TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 8 de abril de 2024
Años: 213° y 165°

EXPEDIENTE: Nº 2.970-23.

PARTEDEMANDANTE:

ABOGADO ASISTENTE DE
LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadana ROMERO PERAZA JUANA VICTORIA, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad Nº V-14.607.721, con domicilio procesal ubicado en la calle 12, con avenida 6ta. y 7ma., planta baja, local 13, sector Caja de Agua, municipio San Felipe, estado Yaracuy.

GALLARDO VITERY ANGEL RAMÓN NEPTALI, inscrito en el Inpreabogado con el Nº 118.301.

PARTE DEMANDADA:

MOTIVO: Ciudadano ARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-12.077.538, domiciliado en la avenida Ravell, entre Yaracuy y calle La Mosca, quinta Egdeli A-26, municipio Independencia, estado Yaracuy.

DIVORCIO 185-A (DEFINITIVA).

Se inicia el presente procedimiento de DIVORCIO 185-A, mediante solicitud suscrita y presentada por la ciudadanaROMERO PERAZA JUANA VICTORIA,arriba identificada, asistida por el abogadoGALLARDO VITERY ANGEL RAMÓN NEPTALI, inscrito en el Inpreabogado con el Nº 118.301, contra el ciudadanoARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS,arriba identificado, en la que solicitó a este Tribunal se decrete la disolución del vínculo matrimonial existente entre ella y su cónyuge.
Alegala parte accionante, que contrajo matrimonio Civil por ante el Registro Civil del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, en fecha 18 de diciembre del año 2012, según se evidencia en acta de matrimonio que corre inserta en los archivos del Registro Civil, asentada bajo el acta N° 324, y que acompaña en anexo, marcada con la letra marcada “A”, instrumento fundamental en solicitud de divorcio, que fijó junto a su cónyuge el ultimo domicilio conyugal, en la siguientedirección:avenida Ravell, entre Yaracuy y calle La Mosca, quinta Egdeli A-26, municipio Independencia, estado Yaracuy, también expresa que en la unión conyugal no procrearon hijos, y que la relación desde el principio y por el transcurso de diez (10) años fue armoniosa y estuvo basada en el respeto, la tolerancia, el afecto mutuo y la comprensión, cumpliendo cada uno con sus obligaciones conyugales, pero es el caso, que en la relación surgieron desavenencias que los fueron distanciando como pareja, haciendo imposible la vida en común, a tal punto que hace ya desde hace más de un (01) año dejo de tenerle afecto a su cónyuge, como pareja, solo lo respeta como persona, no existiendo actualmente ningún vinculo afectivo o apego sentimental que la una a él, asimismo resalto que tomo en consideración el derecho de la vida, a vivir en un ambiente de armonía, se separó de hecho de su esposo, interrumpiendo definitivamente la vida en común el día cinco (5) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), viviendo a partir de esa fecha cada uno en residencias diferentes, destacando que jamás pretendió ni pretende reconciliación, por lo que manifiesta su voluntad de poner fin a la relación matrimonial, y porinvocación expresa el desafecto, de acuerdo a lo plasmado en el contenido de la sentencia N° 1070 de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justiciay la sentencia N° 136 en fecha 30 de marzo de 2017,dictada por la Sala de Casación Civil de Tribunal Supremo de Justicia, además la demandante de autos manifestó ratificar las pruebas aportadas y que no existen bienes gananciales que liquidar,solicitó se decrete el divorcio por desafecto de su persona hacia su conyugue, y manifestó su voluntad, sin ningún tipo de coacción de querer poner fin a la relación matrimonial por invocación expresa de desafecto.
Para finalizar, la parte accionante de autos pidió notificar al demandado ciudadanoARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS,arriba identificado, señalando sudomicilio, por todo lo expuesto pidió el divorcio por desafecto, ratificando los criterios emanados del máximo Tribunal de la República y que la solicitud fuese admitida, tramitada conforme a derecho y declarada con lugar.
La presente demanda fue recibida por distribución en este Tribunal, en fecha veintidós(22) de noviembrede dos mil veintitrés (2023), tal y como consta al folio 7, y su vuelto, de la causa, y admitida en fecha veintiocho(28) de noviembrede ese mismo año; ordenándose la citación del demandado de autos, ciudadanoARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS, arriba identificado, y de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, tal y como consta a los folios 8, su vuelto, y folios 9 y 10, de la causa.Asimismo, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), el Alguacil de este Tribunal consignó boleta de citación debidamente firmada, por el demandado ciudadanoARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS, arriba identificado, tal y como consta a los folios 11 y 12 del expediente.
Alos folios 13 y 14, de la causa,el Alguacil de este Tribunal dejo constancia de haber consignado boleta de citación debidamente firmadadirigida a la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo que este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto, y al efecto observa:La competencia viene a ser la autorización que tiene cada Juez (a) o Tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas interesadas.
Por ello, el Profesor Mattirolo, expresó que la “competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”. La competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un sólo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional.
Ahora bien, encontrándose este Juzgado competente para decidir la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala laparte accionanteen su escrito, manifestando haber fijado junto a su cónyuge su último domicilio conyugal en la avenida Ravell, entre Yaracuy y calle La Mosca, quinta Egdeli A-26, municipio Independencia, estado Yaracuy, lo cual consta en el expediente, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones.
Lademandante de autos, ciudadanaROMERO PERAZA JUANA VICTORIA, arriba identificada,para fundamentar su petición, consignócopias certificadas del acta de matrimonio civil, expedida porel Registro Civil delMunicipioSan Felipedel Estado Yaracuy,signada con elN°324, cursante a los folios 5 y 6, y sus vueltos,de la causa,de la cual se evidencia indubitablemente que la accionante, arriba identificada, celebró matrimonio civil con el ciudadanoARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS, arriba identificado, previo el cumplimiento de las formalidades correspondientes establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano.En cuanto a las referidas copias certificadas del acta de matrimonio civil,con la cual la parte demandante demostró la legitimidad, por tratarse de documento público (por haber sido inscrito y autorizado ante el Registro Civil, esto es, ante un funcionario con competencia para darle fe pública), contra el cual no fue ejercido medio de impugnación alguno, se le asigna pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil venezolano, el cual establece:
“...Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado...”.

