TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 6 de marzo de 2025
Años: 214º y 166º

SENTENCIA: Definitiva.

EXPEDIENTE: No. 4.331-2024.

PARTE DEMANDANTE: LISANDRO ENRIQUE CASTAÑO ORDOÑEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 10.184.843.

APODERADO JUDICIAL: Abogado FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MEZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 269.228.

PARTE DEMANDADA: ZULETH ANDREINA VELAZCO MESA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-17.863.802.

MOTIVO: DIVORCIO (DESAFECTO).

- I -
DE LAS ACTAS DEL PROCESO
La presente solicitud de divorcio fue recibida por distribución en fecha 24 de octubre del año 2024, incoada por el abogado FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MEZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 269.228, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano LISANDRO ENRIQUE CASTAÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 10.184.843, según poder debidamente autenticado ante la Notaria Pública de San Felipe del Estado Yaracuy, de fecha 17 de junio de 2022, bajo el No. 45, Tomo 13, Folios 134 hasta el 136; contra la ciudadana ZULETH ANDREINA VELAZCO MESA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-17.863.802; a los fines de solicitar la disolución del vínculo matrimonial, celebrado en fecha 28 de enero del año 2011, por ante la oficina de Registro Civil del municipio Cocorote del estado Yaracuy, según consta en acta de matrimonio asentado bajo el No. 2, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad; y que su último domicilio conyugal fue en el callejón el Casabe, casa No. 6, del municipio Independencia del estado Yaracuy, y que de dicha unión conyugal no procrearon hijos, ni adquirieron bienes. Así mismo manifestó en su escrito libelar que:
“…nuestra relación surgieron desavenencias que nos fueron distanciando como pareja haciendo imposible nuestra vida en común a tal punto hace ya más de cinco (5) años que deje de tenerle afecto a mi esposa como pareja, solo la respecto como persona no existiendo actualmente ningún vinculo afectivo o apego sentimental que me una a ella...”.
En fecha 29 de octubre del 2024, el Tribunal admitió la presente solicitud y ordenó la notificación de la demandada , y de la Fiscalía Séptima del Ministerio Publico del estado Yaracuy. (Fol. 16-18).
En fecha 29 de octubre del 2024, el Tribunal mediante auto ordenó la corrección de la foliatura de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil. (Fol. 19).
En fecha 31 de octubre de 2024, el Alguacil de este Juzgado consigna Boleta de Notificación de la ciudadana ZULETH ANDREINA VELAZCO MESA, debidamente firmada. (Fol. 20-21).
En fecha 1 de noviembre del 2024, el Alguacil de este Juzgado dejó constancia mediante consignación de la Boleta de Notificación, de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en la cual quedó legalmente notificada. (Fol. 22-23).
En fecha 7 de noviembre de 2024, la ciudadana Fiscal auxiliar de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, dio contestación a su notificación, una vez que la ciudadana ZULETH ANDREINA VELAZCO MESA, comparezca en auto, no tiene nada que objetar. (Fol. 24).
Siendo la oportunidad para decidir en la presente causa, este Tribunal lo hace en base a los siguientes razonamientos:
- II -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Cursa a los folios 5 y 6, copias fotostáticas de las cédulas de identidades de los ciudadanos LISANDRO ENRIQUE CASTAÑO ORDOÑEZ y ZULETH ANDREINA VELAZCO MESA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidades Nos. V-10.184.843 y V-17.863.802 respectivamente, la cual constituye copias de un documento público, que surten plenos efectos en el presente juicio conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirviendo para identificar a las partes. Y así se valora.
Cursa a los folios 7 al 11, copia certificada y legalizada del Acta de Matrimonio de los ciudadanos LISANDRO ENRIQUE CASTAÑO ORDOÑEZ y ZULETH ANDREINA VELAZCO MESA, antes identificados, emitida por la Oficina de Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, celebrado de fecha 28 de enero del 2011, asentado bajo el No. 2, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad, la cual constituye un documento público, que surte plenos efectos en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, sirviendo la misma para demostrar la existencia de la referida unión conyugal. Y así se valora.
Cursa a los folios 12 al 14, copia certificada de poder autenticado ante la Notaria Pública de San Felipe del Estado Yaracuy, de fecha 17 de junio de 2022, bajo el No. 45, Tomo 13, Folios 134 hasta el 136, otorgado por el ciudadano LISANDRO ENRIQUE CASTAÑO ORDOÑEZ, al abogado FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MEZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 269.228; al ser un documento público, surte plenos efectos frente a terceros, conforme lo dispuesto en el artículo 1.357, 1359, 1360 del Código Civil, esta juzgadora le otorga pleno valor probatorio y del mismo se evidencia que se trata de un poder especial para la solicitud de divorcio, donde el ciudadano Lisandro, otorga poder al abogado FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MEZA. Y así se valora.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título III (De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes), Capítulo V (De los Derechos Sociales y de las Familias) contempla la protección de la familia, así como al matrimonio.
El matrimonio, solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad; y en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). (Vid Sentencia N° 446 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 15 de Mayo de 2014. Exp. N° 14-0094).
La Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N.° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que:
“el antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general”.
