TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 13de diciembrede 2023
Años: 213° y 164°

EXPEDIENTE: Nº 2.963-23.

PARTEDEMANDANTE: CiudadanaFREITEZ DE JIMÉNEZ DAYANA ALEJANDRA,venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad Nº V-23.954.750, con domicilio procesal ubicado en la séptima avenida, entre calles 11 y 12, edificio Rental, piso N° 02, municipio San Felipe del estado Yaracuy.

ABOGADO DEFENSOR PÚBLICODE LA PARTE DEMANDANTE:

BLANCO TORRES ANDRES ELOY,inscrito en el Inpreabogado con el N° 170.706,en su carácter de Defensor Público con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.

PARTE DEMANDADA:

MOTIVO:
CiudadanoJIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 20.178.400, domiciliado en la carrera 19 con calle 15, casa número 15 A-06, Corrimiento La Playa, Barranquilla Atlántico, Republica de Colombia.

DIVORCIO 185-A (DEFINITIVA).

Se inicia el presente procedimiento de DIVORCIO 185-A, mediante solicitud suscrita y presentada por elciudadanaFREITEZ DE JIMÉNEZ DAYANA ALEJANDRA, arribaidentificada, debidamente asistidadel abogadoBLANCO TORRES ANDRES ELOY, inscrito en el Inpreabogado con el N° 170.706, en su carácter de Defensor Público con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, contra el ciudadanoJIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, arriba identificado, en la que solicitó a este Tribunal se decrete la disolución del vínculo matrimonial existente entre ella y su cónyuge.
Alegala parte accionante de autos, que en fecha 07 de junio de2013, contrajo matrimonio civil con el ciudadanoJIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 20.178.400, hábil en derecho, domiciliado en lacarrera 19 con calle 15, casa número 15 A-06, Corrimiento La Playita, Barranquilla Atlántico, Colombia, por ante el Registro Civil del Municipio Cocorote,tal como consta en copias certificadas del acta de matrimonio N° 48, del año 2013, que acompañóal libelo de demanda, marcada con la letra “A”, que además fijó domicilio conyugal con su cónyuge enla Ciudadela Hugo Rafael Chávez Frías, zona 5, edificio 1, apartamento 3-1, municipio San Felipe del estado Yaracuy, que al comienzo de haber celebrado el matrimonio la convivencia era armoniosa, comprensiva, respetuosa, con tolerancia y amor, quese han generado entre ambos desavenencias e incompatibilidad de caracteres, lo cual hace imposible la vida en común, que ya no existe amor, ni interés en mantener elvínculo conyugal, situaciones difíciles que los fueron distanciando, es por lo que acude a este Tribunal para solicitar el divorcio, expresando que en la unión matrimonial no procrearon hijos, y no adquirieron bienes que liquidar,queuna vez cumplidos todos los extremos legales se declare con lugar la presente solicitud de divorcio de conformidad con lo establecido en sentencia N° 1070 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por desamor, desafecto e incompatibilidad de caracteres.
La demandante pidió nuevamente que se declare con lugar la demanda interpuesta por ella, ratifica la sentencia dictada por el máximo Tribunal de la República, pide que quede disuelto el vínculo matrimonial existente ella y su cónyuge, se cite a la Fiscal del Ministerio Publico competente yque la demanda se admita y tramitada conforme a derecho.
La presente demanda fue recibida por distribución en este Tribunal en fecha ocho (8) de noviembre del dos mil veintitrés (2023) y admitida en fecha trece (13) de noviembre de ese mismo año; ordenándose la citación a la parte demandadade autos, ciudadanoJIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, arriba identificado, y de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, asimismo se fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia telemática y citar al demandado de autos conforme a lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en la Resolución N° 001-2022, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022), tal y consta a los folios 7y 8, y sus vueltos, yfolio 9 al 11,de la causa.
En fecha veintiuno (21) de noviembre dos mil veintitrés (2023), el Alguacil de este órgano jurisdiccional consignó boleta de citación con compulsa, dirigida a la parte demandada de autos, ciudadano JIMÉNEZ SALAZAR DANIELJOSÉ, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 20.178.400, lo cual consta al folio 12 y su vuelto, folios 13 y 14, folio 15 al 17, y sus vueltos, y folio 18, de la presente causa, dejando constancia que se llevó a cabo audiencia telemática fijada para el referido día, a los efectos de la citación de la parte demandada de autos, que se efectuó llamada telefónica y la parte quedo debidamente citada en la causa.
A los folios 19 y 20 de la causa, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber consignado boleta de citación debidamente firmada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. Asimismo, al folio 21 de la causa cursa diligencia de opinión, suscrita y presentada por la Fiscal del Ministerio Publico competente.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo que este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto y al efecto observa:La competencia viene a ser la autorización que tiene cada Juez (a) o Tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas interesadas.
Por ello, el Profesor Mattirolo, expresó que la “competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”. La competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un sólo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional.
Ahora bien, encontrándose este Juzgado competente para decidir la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala laparte accionanteen su escrito, manifestando haber establecido junto a su cónyuge su ultimo domicilio conyugal en la Ciudadela Hugo Rafael Chávez Frías, zona 5, edificio 1, apartamento 3-1, municipio San Felipe del estado Yaracuy, tal como consta en el libelo de demanda, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones.
En el presente caso, la demandante de autos ciudadana FREITEZ DE JIMÉNEZ DAYANA ALEJANDRA, arriba identificada, para fundamentar su petición, consignó copias certificadas del acta de matrimonio civil, expedida por el Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, tal como se evidencia del acta signada con el N° 48, marcada con la letra “A”, del año dos mil trece (2013), cursante a los folios 3 y 4, y sus vueltos, de la causa, de la cual se evidencia indubitablemente que la accionante de autos, arriba mencionada e identificada, celebró matrimonio civil con el accionado de autos, ciudadano JIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, arriba identificado, previo el cumplimiento de las formalidades correspondientes, previstas en el ordenamiento jurídico venezolano.
En cuanto a las referidascopias certificadas del acta de matrimonio civil,con la cual la parte demostró la legitimidad, por tratarse de documento público (por haber sido inscrito y autorizado ante el Registro Civil, esto es, ante un funcionario con competencia para darle fe pública), contra el cual no fue ejercido medio de impugnación alguno, se le asigna pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil venezolano, el cual establece:
“...Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado...”.

