TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 17 de mayo de 2023
Años: 213° y 164°

EXPEDIENTE: Nº 2.871-23.

PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos REBOLDI GARCIA FAUSTO IGNACIO y CAICAGUARE GUEVARA DILCIA MERCEDES, venezolanos, mayores de edad, hábiles en derechos y titulares de la cédula de identidad N° V-12.080.267 y V-13.314.596 respectivamente, el primero domiciliado en la parroquia Catia, calle Los Olivos, Caracas, y la segunda domiciliada en la urbanización San José, calle 6, casa N! 6-67, municipio Independencia, estado Yaracuy.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE:
SOSA VELASQUEZ PEDRO M., Inpreabogado N° 11.866.

MOTIVO:
DIVORCIO 185-A (DEFINITIVA).

Se inicia el presente procedimiento de DIVORCIO 185-A, mediante solicitud suscrita y presentada por los ciudadanos REBOLDI GARCIA FAUSTO IGNACIO y CAICAGUARE GUEVARA DILCIA MERCEDES, arriba mencionados e identificados, debidamente asistidos por el abogado SOSA VELASQUEZ PEDRO M., inscrito en el Inpreabogado con el N° 11.866, en la que solicitan a este Tribunal se decrete la disolución del vínculo matrimonial existente entre ellos.
Alega la parte solicitante, que en fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993), contrajeron matrimonio civil ante la Prefectura Civil del Municipio La Trinidad del Estado Yaracuy, según consta en copias certificadas del acta expedida por el Registro Civil del Municipio La Trinidad del Estado Yaracuy, signada con el N° 35 del año 1993, que anexan, marcada con la letra “A”, cursante del folio 3 al 5, y su vueltos de la causa. Además los accionantes de autos, señalaron haber fijado su último domicilio conyugal en urbanización San José, calle 6, casa 6-67, municipio Independencia del estado Yaracuy. Además, en su escrito manifiestan las partes, que su unión matrimonial en un principio fue armoniosa y feliz, caracterizada por la comprensión, el amor y el socorro mutuo, el cual ambos se habían profesado, asimismo manifiestan que desde hace ciertos años se acrecentaron una serie de desavenencias, al punto de separarse de hecho en el año dos mil quince (2015), hasta el día de hoy que han entendido que es imposible una relación como pareja, aun cuando como adultos maduros puedan llevarse bien, conversar y llegar acuerdos, sin embargo señalan también, que es difícil volver a cohabitar en armonía bajo el mismo techo, en tal sentido han decidido que entre ellos ya no es posible, ni viable la vida en común, por lo que de mutuo, amistoso y común acuerdo han convenido real y efectivamente realizar divorcio por mutuo consentimiento, acogiéndose además a los criterios dictados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 693, expediente N° 12-1163, de fecha dos (2) de junio de dos mil quince (2015) y la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, señalaron también el hecho de no haber procreado hijos, ni haber adquirido bienes de fortuna. Finalmente, los accionantes pidieron al Tribunal que su solicitud sea admitida, sustanciada y declarada con lugar en la definitiva, que sea declarado el divorcio y la disolución del vínculo matrimonial.
La presente solicitud fue recibida por distribución en fecha diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023), tal y como consta al vuelto del folio 7, de la causa, y admitida en fecha quince (15) de marzo de ese mismo año, ordenándose la citación de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, tal y como consta a los folios 8 y 9 de la causa. En Fecha veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023), el Alguacil de este órgano jurisdiccional, consignó boleta de citación debidamente firmada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, lo cual consta a los folios 10 y 11 del expediente. Al folio 12 de la causa, cursa opinión favorable, suscrita y presentada por la representante legal del Ministerio Público competente.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo que este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto y al efecto observa: La competencia viene a ser la autorización que tiene cada Juez (a) o Tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas interesadas.
Por ello, el Profesor Mattirolo, expresó que la “competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”. La competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un sólo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional.
Ahora bien, encontrándose este Juzgado competente para decidir la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señaló la parte accionante en su escrito, manifestando haber establecido su último domicilio conyugal en urbanización San José, calle 6, casa 6-67, municipio Independencia del estado Yaracuy, tal como consta en el expediente, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones. Ahora bien, los accionantes ciudadanos REBOLDI GARCIA FAUSTO IGNACIO y CAICAGUARE GUEVARA DILCIA MERCEDES, venezolanos, mayores de edad, hábiles en derechos y titulares de la cédula de identidad N° V-12.080.267 y V-13.314.596 respectivamente, para fundamentar su petición, consignaron copias certificadas de acta de matrimonio, expedida por el Registro Civil del Municipio La Trinidad del Estado Yaracuy, cursante del folio 3 al 5, y sus vueltos del presente expediente, de la cual se evidencia indubitablemente que los solicitantes, antes mencionados y ampliamente identificados, celebraron matrimonio civil, previo el cumplimiento de las formalidades correspondientes.
En cuanto a las referidas copias certificadas del acta de matrimonio civil, y con la cual las partes demostraron la legitimidad, por tratarse de documento público (por haber sido inscrito y autorizado ante el Registro Civil, esto es, ante un funcionario con competencia para darle fe pública), contra el cual no fue ejercido medio de impugnación alguno, se le asigna pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil venezolano, el cual establece:
“...Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado...”.

