TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 30de enerode 2025
Años: 214° y 165°

EXPEDIENTE: Nº 2.917-23.

PARTE DEMANDANTE: CiudadanaTORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL,venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 24.002.259,con domicilio procesal ubicado en la calle 18, sin número, urbanización Las Acequias, municipio Cocorote, estado Yaracuy.

ABOGADO APODERADO
JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE:
GARCÍA ALONSO IGNACIO,Inpreabogado N° 283.586.

PARTE DEMANDADA:

MOTIVO:
CiudadanoVALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE,venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 22.309.677, domiciliado en diagonal 73ª, bis A, sur 83 a, 14, Bosa Islandia Bogotá, Republica de Colombia.

DIVORCIO 185-A (DEFINITIVA).

Se inicia el presente procedimiento de DIVORCIO 185-A, mediante demanda suscrita y presentada por la ciudadanaTORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL, arriba identificada, representada por su abogado asistente, en un principio y luego como apoderado judicial abogado GARCÍA ALONSO IGNACIO, inscrito en el Inpreabogado con el N° 283.586, contra el ciudadanoVALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, arriba identificado, en la que solicita a este Tribunal se decrete la disolución del vínculo matrimonial existente entre ella y su cónyuge.Alegala parte actora, que en fecha nueve (9) de junio del año dos mil dieciséis (2.016), contrajo matrimonio Civil en la Oficina del Registro Civil,ubicada en la avenida Bolívar, entre calles 3 y 4, del Municipio Cocorote, estado Yaracuy, con el ciudadano VALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cedula de identidad N° 22.309.677, en presencia del funcionario Juan Carlos Montes Ramírez, coordinador del Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy,según consta en el acta de matrimonio, la cual se encuentra anexa al libelo de demanda, marcada con la letra “A”, que fijó junto a su esposo su domicilio conyugal en la avenida 2 entre calles 12 y 13, casa S/N, sector Campo Alegre, Municipio Cocorote, estado Yaracuy, el cual fue su ultimo y único domicilio conyugal, que en la unión matrimonial no procreo hijos,y en cuanto a los bienes adquiridos señaló que fueron repartidos equitativamente el día de la separación, sin tener nada que reclamar al respecto, que la relación al inicio fue armoniosa, basada en el respeto, comprensión y afecto mutuo, debido a que se generaron entre ellos desavenencias e incompatibilidad de caracteres que hacían imposible la vida en común y por lo tanto se demostraba que ya no existía amor entre ellos, ni interés en mantener el vinculo conyugal, es por lo que en fecha 06/04/2018, decidieron separarse fijando cada quien domicilios separados, situación que se ha prolongado hasta la actualidad, y habiendo transcurrido un tiempo de cinco (5) años, de igual forma solicitó a este juzgado poner fin al vinculo matrimonial, divorcio por desamor, desafecto e incompatibilidad de caracteres, asimismo señaló que el ciudadano FRANCO GIUSEPPE VALENTE VILORIA, manifestó estar de acuerdo con la disolución del vinculo matrimonial y podrá ser ubicado en la siguiente dirección:Ciudadela Hugo ChávezFrías, zona 7, torre 4, apartamento 02-02, con los números telefónicos y correo electrónicos siguientes:francovalenteviloria@gmail.com y 0424-1610285, fundamento su petición de conformidad con lo establecido en la sentencia N° 1070 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 9 de diciembre de 2016 y la sentencia N° 136 dictada por la Sala de Casación Civil de Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de marzo de 2017.
Finalmente, la parte actora solicitó a este Tribunal, se decrete el divorcio por desamor, desafecto e incompatibilidad de caracteres, y pide que la demanda sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar con todos los pronunciamientos de ley.
La presente demanda fue recibida por distribución en fecha 6/7/2023, y admitida en fecha 11/7/2023, ordenándose la citación del demandado de autos ciudadanoVALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, arriba identificado, y de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, tal y como consta alfolio8, su vuelto, ydel folio 9 al 11 de la causa.
