REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
Valencia, 15 de febrero de 2024
213º y 164º
EXPEDIENTE Nº: 16.207
COMPETENCIA: CIVIL
MOTIVO: INADMISIÓN DE REPRESENTACIÓN O ASISTENCIA EN JUICIO
JUEZ QUE FORMULA LA INADMISIÓN: abogada FILOMENA GUTIÉRREZ CARMONA, jueza provisoria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo
DEMANDANTE: MARÍA BELÉN RUBIO GUTIÉRREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.102.259
DEMANDADO: GABRIEL ANTONIO CARIEL ÁLVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.700.245
ABOGADA CUYA REPRESENTACIÓN O ASISTENCIA NO ES ADMITIDA: MIRIAM MAURERA DAVID, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.075:718, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 88.714
En fecha 18 de enero de 2024, se recibió el presente expediente en el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, dándole entrada en los libros respectivos.
Seguidamente procede esta instancia a decidir la presente incidencia, previa las siguientes consideraciones:
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En la presente incidencia, la jueza manifiesta que en fecha 5 de diciembre de 2023, el ciudadano GABRIEL ANTONIO CARIEL ALVIAREZ, confiere poder apud-acta a la abogada MIRIAM MAURERA DAVID, siendo necesario señalar que en fecha 27 de septiembre de 2022, la abogada FILOMENA GUTIÉRREZ CARMONA, actuando como jueza provisoria del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bejuma. Montalbán y Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, se inhibió de seguir conociendo el juicio por reconocimiento de contenido y firma, inhibición que se formuló respecto a la abogada MIRIAM MAURERA DAVID, siendo declarada con lugar la referida inhibición en sentencia de fecha 27 de octubre de 2022, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Transito Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Para decidir se observa:
El artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“No hay lugar a recusación porque exista una de las causas expresadas, entre el funcionario judicial por una parte, y por la otra el tutor, curador, apoderado o asistente de alguno de los litigantes, o los miembros, jefes o administradores de establecimientos, sociedades o corporaciones que sean partes en el juicio, a menos que se trate de las causales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 12ª y 18ª.
No serán admitidos a ejercer la representación o asistencia de las partes en juicio quienes estén comprendidos con el Juez en alguna de las causales expresadas en el artículo 82, que hubiere sido declarada existente con anterioridad en otro juicio, el cual será indicado por el Juez en su pronunciamiento, de oficio o a su solicitud de parte.
Cuando en el lugar donde se siga el juicio no existiere sino un solo Tribunal competente para conocer del asunto, la representación o la asistencia de la parte por el abogado comprendido con el Juez en alguna de las causales previstas en el Artículo 82, ya declarada existente con anterioridad en otro juicio ante el mismo Tribunal, sólo será admitida si el apoderado o asistente se presentare a ejercer la representación o la asistencia de la parte antes de la contestación de la demanda.” (Resaltado de esta sentencia)
Respecto a la interpretación de la norma trascrita, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 23 de agosto de 2001, expediente N° 00-2512, dispuso lo que sigue:
“…la Sala juzga que el Tribunal, presuntamente agraviante, al imponer al accionante la prohibición de litigar en el tribunal a cargo de la juez inhibida de manera general, no vulneró su derecho a la libre actividad económica, pues de lo que se trata es de una interpretación en cuanto a la aplicación y alcance de lo dispuesto por el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, los que podrán variar en cada causa que se tramite ante dicho tribunal e intervenga el abogado accionante.”
Asimismo, podemos resaltar la opinión del autor Rafael Ortiz Ortiz al expresar que la existencia de esta norma en nuestra normativa procesal se debió, fundamentalmente, a la práctica de algunos abogados de intervenir en procesos donde existía una causal de inhibición o recusación para lograr, por este medio, que el juez se separara del conocimiento del asunto. Se conocía esta práctica como la del abogado “sacacorchos”, reconocido así por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. (Obra citada: Teoría General del Proceso, segunda edición, página 281).
En el mismo sentido argumentativo apunta al maestro Arístides Rengel Romberg, al señalar que el mencionado artículo 83 se introdujo con la finalidad de impedir la práctica maliciosa, tan frecuente bajo el anterior código, de aprovechar la existencia de una causal de recusación entre el juez y el apoderado de una de las partes, declarada existente con anterioridad en un proceso, para hacerla valer de nuevo en otro distinto, en el cual interviene el mismo apoderado, inhabilitándose así permanentemente al juez para conocer todas las causas en que actúe dicho apoderado. (Obra citada: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, tomo I, décimo tercera edición, página 412).