La Jurisprudencia a éste respecto ha seguido las enseñanzas del Jurista Feo, quien expresa que todas las corporaciones, autoridades o funcionarios, tienen señalados por la ley sus respectivas atribuciones, dentro de su jurisdicción, las que llevan el carácter de autenticidad. Tales actos tienen que entrar en la categoría de instrumentos públicos, para que la ley sea cumplida y tenga sus efectos. Partiendo de este concepto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil venezolano, el documento público hace plena fe, tanto para las partes como para los terceros. Así lo establece el artículo 1357 del Código Civil venezolano, y tenemos que en el presente caso el documento público fue traído al proceso junto al libelo de la demanda en copias certificadas, por lo que el mismo conserva todo su valor, y se comprueba que la legitimidad de las partes está demostrada con las copias certificadas del acta de matrimonio civil antes valorada; el mismo conserva todo su valor probatorio, y ASÍ SE DECLARA.
Por otra parte, establece el artículo 185-A del Código Civil:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
(Omissis)
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”.

Ahora bien, expresa el dispositivo de la sentencia Nº 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual cita la decisión N° 446/2014, y estableció lo siguiente:
“…Ahora bien, en la sentencia 446/2014, se estableció que si no resultare negado el hecho alegado por el cónyuge-demandante, se decretará el divorcio, en un todo acorde con lo expresado en la sentencia N° 693/2015, en la que se sostuvo –entre otras cosas- que:
(…) es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial (Resaltado añadido)”.
En el marco del interés del Estado por la protección de la familia, frente a la perpetuidad del matrimonio destaca la excepcionalidad del divorcio, el cual sólo opera por las causales taxativamente enumeradas por la ley. En consecuencia, no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos específicamente determinados por la ley, y que constituyen las causales de divorcio; así, el juez únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el Código Civil -incluyendo el transcurso de un año una vez declarada judicialmente la separación de cuerpos y la prolongada ruptura de la vida en común, contempladas en el primer aparte del artículo 185, y en el artículo 185-A del referido Código-.
En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas…” (Negrita de la Sala)”.
Ahora bien, expresa el dispositivo de la sentencia Nº 693, de fecha 02 de junio de 2015, en el expediente Nº 12-1163, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente:
“… SEGUNDO: REALIZA una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil y fija con carácter vinculante el criterio interpretativo contenido en el presente fallo respecto al artículo 185 del Código Civil y, en consecuencia, se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, así como en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se indicará expresamente:
“Sentencia de la Sala Constitucional que realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil y establece, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”. (Subrayado y negrita de este Tribunal).

Por tanto, se evidencia de la revisión de las actas procesales que conforman la demanda incoada, que la legitimidad de las partes está demostrada con las mencionadas copias certificadas del acta de matrimonio civil, llevada por ante el Registro Civil del Municipio La Trinidad del Estado Yaracuy, convenido entre los cónyuges, ciudadanos REBOLDI GARCIA FAUSTO IGNACIO y CAICAGUARE GUEVARA DILCIA MERCEDES, ya identificados up supra, y que corre inserta del folio 3 al 5, y sus vueltos, del caso que nos ocupa, ya valorada y vista la manifestación intrínseca realizada por los accionantes de autos, arriba mencionados y ampliamente identificados, de no continuar unidos en matrimonio, en virtud de existir incompatibilidad de caracteres y por ende el desafecto, esta Juzgadora, considera que están llenos los extremos de ley para que proceda la solicitud de disolución del vinculo matrimonial contraído por los accionantes, todo conforme a las sentencias antes transcritas, y ASÍ SE DECIDE.
Por otro lado, EL TRIBUNAL NO HACE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN CUANTO A LOS BIENES QUE FORMEN PARTE DE LA COMUNIDAD Y QUE DEBAN SER LIQUIDADOS, POR CUANTO EN EL ESCRITO LIBELAR LOS ACCIONANTES CIUDADANOS REBOLDI GARCIA FAUSTO IGNACIO y CAICAGUARE GUEVARA DILCIA MERCEDES, ARRIBA IDENTIFICADOS, SEÑALARON NO HABERLOS ADQUIRIDO. Por tanto, esta Juzgadora considera que en el presente procedimiento se cumplieron todos y cada uno de los trámites procesales requeridos por el legislador para su procedencia, y ASÍ SE ESTABLECE.

D E C I S I Ó N

Por todos los fundamentos expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO 185-A, efectuada por los ciudadano REBOLDI GARCIA FAUSTO IGNACIO y CAICAGUARE GUEVARA DILCIA MERCEDES, venezolanos, mayores de edad, hábiles en derechos y titulares de la cédula de identidad N° V-12.080.267 y V-13.314.596 respectivamente, el primero domiciliado en la parroquia Catia, calle Los Olivos, Caracas, y la segunda domiciliada en la urbanización San José, calle 6, casa N! 6-67, municipio Independencia, estado Yaracuy, debidamente asistidos por el abogado SOSA VELASQUEZ PEDRO M., inscrito en el Inpreabogado con el N° 11.866; en consecuencia, se DECRETA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído entre los ciudadanos REBOLDI GARCIA FAUSTO IGNACIO y CAICAGUARE GUEVARA DILCIA MERCEDES, ya identificados, en fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993), ante el Registro Civil del Municipio La Trinidad del Estado Yaracuy, tal como se evidencia del acta de matrimonio civil, que anexan a la solicitud, marcada con la letra “A”, y que corre inserta del folio 3 al 5, y sus vueltos, de este expediente.
SEGUNDO: UNA VEZ QUEDE FIRME LA PRESENTE DECISIÓN, se ordena participar lo conducente al Registro Civil del Municipio La Trinidad del Estado Yaracuy, y al Registro Principal del Estado Yaracuy, todo conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo previsto en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente.
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la naturaleza de la presente decisión.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE, incluso en la página web oficial del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. Dayhel Vanessa Febles Luis
La Secretaria,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.

En esta misma fecha, y siendo las nueve de la mañana (09:00 a. m.), se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.