En el folio 12, de la presente causa, el Alguacil del Tribunal, consigno boleta de citación debidamente firmada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público del Estado Yaracuy, lo cual consta al folio 13 del expediente.En fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veintitrés (2023),el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber consignado boleta de citación por falta de impulso procesal dirigida al demandado de autos ciudadanoVALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, arriba identificado,tal y como consta del folio 14 al 19, de la presente causa.
Cursa en folio 20 del expediente, diligencia suscrita y presentada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, donde emite opinión.
En fecha cinco (5) de abril del año dos mil veinticuatro (2024) diligenció en dos oportunidades la demandante de autos ciudadana TORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 24.002.259, asistida por el abogado GARCÍA ALONSO IGNACIO, inscrito en el Inpreabogado con el N° 283.586, mediante el cualsolicito se cite nuevamente al demandado de autosciudadano VALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, arriba identificado, vista la imposibilidad declarada, señalando a tal efecto su dirección, número telefónico y correo electrónico, en la misma fecha la demandante de autos confirió poder apud-acta en la presente causaal abogado antes referido,certificado por la Secretaria, lo cual consta al folio 21 y su vuelto, folio 22 y su vuelto, y folio 23 del expediente. En fecha 9/4/2024 el Tribunal dicta auto actuando como director del proceso y ordenalibrar nuevamente boleta de citación al demandado de autos, consta a los folios 24 y 25 de la causa.
En fecha catorce (14) de agosto del dos mil veinticuatro (2024) diligenció lademandante de autos ciudadana TORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 24.002.259, representada por su apoderado judicial abogado GARCÍA ALONSO IGNACIO, inscrito en el Inpreabogado con el N° 283.586,solicitando el abocamiento de la Jueza Provisoria en la presente causa y de la misma forma pidióse notificara electrónicamente al demandado,señalando número telefónico, correo electrónico y dirección, ya que el mismo se encuentra en Bogotá, Republica de Colombia, consta al folio 26 y su vuelto del pliego escritural.En el folio 27 del expediente, este Tribunal dicta auto de abocamiento de la Jueza Provisoria en la causa. Asimismo, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) el Tribunal mediante auto ordena fijar audiencia telemática para citar al demandado, consta a los folios 28 y 29 del expediente.
En fecha nueve (9) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se llevó a efecto audiencia telemática fijada a los efectos de la citación de la parte demandada de autos, dejando constancia que se efectuó la llamada telefónica y que el demandado de autos se encuentra a derecho, consta a los folios 30 y su vuelto, 31 y su vuelto, 32, y 33 al 35 y sus vueltos del expediente.En los folios 36 y 37 del expediente cursa auto dictado por el Tribunal de fecha 9/10/2024, instando a la parte demandante a señalar lo conducente en relación a lo expuesto por la contraparte, relacionado con la comunidad de bienes.
En fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)diligenció la demandante ciudadana TORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 24.002.259, asistida por elabogado BARRIOS BLANCO JERSON JOSÉ, inscrito en el Inpreabogado con el N° 316.161, a los efectos de manifestar lo conducente y requerido por el Tribunal, consta al folio 38 y su vuelto de la causa.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26 consagra la garantía jurisdiccional o también denominada la Tutela Judicial efectiva atribuyendo a toda persona el derecho de acceso a los órganos de administración de Justicia para que sus pretensiones sean tramitadas a través de un proceso dirigido por un órgano con miras a conseguir de éste una decisión conforme a derecho. Asimismo, conforme al artículo 49 ejusdem esta tutela se entiende por la suma de todas las prerrogativas establecidas es esta norma, que constituye fundamentalmente la garantía de que elacceso a la justicia sea sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis en que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalismos no esenciales.