La Jurisprudencia a éste respecto ha seguido las enseñanzas del Jurista Feo, quien expresa que todas las corporaciones, autoridades o funcionarios, tienen señalados por la ley sus respectivas atribuciones, dentro de su jurisdicción, las que llevan el carácter de autenticidad. Tales actos tienen que entrar en la categoría de instrumentos públicos, para que la ley sea cumplida y tenga sus efectos.Partiendo de este concepto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil venezolano, el documento público hace plena fe, tanto para las partes como para los terceros. Así lo establece el artículo 1357 del Código Civil venezolano, y tenemos que en el presente caso el documento público fue traído al proceso junto al libelo de la demanda en copias certificadas, por lo que elmismo conserva todo su valor, y se comprueba que la legitimidad de la parte está demostrada con las copias certificadas del acta de matrimonio civil antes valorada; el mismo conserva todo su valor probatorio, y ASÍ SE DECLARA.
Por otra parte, establece el artículo 185-A del Código Civil:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
(Omissis)
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”.

Ahora bien, expresa el dispositivo de la sentencia Nº 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cualcita la decisión N° 446/2014, y estableció lo siguiente:
“…Ahora bien, en la sentencia 446/2014, se estableció que si no resultare negado el hecho alegado por el cónyuge-demandante, se decretará el divorcio, en un todo acorde con lo expresado en la sentencia n° 693/2015, en la que se sostuvo –entre otras cosas- que:
(…) es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial (Resaltado añadido)”.
En el marco del interés del Estado por la protección de la familia, frente a la perpetuidad del matrimonio destaca la excepcionalidad del divorcio, el cual sólo opera por las causales taxativamente enumeradas por la ley. En consecuencia, no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos específicamente determinados por la ley, y que constituyen las causales de divorcio; así, el juez únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el Código Civil -incluyendo el transcurso de un año una vez declarada judicialmente la separación de cuerpos y la prolongada ruptura de la vida en común, contempladas en el primer aparte del artículo 185, y en el artículo 185-A del referido Código-.
En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas…” (Negrita de la Sala)”.

