TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DEL MUNICIPIO BRUZUAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
ARCHIVO

Chivacoa, 01 de agosto de 2025
Años: 215º y 166º
EXPEDIENTE Nº 3473/2025
DEMANDANTE Ciudadano WILMER ANTONIO VÁSQUEZ CENTENO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V-7.905.663.
DEMANDADOS: Ciudadanos AIDA COROMOTO OROPEZA BETANCOURT Y SANTO MINIO ZAMBRANO ARZA venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nros. V-7.163.921 y 7.558.398
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO POR VÍA PRINCIPAL.

-I-
En fecha siete (07) de julio del 2025, se recibió la presente demanda de Reconocimiento de Documento Privado por Vía Principal con los anexos respectivos, incoada por el ciudadano WILMER ANTONIO VÁSQUEZ CENTENO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V-7.905.663, debidamente asistido en este acto por la abogada en ejercicio Kenia Zambrano, inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 265.053, contra a los ciudadanos AIDA COROMOTO OROPEZA BETANCOURT venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N°V-7.163.921, y SANTO MINIO ZAMBRANO ARZA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V-7.558.398, en su condición de firmante a ruego. Folios del uno al nueve (f. 01 al 09).
Riela en los folios diez al doce (f. 10 y 12), de fecha 11 de julio del 2025, auto de admisión de la presente demanda, donde se ordena librar boletas de citación a las parte demandadas de autos.
Riela a los folios trece al dieciséis (f. 13 al 16), de fecha 21 de julio del 2025, el alguacil consigna boletas de citación de los ciudadanos AIDA COROMOTO OROPEZA BETANCOURT y SANTO MINIO ZAMBRANO ARZA, antes identificados, debidamente firmadas.
Riela al folio diecisiete (f. 17), de fecha 25 de julio del año 2025, escrito de contestación de la demanda, suscrito y presentado por los ciudadanos AIDA COROMOTO OROPEZA BETANCOURT y SANTO MINIO ZAMBRANO ARZA antes identificados, asistidos por la abogada en ejercicio Maricela Valle, inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 175.266.
-II-
ANTES DE PASAR A DECIDIR, ESTE TRIBUNAL REALIZA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
La demanda judicial es el acto de iniciación del proceso mediante la cual una persona que afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley a su favor, se dirige al órgano del Estado (Juez) para obtener la aplicación de dicha voluntad. La demanda es el primer acto del proceso “nemo iudex sine actore”, es decir, la primera forma de la actividad de la parte en el proceso consiste en demandar.
Ha sido criterio jurisprudencial que la demanda es “toda petición que contiene un interés cuya satisfacción se pretende obtener del órgano jurisdiccional autorizado. Pero en el sentido procesal estricto se define como el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción, solicitando del Tribunal, protección, declaración o constitución de una situación jurídica”.
En cuanto a la competencia de este Tribunal para conocer de la presente causa, se observa el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
“Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado; todo a elección del demandante”.
El legislador venezolano acogió la norma derivada del derecho romano, “Actor sequitir forum rei”, es decir, la regla del fuero general que da competencia al Tribunal donde esté ubicado el inmueble, y cuyo motivo en especial está en las razones de equidad, o en su defecto el domicilio del demandado y si no se conociere el domicilio, se tomará el del lugar de la residencia, a los efectos de la demanda.
Por su parte, tenemos que la capacidad negociar, es la facultad que tiene una persona natural o jurídica para actuar válidamente, es decir, para producir, por voluntad propia, actos con efectos jurídicos válidos.
Ahora bien, el reconocimiento judicial es la oposición del instrumento que hace una de las partes a la otra, con el fin de que reconozca como cierto el documento, esto ocurre cuando se oponga en un litigio como instrumento probatorio, tal como lo señala el artículo 444 ejusdem, que se solicite el reconocimiento por vía principal, artículo 450 ejusdem, o como preparación de la vía ejecutiva artículo 631 ejusdem.
No obstante, el presente se rige por lo dispuesto por el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
“La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”.