En la Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 27 de abril de 2001, Nro. 576, expediente N 00-2794 se expresa que no basta con que la persona tenga el derecho de acceso a los órganos a los que refiere el artículo 26, sino que además se requiere un proceso, una justa y una decisión ejecutable. Según Bello y Jiménez (2004) puede apreciarse que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considera a la Tutela Judicial Efectiva como un derecho bastante amplio que involucra no solo al acceso a la justicia y a obtener una decisión razonada y justa, sino que también incluye las garantía constitucionales procesales que se encuentran establecidas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil atribuye al Juez la facultad conforme a la materia por la naturaleza del asunto que se dirime, por ello, el Profesor Mattirolo, expresó:“competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”. La competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un sólo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional. Ahora bien, encontrándose este Juzgado competente para decidir la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, ya que laparte demandante en el libelo de demandamanifestó haber fijado junto a su cónyuge el último domicilio conyugalen la avenida 2, entre calles 12 y 13, casa S/N, sector Campo Alegre, municipio Cocorote, Estado Yaracuy, lo cual consta en el expediente, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones.
Resulta importante en el presente caso traer a colación que lademandante de autos,para fundamentar su petición consignócopias certificadas de acta de matrimonio civildel Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, signada con elN° 54, del año dos mil dieciséis (2016),cursante a los folios 5, 6 y sus vueltos, marcada con la letra “A”,de la cual se evidencia indubitablemente que laaccionante de autos celebró matrimonio civil con el accionado de autos ciudadanoVALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, previo el cumplimiento de las formalidades correspondientes establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano.En cuanto a las referidas copias certificadas del acta de matrimonio civil, con las cuales la parte demostró la legitimidad, por tratarse de documento público (por haber sido inscrito y autorizado ante el Registro Civil correspondiente, esto es, ante un funcionario con competencia para darle fe pública), contra el cual no fue ejercido medio de impugnación alguno, se le asigna pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil venezolano, el cual establece:“...Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado...”.
La Jurisprudencia a éste respecto ha seguido las enseñanzas del Jurista Feo, quien expresa que todas las corporaciones, autoridades o funcionarios, tienen señalados por la ley sus respectivas atribuciones, dentro de su jurisdicción, las que llevan el carácter de autenticidad. Tales actos tienen que entrar en la categoría de instrumentos públicos, para que la ley sea cumplida y tenga sus efectos. Partiendo de este concepto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil venezolano, el documento público hace plena fe, tanto para las partes como para los terceros. Así lo establece el artículo 1357 del Código Civil venezolano, y tenemos que en el presente caso el documento público fue traído al proceso junto al libelo de la demanda, en copias certificadas, con lo cual el mismo conservan todo su valor, y se comprueba que la legitimidad de las partes está demostrada con las copias certificadas del acta de matrimonio civil antes valoradas, el mismo conserva todo su valor probatorio, y ASÍ SE DECLARA.
Por otra parte, establece el artículo 185-A del Código Civil:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
(Omissis)
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”.