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 9 de octubre de 2002, expediente N° 00-1929, estableció que independientemente que el fin de la norma es impedir una práctica de mala fe que persigue excluir a un juez determinado del conocimiento de uno o varios asuntos, no siempre es así, es decir, hay casos donde no hay mala fe, pero el problema debe ser abordado sin distingo alguno, a saber:
“No pretende afirmar esta Sala que detrás de la representación o asistencia de una de las partes, por quien se encuentra en un supuesto que dé lugar a la inhibición o la recusación del juez, se haga necesariamente de mala fe. Es obvio que la situación que dio lugar a la norma ahora impugnada fue precisamente la maliciosa, pero no tendría por qué ser así. Sin embargo, ante la evidencia de la situación perniciosa, verdadera costumbre conocida sobradamente en el medio forense, el legislador optó por no hacer distingos y, sin presumir la mala fe, invertir de todas formas la tradicional manera de abordar el problema. Lo importante, en todo caso, es que esa decisión legislativa no vulnera el derecho al trabajo de los abogados, contrariamente a lo que el demandante sostuvo en su libelo. Aunque al abogado se le impida ejercer en un tribunal específico, mientras ocupe el cargo de juez la persona con la que está vinculado por causal de recusación, es obvio que no se le impone una prohibición genérica, que pueda conducir a creer que se le vulnera su derecho al trabajo. De hecho, la intención de incluir un segundo aparte en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil fue la de evitar tal situación, que sí sería perjudicial para los intereses de los profesionales del Derecho, pues se les privaría indirectamente de la posibilidad de ejercer su oficio, y con ello de obtener sus ingresos. No es, en todo caso, lo que sucede con el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil en la forma en que está hoy concebido.” (Resaltado de esta sentencia)
De la jurisprudencia y doctrina patrias antes citadas, podemos resumir que la figura de la inadmisión del apoderado o asistente de alguna de las partes en juicio, no reviste inconstitucionalidad, pero sólo puede darse cuando haya sido previamente declarada con anterioridad en otro juicio; que la causal no haya cesado; que el impedimento no sea de aquellos a que se contrae el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que el juez sea cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano del apoderado o asistente de cuya inadmisión se trate o que el juez tenga interés directo en el pleito; y finalmente, que en el lugar donde se siga el juicio existiere otro u otros tribunales igualmente competentes.
Precisado lo anterior, observa este tribunal superior que en las actas procesales consta que en fecha 27 de octubre de 2022 el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Transito Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró con lugar la inhibición formulada por la abogada FILOMENA GUTIÉRREZ CARMONA, actuando como jueza provisoria del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bejuma. Montalbán y Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por cuanto la abogada MIRIAM MAURERA DAVID, fue secretaria del referido tribunal, quedando patente que la causal fue declarada con anterioridad en otro juicio, amén de que no se trata de las causales a que se contrae el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil y huelga señalar, que en la ciudad de Valencia, Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, existen otros tribunales de primera instancia con competencia en lo civil, mercantil y bancario, resultando concluyente que en el presente caso, están dadas las circunstancias previstas en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, para que no sea admitida la representación o asistencia pretendida por la abogada MIRIAM MAURERA DAVID, respecto a la parte demandada, ciudadano GABRIEL ANTONIO CARIEL ÁLVAREZ, Y ASÍ SE DECIDE.
II
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: ÚNICO: HA LUGAR la inadmisión de la abogada MIRIAM MAURERA DAVID, para ejercer la representación o asistencia de la parte demandada, ciudadano GABRIEL ANTONIO CARIEL ÁLVAREZ, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por existir una causal respecto a la jueza provisoria del referido tribunal, abogada FILOMENA GUTIÉRREZ CARMONA, que fue declarada con anterioridad en otro juicio.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia
Dado, firmado y sellado en la Sala del despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en la ciudad de Valencia, a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). Año 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
JUAN ANTONIO MOSTAFÀ P.
EL JUEZ TEMPORAL
ORIANNIS VITRIAGO
LA SECRETARIA TEMPORAL
En la misma fecha, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 11:15 a.m. previo el cumplimiento de las formalidades de ley.
ORIANNIS VITRIAGO
LA SECRETARIA TEMPORAL
EXP. Nº 16.207
JAM/OV.-
|
