TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 19 de Enero de 2024.
Años: 213º y 164º

SENTENCIA: DEFINITIVA.

EXPEDIENTE: N° 4.193-2023

DEMANDANTES: Ciudadanos JUAN BERNARDINO RIVAS SANQUIZ Y JACQUELINE JANETT MARRUFO ORTIZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V- 7.504.092 y V-12.277.416 respectivamente, y de este domicilio.

ABOGADO ASISTENTE: Ciudadano OSCAR BOLAÑO, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 307.701.

MOTIVO: DIVORCIO 185A.

- I –
DE LAS ACTAS DEL PROCESO.

La presente demanda de divorcio fue recibida por distribución en fecha 5 de diciembre del 2023, incoada ante el Tribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, por los ciudadanos JUAN BERNARDINO RIVAS SANQUIZ Y JACQUELINE JANETT MARRUFO ORTIZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 7.504.092 y V-12.277.416 respectivamente, de este domicilio; debidamente asistidos por el abogado OSCAR BOLAÑO, Inpreabogado Nº 307.701, a los fines de solicitar que se le decrete la disolución del vínculo matrimonial, celebrado en fecha 23 de diciembre del año 1997, por ante la Oficina de Registro Civil de Aroa del municipio Bolívar del estado Yaracuy, el cual quedó asentado en el acta N° 13 de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 1997. Manifestaron los solicitantes en su escrito libelar, que su último domicilio conyugal fue en la urbanización Prado del Norte, II etapa, casa C-50-A, del municipio Independencia del estado Yaracuy, y que de dicha unión matrimonial procrearon dos (2) hijos, mayor de edad. Así mismo manifestaron que:
“…Pero es el caso ciudadano (a) juez (a) que en nuestra relación surgieron desavenencias que nos fueron distanciando como pareja haciendo imposible nuestra vida en común, a tal punto que dejamos de tenernos afecto como pareja, no existiendo actualmente ningún vínculo afectivo o apego sentimental que nos una; así mismo he de resaltar que tomando en consideración el derecho de vivir en un ambiente en armonía nos separamos de hecho, viviendo cada uno en residencias diferentes; destacando que jamás pretendí ni pretendo reconciliación alguna; por lo que manifestamos ante usted nuestra voluntad de poner fin a la relación matrimonial por invocación expresa del desafecto… ”

En fecha ocho (8) de diciembre de 2023, el Tribunal ordena su admisión, y asimismo ordenó librar la respectiva boleta de notificación a la Fiscal Séptima del Ministerio Publico del Estado Yaracuy. (Folios 13 y 14).

En fecha diecinueve (19) de diciembre de 2023, el alguacil de este Tribunal consignó debidamente firmada, la boleta de notificación que le fue librada a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. (Folios 15 y 16).

En fecha nueve de enero de 2024, la ciudadana Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, dio contestación a su notificación, señalando que nada tiene que objetar. (Folio 17)

Siendo la oportunidad para decidir en la presente causa, este Tribunal lo hace en base a los siguientes razonamientos:
- II -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Cursa en los folios 3 y 4, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los ciudadanos JUAN BERNARDINO RIVAS SANQUIZ Y JACQUELINE JANETT MARRUFO ORTIZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 7.504.092 y V-12.277.416 respectivamente, constituye copia de un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil sirviendo las mismas para identificar a las partes. Y así se valora.

Cursa en los folios 5 y 6, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los ciudadanos BERNARDO ALEJANDRO RIVAS MARRUFO Y LEONARDO JESÚS RIVAS MARRUFO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-27.529.846 y V-28.207.242 respectivamente, constituyen documentos públicos, que surten plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirviendo las mismas para identificar a los hijos procreados de la unión conyugal y su mayoría de edad. Y así se valora.

Cursa en los folios 7 y 8 copia certificada del acta de matrimonio de los ciudadanos JUAN BERNARDINO RIVAS SANQUIZ Y JACQUELINE JANETT MARRUFO ORTIZ, contraído en fecha 23 de diciembre del año mil novecientos noventa y siete (1997), por ante la Oficina de Registro Civil de Aroa del municipio Bolívar del estado Yaracuy, el cual quedó asentado en el acta N° 13 de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 1997, constituye un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, sirviendo la misma para demostrar la referida unión conyugal. Y así se valora.

Cursa en los folios 9 y 10, copias certificadas de las partidas de nacimientos de los ciudadanos BERNARDO ALEJANDRO RIVAS MARRUFO Y LEONARDO JESÚS RIVAS MARRUFO, del Registro Civil del municipio San Felipe de estado Yaracuy, actas Nro. 235 del año 2000 y acta Nro. 369 del año 2001, constituye documento público, que surte pleno efecto en el presente juicio conforme lo dispuesto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, sirviendo las mismas para identificar a los hijos procreados de la unión conyugal y su mayoría de edad. Y así se valora.

El artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, textualmente expresa: “Es Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpo el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado”.

Los ciudadanos JUAN BERNARDINO RIVAS SANQUIZ Y JACQUELINE JANETT MARRUFO ORTIZ, ya identificados, manifestaron que su último domicilio conyugal fue en la urbanización Prado del Norte, II etapa, casa C-50-A, del municipio Independencia del estado Yaracuy, quien juzga considera que si es competente por el territorio para conocer la presente solicitud.