Ahora bien, el reconocimiento puede ser expreso o tácito, cuando la parte a quien se le opone el instrumento en el lapso correspondiente no hace ninguna manifestación de desconocimiento o lo reconoce voluntariamente en el acto de contestación de la demanda en virtud que dicho documento privado fue consignado junto con el libelo de la demanda.
Señalan el artículo 1.363 del Código Civil Venezolano vigente lo siguiente:
“El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones”.
Por su parte el artículo 1.364 ejusdem establece:
“Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido”.
De los artículos antes citados, se evidencia que una vez presentado al Juez competente el instrumento privado para que reconozca la autenticidad de las firmas de los otorgantes y una vez reconocido por la parte demandada, el documento tiene la fuerza de uno autenticado, es decir, un documento privado puede ser convertido en un documento con fuerza de documento público.
Por consiguiente, este Juzgador observa que en la presente causa, la parte demandada, compareció voluntariamente por ante este Tribunal en fecha, veinticinco (25) de julio de 2025 y presentó escrito mediante el cual señalo lo siguiente:
“(…) Reconozco en toda y cada uno de sus términos el contenido del documento de venta, así como reconozco que la huellas impresas que aparecen al pie del documento, son mías y en vista de que manifieste al Tribunal no saber firmar, firmo a mi ruego el ciudadano: SANTO MINIO ZAMBRANO ARZA, Venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad Nro: 7.558.398, quien estampo su firma y sus huellas dígitos pulgares en el documento, que riela al folio 05 frente y vuelto del presente expediente, por ser cierto que le vendí, en forma pura, simple perfecta e irrevocable al ciudadano: WILMER ANTONIO VASQUEZ CENTENO, venezolano, mayor de edad, casado, titular de de la cedula de identidad Nro. V-7.905.663, de este domicilio. Por la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs.343.200,00). Unas bienhechurías consistentes en una casa, ubicada: en la calle 06, casa N°: 23 sector 02 de la urbanización Pueblo Nuevo, Municipio Bruzual del Estado Yaracuy. Y la misma está construida sobre un lote de terreno propiedad del INTI, cuyas medidas según documento de tradición son las siguientes: DOSCIENTOS VEINTITRÉS METROS CUADRADOS CON SESENTA Y OCHO CENTÍMETROS (223,68M2) con un área de construcción de SETENTA Y UN METROS CUADRADOS CON SESENTA Y NUEVE CENTÍMETROS (71,69M2), siendo sus linderos los siguientes: NORTE: CASA Y SOLAR DE MARIA DE MELENDEZ CON (23,30M) SUR: CASA Y SOLAR QUE ES O FUE DE ANTONIO CARMONA CON (23,30). ESTE: SOLAR Y CASA DE ARACELIS SUAREZ CON (9,45M) OESTE: CALLE 06 SU FRENTE CON (9,75M), de acuerdo al informe de levantamiento planimétrico DC-AU-IP(08-1113)- 428.2007, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL MUNICIPIO BRUZUAL ESTADO YARACUY CON SU RESPECTIVA CEDULA CATASTRAL NUMERO 220301AU1131823000101 de fecha DIEZ (10) DE JULIO DEL DOS MIL SIETE (2007). Dichas bienhechurías me pertenecen según DOCUMENTO NOTARIADO POR LA OFICINA DE NOTARIA PÚBLICA DEL ESTADO YARACUY, de fecha: Dieciocho (18) de Mayo del Dos Mil Nueve (2009), bajo el numero 58, tomo: 43 de los libros de autenticaciones de esta notaria, respectivamente. (…)” (Mayúscula, negrillas y destacados propios).
En tal sentido, convino y aceptó en todas y cada una de sus partes la firma y el contenido sobre el documento privado que es el fundamento de la presente demanda y el cual riela en el folio cinco y vuelto (f. 05 y vto.) de la presente causa.
A este respecto, es menester señalar que la admisión de hechos es el ejercicio de una facultad procesal que no implica confesión, sino debe verse como alegato, pues, puede adversarse el derecho, es criterio del doctrinario Carnelutti al cual este Juzgador se acoge que la admisión es la no discusión de la verdad de una verdad adversa, cuando las alegaciones de una parte concuerdan con la precedente alegación de la otra; es decir, el hecho admitido es aquel sobre el cual hay conformidad de las partes, sobre el cual no existe controversia ni discusión y por ende está exento de pruebas, no porque sea un hecho probado en la causa, sino por tratarse de un hecho controvertido.
Dicho lo anterior y visto el reconocimiento efectuado por la parte demandada, el ciudadano WILMER ANTONIO VÁSQUEZ CENTENO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V-7.905.663,, este juzgador señala que tales reconocimientos encuadran en las previsiones contenidas en los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil venezolano, antes citados por lo que resulta para este sentenciador declarar que la pretensión alegada por la parte demandante no es contraria a derecho y por ende se tiene como reconocido el documento privado suscrito entre las partes intervinientes en el presente juicio, tal como quedará plasmado en la dispositiva del presente fallo, y así se establece.