Ahora bien, expresa el dispositivo de la sentencia Nº 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cualcita la decisión N° 446/2014, y estableció lo siguiente:
“…Ahora bien, en la sentencia 446/2014, se estableció que si no resultare negado el hecho alegado por el cónyuge-demandante, se decretará el divorcio, en un todo acorde con lo expresado en la sentencia n° 693/2015, en la que se sostuvo –entre otras cosas- que:
(…) es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial (Resaltado añadido)”.
En el marco del interés del Estado por la protección de la familia, frente a la perpetuidad del matrimonio destaca la excepcionalidad del divorcio, el cual sólo opera por las causales taxativamente enumeradas por la ley. En consecuencia, no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos específicamente determinados por la ley, y que constituyen las causales de divorcio; así, el juez únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el Código Civil -incluyendo el transcurso de un año una vez declarada judicialmente la separación de cuerpos y la prolongada ruptura de la vida en común, contempladas en el primer aparte del artículo 185, y en el artículo 185-A del referido Código-.
En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas…”. (Negrita de la Sala)”.

El máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela en sentencia Nº 136, de fecha 30 de Marzo de 2017, dictada por la Sala de Casación Civil realizó una interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil, estableciendo su carácter vinculante en cuanto a las causales de divorcio contenidas en el prenombrado artículo y que señala lo siguiente:
“Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas”.
(…)
“Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del código de procedimiento civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial” “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…” así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la sala constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el juez de la entidad de la razón del solicitante…”.

Por tanto, se evidencia de la revisión de las actas procesales que conforman la demanda incoada, que la legitimidad de la parte está demostrada con las mencionadas copias certificadasdel acta de matrimonio civil llevada por ante el Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, donde fue asentada el acta de matrimonioconvenido entre los cónyuges ciudadanosTORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL y VALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, ya identificados up supra, y que corre inserta enlos folios 5 y 6, y sus vueltos, marcada con la letra “A”, del caso que nos ocupa, ya valorada, y vista la manifestación intrínseca realizada por la parte actora ciudadanaTORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL, ya identificada, de no continuar unida en matrimonio con su cónyuge, en virtud de existir incompatibilidad de caracteres y por ende el desafecto, esta Juzgadora, considera que están llenos los extremos de ley para que proceda la solicitud de disolución del vínculo matrimonial contraído entre la accionante y su cónyuge, el ciudadanoVALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, todo conforme a las sentencias antes transcritas, y ASÍ SE DECIDE.Aunado a lo cual, se observa que la Fiscal Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, opino en relación a la demanda interpuesta, lo cual consta al folio 20 del expediente.Por otro lado, este TribunalNO REALIZA PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A BIENES QUE FORMEN PARTE DE LA COMUNIDAD CONYUGAL Y QUE DEBAN SER LIQUIDADOS, EN RAZÓN A QUE LA DEMANDANTE DE AUTOSCIUDADANA TORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL,ARRIBA IDENTIFICADA, MANIFESTÓ HABER REPARTIDO LOS BIENES ADQUIRIDOS JUNTO AL DEMANDADO DE AUTOS CIUDADANO VALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, ARRIBA IDENTIFICADO,TAL Y COMO CONSTA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. Por tanto, esta Juzgadora considera que en el presente procedimiento se cumplieron todos y cada uno de los trámites procesales requeridos por el legislador para su procedencia, y ASÍ SE ESTABLECE.
D E C I S I Ó N
Por todos los fundamentos expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley,
DECLARA:
PRIMERO:CON LUGAR LA DEMANDADE DIVORCIO 185-A, incoada por la ciudadanaTORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 24.002.259, con domicilio procesal ubicado en la calle 18, sin número, urbanización Las Acequias, municipio Cocorote, estado Yaracuy, representada por su apoderado judicial abogadoGARCÍA ALONSO IGNACIO, Inpreabogado N° 283.586,contra el ciudadanoVALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 22.309.677, domiciliado en diagonal 73ª, bis A, sur 83 a, 14, Bosa Islandia Bogotá, Republica de Colombia; en consecuencia, se DECRETA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído entre los ciudadanosTORRES DE VALENTE ROSALINDA ABIGAIL y VALENTE VILORIA FRANCO GIUSEPPE,ya identificados, en fechanueve (9) de junio del año dos mil dieciséis (2016), según consta en el acta de matrimonio N° 54, inserta en los libros de matrimonio llevados por ante el Registro Civil del Municipio Cocorotedel Yaracuy, anexa al libelo de demanda, que corre inserta en losfolios 5, 6y sus vueltos, de este expediente, marcada con la letra “A”.
SEGUNDO: UNA VEZ QUEDE FIRME LA PRESENTE DECISIÓN, se ordena participar lo conducente al Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy y al Registro Civil Principal del Estado Yaracuy, todo conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo previsto en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente.
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la naturaleza de la presente decisión.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE, incluso en la página web oficial del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho delTRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DELESTADO YARACUY, a los treinta(30) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. Zorennis Columba Ramos Verastegui
La Secretaria,

Abg.Mayairy Y. Rangel O.
En esta misma fecha, y siendo las dos de la tarde (02:00 p. m.), se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.