Los ciudadanos JUAN BERNARDINO RIVAS SANQUIZ Y JACQUELINE JANETT MARRUFO ORTIZ, manifestaron, en su escrito libelar que durante su unión conyugal procrearon dos (2) hijos, mayores de edad, por lo que quien juzga considera que si es competente por la materia para conocer la presente solicitud

Asimismo, en Resolución Nro. 2009/0006, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.152, el 02 de abril de 2009, el Tribunal Supremo de Justicia modificó la competencia de los Tribunales en razón del territorio y la cuantía, y a tal efecto en su Artículo 03, resolvió:
“Los Juzgados de Municipios conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza…”

Las referidas normas adjetivas, se encuentra en concordancia con lo previsto en el Artículo 140-A del Código Civil, que cita:
“El domicilio conyugal será el lugar donde el marido y la mujer tenga establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso que los cónyuges tuvieren residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el Artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia en común”.

De seguida, pasa esta juzgadora a fundamentar las razones de hecho y de derecho que asisten a los solicitantes y en tal sentido observa que, las precisiones relativas a la solicitud de Divorcio interpuesta, están contenidas en el Código Civil, expresamente en el Artículo 185-A, que citado textualmente expresa:
“…Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (05) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada del Acta de Matrimonio…”.
Asimismo, la solicitud está fundamentada en la Sentencia 1070, dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de diciembre de 2016, citada textualmente expresa:
“…A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.
De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia n° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.

Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada…”

Se aprecia que emerge de la copia certificada del acta de matrimonio cursante en los folios 7 y 8, del presente expediente, la existencia del vínculo matrimonial, celebrado en fecha 23 de diciembre del año 1997, emanada por la Oficina de Registro Civil de Aroa del municipio Bolívar del estado Yaracuy, asentado bajo el acta Nº 13, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 1997, la cual constituye un documento público, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, con fundamento a ello se estima y aprecia en todo su valor probatorio, ya que de ella emana la existencia del vínculo matrimonial y la titularidad de la acción en la persona de los solicitantes. Y así se decide.

La ciudadana Fiscal Provisoria de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, fue debidamente notificada en forma personal por este Tribunal, en fecha 19 de diciembre del 2023, por tanto se encuentra lleno otro de los extremos de Ley, y así se declara.

Habiéndose determinado precedentemente la competencia y revisadas como han sido las actas que componen la causa, se constata que se encuentra vigente la separación de hecho de los cónyuges hasta la admisión de la presente solicitud, sin haber ocurrido en dicho lapso su reconciliación, por lo que, es procedente y ajustado a derecho declarar la disolución del vínculo matrimonial conforme a lo expresado por los ciudadanos JUAN BERNARDINO RIVAS SANQUIZ Y JACQUELINE JANETT MARRUFO ORTIZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V- 7.504.092 y V-12.277.416 respectivamente, en base a lo establecido en el artículo 185A del Código Civil, y acogiendo esta juzgadora el criterio vinculante emanado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 1070, de fecha 9 de diciembre del año 2016, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Y así se decide.

-III-
DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuesta, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Con lugar la solicitud de Divorcio 185A del Código Civil, concatenado con la Sentencia vinculante Nº 1070, emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de diciembre del año 2016; interpuesta por los ciudadanos JUAN BERNARDINO RIVAS SANQUIZ Y JACQUELINE JANETT MARRUFO ORTIZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V- 7.504.092, V-12.277.416 respectivamente, de este domicilio, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio OSCAR BOLAÑO, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 307.701. SEGUNDO: DECRETA: la disolución del vínculo matrimonial contraído entre los ciudadanos JUAN BERNARDINO RIVAS SANQUIZ Y JACQUELINE JANETT MARRUFO ORTIZ, celebrado en fecha 23 de diciembre del año 1997, por ante la Oficina de Registro Civil de Aroa del Municipio Bolívar del estado Yaracuy, el cual quedó asentado en acta número 13 de los libros de matrimonio llevados por esa entidad para el año 1997. TERCERO: Se deja constancia que la presente sentencia se dictó dentro de lapso. CUARTO: Se acuerda expedir cinco (5) juegos de copias certificadas de la sentencia.

Una vez vencido como sea el lapso establecido en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 507 del Código Civil y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena que la presente Sentencia sea insertada íntegramente en los libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por ante el Registro Civil y el Registro Principal correspondiente, a donde se acuerda remitir copia certificada de la misma a los fines de que se le coloque la nota marginal en la referida acta de matrimonio.
No hay pronunciamiento sobre costas dada la naturaleza de la acción.
Publíquese y regístrese, incluso en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia WWW.TSJ.GOB.VE, según resolución 001-2022 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 16 de junio de 2022.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024). Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
La Juez,

Abg. NEIRA LEONOR MORENO PRATO.
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz Lugo M.

En esta misma fecha y siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se registró y publicó la anterior decisión.

La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz Lugo M.

Exp. Nº 4.193-2023
NM/OL/ya.-