TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 22 de Junio del 2023.
Años: 213º y 164º

SENTENCIA: Definitiva.

EXPEDIENTE: N° 4.130-2023.

DEMANDANTES: Ciudadanos ITALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS GALLO CONTRERAS, ambos venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.270.987 y V-7.910.959 respectivamente.

ABOGADO ASISTENTE: JOSÉ RAFAEL CERESINI MAGALLANES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 92.452.

MOTIVO: DIVORCIO 185-.A

- I –
DE LAS ACTAS DEL PROCESO.

La presente solicitud de divorcio fue recibida por distribución en fecha 17 de mayo del año 2023, incoada por los ciudadanos ÍTALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS GALLO CONTRERAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.270.987 y V-7.910.959 respectivamente, debidamente asistidos por el abogado JOSÉ RAFAEL CERESINI MAGALLANES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 92.452, a los fines de solicitar que se le decrete la disolución del vínculo matrimonial, celebrado en fecha 21 de Junio del año 1996, por ante la Oficina del Registro Civil del municipio San Felipe del estado Yaracuy, el cual quedó asentado bajo el Nº 113 de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 1996. Manifestaron los solicitantes en su escrito libelar, que su último domicilio conyugal fue en la avenida 10 entre calles 13 y 14, casa N° 13-10, sector Caja de Agua, del municipio San Felipe del estado Yaracuy, y que de dicha unión matrimonial procrearon dos (2) hijos, mayores de edad. Así mismo manifestaron que:

“…Ahora bien ciudadano Juez, desde el día 10 del mes de Enero del año 2017, convenimos separarnos, comenzando en consecuencia la separación de hecho la cual se ha mantenido ininterrumpida habiendo transcurrido más de Siete (7) años. Siendo así las cosas la convivencia que se desarrolló a lo largo de este tiempo de manera convenida y consentida no ha permitido el desarrollo de una relación armónica y de absoluta avenencia, lo que nos ha conllevado a la decisión de separarnos en distintas oportunidades y consecuentemente a ello, no ha permitido que nuestra unión se fortalezca y se desarrolle con miras al progreso de una relación sólida y el fomento de un hogar estable y mancomunado, en consecuencia de lo expuesto, ante la incuestionable separación que manifestamos ha ocurrido en varias oportunidades, se ha perdido la compenetración amorosa y se debilito la comunicación y por ende la relación ha venido padeciendo de la falta de colaboración, consolidación y de planes en común para el futuro lo que nos conlleva a la determinación de mantenernos separados …”

En fecha veinticinco (25) de mayo de 2023, el Tribunal le dio entrada a la presente solicitud, ordenando a las partes interesadas a que consignen copia certificada del acta de matrimonio con firma y sello húmedo en un lapso de ocho (8) días de despacho. (Folio 18).

En fecha veintiséis (26) de mayo de 2023, compareció la ciudadana ÍTALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ, antes identificada, asistida por el abogado JOSÉ RAFAEL CERESINI MAGALLANES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 92.452, consignando mediante escrito copia certificada del acta de matrimonio con firma y sello húmedo (Folio 19 al 21)
En fecha treinta (30) de mayo de 2023, el Tribunal ordena su admisión, y asimismo ordenó librar la respectiva boleta de notificación a la Fiscal Séptima del Ministerio Publico del Estado Yaracuy. (Folios 22 y 23).

En fecha seis (6) de junio del año 2023, el alguacil de este Tribunal consignó debidamente firmada, la boleta de notificación que le fue librada a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. (Fol. 24 y 25).

En fecha catorce (14) de junio de junio del 2023, la ciudadana Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, dio contestación a su notificación, dando su visto bueno a la solicitud y manifestando que no tenía nada que objetar sobre la misma. (Fol. 26).

Siendo la oportunidad para decidir en la presente causa, este Tribunal lo hace en base a los siguientes razonamientos:

- II -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Cursa en los folios 7 y 8 del presente expediente, copias fotostáticas de la cédula de identidad de los ciudadanos ÍTALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS GALLO CONTRERAS, la cual constituyen copias de un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirviendo para identificar a la partes de autos. Y así se valora.

Cursa en los folios 15 y 16 del presente expediente, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los ciudadanos GIAN CARLOS GALLO SPERANZA Y GIANFRANCO GALLO SPERANZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-26.079.413 y V-26.429.426 respectivamente, la cual constituyen documentos públicos, que surte plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirviendo las mismas para identificar a los hijos procreados de la unión conyugal y su mayoría de edad. Y así se valora.

Cursa los folios 20 y 21 del presente expediente, copia certificada del acta de matrimonio de los ciudadanos ÍTALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS GALLO CONTRERAS, contraído en fecha 21 de Junio del año 1.996, por ante la Oficina de Registro Civil del municipio San Felipe del estado Yaracuy, asentado bajo el Nº 113 de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 1996; la cual constituye un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, sirviendo la misma para demostrar la referida unión conyugal. Y así se valora.

El artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, textualmente expresa:
“Es Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpo el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado”.

Los ciudadanos ÍTALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS GALLO CONTRERAS, manifestaron que su último domicilio conyugal fue en la avenida 10 entre calles 13 y 14, casa N° 13-10, sector Caja de Agua, del municipio San Felipe del estado Yaracuy; quien aquí juzga considera que si es competente por el territorio para conocer la presente solicitud.
Los ciudadanos ÍTALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS GALLO CONTRERAS, manifestaron en su escrito libelar que durante su unión conyugal procrearon dos (2) hijos, mayores de edad, por lo que quien juzga considera que si es competente por la materia para conocer la presente solicitud

Las referidas normas adjetivas, se encuentra en concordancia con lo previsto en el Artículo 140-A del Código Civil, que cita:
“El domicilio conyugal será el lugar donde el marido y la mujer tenga establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso que los cónyuges tuvieren residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el Artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia en común”.

De seguida, pasa esta juzgadora a fundamentar las razones de hecho y de derecho que asisten a los solicitantes y en tal sentido observa que, las precisiones relativas a la solicitud de Divorcio interpuesta, están contenidas en el Código Civil, expresamente en el Artículo 185-A, que citado textualmente expresa:

“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (05) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada del Acta de Matrimonio…”.

Asimismo, la solicitud está fundamentada en la Sentencia 1070, dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de diciembre de 2016, citada textualmente expresa:

“…A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.

De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia n° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.

Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.

Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada…”

Se aprecia que emerge de la copia certificada del acta de matrimonio cursante los folios 20 y 21 del presente expediente, la existencia del vínculo matrimonial, celebrado en fecha 21 de junio del año 1996 emanada por la Oficina de Registro Civil del municipio San Felipe del estado Yaracuy, y asentada bajo el Nº 113, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 1996 la cual constituye un documento público, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.357 1.359 y 1.360 del Código Civil, con fundamento a ello se estima y aprecia en todo su valor probatorio, ya que de ella emana la existencia del vínculo matrimonial y la titularidad de la acción en la persona de los solicitantes. Y así se decide.
La ciudadana Fiscal Séptima del Ministerio Público, fue debidamente notificada en forma personal por este Tribunal, en fecha 6 de junio del año 2023, por tanto se encuentra lleno otro de los extremos de Ley. Y así se declara.

Habiéndose determinado precedentemente la competencia y revisadas como han sido las actas que componen la causa, se constata que se encuentra vigente la separación de hecho de los cónyuges hasta la admisión de la presente solicitud, sin haber ocurrido en dicho lapso su reconciliación, por lo que, es procedente y ajustado a derecho declarar la disolución del vínculo matrimonial conforme a lo solicitado por los ciudadanos ÍTALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS GALLO CONTRERAS, antes identificados, en base a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, y acogiendo esta juzgadora el criterio vinculante emanado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 1070, de fecha 9 de diciembre del año 2016, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Y así se decide.
-III-
DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuesta, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con lugar la solicitud de Divorcio 185A del Código Civil, concatenado con la Sentencia vinculante Nº 1070, emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de diciembre del año 2016; interpuesta por los ciudadanos ÍTALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS GALLO CONTRERAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.270.987 y V-7.910.959 respectivamente, debidamente asistidos por el abogado JOSÉ RAFAEL CERESINI MAGALLANES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 92.452. SEGUNDO: DECRETA: la disolución del vínculo matrimonial contraído entre los ciudadanos ÍTALA GABRIELLA SPERANZA HERNÁNDEZ Y JUAN CARLOS GALLO CONTRERAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.270.987 y V-7.910.959 respectivamente, celebrado en fecha 21 de junio del año 1996, por ante la Oficina de Registro Civil, del municipio San Felipe del estado Yaracuy, el cual quedó asentado bajo el Nº 113, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 1996 TERCERO: Se acuerda expedir dos (2) juegos de copias certificadas de la presente decisión a la parte interesada. CUARTO: Se deja constancia que la presente sentencia se dictó dentro de lapso.

Una vez vencido como sea el lapso establecido en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 507 del Código Civil y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena que la presente Sentencia sea insertada íntegramente en los libros de Registro Civil del Matrimonios llevados por ante el Registro Civil y el Registro Principal correspondiente, a donde se acuerda remitir copia certificada de la misma a los fines de que se le coloque la nota marginal en la referida acta de matrimonio

No hay pronunciamiento sobre costas dada la naturaleza de la acción.

Publíquese y regístrese, incluso en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia WWW.TSJ.GOB.VE, según resolución 001-2022 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 16 de junio de 2022.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los veintidós (22) días del mes de Junio del año dos mil veintitrés 2023. Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
La Juez

Abg. NEIRA LEONOR MORENO PRATO
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz Lugo M
En esta misma fecha y siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se registró y publicó la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz Lugo M

Exp. Nº 4.130-23
NM/OL/ya.-