La Jurisprudencia a éste respecto ha seguido las enseñanzas del Jurista Feo, quien expresa que todas las corporaciones, autoridades o funcionarios, tienen señalados por la ley sus respectivas atribuciones, dentro de su jurisdicción, las que llevan el carácter de autenticidad. Tales actos tienen que entrar en la categoría de instrumentos públicos, para que la ley sea cumplida y tenga sus efectos. Partiendo de este concepto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil venezolano, el documento público hace plena fe, tanto para las partes como para los terceros. Así lo establece el artículo 1357 del Código Civil venezolano, y tenemos que en el presente caso el documento público fue traído al proceso junto al libelo de la demanda, en copias certificadas, con lo cual elmismo conserva todo su valor, y se comprueba que la legitimidad de la parte está demostrada con las copias certificadas del acta de matrimonio, antes valorada, el mismo conserva todo su valor probatorio, y ASÍ SE DECLARA.
Por otra parte, establece el artículo 185-A del Código Civil:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
(Omissis)
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”.

Ahora bien, expresa el dispositivo de la sentencia Nº 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cualcita la decisión N° 446/2014, y estableció lo siguiente:
“…Ahora bien, en la sentencia 446/2014, se estableció que si no resultare negado el hecho alegado por el cónyuge-demandante, se decretará el divorcio, en un todo acorde con lo expresado en la sentencia n° 693/2015, en la que se sostuvo –entre otras cosas- que:
(…) es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial (Resaltado añadido)”.
En el marco del interés del Estado por la protección de la familia, frente a la perpetuidad del matrimonio destaca la excepcionalidad del divorcio, el cual sólo opera por las causales taxativamente enumeradas por la ley. En consecuencia, no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos específicamente determinados por la ley, y que constituyen las causales de divorcio; así, el juez únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el Código Civil -incluyendo el transcurso de un año una vez declarada judicialmente la separación de cuerpos y la prolongada ruptura de la vida en común, contempladas en el primer aparte del artículo 185, y en el artículo 185-A del referido Código-.
En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas…”. (Negrita de la Sala)”.

El máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela en sentencia Nº 136, de fecha 30 de marzo de 2017, dictada por la Sala de Casación Civil realizó una interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil, estableciendo su carácter vinculante en cuanto a las causales de divorcio contenidas en el prenombrado artículo y que señala lo siguiente:
“Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas”.
(…)
“Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del código de procedimiento civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial” “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…” así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la sala constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el juez de la entidad de la razón del solicitante…”.

Por tanto, se evidencia de la revisión de las actas procesales que conforman la demanda efectuada, que la legitimidad de la parte está demostrada con las mencionadas copias certificadasdel acta de matrimonio civil, llevada por ante el Registro Civil del MunicipioSan Felipedel Estado Yaracuy, convenido entre los cónyuges, ciudadanos ROMERO PERAZA JUANA VICTORIAy ARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS, ya identificados up supra, y que corre insertaa los folios 5 y 6, y sus vueltos,del caso que nos ocupa, ya valorada, y vista la manifestación intrínseca realizada por la ciudadanaROMERO PERAZA JUANA VICTORIA, arriba identificada, de no continuar unida en matrimonio con su cónyuge, en virtud de existir incompatibilidad de caracteres y por ende el desafecto, y a que la parte demandada quedo debidamente citada en la causa, tal y como consta en los autos, esta Juzgadora, considera que están llenos los extremos de ley para que proceda la solicitud de disolución del vínculo matrimonial contraído entre la accionante y su cónyuge, el ciudadanoARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS, arriba identificado,todo conforme a las sentencias antes transcritas, y ASÍ SE DECIDE.
Asimismo, EL TRIBUNAL NO HACE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN CUANTO A LOS BIENES DE LIQUIDACIÓN, POR CUANTO EN EL ESCRITO LIBELAR LA ACCIONANTE DE AUTOS, CIUDADANAROMERO PERAZA JUANA VICTORIA, ARRIBA IDENTIFICADA, SEÑALÓ NO HABER ADQUIRIDO BIENESJUNTO AL ACCIONADO DE AUTOS, CIUDADANOARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS, ARRIBA IDENTIFICADO,QUE FORMEN PARTE DE LA COMUNIDAD CONYUGAL QUE DEBAN SER LIQUIDADOS. Por tanto, esta Juzgadora considera que en el presente procedimiento se cumplieron todos y cada uno de los trámites procesales requeridos por el legislador para su procedencia, y ASÍ SE ESTABLECE.

D E C I S I Ó N

Por todos los fundamentos expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
DECLARA:

PRIMERO:CON LUGAR LA DEMANDADE DIVORCIO 185-A, incoada por la ciudadanaROMERO PERAZA JUANA VICTORIA, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad Nº V-14.607.721, con domicilio procesal ubicado en la calle 12, con avenida 6ta. y 7ma., planta baja, local 13, sector Caja de Agua, municipio San Felipe, estado Yaracuy, asistida por el abogado GALLARDO VITERY ANGEL RAMÓNNEPTALI, inscrito en el Inpreabogado con el Nº 118.301, contra el ciudadanoARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-12.077.538, domiciliado en la avenida Ravell, entre Yaracuy y calle La Mosca, quinta Egdeli A-26, municipio Independencia, estado Yaracuy; en consecuencia, se DECRETA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído entre los ciudadanos ROMERO PERAZA JUANA VICTORIA y ARIAS TRUJILLO EDWARD ANDRÉS, ya identificados up supra, en fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), ante el RegistroCivil del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, tal como se evidencia delascopias certificadas del acta de matrimonio civil, signada con el N° 324, del año 2012, cursante alos folios 5 y 6, y sus vueltos del presente expediente, marcada con la letra “A”.
SEGUNDO: UNA VEZ QUEDE FIRME LA PRESENTE DECISIÓN, se ordena participar lo conducente al Registro Civil del Municipio San Felipe del Estado Yaracuyy al Registro Principal del Estado Yaracuy, todo conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo previsto en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente.
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la naturaleza de la presente decisión.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE, incluso en la página web oficial del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho delTRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DELESTADO YARACUY, a los ocho (8) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024). Años: 213º de la Independencia y 165º de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. Dayhel Vanessa Febles Luis
La Secretaria,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.
En esta misma fecha, y siendo las nueve de la mañana (09:00 a. m.), se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.