres y veinte de la tarde (3:20 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

DINORAH MENDOZA