República Bolivariana de Venezuela Poder Judicial Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy San Felipe, Dos (02) de Diciembre de 2025 AÑOS: 215° y 166° Analizada la diligencia consignada en fecha veintiocho (28) de Noviembre del presente año, que riela al folio 201 – 202 del presente asunto, la cual contiene acuerdo transaccional, suscrita por la parte demandante JOSE GREGORIO RODRIGUEZ ALVARADO, OSCAR JULIAN HEREDIA SUAREZ, JUAN BAUTISTA ROJAS PEREZ, RAMONA PASTORA PATIÑO GONZALEZ, MARBELLA ALEXANDRA ALVAREZ PARRA, ALY RAMON ZAMBRANO OLIVAREZ, ZORAIDA JOSEFINA ROJAS MARTINEZ, ANDERSON JOSE ROJAS, ALI ERNESTO CARRIZALEZ y AFIMAEL MENDOZA VARGAS, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nº 10.860.475, 11.049.832, 11.279.070, 7.579.864, 11.646.931, 11.649.354, 12.280.198, 15.108.534, 15.767.501 y 16.823.298, respectivamente y la profesional del derecho ZAFIRO NAVAS inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 24.555 en su carácter de Apoderada Judicial, por la otra parte la demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO URACHICHE representada por el ciudadano SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL Abogada THAISDISBETH JUAREZ inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 151.558, asimismo solicitan la Homologación del referido acuerdo; sin ordenar el archivo del expediente hasta tanto se evidencie el cumplimiento total del acuerdo aquí establecido a objeto de evidenciar el cumplimiento total y absoluto del acuerdo trasnacional que riela en las actas. Ahora bien, las partes haciendo uso de los medios alternos de resolución de conflictos y para evitar extender mas el proceso están de acuerdo en el pago por la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($ 300,00), la cantidad ofrecida contiene el pago de los Beneficios Convencionales adeudados y contenidos en las Clausulas: BONO DE TRASPORTE; IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, UNIFORMES, BOTAS Y CASCOS; SALARIO MINIMO DE INGRESO; TOALLAS Y JABON; GASTOS DE CONSULTAS Y MEDICINAS, los aludidos pagos será calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela, cancelado de manera directa a cada uno de los demandantes, monto que será depositado en el mes febrero del año Dos Mil Veintiséis (2026). Así las cosas, y a los efectos de pronunciarse sobre la transacción suscrita por las partes, y cuya homologación esta solicita, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: De conformidad con lo establecido el Art. 89 numeral 2 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley. (El subrayado es nuestro). En este mismo sentido, la Ley Orgánica del Trabajo en su Art.6, exhorta a los jueces a tener en cuenta la posibilidad de promover la utilización de los medios alternos de solución de conflictos. SEGUNDO: Así mismo, de acuerdo a lo previsto en el Art.1713 del Código Civil, la transacción es un medio de autocomposición procesal, que persigue, mediante reciprocas concesiones poner fin a un litigio pendiente y precaver uno eventual. Por otro lado, en materia laboral, la ley sustantiva establece en su Art.3 que: “La irrenunciabilidad de los derechos laborales no excluye la posibilidad de conciliación y transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada.” TERCERO: De igual modo, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece que: de conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del art. 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimiento sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos (…) CUARTO: En sintonía con lo anterior, el Art.11 del reglamento antes mencionado, expresa que: “La transacción celebrada por ante el juez, jueza, Inspector o Inspectora del trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.” Ahora bien, visto el escrito contentivo de la transacción, y revisado exhaustivamente el mismo, observa este Tribunal que el referido acuerdo es un acto jurídico de expresión de la voluntad espontánea, consciente y libre, legítimamente manifestada por las partes, sin que haya mediado violencia, coacción o apremio de ningún tipo en contra de los trabajadores, para el otorgamiento de su consentimiento, y estando éste debidamente representado por un profesional del derecho, quien ha debido informarlos acerca de las bondades, ventajas y desventajas del presente acuerdo. De igual forma, observa este tribunal que el mencionado acuerdo se ajusta a los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las trabajadoras y su Reglamento, así como a las previsiones constitucionales, al contener una relación circunstanciada de los conceptos objeto de la transacción y de los derechos en litigio, lo cual conforma un negocio jurídico conforme a derecho, considera procedente su homologación. Por tales motivos, y en mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, LE IMPARTE SU HOMOLOGACION A LA PRESENTE TRANSACCIÓN, de conformidad con el art. 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por remisión del Art.11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, del art. 19 del a Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y de los Art. 10 y 11 de su Reglamento, teniéndose la misma como sentencia pasada en autoridad de cosa Juzgada. Se ordena a la parte actora informar a este juzgado del pago efectivo para proceder al cierre y su posterior remisión al archivo judicial, una vez que quede firme la decisión, en caso de que transcurrido el tiempo de treinta (30) días hábiles desde la fecha fijada por las partes en el acuerdo, sin que la parte actora informe sobre el pago, se entenderá como cumplido el mismo y se procederá al respectivo cierre. Así se establece. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy a los Dos (02) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025). Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación. LA JUEZA, ABG. CHRISTABEL ACOSTA El SECRETARIO, ABG. JEAN CARLOS TERAN Asunto: UP11-L-2023-000037.- PIEZA ÚNICA CA/JCT/YA