En consecuencia, por los argumentos anteriormente explanados, así como del análisis de las actas procesales que conforman el presente expediente y la voluntad expresa de la parte demandada en reconocer en todas y cada una de sus partes la demanda que contra ellos cursa, tal y como consta en el folio diecisiete y vuelto(f. 17 y vto.) del presente expediente, y por cuanto están llenos todos los extremos para que proceda la pretensión del actor, es procedente declarar con lugar la referida pretensión, y así se decide.
Por las razones expuestas, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la pretensión contenida en la demanda de RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO POR VÍA PRINCIPAL, incoada por el ciudadano WILMER ANTONIO VÁSQUEZ CENTENO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V-7.905.663, debidamente asistido en este acto por la abogada en ejercicio Kenia Zambrano, inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 365.053, contra a los ciudadanos AIDA COROMOTO OROPEZA BETANCOURT venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N°V-7.163.921, y SANTO MINIO ZAMBRANO ARZA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V-7.558.398, en su condición de firmante a ruego.
SEGUNDO: Téngase de conformidad con lo preceptuado en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del Código Civil, LEGALMENTE RECONOCIDO EL INSTRUMENTO PRIVADO (documento de compra-venta) suscrito entre los ciudadanos WILMER ANTONIO VÁSQUEZ CENTENO, AIDA COROMOTO OROPEZA BETANCOURT, y SANTO MINIO ZAMBRANO ARZA (en su condición de firmante a ruego), venezolanos, mayor de edades, portadores de las cédulas de identidades Nros V-7.905.663, V-7.163.921 y V-7.558.398 respectivamente, sobre un inmueble ubicado en la calle 06, casa N°: 23 sector 02 de la urbanización Pueblo Nuevo, Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, construido sobre un lote de terreno propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), cuyas medidas según documento de tradición son las siguientes: DOSCIENTOS VEINTITRÉS METROS CUADRADOS CON SESENTA Y OCHO CENTÍMETROS (223,68 Mtrs2) con un área de construcción de SETENTA Y UN METROS CUADRADOS CON SESENTA Y NUEVE CENTÍMETROS (71,69 Mtrs2), siendo sus linderos los siguientes: Norte: Casa y solar de María de Meléndez en 23,30 Ml, Sur: casa y solar que es o fue de Antonio Carmona en 23,30 Ml., Este: solar y casa de Aracelis Suarez en 9,45 Ml y Oeste: calle 06 su frente en 9,75 Ml, de acuerdo al informe de levantamiento planimétrico DC-AU-IP(08-1113)- 428.2007, emitido por la dirección de catastro del municipio Bruzual estado Yaracuy con su respectiva cedula catastral numero 220301AU1131823000101 de fecha 10 de julio de 2007, el cual le perteneció según documento notariado por la oficina de Notaria Pública del estado Yaracuy, en fecha: 18 de mayo de 2009, inserto bajo el n° 58, tomo: 43 de los libros de autenticaciones de esta notaria.
TERCERO: De conformidad con el artículo 1.160 del Código Civil, se ORDENA REGISTRAR la presente decisión para lo que se remite copia certificada al Registro correspondiente.
CUARTO: Se ordena la devolución de la documentación original presentada por la parte demandante, y en su lugar dejar copias certificadas de los mismos una vez que la parte interesada provea al Tribunal de las copias simples respectivas.
QUINTO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.
SEXTO: Se ordena expedir copias certificadas de la presente decisión a la parte solicitante una vez que sean proveídos por estas las copias fotostáticas relativas a la misma.
Publíquese y regístrese, incluso en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como en la página www.yaracuy.scc.org.ve, según resolución Nº 001-2022, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 16 de junio de 2022.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en Chivacoa, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025. Años: 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
El Juez

Abg. Edwin Godoy González.
La Secretaria

Abg. Solimar Pacheco Torrealba
Se dará cumplimiento a lo ordenado en la anterior decisión. En ésta misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se registró y publicó la anterior decisión.
La Secretaria

Abg. Solimar Pacheco Torrealba