TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DEL MUNICIPIO BRUZUAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

Chivacoa, 25 de febrero de 2025
Años: 214º y 166º

EXPEDIENTE Nº: 3427/2025
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano GELASIO LABORI, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-24.633.105
PARTE DEMANDADA: Ciudadana MARITZA COROMOTO CASTELLANOS CEDEÑO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N° V-7.592.928.
MOTIVO: DIVORCIO 185

-I-
Se recibió escrito de solicitud de Divorcio 185 presentado ante este Tribunal por el ciudadano Gelasio Labori, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-24.633.105, asistido por la abogada en ejercicio Zorely Camacho Aguilar, abogada inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 154.106, solicitando ante este Tribunal se le decrete la disolución del vínculo matrimonial contraído con la ciudadana Maritza Coromoto Castellanos Cedeño, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N° V-7.592.928, en fecha veintiséis (26) de mayo de 2023, por la Oficia de Registro Civil del Municipio independencia del Estado Yaracuy, según consta en acta de matrimonio Nº 102, folio 102, Tomo I y que cursa a los folios cinco y seis (f. 05 y 06 vto.) del presente expediente.
Señaló igualmente el solicitante que durante la unión matrimonial establecieron su último domicilio conyugal en el sector Limoncito, comunidad El Copey, Parroquia Campo Elías, Municipio Bruzual del estado Yaracuy, de esa unión no procrearon hijos, en cuanto a los bienes manifiesta que no obtuvieron bienes muebles e inmuebles algunos, asimismo señaló que transcurrido un (01) año de la unión matrimonial se separaron, por desavenencias e incompatibilidad de caracteres insalvables que los fueron separando como pareja, por discusiones y problemas sin mantener ningún tipio de reconciliación matrimonial entre ellos, es por lo que solicita se sirva declarar el divorcio.
La solicitud fue admitida por este Tribunal en fecha veintiuno (21) de enero del año 2025, se ordenó librar la respectiva boleta de citación a la ciudadana Maritza Coromoto Castellanos Cedeño, antes identificada y la notificación a el (la) ciudadano (a) Fiscal Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, según lo establecido en el artículo 132 del Código de Procediendo Civil, a los fines de que emitiera su opinión en lo relativo a la solicitud, folios del diez al doce y su vuelto respectivo (f. 10 al 12 y vtos.)
En fecha veintitrés (23) de enero de 2025, riela al folio trece (f.13 y vto) Poder Apud-Acta conferido por el ciudadano Gelasio Labori, anteriormente identificado a la abogada Zorely Camacho, I.P.S.A 154.106, el cual fue agregado al expediente.
En fecha cuatro (04) de febrero de 2025, riela a los folios catorce y quince (f.14 y 15) boleta de citación de la ciudadana Maritza Coromoto Castellanos Cedeño, antes identificada, debidamente firmada y agregada al expediente.
En fecha trece (13) de febrero de 2025, riela a los folios dieciséis y diecisiete (f. 16 y 17), boleta de notificación de la Fiscal Auxiliar Séptimo del Ministerio Público, la cual fue debidamente firmada y agregada al expediente.
En fecha diecisiete (17) de febrero 2025, riela a los folios dieciocho y diecinueve (f. 18 y 19), se recibió opinión favorable emitida por la Fiscal Auxiliar Interino Encargada de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Yaracuy, Abg. Mirla Materán Gutiérrez, la cual fue agregada al expediente.
En fecha veintiuno (21) de febrero 2025, folio veinte (f. 20) se recibió diligencia suscrita y presentada por la ciudadana Maritza Castellano plenamente identificada en autos, asistida por el abogado Luis Domínguez, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 20.918, donde solicita copia certificada del presente expediente.
En fecha veinticuatro (24) de febrero 2025, al folio veintiuno (f. 21) el tribunal acordó lo solicitado por la ciudadana Maritza Castellano anteriormente identificada.
-II-
SIENDO LA OPORTUNIDAD LEGAL PARA DECIDIR LA PRESENTE SOLICITUD, EL TRIBUNAL LO HACE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:
De seguida pasa este juzgador a fundamentar las razones de hecho y de derecho que asiste al cónyuge solicitante de la presente acción, y en tal sentido observa que en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, textualmente expresa:
“Es juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado”.