Por tanto, se evidencia de la revisión de las actas procesales que conforman la demanda efectuada, que la legitimidad de la parte está demostrada con las mencionadas copias certificadas del acta de matrimonio civil, llevada por ante el Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, convenido entre los cónyuges, ciudadanos FREITEZ DE JIMÉNEZ DAYANA ALEJANDRA y JIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, ya identificados up supra, y que corre inserta a los folios 3 y 4, y sus vueltos, del caso que nos ocupa, ya valorada, y vista la manifestación intrínseca realizada por la ciudadana FREITEZ DE JIMÉNEZ DAYANA ALEJANDRA, ya identificada, de no continuar unida en matrimonio con su cónyuge, en virtud de existir incompatibilidad de caracteres y por ende el desafecto, esta Juzgadora, considera que están llenos los extremos de ley para que proceda la solicitud de disolución del vínculo matrimonial contraído entre la accionante y su cónyuge, el ciudadano JIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, arriba identificado, todo conforme a la sentencia antes transcrita, y ASÍ SE DECIDE.
EL TRIBUNAL NO HACE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN CUANTO A LOS BIENES QUE FORMEN PARTE DE LA COMUNIDAD CONYUGAL Y QUE DEBAN SER LIQUIDADOS, POR CUANTO EN EL ESCRITO LIBELAR LA ACCIONANTE DE AUTOS, CIUDADANAFREITEZ DE JIMÉNEZ DAYANA ALEJANDRA, ARRIBA IDENTIFICADA, SEÑALÓ NO HABER ADQUIRIDO BIENES JUNTO A SU CÓNYUGE, EL CIUDADANOJIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, ARRIBA IDENTIFICADO.Por tanto, esta Juzgadora considera que en el presente procedimiento se cumplieron todos y cada uno de los trámites procesales requeridos por el legislador para su procedencia, yASÍ SE ESTABLECE.

D E C I S I Ó N

Por todos los fundamentos expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
DECLARA:

PRIMERO:CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO 185-A, efectuada por la ciudadanaFREITEZ DE JIMÉNEZ DAYANA ALEJANDRA,venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad Nº V-23.954.750, con domicilio procesal ubicado en la séptima avenida, entre calles 11 y 12, edificio Rental, piso N° 02, municipio San Felipe, estado Yaracuy, debidamente asistida del abogado BLANCO TORRES ANDRES ELOY, inscrito en el Inpreabogado con el N° 170.706,en su carácter de Defensor Público con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, contra el ciudadano JIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 20.178.400, domiciliado en la carrera 19 con calle 15, casa número 15 A-06, Corrimiento La Playa, Barranquilla Atlántico, Republica de Colombia; en consecuencia, se DECRETA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído entre los ciudadanos FREITEZ DE JIMÉNEZ DAYANA ALEJANDRA y JIMÉNEZ SALAZAR DANIEL JOSÉ, ya identificados, en fecha siete (7) de junio del dos mil trece (2013), ante el Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, tal como se evidencia del acta de matrimonio civil, signada con el N° 48, marcada con la letra “A”, anexa al libelo de demanda, y que corre inserta a los folios 3 y 4, y sus vueltos, del expediente.

SEGUNDO: UNA VEZ QUEDE FIRME LA PRESENTE DECISIÓN, se ordena participar lo conducente al Registro Civil del MunicipioCocorote, y al Registro Principal, ambos del estado Yaracuy, todo conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo previsto en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente.

TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la naturaleza de la presente decisión.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE, incluso en la página web oficial del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho delTRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DELESTADO YARACUY, alos trece (13) días delmes de diciembrede dos mil veintitrés (2023). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. Dayhel Vanessa Febles Luis
La Secretaria,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.
En esta misma fecha, y siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 a. m.), se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.