De la jurisprudencia anteriormente citada se infiere que la concepción del Divorcio es una posible solución que da el estado a una situación que de mantenerse resultaría perjudicial para los cónyuges, los hijos y en fin la sociedad en general, el Divorcio es un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente, donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son: la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional.
Ahora bien, mediante sentencias dictadas por nuestro alto Tribunal se han efectuado interpretaciones constitucionales del artículo 185 del Código Civil y se estableció, con carácter vinculante, en decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de diciembre de 2016, estableció que:
Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia. Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad. Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectio maritalis trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio, por lo que ha de ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio. Siendo así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia.
De la jurisprudencia anteriormente transcrita, se desprende que pueden ser alegados por los cónyuges como causa de disolución del matrimonio el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, por cuanto al momento en el cual perece el afecto, la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges; por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
Finalmente, en decisión más reciente La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, determinó en Sentencia Nº 136, de fecha 30 de marzo de 2017, que el procedimiento de divorcio por separación de cuerpos y separación de hecho por más de cinco años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil); en el OBITER DICTUM de dicha sentencia, específicamente en el literal b) Separación de hecho por más de 5 años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil), estableció que: Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante”.
Aplicando lo anteriormente expuesto y citado al caso de autos, se constata que emerge de la copia certificada y legalizada del acta de matrimonio que cursa en los folios 7 al 11 del presente expediente, la existencia del vínculo matrimonial, contraído en fecha 28 de enero del año 2011, por ante por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Cocorote del estado Yaracuy, el cual quedó asentado en el acta número 2, de los libros de matrimonios llevados por esa entidad para el año 2011, la cual constituye la titularidad de la acción en la persona del solicitante. Y así se decide.
La ciudadana Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, fue debidamente notificada en forma personal por este Tribunal, por tanto se encuentra lleno otro de los extremos de Ley, y así se declara.
Habiéndose determinado precedentemente la competencia y revisadas como han sido las actas que componen la causa, se constata que se encuentra vigente la separación de hecho de los cónyuges hasta la admisión de la presente solicitud, sin haber ocurrido en dicho lapso su reconciliación, por lo que es procedente y ajustado a derecho declarar la disolución del vínculo matrimonial, conforme a lo expresado por el ciudadano LISANDRO ENRIQUE CASTAÑO ORDOÑEZ, en base a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, y acogiendo esta juzgadora el criterio vinculante emanado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 1070, de fecha 9 de diciembre del año 2016, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Y así se decide.
-III-
DISPOSITIVA
Por las razones anteriormente expuesta, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de divorcio fundamentada con la Sentencia vinculante Nº 1070, emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de diciembre del año 2016; interpuesta por el ciudadano LISANDRO ENRIQUE CASTAÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 10.184.843, representado por el abogado FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MEZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 269.228, en su carácter de Apoderado Judicial según poder debidamente autenticado ante la Notaria Pública de San Felipe del Estado Yaracuy, de fecha 17 de junio de 2022, bajo el No. 45, Tomo 13, Folios 134 hasta el 136; contra la ciudadana ZULETH ANDREINA VELAZCO MESA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-17.863.802. SEGUNDO: DECRETA la disolución del vínculo matrimonial contraído entre los ciudadanos LISANDRO ENRIQUE CASTAÑO ORDOÑEZ y ZULETH ANDREINA VELAZCO MESA, antes identificados, celebrado en fecha 28 de enero del año 2011, por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Cocorote del estado Yaracuy, asentado bajo el No. 2, de los libros de matrimonio llevados por esa entidad, para el año 2011. TERCERO: Expídanse cuatro (4) juegos de copias certificadas de la presente decisión a las partes, una vez que quede firme la misma. CUARTO: Una vez vencido como sea el lapso establecido en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 507 del Código Civil y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena que la presente Sentencia sea insertada íntegramente en los libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por ante el Registro Civil y el Registro Principal correspondiente, a donde se acuerda remitir copia certificada de la misma a los fines de que se le coloque la nota marginal en la referida acta de matrimonio. QUINTO: No hay pronunciamiento sobre costas dada la naturaleza de la acción.
Publíquese y regístrese, incluso en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia WWW.TSJ.GOB.VE, según resolución 001-2022 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 16 de junio de 2022.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los seis (6) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025). Años 214° de la Independencia y 166° de la Federación.
La Juez Provisoria,

Abg. ODALYZ DEL MILAGRO LUGO MARTÍNEZ.
La Secretaria Temporal,

Abg. NORQUIS JOSEFINA GÓMEZ SUAREZ.

En esta misma fecha y siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), se registró y publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA (T),

ABG. NORQUIS JOSEFINA GÓMEZ SUAREZ.
Exp. No. 4.331-2024
OLM/NGS/defp.-