Asimismo en Resolución Nro. 2009/0006, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.152, el 02 de abril de 2009, el Tribunal Supremo de Justicia modificó la competencia de los Tribunales en razón del territorio y la cuantía, y a tal efecto en su artículo 03, resolvió:
“Los Juzgados de Municipios conocerán de forma exclusiva y excluyentes de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza…”

Las referidas normas adjetivas se encuentran en concordancia con lo previsto en los artículos 140 y 140-A del Código Civil, que disponen:
Art. 140.-Los cónyuges, de mutuo acuerdo, tomarán las decisiones relativas a la vida familiar, y fijarán el domicilio conyugal.
Art. 140-A. El domicilio conyugal será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso que los cónyuges tuvieren residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el Artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia en común.

Considerando lo anteriormente mencionado notamos de seguida, que la solicitud ha sido ejercida por el ciudadano Gelasio Labori, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-24.633.105, asistido por la abogada en ejercicio Zorely Camacho Aguilar, abogada inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 154.106, siendo él la parte interesada en la disolución del vínculo matrimonial.
Este juzgador considera necesario recordar que para que una persona pueda actuar en juicio en nombre propio como sujeto activo donde solicita la declaratoria de voluntad de la ley a través del dictado de una sentencia justa, debe gozar de cualidad o legitimación, no solo con respecto al proceso (legitimación ad processum), sino con respecto a la causa (legitimación ad causam). La legitimación o cualidad al proceso se encuentra referida a la capacidad y a la titularidad del interés o derecho jurídico reclamado en el proceso judicial.
Al revisar las actas que conforman el presente expediente encontramos que a los folios cinco y seis (f. 05 y 06) riela el acta de matrimonio de los ciudadanos Gelasio Labori y Maritza Coromoto Castellanos Cedeño, venezolanos, mayores de edad, portadores de la cédula de identidad Nº V- V-24.633.105 y V-7.592.928 respectivamente, al cual se le otorga todo el valor probatorio que de ella se desprende por ser un documento público de conformidad a lo previsto en el artículo 1359 del Código Civil Venezolano vigente, así como la solicitud de la demanda presentada por el ciudadano arriba mencionado; de lo que se constata que el solicitante es él interesado en que se disuelva el vinculo matrimonial que los une. En este sentido, la demandante tiene legitimación y cualidad procesal para intentar esta acción y así se decide.
Ahora bien, la presente solicitud, fue motivada por desafecto e incompatibilidad de caracteres, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas, lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.
Al respecto la Sala Constitucional mediante sentencia Nº 1070 del 09 de Diciembre de 2016, estableció que:
(…)
“el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia.
Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad.
Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectio maritalis trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio, por lo que ha de ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio.
Siendo así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia.
Es de agregar, tal y como en la institución del affectio maritalis, dicho afecto que origina la unión de una pareja en matrimonio debe ser permanente, por cuanto éste es la fuente directa de la creación del contrato matrimonial y la existencia, de hecho, del vínculo marital depende de tal afecto.
En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvío o indiferencia.
Dicho desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia el o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales.(Negrillas Propias).
…Omsis…
Dicho lo anterior es importante resaltar que al momento en el cual perece el afecto, la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
De modo pues, que un motivo no se puede encasillar a las causales previstas en el Artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia N° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, o en uno de ellos, resulta fracturado y acabado de hecho el vinculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, sin embargo esto no implica que desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto, y en razón de encontrarse de hecho roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues la Sala Constitucional estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección de la familia y de los hijos (si es el caso) habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. En este sentido la Sala Constitucional en la precitada sentencia destacó lo siguiente:
(…)
Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera la Sala Constitucional que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos “de facto” perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio.”.
En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional.
De tal manera que no es el divorcio, sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.
Así, la institución del divorcio con las formalidades de ley surge para disolver el vínculo matrimonial con todas las dificultades procesales propias que ponen en cabeza del juez y del Ministerio Público, incluso por encima de los cónyuges mismos, la decisión final de la declaratoria “con lugar” o “sin lugar” el divorcio, con todos los efectos absurdos que conlleva un “sin lugar” del divorcio. (Subrayado propio).
Del extracto supra queda claro que, cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Siendo además que la Sala de Casación Civil acogió los criterios doctrinales y jurisprudenciales establecidos en la sentencia N° 1070 dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional en fecha 9 de diciembre de 2016, y concluyó que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o el desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los cónyuges a mantener el vínculo jurídico cuando éste ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.
Ahora bien, este juzgador observa, que en el caso de marras, una de las partes compareció de forma voluntaria a solicitar el Divorcio, de conformidad con el artículo 185 del Código Civil y la sentencia 1070 con carácter vinculante de fecha 09 de diciembre de 2016, emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual aplicamos para la presente causa, solamente el procedimiento establecido en dicha sentencia, y la ciudadana Maritza Coromoto Castellanos Cedeño plenamente identificada en autos, fue citada en la forma personal por el alguacil de este Tribunal, en fecha cuatro (04) de febrero de 2025, y visto que la representación de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, quien fue notificada por este Tribunal en fecha trece (13) de febrero de 2025, manifestó mediante escrito en fecha diecisiete (17) de diciembre de 2025, “…que se han cumplido todos y cada una de las exigencias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico…”, por tanto se encuentran lleno otro de los extremos de Ley, y así se declara.
Habiéndose determinado precedentemente la competencia y revisadas como han sido las actas que componen la causa, se constata que se encuentra producida la separación de hecho de los cónyuges hasta la admisión de la solicitud de Divorcio 185, sin haber ocurrido en dicho lapso su reconciliación, por lo que es procedente y ajustado a derecho declarar la disolución del vinculo matrimonial conforme a lo solicitado por el ciudadano Gelasio Labori, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-24.633.105, en base a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, y acogiendo este Juzgador el criterio emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la Sentencia N° 693, de fecha 2 de Junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, la Sentencia Nro. 1070, de fecha 9/12/2016, con ponencia del Magistrado Dr. JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER; tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Y así se decide.
-III-
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO 185, presentado por el ciudadano Gelasio Labori, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-24.633.105, DECRETA la disolución del vínculo matrimonial contraído por él y la ciudadana Maritza Coromoto Castellanos Cedeño, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V-7.592.928, en fecha veintiséis (26) de mayo de 2023, por la Oficia de Registro Civil del Municipio independencia del Estado Yaracuy, según consta en acta de matrimonio Nº 102, folio 102, Tomo I, que corre inserta en el Libro de Registro Civil de matrimonios llevados por esa oficina para el año 2023.
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código Civil y en el artículo 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena que la presente sentencia sea insertada íntegramente en los libros de Matrimonios llevados por ante el Registro Civil y el Registro Principal correspondiente, a donde se acuerda remitir copia certificada de la misma a los fines de que se le coloque la nota marginal en la referida acta.
TERCERO: No hay pronunciamiento sobre costas dada la naturaleza de la acción.
CUARTO: Se ordena expedir dos (02) juegos de copias certificadas de la presente decisión a la parte solicitante una vez que sean proveídas por este las copias fotostáticas relativas a la misma.
Publíquese y regístrese, incluso en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como en la página www.yaracuy.scc.org.ve, según resolución Nº 001-2022, emanada, Sala de la Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 16 de junio de 2022.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Chivacoa a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2025. Años 214° de la Independencia y 166° de la Federación.
El Juez,

Abg. Edwin Godoy González.

La Secretaria

Abg. Solimar Pacheco Torrealba
Se dará cumplimiento a lo ordenado en la anterior decisión. En ésta misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se registró y publicó la anterior decisión.
La Secretaria

Abg. Solimar Pacheco Torrealba.

Abg.EGG/Spt/yurianner.-
Exp. N° 3427/2025